Valentín Martínez Hernández

Expediente 56/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
56/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
07/02/2018

Partes del expediente

  • Valentín Martínez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL. 56/18 6-A% San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de febrero de dos mil dieciocho. Se declara que ha causado estado... Publicación de datos personales... Archivo del expediente... ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental... Devolución de documento. Por otro lado, hágasele saber a la parte quejosa, que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de dieciséis de enero del dos mil dieciocho, celebrada ante la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la Ciudad de Oaxaca (fojas 6 a 8), que acompañó a su demanda de amparo, queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, por el plazo de noventa días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; apercibido que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, será destruida esas documental junto con el expediente. En el entendido que para la devolución, deberá comparecer en días y horas hábiles, con identificación oficial, a fin de levantar la constancia de entrega respectiva. Notifíquese; personalmente al quejoso...

  2. NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. PRAL. 56/18 6-A% San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de febrero de dos mil dieciocho. Se declara que ha causado estado... Publicación de datos personales... Archivo del expediente... ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental... Devolución de documento. Por otro lado, hágasele saber a la parte quejosa, que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de dieciséis de enero del dos mil dieciocho, celebrada ante la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la Ciudad de Oaxaca (fojas 6 a 8), que acompañó a su demanda de amparo, queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, por el plazo de noventa días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; apercibido que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, será destruida esas documental junto con el expediente. En el entendido que para la devolución, deberá comparecer en días y horas hábiles, con identificación oficial, a fin de levantar la constancia de entrega respectiva. Notifíquese; personalmente al quejoso...

  3. Principal

    PRAL. 56/2018 M6-A#. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de enero de dos mil dieciocho. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ...

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de enero de dos mil dieciocho. Recepción del escrito de demanda y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se recibe la demanda de amparo presentada el el dieciocho de este mes y año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada a este órgano jurisdiccional, el diecinueve siguiente, promovida por Valentín Martínez Hernández, contra acto de la Junta Especial número 4 Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. En consecuencia, con la boleta de turno de amparos indirectos, con copia de la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 56/2018; además, respecto a este auto y los subsecuentes que se dicten, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico, siempre y cuando así proceda. Desechamiento. En el caso, se estima que debe desecharse de plano la demanda, en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, pues, conforme a la lectura integral de la misma, queda de manifiesto que el medio de control constitucional que intenta por la vía indirecta es, evidente e indudablemente, improcedente, por lo que se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el numeral 113 de la ley de la materia establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" La anterior disposición legal es el fundamento con el cual este órgano de control constitucional estima que se debe desechar la demanda de amparo; además, es ineludible precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; por lo que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta, es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado que, bajo protesta de decir verdad, narró la parte quejosa, los cuales sucintamente se describen (foja 2): 1. Dice el promovente que mediante escrito de once de septiembre de dos mil diecisiete demandó en la vía ordinaria laboral a la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, diversas prestaciones. 2. El dieciséis de enero de dos mil dieciocho se desahogó la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y se suspendió a petición del representante legal de la parte demandada, debido a la modificación y ampliación de demanda que hizo la parte actora (aquí quejoso); por lo que se difirió la continuación de la citada audiencia, y se señaló el dieciocho de abril de esta anualidad para su celebración Hecha la anterior narración, como se dijo con anterioridad, se ve actualizada la causal prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no causa en los derechos fundamentales de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación. En efecto, los referidos artículos prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.)" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Del artículo y fracción citados en último término, se advierte claramente que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Ahora, para que un acto de autoridad pueda ser calificado como irreparable, necesita producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no, necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Es aplicable la Jurisprudencia 189, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 154, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Por otro lado, en la actual redacción de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no se recogió el concepto jurisprudencial de afectación en grado predominante o superior como un criterio para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta. En ese orden, atendiendo a la naturaleza, y al contenido de la determinación impugnada (proseguir en tiempo con el juicio), se estima que ese acto no es de aquellos que contempla el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues sólo existe una afectación jurídica de naturaleza formal. Es decir, el acto reclamado, consistente en el auto de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio laboral 1025/2017 (4) BIS, donde se señalaron las once horas del dieciocho de abril de dos mil dieciocho, para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, no debe considerarse como un acto que afecte materialmente derechos sustantivos, como son la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera; sino solamente afecta derechos de naturaleza formal; de modo que la parte quejosa debe sujetarse a los plazos y términos que rigen la materia. Ahora, para establecer si se está en el supuesto de excepción para acudir al juicio de amparo y establecer si se está en presencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, debe atenderse a las peculiaridades de cada caso concreto, como podrían ser: a) el plazo que prevé la ley respectiva para la emisión de la resolución de que se trate; b) la naturaleza de ésta; c) la complejidad del asunto; y, d) la carga de trabajo por parte de la autoridad responsable, entre otros; sin que sea factible establecer un término fijo y genérico que aplique en todos los asuntos. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o.T. J/4 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en la página 1905, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2015780, cuyo rubro y texto son: "PROCEDIMIENTO LABORAL (ABIERTA DILACIÓN O SU PARALIZACIÓN TOTAL). PARÁMETROS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN CADA CASO PARA DETERMINAR SU CONFIGURACIÓN. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, la autoridad que conozca del asunto debe sujetarse a los plazos y términos que los rigen, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones y que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente cuando se interponga contra actos de esta naturaleza, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, a menos de que del contenido de la propia demanda de amparo se advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en tal caso, la demanda es procedente. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 445, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Novena Época, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Séptima Sección - Acceso a la Justicia, página 1497, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.", fijó el alcance del derecho fundamental garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la obligación de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, debe atender a la naturaleza y carga de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales, que implica un tiempo suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales, sin que los plazos y términos lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Así, partiendo de las anteriores premisas, para establecer cuándo se está en presencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, debe atenderse a las peculiaridades de cada caso concreto, como podrían ser: a) el plazo que prevé la ley respectiva para la emisión de la resolución de que se trate; b) la naturaleza de ésta; c) la complejidad del asunto; y, d) los antecedentes del caso, entre otros; sin que sea factible establecer un término fijo y genérico que aplique en todos los asuntos." En el caso, el artículo 878, fracción II, de la Ley del Trabajo, a la letra, dice: "Artículo 878.- La etapa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a las normas siguientes: II. Si el actor es el trabajador o sus beneficiarios y no cumple los requisitos omitidos o no subsana las irregularidades que se le hayan indicado en el planteamiento de las adiciones a la demanda, la Junta lo prevendrá para que lo haga en ese momento. El actor expondrá su demanda, ratificándola, aclarándola o modificándola, precisando los puntos petitorios. En caso de modificación, aclaración o enderezamiento de la demanda, cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, podrá hacerlo por una sola vez en esta etapa. Tratándose de aclaración o modificación de la demanda, la Junta, a petición del demandado, señalará nueva fecha, dentro del término de diez días, para la continuación de la audiencia a fin de que pueda contestar la demanda en su totalidad; en caso de enderezamiento, la Junta procederá de igual forma, pero de oficio; (.) " En ese sentido, aunque el referido numeral establece que la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones que pretende debe señalarse dentro del término de diez días, la autoridad no está obligada a celebrarla de inmediato y en ese justo término, pues la fijación de las audiencias a su cargo, están sujetas a su agenda y carga laboral; además, se toma en consideración la naturaleza del asunto y que la autoridad debe efectuar el emplazamiento respectivo a la parte demandada, a fin de evitar que con posterioridad se reponga el procedimiento. Por tanto, se estima que el acto que en esta instancia reclama la parte quejosa no se encuentra catalogado en la excepción que señala la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2011580, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Así que, en el caso, no se advierte que exista una paralización total o una abierta dilación del procedimiento por parte de la autoridad responsable Junta Especial número 4 Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, pues, precisamente, el último auto fue dictado el dieciséis de enero del año en curso, donde se fijaron las once horas del dieciocho de abril de dos mil dieciocho, para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por lo anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado contrario sensu, en relación con lo dispuesto en el numeral 113, todos de la Ley de Amparo vigente; por evidente e indudablemente improcedente, se desecha de plano la demanda de amparo indirecto promovida por Valentín Martínez Hernández. Tiene aplicación la tesis aislada II.1o.20 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 2534, Libro 33 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 2016, Tomo IV, Décima Época, Registro 2012206, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTA SÓLO DERECHOS PROCESALES Y NO SUSTANTIVOS. Si el gobernado promueve demanda de amparo indirecto contra la falta de notificación personal de la sentencia pronunciada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la que resuelve el recurso de revisión promovido contra lo resuelto en el amparo directo, es evidente que ello no le irroga afectación a sus derechos sustantivos, además de que contra dicha resolución no existe medio de impugnación alguno que pudiera promover; de ahí que el conocimiento de esta decisión, aun en el supuesto de que no hubiera sido notificada por la Sala citada, no irroga perjuicio a sus derechos fundamentales, ya que únicamente se está frente a una violación de carácter procesal, ante la cual, procede desechar la demanda de amparo indirecto, por no tratarse de un acto de imposible reparación violatorio de derechos sustantivos, en términos de la fracción V del artículo 107, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo." Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el numeral 27 de la ley invocada, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y por autorizados en términos del numeral 24, segundo párrafo, de la ley de la materia, a las personas que indica, por solicitarlo así expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE LO HAGA EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

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