Valentín Lugo Maldonado

Expediente 559/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
559/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
01/12/2021

Partes del expediente

  • Valentín Lugo Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    "...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En ese tenor, se ordena ARCHIVAR el presente asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos por las partes..."

  2. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En ese tenor, se ordena ARCHIVAR el presente asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos por las partes..."

  3. Principal

    "... Vista la demanda de amparo presentada por ******** de apellidos *******, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Papantla, Veracruz, y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 4, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 559/2021-IV-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, a efecto de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de amparo indirecto, se debe considerar que el normativo 113 de la ley de la materia. Esencialmente, la tesis en cuestión declara que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Bajo esa óptica, para estar en condiciones de motivar adecuadamente el sentido de la presente determinación, es necesario destacar lo siguiente: Se encuentra radicado el juicio ordinario civil 348/2021, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Papantla, Veracruz. En auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, se fijaron las dieciséis horas del diecinueve de octubre del año en curso, para la celebración de la audiencia prevista en los artículos 345 y 346 del Código Civil del Estado de Veracruz, bajo apercibimiento que de no comparecer en el día y hora citados, en compañía de las menores ***** ambas de apellidos ****, se impondría multa consistente en quince unidades de medida de actualización de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida de Actualización (UMA). Seguidamente, refiere que en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, la Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Papantla, hizo efectivo el apercibimiento previamente citado, ordenando girar oficio al Jefe de Oficina de Hacienda del Estado; asimismo, señaló las dieciséis horas del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, a fin de llevar a cabo la mencionada audiencia, bajo apercibimiento que de no asistir acompañado de las menores en mención, se le impondría la medida de apremio contemplada en la fracción II del artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad federativa, consistente en hacerlo comparecer con el uso de la fuerza pública. Siendo, ésta última determinación la que pretende combatir a través de la presente demanda de garantías. Ahora, este Juzgado de Distrito advierte -de oficio- que en relación con el acto reclamado consistente en el proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio ordinario civil 348/2021, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Papantla, Veracruz, relativo a la materialización del apercibimiento decretado en el diverso acuerdo de uno de octubre de dos mil veintiuno, y se le impuso una multa equivalente a quince Unidades de Medida y Actualización, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo Del citado precepto legal se advierte, en lo que al caso interesa, el principio de definitividad del juicio de amparo, atento al cual se impone al quejoso la carga procesal de agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, atendiendo a que el juicio de amparo se trata de un medio extraordinario de defensa, lo que significa que solo procede en casos excepcionales. En el presente asunto, el quejoso incumplió con tal carga, pues a pesar de contar con un medio de defensa previsto en la ley ordinaria con tal propósito, no lo hizo valer previamente a la promoción del juicio de amparo. En efecto, se reitera, el solicitante de la protección constitucional reclama de la Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Papantla, Veracruz, el multicitado acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio ordinario 348/2021, en el que, entre otras cosas, se le impuso una multa equivalente a Quince Unidades de Medida y Actualización, por desacato a un mandato judicial. De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se advierte que procede el recurso de apelación contra las sentencias, los autos que resuelvan un incidente y los autos que causen un daño irreparable en la sentencia. Sobre este punto, es pertinente indicar que dentro de los autos que causan daño irreparable en la sentencia se encuentran aquellos en los que se impone una multa, pues afecta el derecho sustantivo al patrimonio, y esa afectación o sus efectos no se destruye fácticamente con el hecho de obtener sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, ya que tal circunstancia no será materia de análisis en esta; y tampoco cuando se impone en la etapa de ejecución del juicio, ya que tal daño no puede ser resarcido en la sentencia, en tanto que esta ya fue dictada, ni en la resolución que culmine el procedimiento ejecutivo, dado que en ella no se reexaminarán los medios de apremio impuestos a las partes. Sobre esa base, este órgano jurisdiccional considera que el auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, que por esta vía se reclama, es apelable, en términos del artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, transcrito en párrafos precedentes, pues se trata de un auto que causa daño irreparable en la sentencia, dado que el tema a dilucidar es la imposición de una multa por desacato judicial, la cual no podrá subsanarse en la sentencia que en su caso fuese a dictarse, ni en la resolución que culmine el procedimiento civil, en virtud de que en ella no se reexaminarán los medios de apremio impuestos a las partes. Así pues, ninguna resolución subsecuente del juez sancionador podría extinguir o invalidar la multa y, por ende, la parte quejosa seguiría sufriendo un menoscabo y perjuicio en su patrimonio. Corolario de lo anterior, al no agotar el impetrante de amparo dicho medio impugnación, previamente al ejercicio de la acción constitucional, es por demás claro que inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que actualiza la causal de improcedencia en estudio. En el entendido que no se está en los casos de excepción a que alude el precepto legal que contempla la causa de improcedencia en comento, dado que en, principio, el acto reclamado no es de los que importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Por otro lado, el quejoso no es tercero extraño al procedimiento, refiere que él es promovente del juicio ordinario civil 348/2021, por lo que se advierte que es parte formal en dicho procedimiento y tuvo conocimiento de este. Además, la procedencia del recurso de apelación antes aludido no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente que se encuentra regulado por los artículos a los que se hizo referencia. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir y oír notificaciones el ubicado en *****; en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como sus autorizados en términos amplios, conforme lo dispone el numeral 12 de la Ley de Amparo, a ******* y *******, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo; y en términos restringidos a ***********, por no contar con dicho registro. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que el actuario de la adscripción practique alguna notificación con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento..."

  4. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "... Vista la demanda de amparo presentada por ******** de apellidos *******, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Papantla, Veracruz, y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 4, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 559/2021-IV-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, a efecto de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de amparo indirecto, se debe considerar que el normativo 113 de la ley de la materia. Esencialmente, la tesis en cuestión declara que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Bajo esa óptica, para estar en condiciones de motivar adecuadamente el sentido de la presente determinación, es necesario destacar lo siguiente: Se encuentra radicado el juicio ordinario civil 348/2021, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Papantla, Veracruz. En auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, se fijaron las dieciséis horas del diecinueve de octubre del año en curso, para la celebración de la audiencia prevista en los artículos 345 y 346 del Código Civil del Estado de Veracruz, bajo apercibimiento que de no comparecer en el día y hora citados, en compañía de las menores ***** ambas de apellidos ****, se impondría multa consistente en quince unidades de medida de actualización de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida de Actualización (UMA). Seguidamente, refiere que en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, la Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Papantla, hizo efectivo el apercibimiento previamente citado, ordenando girar oficio al Jefe de Oficina de Hacienda del Estado; asimismo, señaló las dieciséis horas del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, a fin de llevar a cabo la mencionada audiencia, bajo apercibimiento que de no asistir acompañado de las menores en mención, se le impondría la medida de apremio contemplada en la fracción II del artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad federativa, consistente en hacerlo comparecer con el uso de la fuerza pública. Siendo, ésta última determinación la que pretende combatir a través de la presente demanda de garantías. Ahora, este Juzgado de Distrito advierte -de oficio- que en relación con el acto reclamado consistente en el proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio ordinario civil 348/2021, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Papantla, Veracruz, relativo a la materialización del apercibimiento decretado en el diverso acuerdo de uno de octubre de dos mil veintiuno, y se le impuso una multa equivalente a quince Unidades de Medida y Actualización, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo Del citado precepto legal se advierte, en lo que al caso interesa, el principio de definitividad del juicio de amparo, atento al cual se impone al quejoso la carga procesal de agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, atendiendo a que el juicio de amparo se trata de un medio extraordinario de defensa, lo que significa que solo procede en casos excepcionales. En el presente asunto, el quejoso incumplió con tal carga, pues a pesar de contar con un medio de defensa previsto en la ley ordinaria con tal propósito, no lo hizo valer previamente a la promoción del juicio de amparo. En efecto, se reitera, el solicitante de la protección constitucional reclama de la Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Papantla, Veracruz, el multicitado acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio ordinario 348/2021, en el que, entre otras cosas, se le impuso una multa equivalente a Quince Unidades de Medida y Actualización, por desacato a un mandato judicial. De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se advierte que procede el recurso de apelación contra las sentencias, los autos que resuelvan un incidente y los autos que causen un daño irreparable en la sentencia. Sobre este punto, es pertinente indicar que dentro de los autos que causan daño irreparable en la sentencia se encuentran aquellos en los que se impone una multa, pues afecta el derecho sustantivo al patrimonio, y esa afectación o sus efectos no se destruye fácticamente con el hecho de obtener sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, ya que tal circunstancia no será materia de análisis en esta; y tampoco cuando se impone en la etapa de ejecución del juicio, ya que tal daño no puede ser resarcido en la sentencia, en tanto que esta ya fue dictada, ni en la resolución que culmine el procedimiento ejecutivo, dado que en ella no se reexaminarán los medios de apremio impuestos a las partes. Sobre esa base, este órgano jurisdiccional considera que el auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, que por esta vía se reclama, es apelable, en términos del artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, transcrito en párrafos precedentes, pues se trata de un auto que causa daño irreparable en la sentencia, dado que el tema a dilucidar es la imposición de una multa por desacato judicial, la cual no podrá subsanarse en la sentencia que en su caso fuese a dictarse, ni en la resolución que culmine el procedimiento civil, en virtud de que en ella no se reexaminarán los medios de apremio impuestos a las partes. Así pues, ninguna resolución subsecuente del juez sancionador podría extinguir o invalidar la multa y, por ende, la parte quejosa seguiría sufriendo un menoscabo y perjuicio en su patrimonio. Corolario de lo anterior, al no agotar el impetrante de amparo dicho medio impugnación, previamente al ejercicio de la acción constitucional, es por demás claro que inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que actualiza la causal de improcedencia en estudio. En el entendido que no se está en los casos de excepción a que alude el precepto legal que contempla la causa de improcedencia en comento, dado que en, principio, el acto reclamado no es de los que importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Por otro lado, el quejoso no es tercero extraño al procedimiento, refiere que él es promovente del juicio ordinario civil 348/2021, por lo que se advierte que es parte formal en dicho procedimiento y tuvo conocimiento de este. Además, la procedencia del recurso de apelación antes aludido no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente que se encuentra regulado por los artículos a los que se hizo referencia. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir y oír notificaciones el ubicado en *****; en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como sus autorizados en términos amplios, conforme lo dispone el numeral 12 de la Ley de Amparo, a ******* y *******, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo; y en términos restringidos a ***********, por no contar con dicho registro. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que el actuario de la adscripción practique alguna notificación con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento..."

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