Valentín Gil María

Expediente 380/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 23 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
380/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
19/10/2021

Partes del expediente

  • Valentín Gil María

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual el ocursante cumple con el requerimiento efectuado en autos; por tanto, este juzgador ordena que dicho documento se agregue sin mayor trámite, en virtud de que mediante proveído de catorce de octubre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada; en consecuencia, se ordenó el archivo del expediente en que se actúa.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa de este juicio interponga el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obre el acuse de recibo del oficio 22332/2021, con el que le fue notificada la sentencia a la Cámara de Senadores, residente en la Ciudad de México, pues la parte a la que perjudica la negativa del amparo es al quejoso quien no recurrió dicho fallo; además, de que las autoridades responsables no tienen legitimación para promover recurso de revisión en contra de la sentencia, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, Página: 23, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente se negó el amparo y protección de la justicia federal, en el presente juicio, no existir documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Y respecto al original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se ordena que obre por cuerda separada el cual es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 18 del acuerdo general relativo y al punto 7.5.1 del Capítulo 7 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de agosto de 2020. En consecuencia, una vez transcurridos tres años, a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del original del incidente de suspensión, mismo que se encuentra por cuerda separada, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los artículos 18, fracción I, inciso a, numerales 27, 28 y 29 del acuerdo normativo invocado. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por la Secretaria en la carátula del expediente principal e incidente de suspensión en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. En términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo establece el párrafo tercero del citado artículo. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Finalmente, agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual el Administrador de Correos residente en esta ciudad refiere gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado. Respecto a la información que solicita del oficio dirigido a la Cámara de Senadores con residencia en la Ciudad de México, se hace la aclaración que el número del oficio es el 23332/2021; sin embargo, fue depositado en la oficina a su cargo el nueve de septiembre de dos mil veintiuno con el número 22332/2021, tal como se advierte de la factura que se anexó en oficio 24528/2021 de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio.

  3. Principal

    PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por el quejoso ***** respecto de los actos y autoridades y por los motivos precisados en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa **** contra los actos que reclamó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, así como su ejecución a la autoridad responsable denominada Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Colima, por los motivos expuestos

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede y como se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, toda vez que el informe justificado acordado mediante auto de trece de julio del año en curso, no fue conocido por las partes con la anticipación a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; por ello y a efecto de que éstos se impongan del contenido del mismo, a fin de que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo; lo procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las diez horas con cinco minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista.

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