Valentín García Ruíz y Otros.
Expediente 11/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 11/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 22/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Valentín García Ruíz
- Valentín García Ruíz y Otros.
- Israel García Ruiz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL AUTO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2023
- Principal
Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por los quejosos, --, mediante el cual, interponen recurso de queja en contra del proveído de treinta de noviembre del año en curso. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, con copia simple del recurso de interposición, dese vista a las demás partes para que en el plazo de tres días legalmente computados, señalen las constancias que en copia certificada deban integrar el citado medio de impugnación. Por lo tanto, se instruye a la secretaria encargada del trámite del presente asunto, para que remita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, los escritos de agravios, el informe sobre la materia de la queja, las constancias que en su caso sean solicitadas y las demás que se estimen pertinentes. En ese sentido, desde este momento se rinde el informe sobre la materia de los citados medios de impugnación, en el entendido de que es cierto el auto al que alude el recurrente, en el cual, -en la parte que interesa- se acordó lo siguiente: "[.] En consecuencia, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las autoridades responsables incurrieran en exceso o defecto. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de amparo, archívese el presente como asunto concluido. [.]". Asimismo, con fundamento en el artículo 113, punto cuarto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, en su momento, póngase a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda el expediente electrónico. Para lo anterior, se instruye a la secretaria del juzgado encargada del trámite de este expediente, para que, a más tardar el día siguiente al en que se tenga conocimiento del órgano colegiado que corresponderá conocer del mismo, proceda a realizar el trámite correspondiente a dicha autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, a la autoridad responsable, personalmente a la tercera interesada, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por lista a las demás partes.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, visto el estado procesal de autos y la certificación respectiva, se advierte que ya transcurrió el plazo de tres días que se concedió a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en el presente asunto; respecto de lo cual, solamente los inconformes hicieron uso de dicha prerrogativa. Ahora, se procede a decidir sobre el acatamiento de la sentencia protectora, pues ello es de orden público y el tribunal de amparo tiene la facultad de resolver con base en los elementos que obran en el expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la legislación de la materia. Bien, en sentencia autorizada el treinta y uno de marzo del presente año, este órgano jurisdiccional, negó el amparo solicitado. Inconforme, los peticionarios del amparo interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el expediente R.C. 183/2023, quien por ejecutoria de ocho de junio del año en curso, revocó la sentencia recurrida y concedió la protección constitucional para los siguientes efectos: "[- - -] En consecuencia, las infracciones cometidas en el fallo reclamado hacen patente la conculcación de los principios de seguridad jurídica y jurisdicción consignados en los artículos 16 y 17 constitucionales, por lo que debe otorgarse el amparo para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Deje sin efectos la resolución reclamada. 2. Dicte una nueva resolución, en la cual: a) Determine si mediante el análisis de las circunstancias ordinarias y extraordinarias que acontecieron en este asunto efectivamente transcurrió el plazo de prescripción de tres años previsto en el artículo 1079, facción IV, del Código de Comercio y, en su caso, precise la fecha de inicio y de conclusión de ese plazo. b) En su caso, resuelva los demás puntos de la controversia, con plenitud de jurisdicción. [- - -]" Ahora, para verificar el cumplimiento, deben considerarse las siguientes actuaciones: 1. Mediante oficio con número de registro 11468, el Juez Primero de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dejó insubsistente la resolución de ocho de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el expediente 791/2016 de su índice. 2. Posteriormente, a través de la comunicación identificada bajo el número de folio 12133, la autoridad responsable remitió copia certificada de la interlocutoria de seis de julio de dos mil veintitrés. 3. Atento a lo anterior, por acuerdo de diez de julio de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a las partes con las constancias remitidas por el juez natural. Sin embargo, una vez analizadas las actuaciones antes descritas, mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés, este juzgador determinó que la autoridad responsable no había acreditado dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por las razones siguientes: "[.] Si bien de las constancias remitidas, a las que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de un dispositivo 2°, se aprecia que la autoridad responsable, dejó sin efectos la resolución reclamada y dictó una nueva en la que declaró la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva de veintiséis de abril de dos mil diecisiete dictada, en el expediente 791/2016 de su estadística; empero, dicho actuar no acredita el acatamiento a la sentencia protectora. Ello es así, pues en la ejecutoria de amparo, se estableció claramente que el titular responsable deberá realizar un análisis de las circunstancias ordinarias y extraordinarias que acontecieron con motivo de la pandemia y determinar si en el asunto de origen efectivamente transcurrió el plazo de prescripción previsto en el artículo 1070, fracción IV, del Código de Comercio, en cuyo caso, deberá determinar de manera clara y precisa la fecha de inicio y de conclusión de ese plazo. En ese sentido, no obstante que el juzgador responsable precisó la fecha en que empezó a correr el plazo referido -doce de julio de dos mil diecisiete-, así como los días en los que el juzgado de origen permaneció completamente cerrado y aquellos en los que laboró a puerta cerrada, todo ello con motivo de la pandemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID 19), sin embargo omitió precisar la fecha de conclusión del referido plazo, a efecto de que esté en aptitud de determinar que efectivamente operó la prescripción de la sentencia conclusiva. Dicho de otro modo, el titular responsable se limitó a establecer que habían transcurrido tres años y cuatro meses del desde el doce de julio de dos mil diecisiete (fecha en que los actores recogieron el billete de depósito exhibido en el juicio natural) hasta el doce de agosto de dos mil veintiuno, (data en que el coactor ingresó un escrito tendente a impulsar el procedimiento de ejecución de sentencia), sin señalar la fecha exacta en la que culminó el término de la prescripción multireferida. [.]" Énfasis añadido Por lo cual, se requirió nuevamente a la autoridad responsable para acatar la ejecutoria de mérito. 4. Mediante oficio "2250" el Juez Primero Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, remitió copia certificada del acuerdo de treinta de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 791/2016 de su estadística, en el cual consideró medularmente lo siguiente: "[.] con fundamento en el artículo 1390 Bis del Código de Comercio, se complementa la sentencia interlocutoria de seis de julio del año en curso, en los términos siguientes: Como se advierte de la sentencia que se complementa la fecha de inicio del plazo de prescripción previsto en el artículo 1070, fracción IV, del Código de Comercio, es el doce de julio de dos mil diecisiete (fecha en que los actores recogieron el billete de depósito que fue exhibido en el juicio natural). Ahora bien, la fecha de conclusión de dicho plazo es el trece de abril de dos mil veintiuno, ya que de la tabla inserta en la sentencia que se complementa se sigue que, de la fecha en que se inicia el cómputo (doce de julio de dos mil diecisiete) hasta la fecha de suspensión por pandemia (diecisiete de marzo de dos mil veinte) transcurrieron dos años ocho meses; luego, faltan ciento veinte días para complementar la prescripción de tres años, los cuales transcurrieron de agosto de dos mil veinte al trece de abril de dos mil veintiuno. (.) Ante tales circunstancias, que en la sentencia interlocutoria que se complementa, se haya declarado la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, al tenor de lo señalado por la fracción IV del artículo 1097 del Código de Comercio pues como se ve de dicha resolución, en relación con el presente auto, el tiempo para la prescripción inició el doce de julio de dos mil diecisiete y concluyó el trece de abril de dos mil veintiuno. [.]" Una vez establecido lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; se entiende por lo primero, cuando la autoridad responsable se extralimita en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria; esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme con lo ordenado por el órgano de amparo. Conviene destacar que la protección de la Justicia Federal se concedió en los términos establecidos en párrafos que anteceden y que la autoridad responsable acató la sentencia de mérito, tal como se precisó en líneas anteriores; por lo que es dable determinar que la misma no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas, a las que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su dispositivo 2°, se aprecia que la autoridad responsable dejó sin efectos la resolución reclamada y, en su lugar dictó otra en la que analizó las circunstancias ordinarias y extraordinarias que acontecieron en el juicio de origen a efecto de verificar si efectivamente transcurrió el plazo de prescripción de tres años previsto en el artículo 1079, facción IV, del Código de Comercio, así una vez hecho lo anterior, precisó la fecha de inicio y de conclusión de ese plazo. Por lo tanto, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable, con las actuaciones citadas, acreditó haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, con lo cual se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho violado. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada." En otro aspecto, visto el escrito de cuenta signado por los quejosos, a través del cual, sostienen que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento al fallo protector, atento a los argumentos siguientes: "(.) LA AUTORIDAD RESPONSABLE, al emitir el cumplimiento de la sentencia, nuevamente se tiene por acreditado la PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA , COMO CONSTA EN EL RESOLUTIVO SEGUNDO DE LA MISMA, ASÍ COMO A LO LARGO DE LA CITADA SENTENCIA Y DEL ACUERDO COMPLEMENTARIO QUE PRESENTA, A LO CUAL NO ESTAMOS DE ACUERDO, POP LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS: Hasta en tanto no quede precisado, el CÓMPUTO DE LOS DIAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, SE TENGA POR CUMPLIDA LA SENTENCIA; y lo expresamos así: porque en el acuerdo complementario, se estableció la fecha de computo, que fue según la autoridad responsable DEL DOCE DE JULIO DE 2017 AL 13 DE ABRIL DE 2021 (.) Y AQUÍ QUISIERAMOS HACER UNA ACLARACION, A EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NOS SEÑALE CON TODA CLARIDAD, SI ESOS 120 DÍAS QUE FALTABAN, LOS ACOMPLETO CON DIAS NATURALES O HABILES (SIC) (.)" Dichas manifestaciones resultan infundadas. Se afirma de este modo, puesto que de conformidad con los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, las ejecutorias de amparo deben ser cumplidas puntualmente, sin incurrir en excesos o defectos; en este sentido, en el caso particular, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al pronunciarse sobre los efectos del fallo protector, determinó puntualmente que el juzgador natural debía efectuar un nuevo cómputo para determinar si efectivamente había transcurrido el plazo de tres años previsto en el numeral 1079 del Código de Comercio, mediante el análisis de las circunstancias ordinarias y extraordinarias que acontecieron en el sumario de origen. Así, el juez natural acató la ejecutoria de mérito en los términos precisados, pues en las determinaciones que dictó, partió de la base de que desde el doce de julio de dos mil diecisiete (fecha en que los actores fueron a recoger el billete de depósito al juzgado de origen) hasta el diecisiete de marzo de dos mil veinte (un día antes de que se determinara la suspensión de labores con motivo de la pandemia) ya habían transcurrido dos años ocho meses, sin que existiera impulso procesal de la parte actora para ejecutar lo relativo al pago de intereses moratorios. Además, señaló con precisión los días en los que permanecieron completamente cerrados los órganos del Poder Judicial de la Ciudad de México y aquellos en los que el juzgado de origen laboró a puerta cerrada, todo ello con motivo de la pandemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID 19). Y, una vez que analizadas las circunstancias ordinarias y extraordinarias antes destacadas, determinó que había operado la prescripción en el juicio natural. En consecuencia, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las autoridades responsables incurrieran en exceso o defecto. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de amparo, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el cuaderno principal en que se actúa, es susceptible de conservación, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, cuenta habida que en el presente asunto, se concedió la protección constitucional; aunado a que no constituye un asunto de relevancia documental; lo anterior en términos del numeral 15 del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General referido. Por lo que, una vez cumplido el plazo de tres años de conservación, se procederá a su transferencia, esto es, será remitido a los depósitos documentales dependientes del Área coordinadora de archivos -Dirección General de Archivo y Documentación-; lo anterior, en términos de numeral 9° del citado Acuerdo General. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE MÉRITO. EL AUTO DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2023.
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