Valentin Contreras Galindo

Expediente 603/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
603/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
13/07/2018

Partes del expediente

  • Roman Coxtinica García
  • Valentin Contreras Galindo
  • Roman Coxtinica García y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda este asunto, se advierte que terminó el plazo de cinco días concedido a los quejosos ++++, por acuerdo de veintisiete de junio del año en curso, pues fueron notificados el tres de julio de dos mil dieciocho (fojas 20 y 21) sin que desahogaran el requerimiento inmerso en dicho acuerdo. Por tanto, con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección

  2. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. De la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda este asunto, se advierte que terminó el plazo de cinco días concedido a los quejosos ++++, por acuerdo de veintisiete de junio del año en curso, pues fueron notificados el tres de julio de dos mil dieciocho (fojas 20 y 21) sin que desahogaran el requerimiento inmerso en dicho acuerdo. Por tanto, con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección

  3. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- Se recibe la demanda de protección de derechos signada por los quejosos ***, por propio derecho contra actos del Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, en la ciudad de Puebla. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura armónica e integral de la demanda, se advierten irregularidades en uno de los actos reclamados, motivo por el cual se debe requerir la aclaración correspondiente. Para demostrarlo basta indicar que los quejosos introdujeron una manifestación genérica en el capítulo de actos, en particular la que sigue: ".b).- Reclamamos de la Autoridad JUDICIAL, la omisión de ordenar se nos restituya al goce de nuestras garantías, es decir, se nos deje en completa libertad, lo anterior, para no seguir violando nuestros derechos humanos y nuestras Garantías Constitucionales, toda vez, que mediante resolución dictada el TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, FECHA EN QUE SE TERMINA DE ENGROSAR LA DICHA SENTENCIA, por el CIUDADANO JUEZ CUARTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, dentro del Juicio de Amparo 1311/2017, sentencia que ordenó DEJAR SIN EFECTO EL AUTO DE VINCULACION A PROCESO dictado dentro de la causa penal 1085/2017, PUEBLA, atento al principio pro homine o pro persona, que significa la interpretación de las normas debe ser favorable para las personas o para el ser humano y que permita el más amplio acceso a la impartición de justicia y para no violar nuestros derechos humanos y garantías constitucionales .". Esa manifestación la reiteraron los quejosos en diferentes partes de los conceptos de violación. Sin embargo, el juicio de amparo resulta improcedente contra ese tipo de manifestaciones genéricas, porque el artículo 1 fracción I, de la Ley de Amparo exige a los quejosos puntualizar el acto u omisión concreta que pretenden imputar a las responsables. Máxime que las autoridades deben tener los elementos necesarios para identificar el acto u omisión concreta que se les imputa, a fin de que puedan rendir su informe justificado y con esto se realice el análisis de la litis constitucional. De ahí la necesidad de que se aclare la demanda, pues el único acto concreto que expusieron los quejosos, se encuentra en la omisión de dar contestación al escrito presentado el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal ***. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracción IV y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a los quejosos para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, efectúen bajo protesta de decir verdad la siguiente aclaración: Único: Especifiquen el acto concreto a que se refieren con "la omisión de ordenar se nos restituya al goce de nuestras garantías", por lo que deberán especificar la resolución u omisión concreta que desean imputar a la autoridad responsable. En lugar de lo anterior, pueden limitar los actos reclamados a la omisión de dar contestación al escrito presentado con fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal ***, pues la manifestación genérica que introdujeron en el capítulo de actos, carece de datos para identificar la omisión o actuación concreta que pretende imputar a la responsable. Se hace saber a los quejosos que al desahogar el requerimiento formulado, deberán exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una para cada autoridad responsable, una para el tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia, y dos para el incidente de suspensión. Además, se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento en el plazo otorgado para tal efecto (por la irregularidades mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace saber a los quejosos que la prevención de que se trata, habrá de asegurar una correcta integración de la litis constitucional y al mismo tiempo contribuirá a una pronta resolución del juicio de protección. También se les requiere para que en el mismo escrito aclaratorio, designen un representante común; y se les apercibe que de omitir hacerlo, se asignará ese carácter al primer nombrado en la demanda. Por otra parte, como lo solicitan los quejosos, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señalan en su demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla); y como autorizados para los mismos efectos las personas que mencionan en el escrito de demanda. También se hace saber a los quejosos que se autoriza la toma de fotografías, a las personas designadas en la demanda de amparo, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de los autorizados, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación anterior se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

  4. Principal

    Se recibe la demanda de protección de derechos signada por los quejosos ***, por propio derecho contra actos del Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, en la ciudad de Puebla. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura armónica e integral de la demanda, se advierten irregularidades en uno de los actos reclamados, motivo por el cual se debe requerir la aclaración correspondiente. Para demostrarlo basta indicar que los quejosos introdujeron una manifestación genérica en el capítulo de actos, en particular la que sigue: ".b).- Reclamamos de la Autoridad JUDICIAL, la omisión de ordenar se nos restituya al goce de nuestras garantías, es decir, se nos deje en completa libertad, lo anterior, para no seguir violando nuestros derechos humanos y nuestras Garantías Constitucionales, toda vez, que mediante resolución dictada el TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, FECHA EN QUE SE TERMINA DE ENGROSAR LA DICHA SENTENCIA, por el CIUDADANO JUEZ CUARTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, dentro del Juicio de Amparo 1311/2017, sentencia que ordenó DEJAR SIN EFECTO EL AUTO DE VINCULACION A PROCESO dictado dentro de la causa penal 1085/2017, PUEBLA, atento al principio pro homine o pro persona, que significa la interpretación de las normas debe ser favorable para las personas o para el ser humano y que permita el más amplio acceso a la impartición de justicia y para no violar nuestros derechos humanos y garantías constitucionales .". Esa manifestación la reiteraron los quejosos en diferentes partes de los conceptos de violación. Sin embargo, el juicio de amparo resulta improcedente contra ese tipo de manifestaciones genéricas, porque el artículo 1 fracción I, de la Ley de Amparo exige a los quejosos puntualizar el acto u omisión concreta que pretenden imputar a las responsables. Máxime que las autoridades deben tener los elementos necesarios para identificar el acto u omisión concreta que se les imputa, a fin de que puedan rendir su informe justificado y con esto se realice el análisis de la litis constitucional. De ahí la necesidad de que se aclare la demanda, pues el único acto concreto que expusieron los quejosos, se encuentra en la omisión de dar contestación al escrito presentado el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal ***. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracción IV y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a los quejosos para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, efectúen bajo protesta de decir verdad la siguiente aclaración: Único: Especifiquen el acto concreto a que se refieren con "la omisión de ordenar se nos restituya al goce de nuestras garantías", por lo que deberán especificar la resolución u omisión concreta que desean imputar a la autoridad responsable. En lugar de lo anterior, pueden limitar los actos reclamados a la omisión de dar contestación al escrito presentado con fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal ***, pues la manifestación genérica que introdujeron en el capítulo de actos, carece de datos para identificar la omisión o actuación concreta que pretende imputar a la responsable. Se hace saber a los quejosos que al desahogar el requerimiento formulado, deberán exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una para cada autoridad responsable, una para el tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia, y dos para el incidente de suspensión. Además, se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento en el plazo otorgado para tal efecto (por la irregularidades mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace saber a los quejosos que la prevención de que se trata, habrá de asegurar una correcta integración de la litis constitucional y al mismo tiempo contribuirá a una pronta resolución del juicio de protección. También se les requiere para que en el mismo escrito aclaratorio, designen un representante común; y se les apercibe que de omitir hacerlo, se asignará ese carácter al primer nombrado en la demanda. Por otra parte, como lo solicitan los quejosos, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señalan en su demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla); y como autorizados para los mismos efectos las personas que mencionan en el escrito de demanda. También se hace saber a los quejosos que se autoriza la toma de fotografías, a las personas designadas en la demanda de amparo, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de los autorizados, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación anterior se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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