Valentin Chagala Antemate
Expediente 387/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 35 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Valentin Chagala Antemate
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cinco de octubre de dos mil veintidós. Vistos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este Juzgado en el juicio de amparo 387/2021-III, promovido por Valentín Chagala Antemate; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Por escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, y turnado el dieciocho siguiente a este órgano jurisdiccional, Valentín Chagala Antemate, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Noveno Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, mismo que hizo consistir en: [.] a). La resolución de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Noveno Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, dentro de los autos del proceso penal 49/2021, de su índice, en la que dictó auto de vinculación a proceso en contra de Valentín Chagala Antemate y otros, al existir la probabilidad de haber participado en la realización de los hechos previstos como delito de ultrajes a la autoridad, en agravio del servicio público. [.] SEGUNDO. Una vez tramitado el juicio de amparo, el trece de agosto de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional, dictándose sentencia, misma que fue engrosada el veintitrés de agosto del dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio, mientras que por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. TERCERO. Inconforme con dicha resolución, María del Pilar Beivide, autorizada de la parte quejosa en el presente asunto, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dicta en el presente asunto, el cual fue remitido a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede Boca del Río, Veracruz, el cual por razón de turno tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz. Posteriormente, mediante oficio 845 signado por la Secretaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, remitió la resolución dictada en sesión ordinaria virtual de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en los autos del toca 321/2021 de su índice, en la cual se determinó confirmar la sentencia del suscrito. CUARTO. En consecuencia, mediante proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Noveno Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, el cumplimiento de la ejecutoria; lo anterior, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 192 de la Ley de Amparo. QUINTO. En tales circunstancias, una vez recabado el informe rendido por la autoridad responsable, así como las constancias que en copia certificada anexó al mismo, las cuales tienen plena eficacia probatoria, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones; mediante el citado proveído de treinta de agosto dos mil veintidós se dio vista a las partes, la cual no fue desahogada; sin embargo, se está en condiciones de pronunciarse al respecto, habida cuenta que conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo, no es posible que se archive ningún expediente sino hasta que esté cabalmente cumplida la sentencia que concede el amparo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo; dado que, el estado de autos lo permite, al obrar el informe de la responsable respecto del cumplimiento requerido y haberse otorgado vista a las partes por el plazo legal previsto para tal efecto, la cual fue desahogada por la parte tercero interesada. SEGUNDO. Efectos de la concesión del amparo. En la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, se concedió el amparo solicitado, para efecto de que la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Noveno Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, realizara lo siguiente: [.] a) La responsable deje insubsistente el auto de vinculación a proceso emitido el veintiocho de abril de dos mil veintiuno. b) En su lugar, reponga el procedimiento y cite a las partes a la continuación de la audiencia inicial, para lo cual deberá tener por reproducidas las manifestaciones de la fiscalía en cuanto a la formulación de la imputación y la solicitud de vinculación a proceso, así como la intervención de la defensa, ello con la finalidad de desahogar el medio de prueba consistente en la testimonial a cargo de Germán Méndez Rodríguez. Sin que con la reposición ordenada, se permita al agente ministerial modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación, ello en observancia a los principios de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes. c) Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual incluso podrá ser en el mismo sentido de afectación, pero deberá subsanar los vicios formales detectados, a fin de restituir al amparista en el goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la citada ley de la materia. En el entendido de que los vicios formales a saldar, son los siguientes: 1. Exponga en concreto, la acción delictiva que desplegó el imputado en términos del artículo 331 del código punitivo estatal, que prevé el ilícito de ultrajes a la autoridad, ello ante las diversas acciones y sanciones que contempla dicho antisocial para su configuración, así como la forma en que participó en su comisión. 2. Se pronuncie respecto del valor probatorio que merece el dato de prueba ofertado por la defensa, consistente en la propia declaración del amparista. La anterior determinación, únicamente tiene el efecto de respetar el derecho al debido proceso violado, y que el impetrante pueda desahogar los medios de prueba que estime pertinentes. En apoyo a lo anterior, es de invocarse la jurisprudencia 228, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 169, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1917-2000, que dispone: "ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas." Bajo esa línea, la concesión del amparo debe hacerse extensiva al acto de ejecución atribuido a la autoridad responsable ejecutora Encargado del Centro Penitenciario de Pacho Viejo, Veracruz; en virtud de que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto ordenador, al o haberse reclamado por vicios propios. [.] TERCERO. Cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante oficio 844/2022, el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia de la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós dictada en los autos del proceso penal 49/2021, de su índice, en la que se advierte que dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso emitido el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en contra del aquí quejoso Valentín Chagala Antemate y otros, el cual constituye el acto que aquí se reclama. (foja 305 de autos) En su lugar, ordenó reponer el procedimiento y citó a las partes a la continuación de la audiencia inicial, para tener por reproducidas las manifestaciones de la fiscalía en cuanto a la información de la imputación y la solicitud a proceso, así como la intervención de la defensa. SEGUNDO. El citado Juez responsable, mediante oficio 1080/2022, -el cual obra a foja 338 de autos- remitió copia constatada de la continuación de la audiencia inicial celebrada el cinco de abril de dos mil veintidós, en los autos del proceso penal 49/2021, de su índice, así como un disco compacto que contiene el audio y video de la continuación de dicha audiencia inicial; de la que se advierte que realizó lo siguiente: El referido Juez de control responsable, dictó AUTO DE SOBRESEIMIENTO, en favor del aquí quejoso Valentín Chagala Atemate, por cuanto hace al delito de ultrajes a la autoridad; lo anterior, bajo el argumento de que el once de marzo de dos mil veintiuno, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, mediante sentencia de acción de inconstitucionalidad número 59/2021 y su acumulado 66/2021, declaró la invalidez del artículo 331 del Código Penal para el Estado Libre y soberano de Veracruz, el cual prevé el ilícito de ultrajes a la autoridad. Con lo antes precisado, se aprecia que la responsable en acatamiento a la ejecutoria de amparo, dejó sin efectos el auto de vinculación a proceso emitido el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en contra del aquí quejoso, y con libertad de jurisdicción, por cuanto hace al delito de ultrajes a la autoridad, dictó AUTO DE SOBRESEIMIENTO, en favor del aquí quejoso. Por lo antes expuesto y con apoyo en el artículo 196, párrafos primero y segundo, y 214 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la sentencia ejecutoria dictada en los autos del juicio de amparo 387/2021-III, promovido por Valentín Chagala Antemate, SE ENCUENTRA CUMPLIDA, sin que se advierta exceso ni defecto en su cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 7 relativo al 7.1 Expedientes que corresponde clasificar como "Depurables" de conformidad con el artículo Décimo Octavo del Acuerdo concerniente al Punto 1, derivado del 7.1.1 En los Juzgados de Distrito del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DEPURABLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el artículo 18 antes invocado, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurarse el original de este expediente, conservándose la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin a este asunto, así como el presente proveído donde se está acordando su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en dichos cuadernos. Finalmente, toda vez que el referido Juez de Control responsable remitió copias certificadas del proceso penal 49/2021 de su índice, las cuales obran en un tomo de prueba por cuerda separada. En consecuencia, dado que su retención resulta innecesaria, devuélvase el citado tomo a la autoridad responsable antes precisada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de sus autorizados; por oficio a las autoridades responsables y fiscal tercero interesado, así como por lista electrónica a las restantes partes.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 387/2021-III del que deriva el presente asunto, archívese el presente incidente como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente incidente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, punto 3, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del MANUAL para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original del incidente de suspensión debe considerarse DEPURABLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a) de dicho acuerdo, pues se concedió la suspensión definitiva; por tanto, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el artículo 18 antes invocado, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurarse el original de este expediente, conservándose las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o violación en su caso, y los demás documentos que se consideren necesarios, así como el presente proveído donde se está acordando su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, toda vez que el presente incidente de suspensión, se formó por duplicado y separado en términos de lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.1 Expedientes que el órgano jurisdiccional debe destruir una vez que cuente con más de seis meses de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, punto 2, inciso a) del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; debe considerarse DESTRUIBLE y una vez que transcurran seis meses a esta fecha de archivo como asunto concluido en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse el duplicado de expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por lista electrónica a las partes.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION QUE DICE: ÚNICO. Se declara que la sentencia ejecutoria dictada en los autos del juicio de amparo 387/2021-III, promovido por Valentín Chagala Antemate, SE ENCUENTRA CUMPLIDA, sin que se advierta exceso ni defecto en su cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo.
- Principal
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