Valente Sol Rivas

Expediente 576/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 20 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
576/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Valente Sol Rivas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a nueve de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación que antecede, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), de dicha legislación], en contra la sentencia dictada en el Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 2 presente asunto, en el que se sobreseyó el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletorio a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que, mediante resolución constitucional de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DEPURABLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción l, inciso a) del Acuerdo General de referencia y capitulo 7 Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 3 Expedientes Depurables, 7.41 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; el presente asunto es susceptible de depuración, aun cuando se sobreseyó el presente juicio de amparo, debe tenerse en cuenta que al haberse concedido en su momento la suspensión de plano, procede calificar este expediente como depurable. Por lo que una vez que transcurran tres años, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminando el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el artículo 9 del multicitado Acuerdo General. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 152 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. 1 7.4 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano. Por lo que hace a la suspensión de oficio cuando se decreta de plano, se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Consecuentemente, los expedientes en los que obre suspensión de plano se deberán valorar como "depurables". Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 4 DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. No obstante a lo anterior, devuélvase el tomo de pruebas que adjunta la autoridad judicial responsable como sustento de su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    SENTENCIA CONSTITUCIONAL V I S TOS, para resolver los autos del juicio de amparo 576/2022. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el dos de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, en esta ciudad, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, Sofía Graciela Villar Sol, en favor de Valente Sol Rivas, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de treinta de abril de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo de que se trata, registrándose bajo el número de expediente 576/2022, se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados, y se ordenó su ratificación; por lo que una vez ratificada el escrito de demanda, por acuerdo de nueve de mayo del año en curso; se admitió a trámite, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos del acta que antecede. TERCERO. Ampliación de demanda. Por acuerdo de trece de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por ampliada la demanda de amparo respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión, Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 JUICIO DE AMPARO 576/2022 -2- búsqueda, localización, presentación y su ejecución, reclamados a las autoridades indicadas en dicho auto [fojas 123 a 125]; y, CUARTO. Autoridades inexistentes. Por auto de siete de junio del presente año, se hizo efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa en diverso acuerdo de veinticinco de mayo del año en curso, y se tuvo por inexistente a las autoridades que la parte quejosa denominó como Director de la Policía Especializada de la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas, Fiscal del Ministerio Público Investigador del Estado y Fiscalía de Distrito Istmo Costa, Ministerio Público, todos presuntivamente residentes en Arriaga, Chiapas, por lo que se ordenó suspender toda comunicación oficial con las mismas [fojas 229 y 230]; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, y 107 de la Ley de Amparo, 48, y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, modificado mediante el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al reclamarse actos cuyas consecuencias se materializan dentro de la circunscripción Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 JUICIO DE AMPARO 576/2022 -3- territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"1 y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS".2 En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, libelo de ampliación, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que los actos reclamados son los siguientes: Del 1).- Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, del 2).- Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número Trece; y el 3).- Comandante Regional de la Policía Especializada, Zona Istmo Costa, todos con residencia en Tonalá, Chiapas; del 4).- Director de la Policía Municipal, del 5).- Secretario de Protección Civil, y de la 6).- Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Istmo-Costa, estos últimos con residencia en Arriaga, Chiapas: 1 Tesis P. IV/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255. 2 Jurisprudencia 2ª./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 JUICIO DE AMPARO 576/2022 -4- a).- Ataques a la libertad personal. b).- Detención arbitraria fuera de procedimiento. c).- Desaparición forzada. d).- Incomunicación. e).- Malos tratos. Ampliación de demanda. f).- La orden de búsqueda y aprehensión de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós, decretada en la causa penal 35/2022 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, en contra del quejoso Valente Sol Rivas, como probable coautor del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. 1).- El Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas; 4).- El Director de la Policía Municipal, y 5).- El Secretario de Protección Civil, estos dos últimos con residencia en Arriaga, Chiapas, en sus informes justificados [fojas 128, 136 y 174], negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, precisados en los incisos a) al e), consistentes en ataques a la libertad personal, detención arbitraria fuera de procedimiento, desaparición forzada, incomunicación, y malos tratos, perpetrados en contra del quejoso Valente Sol Rivas, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa con prueba fehaciente alguna. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en Arriaga, Chiapas, no rindió su informe justificado que se le solicitó mediante oficio 9966/2022, no obstante de encontrarse debidamente emplazada, tal como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos a Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 JUICIO DE AMPARO 576/2022 -5- foja 162; sin embargo, dicha omisión no actualiza la presunción de la existencia de los actos que se atribuyen a la responsable citados en el párrafo que antecede, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, pues la autoridad judicial responsable negó categóricamente los actos reclamados analizados en este apartado; por lo tanto, lo procedente es tener por inexistente los actos que de ésta se reclama y sobreseer también en el presente juicio, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Máxime que de la diligencia de ratificación de demanda de fecha dos de mayo de dos mil veintidós [fojas 83], la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, hizo constar que se constituyó al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, con residencia en esa demarcación, y observó que el imputado Valente Sol Rivas, no presentaba ninguna lesión en su anatomía, así como alguna cicatriz, y que al preguntarle si le estaban dando las atenciones necesarias, manifestó que sí, y que le estaban dando comida a sus horas. De igual forma, de las constancias remitidas por el Director de la Policía Municipal de Arriaga, Chiapas, como sustento de su informe de ley [fojas 138 a 141], se advierte que durante su estancia en los separos de dicha corporación policiaca los días veintinueve y treinta de abril de dos mil veintidós, recibió la visita de Marta Rivas Farrera madre del quejoso, en diferentes fechas y horarios, así como también recibió la visita de José María Martínez Cruz, en calidad de abogado del quejoso Valente Sol Rivas, y de igual forma estuvo recibiendo visitas de diversos familiares del impetrante, hasta que abandonó dichos separos de la cooperación policiaca señalada como responsable en esta Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 JUICIO DE AMPARO 576/2022 -6- instancia constitucional. Por su parte, 2).- El Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número Trece, con residencia en Tonalá, Chiapas, y 6).- La Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa dependiente de la Fiscalía de Distrito Istmo-Costa, con sede en Arriaga, Chiapas, en sus informes justificados [fojas 217 y 249], negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, precisados en el inciso f), consistente en la orden de búsqueda y aprehensión de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós, decretada en la causa penal 35/2022 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa con prueba fehaciente alguna. Luego, sin prueba en contrario que desvirtúe la negativa apuntada por las responsables, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías respecto de los actos que se atribuyen a dichas autoridades. Encuentra apoyo lo antes citado en la tesis VI.2o.A.4 K3, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo epígrafe y texto versan de la siguiente manera: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto 3 Registro No. 187728. Publicada en la página 903, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 JUICIO DE AMPARO 576/2022 -7- reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. 1).- El Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, al rendir su informe justificado [fojas 166], negó la existencia de los actos que se les reclama, precisados en el inciso f), consistentes en la orden de búsqueda y aprehensión de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós, decretada en la causa penal 35/2022 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas; y, la ejecución de dichos actos reclamados; empero, de las constancias remitidas por dicho juzgador por oficio agregado en auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós [fojas 259], se patentiza que en resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós [fojas 26 a 38 del tomo de pruebas], se ordenó la búsqueda y aprehensión, entre otros, del aquí quejoso Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 JUICIO DE AMPARO 576/2022 -8- Valente Sol Rivas, como probables coautores del hecho que la ley señala como delito de homicidio, previsto en el artículo 160, calificado por el diverso 170, fracción III, inciso b), y sancionado por el numeral 163, correlacionado a los artículos 10 (acción), 14 fracción I (delito instantáneo), 15 (dolo directo), y 19 fracción III (coautores material), todos del Código Penal para el Estado, perpetrado en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Luis Manuel Rodríguez, de hechos corridos en Arriaga, Chiapas. De ahí, que debe tenerse por cierto los actos reclamados. Encuentra apoyo en la tesis aislada, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización son: Registro digital: 211004, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, Tipo: Aislada, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente digital de la causa penal número 35/2022 del Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 JUICIO DE AMPARO 576/2022 -9- índice de la potestad judicial responsable; mismas que obran en la secretaría de este juzgado, medio de convicción que remitió en atención a lo requerido en autos, y el cual, por tratarse de documento público, se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorios de la Ley de Amparo en términos del numeral 2° de este último ordenamiento. Resulta ilustrativa la tesis jurisprudencial 226 del Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 153, cuyo tenor es: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. El Comandante Regional de la Policía Especializada, Zona Istmo Costa, con residencia en Tonalá, Chiapas, al rendir su informe justificado [fojas 168], aceptó la existencia de los actos restrictivos de libertad, precisando que se dio cumplimiento la determinación notificada a través del oficio 463/2022, de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la causa penal 35/2022 del índice de la autoridad judicial responsable, en contra del aquí quejoso Valente Sol Rivas, como coautor del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, perpetrado en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Luis Manuel Rodríguez, de hechos ocurridos en Arriaga, Chiapas. Resulta aplicable el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 JUICIO DE AMPARO 576/2022 -10- son: Época: Quinta Época, Registro: 917812, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia(s): Común, Tesis: 278, Página: 231, de texto: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro No. 395571, Localización: Quinta Época, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1985, Parte VIII, Materia(s): Común, Tesis: 158, Página: 262, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora bien, esta juzgadora advierte de oficio, que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que obliga al sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 JUICIO DE AMPARO 576/2022 -11- Para ilustrar este aserto, primeramente es menester transcribir el contenido del citado dispositivo legal, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". En primer término, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido a establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no; es decir, la improcedencia va a impedir que el juzgador federal dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causales que conforman a la misma, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 JUICIO DE AMPARO 576/2022 -12- Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el texto del artículo 62, de la ley en cita. Ahora bien, el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, antes transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso particular, Valente Sol Rivas, reclama del Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, la orden de aprehensión dictada en resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la causa penal número 35/2022, que se le instruye, como probable coautor del hecho que la ley señala como delito de homicidio, previsto en el artículo 160, calificado por el diverso 170, fracción III, inciso b), y sancionado por el numeral 163, correlacionado a los artículos 10 (acción), 14 fracción I (delito instantáneo), 15 (dolo directo), y 19 fracción III (coautores material), todos del código Penal para el Estado, perpetrado en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Luis Manuel Rodríguez, de hechos corridos en Arriaga, Chiapas. Empero de las constancias remitidas por Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, relativas al oficio agregado en auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, a través del cual informó que el siete de mayo de dos mil veintidós, se dictó auto de vinculación a proceso al imputado, aquí quejoso, Valente Sol Rivas, por el hecho delictivo de homicidio calificado, y para justificar su aserto, la Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 JUICIO DE AMPARO 576/2022 -13- autoridad judicial responsable remitió copias certificadas del expediente digital de la causa penal número 35/2022 del índice de la potestad judicial responsable, medios probatorios que ya fueron valorados en párrafos que anteceden. De lo anterior, se obtiene que el siete de mayo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia de continuación a la inicial relativa a la causa penal 35/2022 de su índice, en la cual, en la parte que nos interesa, se determinó acreditada la existencia del hecho delictivo de homicidio calificado y, en consecuencia, dictó auto de vinculación a proceso al imputado, aquí quejoso, Valente Sol Rivas; y para justificar su aserto, la autoridad judicial responsable remitió copias certificadas del expediente digital de la causa penal número 35/2022 del índice de la potestad judicial responsable; con lo que ha operado un cambio en la situación jurídica de aquél, que actualiza la causa de improcedencia antes invocada, ya que en virtud de dicho auto, el quejoso se encuentra ahora a disposición del Juez que conoce de su asunto, de modo que no es factible decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la orden de aprehensión originariamente impugnada sin afectar su nueva situación jurídica. Luego, si en el caso particular se ha comprobado que la orden de aprehensión reclamada originariamente ha sido sustituida por el auto de vinculación a proceso, se genera un cambio en la situación jurídica del impetrante, que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que obliga a decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 169410, Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 JUICIO DE AMPARO 576/2022 -14- Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Penal, Tesis: 1a./J. 17/2008, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270, Tipo: Jurisprudencia, del rubro y texto siguientes. SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 JUICIO DE AMPARO 576/2022 -15- ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Asimismo, se invoca el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia J/18, cuyos datos de localización son: Registro digital: 2017544, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Tesis: XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, Tipo: Jurisprudencia, del rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 JUICIO DE AMPARO 576/2022 -16- proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en vinculación con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo. La anterior determinación impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente de amparo, conforme al criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyos datos de localización son: Registro digital: 214593, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materias(s): Común, Tesis: II.3o. J/58, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 70, Octubre de 1993, página 57, Tipo: Jurisprudencia, del rubro y texto siguientes: Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 JUICIO DE AMPARO 576/2022 -17- SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución atribuidos a las autoridades ejecutoras, ya que al decretarse lo propio por lo que hace a la responsable ordenadora, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución de sus subordinados. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, cuyos datos de localización son: Registro digital: 238280, Instancia: Segunda Sala, Séptima Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 90, Tercera Parte, página 41, Tipo: Jurisprudencia, cuyo rubro y texto dicen: EJECUCION, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Por lo expuesto y fundado; se, Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 JUICIO DE AMPARO 576/2022 -18- R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Valente Sol Rivas, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en los considerando tercero y último del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Héctor Pérez Fonseca, secretario del Juzgado con quien actúa, el día de hoy dieciocho de agosto de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio firmado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, por medio del cual informa la situación jurídica que guarda el quejoso Valente Sol Rivas en la causa penal 35/2022 de su índice, y remita copias certificadas de dicho expediente. Consecuentemente, se tiene por hecha sus manifestaciones y por cumplido el requerimiento que le fue formulado en proveído de quince de julio de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para los efectos legales procedentes. En términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la potestad ocursante ofreciendo como pruebas de su intención, las documentales que allega junto a su oficio de cuenta, las cuales desde este momento se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, en el entendido que serán relacionadas en la audiencia respectiva. Asimismo, atendiendo a la voluminosidad de tales constancias, en aras de lograr mejor control y manejo del presente expediente, se ordena formar un cuaderno de pruebas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José de Jesús Soto Ríos, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a quince de julio de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el informe justificado signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas [foja 166], por el cual negó el acto reclamado derivado de la ampliación de demanda de amparo, hecha por el quejoso Valente Sol Rivas, consistente en la orden de aprehensión, búsqueda, localización y presentación, y su ejecución; sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Comandante Regional de la Policía Especializada, Zona Istmo Costa, con sede en Tonalá, Chiapas [fojas 219 a 227], en apoyo a su informe justificado, se advierte que el quejoso Valente Sol Rivas, fue puesto a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Ensuciamiento del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, en cumplimiento al oficio 463/2022 de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós, signado por Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 2 el Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, en la causa penal 35/2022, de su índice, en la que se ordenó la búsqueda y aprehensión del impetrante. Concatenado a lo que antecede, a fin de integrar la presente Litis constitucional, se estima menester requerir al Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, 1informe la situación jurídica que guarda el quejoso Valente Sol Rivas, en la causa penal 35/2022 de su índice y 2remita copias debidamente certificadas y legibles de la cusa penal antes referida, por lo que se ordena girar oficio a la autoridad antes citada, con copia de la promoción número 7983, a fin de que dé cumplimiento a lo antes requerido. Apercibida que de no dar cumplimiento en el plazo indicado para ello, o de no informar el impedimento legal o material que para ello tengan, se hará acreedor a una medida de apremio, consistente en multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En tal virtud, para dar oportunidad a lo anterior, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia constitucional que está fijada para este día, y se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del quince de agosto de dos mil veintidós, para que tenga verificativo ese acto procesal. El señalamiento de la referida fecha, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal, sin violentar los derechos laborales del personal de este órgano jurisdiccional. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 3 En lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE". Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme a la aprobación de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, notificada mediante oficio CCJ/ST/2318/2022 de trece de junio de la presente anualidad, en razón al primer periodo vacacional que comprende del uno al quince de julio de dos mil veintidós, aprobado por la citada comisión a la Titular de este Juzgado, en sesión celebrada el día de la fecha; asistido de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 10,248 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano