Valente Ramón Aguelles Ovando

Expediente 849/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
849/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
29/06/2017

Partes del expediente

  • Valente Ramón Aguelles Ovando

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA QUE EL AUTO DE OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE QUE DESECHO LA DEMANDA HA QUEDADO FIRME..NOTIFIQUESE

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de demanda presentada vía electrónica quien dice ser Valente Ramón Arguelles Ovando, contra actos del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez, con sede en esta ciudad y otras autoridades, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 849/2017. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, el suscrito estima que la demanda de amparo debe desecharse al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, por lo que procede determinar si se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que la aleguen las partes o se advierta en forma oficiosa, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de la Materia. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". El suscrito juzgador advierte, de oficio, que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 3° y 6º, todos de la Ley de Amparo en vigor, los cuales disponen: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". ".Artículo 3°. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. (.) Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales." ".Artículo 6º. El juicio de amparo podrá promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previsto en esta ley." De las transcripciones anteriores se advierte, que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, la cual debe exteriorizar su voluntad a través de la firma autógrafa estampada en la demanda de amparo, formalidad indispensable para su procedencia, y en los escritos presentado en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, pues a través de aquélla, el quejoso expresa su voluntad de acudir ante el órgano de control constitucional en defensa de los derechos que estimó vulneradas; por tanto, si la demanda no contiene firma electrónica la cual tiene los mismos efectos que la firma autógrafa original, es evidente que no existe parte agraviada y por ende el juicio de amparo es improcedente. Por tanto, es evidente la ausencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa, para ocurrir a esta instancia constitucional, pues la demanda carece del requisito esencial que constituye la firma electrónica la cual tiene los mismos efectos que la firma autógrafa original del promovente, la que revela la expresión de voluntad del accionante, sin la cual no puede afirmarse válidamente, que se satisfaga el principio de iniciativa de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, ya que una demanda sin la firma autógrafa original del promovente es un simple papel que no trae incorporada la voluntad de su autor; situación que hace improcedente el presente juicio de amparo. Se afirma lo anterior, porque el escrito de demanda es considerado un documento privado, en términos de lo dispuesto en el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez, que proviene de un particular y en él debe de aparecer la firma o signo que refleja la voluntad del suscriptor; de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia P./J. 148/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 11, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL ESCRITO RELATIVO REVISTE EL CARÁCTER DE DOCUMENTO PRIVADO, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE, JURÍDICAMENTE, DE SER OBJETADO DE FALSO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien en ningún precepto de la Ley de Amparo, se establece qué debe entenderse por documento privado, resulta aplicable supletoriamente al ordenamiento invocado el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 129 determina que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; mientras que en el diverso artículo 133 del propio ordenamiento legal se indica que los documentos privados son los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129, entre los cuales quedan comprendidos los escritos elaborados por particulares, en los que aparezca la firma o el signo que refleje la voluntad del suscriptor del documento. En consecuencia, el escrito inicial de demanda de amparo participa de las características de un documento privado, porque proviene de un particular y en él aparece la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor, de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad, sin que sea obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que el artículo 153 de la Ley de Amparo disponga que sólo serán objetables de falsos "los documentos" que presentaren las partes en el juicio de amparo, porque esa acepción comprende también las promociones presentadas por ellas, pues constituyen documentos, atento lo cual se encuentran sujetas a la impugnación de falsedad, de acuerdo a lo dispuesto en el precepto últimamente citado". Consecuentemente, al presumirse, sin prueba alguna en contrario, que no aparece la firma electrónica la cual tiene los mismos efectos que la firma autógrafa original del promovente en la demanda de amparo, se actualiza la causa de improcedencia analizada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 181-186 Quinta Parte, página 71, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". Es también aplicable la tesis de la Cuarta Sala del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 35, quinta parte, página 23, de rubro y texto siguientes: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, IMPROCEDENCIA POR FALTA DE. El artículo 107 constitucional, en su fracción I, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; el artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Ahora bien, si la parte que se considera agraviada promueve juicio de amparo impugnando el acto reclamado por conducto de apoderado, aunque obren las constancias que permitan considerar a éste como tal, si el escrito que contiene la demanda de amparo carece de la firma del apoderado, formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que la firma al pie del documento sirve para dar autenticidad al mismo, debe entenderse que, conforme a lo dispuesto por los artículos citados, propiamente no existe agraviado, por lo que conforme a lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, la demanda de garantías es improcedente y debe sobreseerse en el juicio conforme a lo ordenado por la fracción III del artículo 74 de la misma ley". Finalmente, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en cuestión, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Notifíquese personalmente al promovente vía electrónica.

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