Valente Negrete Romero

Expediente 1192/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1192/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Valente Negrete Romero
  • Adrián Pedro Negrete Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    MESA I Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que realizara algún pronunciamiento; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: Lo actuado dentro del expediente ******************** del índice del Tribunal Unitario del Noveno Distrito, con residencia en Toluca, Estado de México; y, como consecuencia, la expedición de constancias y certificados parcelarios a favor de Adrián Pedro Negrete Romero. Previa substanciación del juicio de amparo, el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se dictó la sentencia correspondiente, en la que se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero de este fallo, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia." El seis de octubre de la presente anualidad, causó ejecutoria el referido fallo protector para que la autoridad responsable lo acatara en sus términos, a saber: "(.) que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, dentro de los tres días hábiles siguientes, realice lo siguiente: Suspenda cualquier acto tendente a la ejecución de la sentencia dictada en el juicio agrario ******************** y previo a cualquier determinación relativa a ésta, respete al aquí quejoso ******************** su garantía de audiencia. (.) En el entendido que la ejecutoria respectiva quedará cumplida cuando la autoridad responsable emita un auto donde declare que respetará el derecho que defiende el promovente del amparo, en relación con el bien que ampara el certificado de derechos agrarios 334884, en los términos precisados. (.)" Ahora bien, mediante oficio registrado con folio ********************la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario de Distrito Nueve, remitió copia certificada del auto dictado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el expediente ******************** de su índice, en la que entre otras cosas, determino: "Con fundamento en el artículo 58 del supletorio Código Federal de procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento; y para una debida integración a la relación jurídico-procesal, en aras de respetar su garantía de audiencia al quejoso, consagrada en el artículo 14 de nuestra carta Magna, resulta necesario llamarle a juicio a VALENTE NEGRETE ROMERO, para ello, la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Agraria, fijándose las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, en las oficinas que tiene el Tribunal Unitario Agrario Distrito Nueve, ubicadas en Avenida Baja Velocidad No. 543 Oriente Lote 27, Manzana 26, Colonia Pilares, Código Postal 52179, Municipio de Metepec, Estado de México, en la que se harán valer todas las acciones, excepciones y defensas y se proveerá con respecto a la contestación de la demanda, ofrecimiento y admisión de pruebas, con la advertencia de que en dicha audiencia se desahogarán las pruebas ofrecidas. Por ello se requiere a la parte accionante para que comparezca puntalmente en la fecha indicada, previniéndole que de no hacerlo no se señalará nueva fecha para la audiencia de ley y a partir de la misma iniciará a surtirse el supuesto contenido en el artículo 190 de la Ley Agraria. B. Atendiendo los efectos de la ejecutoria de amparo, se expiden oficiosamente las copias de traslado este unitario en cumplimiento al fallo protector, en consecuencia se instruye a la Actuaria de la adscripción, para que notifique, corra traslado y emplace a VALENTE NEGRETE ROMERO, en el domicilio ubicado en Calle Miquel Hidalgo 101, Colonia Guadalupe, del poblado San Buenaventura, C.P. 50110, Municipio de Toluca, Estado de México, corriéndole traslado con las copias del escrito inicial de la demanda, anexos, y de la presente actuación, requiriéndole para que a más tardar el día de la audiencia de ley, de contestación a la demanda, manifieste lo que a su derecho corresponda, ofrezca pruebas de su interés, señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir notificaciones, en la inteligencia que de formular su contestación de manera escrita antes del día y hora señalados para la audiencia de ley, deberá comparecer a la citada audiencia a fin de que exponga oralmente sus pretensiones, excepciones, defensas y para que, en términos de la fracción VI, del precepto 185, Ley Agraria, este Tribunal pueda exhortar a las partes a conciliar sus intereses y a celebrar convenio, con el apercibimiento que de no comparecer sin justa causa o caso fortuito el dia y hora señalados para el desahogo de la audiencia de ley, a dar contestación a la demanda iniciada en su contra de manera oral o mediante escrito, se podrán tener por ciertas las afirmaciones de la parte actora y de no señalar domicilio en esta Ciudad, las demás notificaciones, aún las de carácter personal, les serán practicadas en los estrados de este Tribunal; ya que dicho escrito de contestación no surte efectos si no es ratificado oralmente por su autor a través de su comparecencia a la audiencia de mérito; así mismo, se previene a las partes para que el día de la audiencia de ley, acudan debidamente asesoradas por un abogado, haciendo de su conocimiento que la Delegación de la Procuraduría Agraria, brinda asesoría gratuita a los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas." Además, en el punto sexto del acuerdo citado señaló: "SEXTO. Remítase copia certificada del presente proveído, al Registro Agrario Nacional en el Estado de México, para que suspenda cualquier acto tendente a la ejecución de la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dictada por este Tribunal Unitario Agrario Distrito Nueve, así como cualquier acto administrativo de inscripción que haya efectuado como consecuencia de lo antedicho, debiendo informar lo conducente.". Lo precedente revela que la responsable acató el efecto de la ejecutoria, pues tal y como se aprecia de la copia certificada del auto dictado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el expediente ******************** de su índice, se dio cumplimiento al fallo protector; de ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra totalmente cumplida. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Incidental

    MESA I Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el escrito firmado por el quejoso ********************, por medio del cual solicita la devolución del billete de depósito ********************, que ampara la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), mismo que se exhibió en el incidente de suspensión en que se actúa. DEVOLUCIÓN BILLETE DE DEPÓSITO. En esas condiciones, toda vez que la sentencia en la que se concedió en amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, ha causado ejecutoria, se autoriza la devolución al quejoso del billete de depósito exhibido en los autos del presente cuaderno. En la inteligencia de que por razones de seguridad, le será entregado únicamente al quejoso, quien deberá comparecer debidamente identificado, con documento oficial y vigente, para lo cual deberá dejar en autos constancia de su recibo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA I VISTA CON CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el oficio firmado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, con el que comunica la forma en que cumplió con la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, y una vez transcurrido el plazo dado, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano judicial de amparo declarará si la sentencia está cumplida o no, con la base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA I Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia emitida en el presente asunto, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal, no fue recurrida; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En ese sentido, toda vez que la resolución dictada por este órgano jurisdiccional, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que las autoridades responsables Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9 y el Encargado de Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, realicen lo siguiente: "En estas consideraciones, toda vez que el peticionario de amparo no fue llamado al juicio agrario de origen, se vulneró en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia, previsto en el citado artículo 14, de la Carta Magna; por tanto, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por Valente Negrete Romero, para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, dentro de los tres días hábiles siguientes, realice lo siguiente: - Suspenda cualquier acto tendente a la ejecución de la sentencia dictada en el juicio agrario 933/2022 y previo a cualquier determinación relativa a ésta, respete al aquí quejoso Valente Negrete Romero su garantía de audiencia. (.) En el entendido que la ejecutoria respectiva quedará cumplida cuando la autoridad responsable emita un auto donde declare que respetará el derecho que defiende el promovente del amparo, en relación con el bien que ampara el certificado de derechos agrarios 334884, en los términos precisados. Dado que, el hecho de que en este juicio esté comprobado el interés jurídico de la parte quejosa, es independiente del derecho sustantivo en el fondo, toda vez que el mejor derecho de propiedad sobre la parcela defendida deberá ser dilucidado ante la potestad común, que es en donde las partes tienen mecanismos de defensa específicos para proteger sus intereses. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a la autoridad responsable ejecutora, en virtud de que no se combaten por vicios propios sino en vía de consecuencia." SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. En ese contexto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9 y al Encargado de Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, cumplan con el fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibidas que de no hacerlo, o no informar la imposibilidad jurídica o material que tengan para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, podrán hacerse acreedoras a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 258 de la ley de la materia, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones, en especial la sentencia de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Mediante oficio devuélvase a la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9 las constancias que remitió a este órgano jurisdiccional como complemento a su informe justificado, consistentes en el original de los juicios agrarios ******************** Se requiere a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, acuse recibo de las constancias de mérito, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

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