Valente Navarro Espinoza
Expediente 717/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 717/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Valente Navarro Espinoza
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de julio de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado y anexo presentados por la presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por exhibidas las documentales que anexa la autoridad oficiante, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, y en cuanto a su contenido, se acuerda lo siguiente. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: De la presidente y la Junta responsable, la omisión de ordenar las gestiones necesarias para notificar a la parte demandada la determinación judicial de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dentro de los autos del expediente laboral 628/2018; y, del actuario adscrito a dicha junta el haber omitido notificar a los referidos demandados el citado acuerdo. En relación con lo anterior, las autoridades responsables admitieron en su informe justificado la existencia de los actos reclamados. No obstante lo anterior, al rendir su respectivo informe justificado, la presidente de la Junta responsable, exhibió copia certificada de la notificación efectuada por el fedatario público responsable de treinta de junio de dos mil veintidós, del que se desprende que, se notificó a la contraparte la resolución de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictada en el juicio obrero 628/2018, del control de la Junta en comento; de ahí que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (treinta de mayo de dos mil veintidós), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. En esa medida, quien resuelve determina que cesaron los efectos del reclamo constitucional, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda se evidenció la existencia del acto reclamado -omisión de notificar y realizar lo conducente para lograrlo- ya que se probó que la parte pasiva del juicio natural fue notificada de la multicitada resolución de veintidós de marzo de dos mil veintidós. De ahí, que con tales actuaciones desplegadas por las responsables se actualiza la causal de improcedencia analizada, pues cesaron los efectos del reclamo constitucional, resultando evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de las responsables, volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto sus pretensiones se encuentran satisfechas, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, al declararse improcedente el amparo, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados en análisis. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Atento a lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. (SE SOBRESEE POR AUTO)
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, tres de junio de dos mil veintidós. I. Análisis de constancias. Visto lo de cuenta, se procede a calificar el cumplimiento dado a la resolución constitucional conforme el estado procesal que guarda el presente asunto. II. Efectos de la concesión del amparo. En el presente asunto, se advierte que en la sentencia de amparo dictada se sobreseyó por una parte, y en otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado por el quejoso, para el efecto de que las responsables, realizaran en el ámbito de sus atribuciones, las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demandada al juicio laboral 1886/2021. III. Causa ejecutoria. El siete de diciembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. IV. Seguimiento de las gestiones del cumplimiento. Seguida la secuela procesal de cumplimiento, mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se agregó el oficio con anexo, remitido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, del cual se desprende que requirió a diversas dependencias para que informaran si en sus registros contaban con algún domicilio de la parte demanda, esto para estar condiciones de emplazarla al juicio laboral 1886/2021, de su índice. V. Vista cumplimiento. El veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, se le notificó al quejoso por conducto de autorizado legal, para que manifestara lo que a su interés conviniere, sin que transcurrido el plazo otorgado haya hecho manifestación alguna. VII. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina que se cumplimentaron los efectos de la sentencia concesoria, por lo que se declara que dicha resolución ha quedado cumplida sin exceso, ni defecto. VII. Archivo y valoración del expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente una vez transcurridos tres años, toda vez que se concedió el amparo solicitado. Notifíquese; y, mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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