Valente Medina Seoane

Expediente 19/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 56 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
19/2019
Año
2019
Actuaciones
56
Última actuación
15/07/2019

Partes del expediente

  • Valente Medina Seoane
  • Elena Duran Anselmo
  • Agustin Cruz Aguayo
  • VALENTE MEDINA SEOANE y Otros.
  • AGUSTIN CRUZ AGUAYO y Otros.
  • Alfonso Colunga Velazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 56.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos, el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en el conflicto competencial 7/2019 de su índice, que en sus puntos resolutivos señala: "PRIMERO. Se declara legalmente competente al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, para continuar conociendo del juicio de amparo 19/2019-D, por razón de territorio. SEGUNDO. Se ordena la remisión de los autos al juez de distrito declarado competente para que se avoque a su conocimiento." Consecuentemente, acúsese el recibo de estilo a la superioridad, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de junio de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos con el escrito signado por José Miguel Ángel Corona Cerezo, con el que solicita se le expida copia certificada de todo lo actuado en autos del presente juicio de amparo. En ese sentido, dígase al promovente que este órgano de control constitucional actualmente no cuenta con los autos originales del referido controvertido, en razón de haber planteado con el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo un conflicto competencial para conocer del mismo, razón por la cual se encuentra imposibilitado para atender su petición, por lo que una vez resuelto dicho conflicto deberá realizar nuevamente su solicitud ante el órgano que resulte se competente.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio número III-2326/2019 signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual comunica que por auto dictado por el presidente de ese órgano colegiado el cinco de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el conflicto competencial planteado por este órgano de control constitucional, quedando registrado en el libro de gobierno con el número de conflicto 7/2019 de su estadística; de lo que esta autoridad queda enterada para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del contenido del citado comunicado se advierte que se hace referencia a un conflicto en el que se encuentran involucrados dos juzgados, uno del fuero federal con sede en esta entidad Federativa, donde ejerce jurisdicción ese Tribunal Colegiado, y otro del fuero común de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Por tanto, hágase del conocimiento del referido órgano colegiado que el conflicto competencial que esta potestad federal planteó mediante resolución de tres de junio del presente año, lo es con el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo y no con un juez del fuero común con sede en dicha entidad federativa; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 03 DE junio DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, tres de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio número 12679/2019 de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, por medio del cual se remiten los siguientes documentos: 1) El expediente principal del juicio de amparo 603/2019-2 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo; 2) El expediente original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 19/2019-D de esta estadística; 3) El expediente duplicado del incidente de suspensión derivado del citado juicio de amparo; y, 4) El duplicado de la causa penal 460/2014-II del índice del 2. Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo (antes causa penal 115/2012 de la estadística del extinto Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo), constante de cuatro tomos. Ahora bien, visto su contenido, se advierte que la citada comunicación carece de la firma del Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo; sin embargo, como lo hizo constar el Secretario, el Oficial de Partes de este órgano jurisdiccional no anotó tal circunstancia en la promoción de mérito, por lo que se presume que se exhibió en original y con la signatura referida. Aunado a lo anterior, dentro del juicio de amparo que se remite (603/2019-2), se aprecia que en la resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve -cuyo contenido se transcribe en la aludida misiva-, obran las rúbricas tanto del Juez Federal como la del Secretario que dio fe; de ahí que no ha lugar a ordenar su devolución. Además, tomando en cuenta que de ordenar su regreso, retrasaría la resolución de la controversia constitucional que se planteará, en contravención al principio de justicia pronta regulado en el artículo 17 Constitucional. Precisado lo anterior, debe decirse que el suscrito juzgador, de la manera más respetuosa, no comparte los razonamientos por los que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo no aceptó la competencia planteada mediante sentencia dictada el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 19/2019-D, del índice de este órgano jurisdiccional. Se explica. En resolución de emitida el veintinueve de mayo del año en curso, en los autos del juicio de amparo 603/2019-2, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, se aprecia que el Titular de dicho órgano jurisdiccional no se aceptó la competencia por las consideraciones que enseguida se exponen: Que de la interpretación de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 de la Ley de Amparo, se obtenía que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva debían de llevarse a cabo en un acto procesal continuo; lo que implicaba -señaló el Juzgado remitente- que, una vez celebrada la audiencia, el juicio de amparo ya no se encontraba en trámite. Lo anterior, porque -indicó- ambas actuaciones constituían un mismo acto procesal, pues la sentencia se dictaba como parte final de la audiencia; de ahí que todas las determinaciones emitidas en ella, conforme a los principios de continuidad, unidad y concentración, permitían considerarse como un sólo acto. En virtud de lo anterior, afirmó que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla debía resolver el juicio de amparo en cuestión, habida cuenta que este órgano jurisdiccional celebró la audiencia constitucional, misma que junto con la sentencia -reiteró- debían llevarse a cabo en un único acto procesal de manera continua. Puntualizó que el Magistrado Jorge Antonio Cruz Ramos, Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, al dar contestación a la consulta que realizó dentro de su diverso juicio de amparo 857/2016-3, sustentó las mismas consideraciones respecto a la indivisibilidad de la audiencia. Agregó que, aun y cuando se hubiera considerado dictar sentencia, se encontraría impedido legalmente para hacerlo, ya que -refirió- el juicio de amparo 19/2019-D no se encuentra debidamente integrado, al no obrar el emplazamiento de aproximadamente ciento cuarenta terceros interesados; llamamiento que -señaló- no era posible realizar ante la celebración de la audiencia constitucional, que conllevaba que ya no se pudiera actuar, a menos que fuera para dictar sentencia o para acordar promociones que propusieran causales de improcedencia. En primer lugar, debe decirse que la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, que debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada. El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, este juzgado de distrito, con fundamento en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, determinó carecer de competencia para resolver el juicio de amparo que nos ocupa, en razón de que no se acreditó que la ejecución de la orden de aprehensión reclamada tendría lugar en el Estado de Puebla -lugar donde se ejerce jurisdicción por territorio-; en cambio, sí se demostró que dicho mandamiento de captura tendría su ejecución en el Estado de Hidalgo, lugar en donde los Juzgados de Distrito con residencia en dicha entidad federativa ejercen jurisdicción. Para arribar a esa conclusión, se tuvo que esperar hasta la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, pues, en términos del artículo 117 de la ley de la materia, las partes pueden aportar medios de prueba -hasta ese momento- para desvirtuar las negativas que las autoridades responsables asentaron al rendir sus informes en relación a la existencia del acto. En el presente asunto, algunas autoridades responsables ejecutoras con residencia en el Estado de Hidalgo aceptaron plenamente la existencia del acto que se les reclamó, consistente en la ejecución de la orden de aprehensión, emitida dentro de la causa penal 460/2014-II. Por otro lado, las autoridades responsables ejecutoras, con residencia en el Estado de Puebla, negaron categóricamente la existencia de la ejecución de tal mandamiento de captura, sin que los quejosos aportaran prueba alguna que desvirtuara esas negativas. Aunado a lo anterior, dentro de los autos de la causa penal de origen, no se observó el libramiento de algún oficio de colaboración entre las autoridades ejecutoras con residencia en el Estado de Hidalgo y las autoridades ejecutoras con residencia en el Estado de Puebla para cumplimentar con la orden de aprehensión combatida, o bien, algún oficio emitido por el Juez de origen en el que ordenara a las segundas aprehender a los quejosos 1. Valente Medina Seoane, 2. Alfonso Colunga Velázquez y 6. Miguel Ángel Corona Cerezo. Consecuentemente, se consideró que era evidente que la ejecución de la orden de aprehensión librada dentro de la causa penal 460/2014-II tendría verificativo en el Estado de Hidalgo y, por ende, que un Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo es competente para conocer del juicio respectivo, con fundamento en el referido numeral 37 de la ley de la materia. Ahora bien, el Homólogo Federal remitente pretende fincar la competencia a este órgano jurisdiccional tomando como base un aspecto que le ley ni la jurisprudencia obligatoria prevén. En efecto, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo considera que no es competente para resolver el presente asunto porque ya tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional y, como advirtió una violación a la reglas del procedimiento del juicio de amparo -falta de emplazamiento de los terceros interesados-, le era imposible dictar sentencia soslayando ese aspecto. De manera que -indicó- si actuaba para emplazar a los terceros interesados después de celebrada la audiencia constitucional contravendría la naturaleza de dicho acto procesal, que se rige bajo los principios de continuidad, unidad y concentración, concluyendo que este órgano de control constitucional es competente para resolver el juicio de amparo. En ese sentido, cabe señalar que la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no establecen que la celebración de la audiencia constitucional es un factor determinante para fincar la competencia entre órganos jurisdiccionales; únicamente prevén aspectos de territorio y materia, en términos del artículo 37 del primer ordenamiento legal citado y 50 a 55 bis de la citada ley orgánica. Dicho de otra manera, no existe disposición legal alguna que regule que será competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito que haya celebrado las primeras dos etapas de la audiencia constitucional (pruebas y alegatos), con independencia de la materia del asunto de origen (penal, civil, administrativa o laboral) o de si el acto reclamado tiene o no ejecución y si está -de haber- tendrá lugar en un circuito o en varios. Considerarlo así, equivaldría a sostener que un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal es competente para conocer de juicios de amparo en donde se dirimen y ventilen cuestiones mercantiles o civiles -por ejemplo-, siempre que haya celebrado la audiencia constitucional. Ahora bien, sobre el tema, el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 1/1995, en esencia estableció que si la autoridad ejecutora con residencia dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito -que en su momento lo hizo competente- niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y remitir lo actuado al Juez que resultara competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la diversa contradicción 129/2008/PS, señaló que la regla general es que la sentencia debía dictarse por el mismo juzgador que celebró las otras etapas de la audiencia constitucional, pero admitía una excepción, en el sentido de que si el Juez que conoció de las dos primeras etapas de la audiencia lo remitía a otro, no había en principio justificación jurídica para que este último dejara sin efecto las dos primeras etapas de la audiencia y vuelva a celebrarlas, sino en ese supuesto se encontraba facultado para validarlas y dictar sentencia. En efecto, -señaló- tal excepción encuentra su fundamento en la situación jurídica de que tanto la norma constitucional como la legal, sólo exigen que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva se lleven a cabo en un acto procesal continuo (conforme a las etapas establecidas), pero no contienen una norma imperativa de que ese acto deba necesariamente llevarse a cabo por el mismo juzgador. Lo anterior, -aclaró- constituía una regla general que derivaba del principio de unidad de la audiencia constitucional y la sentencia que, desde luego, podía verse matizada en los casos en que el juzgador que recibía el asunto advertía alguna irregularidad relevante en el desahogo de las dos primeras etapas de la audiencia, en cuyo caso podía actuar conforme a derecho corresponda y en libre ejercicio de sus facultades. De lo anterior, se puede concluir que: ( Sí es posible que un órgano jurisdiccional celebre las dos primeras etapas de la audiencia constitucional (pruebas y alegatos) y, posteriormente, se declare incompetente para conocer del asunto; ( El juez, a quien se le fincó la competencia, no deberá invalidar las primeras dos etapas de la referida audiencia, por lo que está facultado para dictar sentencia; y, ( Si estima que existen irregularidades que subsanar, por ejemplo, la falta de emplazamiento de los terceros interesados, puede declarar inválidas las primeras dos etapas de la audiencia (pruebas y alegatos) y regularizar el procedimiento para enmendar la violación advertida. De ahí que la celebración de la audiencia constitucional no resulte un factor para fijar la competencia entre órganos jurisdiccionales ni un impedimento para declararse incompetente para conocer de un asunto. Analizándose desde otra perspectiva, si este Juzgado de Distrito resuelve el juicio de amparo que nos ocupa, el Tribunal Colegiado que conozca del recurso de revisión que se interponga en contra de la sentencia, ordenará la reposición del procedimiento para que el juicio se remita al juez competente por razón de territorio, o sea, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Hidalgo. Por otro lado, si el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo acepta la competencia planteada y resuelve el juicio sin emplazar a los terceros interesados bajo el argumento de que la audiencia constitucional es indivisible y que no puede existir posterior actuación a su celebración más que la sentencia, el Tribunal Colegiado también ordenará la reposición del juicio pero únicamente por esa violación al procedimiento y no por falta de competencia para resolver el asunto. Entonces, se estima que no es acertado el razonamiento del Juez de Distrito remitente, ya que tanto resolver un juicio sin tener competencia como no emplazar a los terceros interesados, constituyen violaciones a las reglas que rigen el procedimiento del juicio de amparo; sin embargo, la competencia al ser de orden público tiene un mayor grado de prelación por tener un estudio preferente. Ciertamente, ante esas circunstancias, invariablemente devendría una reposición del procedimiento, por lo que no se puede pretender que un juzgador resuelva un asunto sin ser competente, bajo el argumento de que aquél llevó a cabo la celebración de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional y, en virtud de no emplazarse los terceros interesados, esa cuestión le impediría actuar después de verificada la audiencia. Por tales motivos, se estima que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo debió aceptar la competencia planteada, regularizar el procedimiento en el juicio de amparo para emplazar a los terceros interesados y, una vez verificado, celebrar las primeras dos etapas de la audiencia (pruebas y alegatos) y, luego, dictar sentencia. En diverso aspecto, no se desatiende lo resuelto por el Magistrado Jorge Antonio Cruz Ramos, Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, al dar respuesta a la consulta que se realizó dentro del juicio de amparo 857/2016-3 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, en el sentido de que la audiencia constitucional y la sentencia habrían de llevarse en un solo acto procesal continuo, lo que implicaba que, una vez celebrada, el juicio de amparo ya no se encontraba en trámite. Sin embargo, debe decirse que esa controversia derivó de un conflicto de turno en aplicación al Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal -publicado en el diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2015-, en el que se parte de la premisa de que los órganos jurisdiccionales en conflicto son competentes para resolver del asunto, pero por cuestiones administrativas uno de ellos debe tramitarlo o fallarlo. En efecto, el turno constituye sólo una forma de distribuir la labor judicial, consistente en el reparto de los expedientes entre varios juzgados que tienen igual circunscripción territorial de competencia, o la tienen por razón de la materia o del grado. De ahí que la aplicación de los parámetros administrativos que resuelven las cuestiones del turno de los asuntos relacionados no constituye un criterio que dé sustancia a un conflicto competencial, pues la competencia de los órganos jurisdiccionales debe plantearse y resolverse con base en criterios legales, siendo que en las cuestiones de turno dicha competencia se surte en favor de cualquiera de los Juzgados de Distrito de las mismas materia y territorio involucrados. En virtud de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, para la substanciación del conflicto de competencia a que se refiere el citado numeral y que plantea el suscrito juez Federal, junto con los siguientes anexos: 1) El expediente original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 19/2019-D de esta estadística; 2) El expediente duplicado del incidente de suspensión derivado del citado juicio de amparo; y, 3) El duplicado de la causa penal 460/2014-II del índice del 2. Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo (antes causa penal 115/2012 de la estadística del extinto Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo), constante de cuatro tomos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese lo aquí acordado al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo..."

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