Valente Guadalupe Hernández Cortés

Expediente 1007/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1007/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
17/07/2017

Partes del expediente

  • Valente Guadalupe Hernández Cortés

Actuaciones

  1. Principal

    VIII. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del plazo estipulado en el artículo 97 de la Ley de Amparo contra el auto de cinco de julio de dos mil diecisiete, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes, se declara que el mismo ha causado estado. En el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito; consecuentemente, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo, pues los mismos establecen. "SEGUNDO. Para los efectos de este acuerdo, se entenderá por: (.) XXI. Expediente Judiciales: Todos aquellos que recogen las actuaciones que dan origen o se generan dentro de un procedimiento judicial hasta su resolución". "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, no obstante que este auto debe notificarse personalmente a la parte quejosa, sin embargo, en el proveído citado (foja 20), se ordenó que todas las notificaciones se le hicieran por medio de lista, incluso las de carácter personal; por tanto, este proveído deberá notificarse en tales términos.

  2. Principal

    VIII. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 1004/2016-VIII, sus anexos consistentes en: Copia certificada la carpeta administrativa 599/2016; y Cinco discos ópticos que contienen las audiencias celebradas de la citada carpeta. Así como el testimonio de la ejecutoria de veintidós de junio de dos mil diecisiete, emitida por ese órgano de control constitucional en la revisión principal 34/2017, cuyos resolutivos son: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A NOÉ ARMADO RIÓS DE LA LUZ, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el resultando primero de esta ejecutoria, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, agréguense a los autos el oficio y testimonio que se atienden para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Acúsese de recibo. Del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la revisión interpuesta desglósense las actuaciones posteriores a la remisión del presente expediente al Tribunal Colegiado revisor, para la substanciación del referido medio de impugnación y, una vez hecho lo anterior, agréguense éstas al sumario constitucional en el cual se actúa y, el citado cuaderno de antecedentes manténgase por separado. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido; las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Por ende, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: El cuaderno principal es depurable, pués se negó el amparo y protección de la justicia de la unión en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). 2. El original del incidente es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero). 4. El cuaderno de antecedentes derivado del cuaderno principal es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, fracción I, párrafo primero y segundo). En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, a consideración de este órgano jurisdiccional, el presente carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, la copia certificada la carpeta administrativa 599/2016, de su índice estadístico y cinco discos ópticos que contienen las audiencias celebradas de la citada carpeta; se solicita atentamente el acuse de recibo correspondiente. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, será acreedor a una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declararan reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, conforme al artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de amparo. En el entendido de que una vez que se cuente con todos los acuses de notificación de este auto, el asunto se enviará materialmente al archivo. Las anotaciones respectivas, háganse en el libro de gobierno.

  3. Principal

    VII.- De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa, en proveído de catorce de junio de la presente anualidad (foja 156), para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento que dio al fallo protector la autoridad responsable. Por ende, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran el juicio para verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: 1. El quejoso Durakon Industries México, Sociedad Anónima De Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, en el presente juicio de amparo, señaló como acto reclamado: El cobro del derecho de alumbrado público, por el periodo comprendido del treinta de septiembre al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, relativo al servicio 336 070 401 540, por la cantidad de $11,321.20 (once mil trescientos veintiún pesos 20/100 M.N.). 2. En sentencia de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 69 a la 79), este Juzgado de Distrito resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Durakon Industries México, sociedad anónima de capital variable, en contra del acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, en los términos y para los efectos del último considerado del presente fallo." 3. Los efectos de la concesión de amparo fueron para que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Lerma, Estado de México, realizara lo siguiente: "No aplique en perjuicio de la parte quejosa el cobro del derecho de alumbrado público, únicamente por lo que respecta al aviso recibo de la Comisión Federal de Electricidad, referente al periodo del treinta de septiembre al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, asimismo, deberá proceder a la devolución del importe relativo al rubro de ese derecho, pero solamente por el servicio 336 070 401 540 y, en lo que respecta a la cantidad erogada, es decir, $11,321.20 (once mil trescientos veintiún pesos 20/100 M. N.).. En el entendido, que dicha cantidad deberá devolverse debidamente actualizada, pues sólo de ese modo se restituye a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales vulnerados." 4. Posteriormente, inconforme con tal determinación, la delgada de la autoridad responsable interpuesto recurso de revisión contra dicha sentencia, correspondiendo conocer por razón de materia y turno, al Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Segundo Circuito, quien en resolución de dieciocho de mayo de la presente anualidad (fojas 127 a la 140), resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión, Ampara y Protege a Durakon Industries México, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos y por la autoridad precisada en el resultando primero de la presente ejecutoria y para los efectos determinados en el considerando último de la sentencia recurrida." 4. Por lo que en auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete (foja 141 a la 142), se tuvo por recibida dicha resolución, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. 5.Con motivo de lo anterior, la autoridad responsable, mediante oficio que se tuvo por recibido en auto de catorce de junio de la presente anualidad (foja 156), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo y adjuntó copias certificadas para acreditar su dicho (fojas 153 a la 155). Ahora, el análisis de los lineamientos del fallo protector y de las constancias remitidas, se evidencía que el fallo protector se cumplió pues se advierte que la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Lerma, no aplicó en perjuicio de la parte quejosa el cobro del derecho de alumbrado público, únicamente por lo que respecta al aviso recibo de la Comisión Federal de Electricidad, referente al periodo del treinta de septiembre al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, procediendo a la devolución del importe relativo al rubro de ese derecho, solamente por el servicio 336 070 401 540 y, en lo que respecta a la cantidad erogada, es decir, $11,321.20 (once mil trescientos veintiún pesos 20/100 M. N.), cantidad que devolvió a la parte quejosa. Por tanto, en términos del artículo 196, párrafo segundo y tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia publicada con el número 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Máxime que mediante escrito presentado el diecinueve de junio del año en curso, el autorizado en términos amplios de la sociedad quejosa manifestó su conformidad con dicho cumplimiento.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticinco de junio de dos mil diecisiete. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Hernández Cortés, en representación de Valente Cresencio Vara Molina, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, que lo hace consistir en el arresto administrativo y privación de la libertad; fórmese expediente físico y electrónico, y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1007/2017-VIII. En esas condiciones, este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente asunto conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VIl, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 primer párrafo, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 12/2016, que reforma y adiciona el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que el acto reclamado se ejecuta en la demarcación territorial en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional (Metepec, Estado de México). SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 125, 126 y 164, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto privativo de libertad fuera de procedimiento, se concede la suspensión de plano y de oficio, respecto al acto reclamado consistente en el arresto administrativo y privación de la libertad por prueba de operativo alcoholímetro y/o alteración del orden, que se atribuye al Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, para el efecto de que la autoridad responsable lo ponga en inmediata libertad y cesen de inmediato los actos que probablemente vulneren los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de no ser así, se podría ocasionar la consumación irreparable de los efectos del acto reclamado, tornándose nugatorios los fines de la suspensión al agotarse la materia del amparo. Ahora bien, en el supuesto de que el acto reclamado consistente en la privación de la libertad, de que es objeto el quejoso Valente Cresencio Vara Molina, haya sido emitida por diverso motivo al operativo denominado "Alcoholimetro", se decreta la suspensión de oficio y de plano, con fundamento en lo previsto en el artículo 165 de la Ley de Amparo, para los efectos siguientes: I) Si la detención del quejoso Valente Cresencio Vara Molina, deriva de la comisión de un delito en flagrancia, la medida cautelar concedida tendrá como efectos que el Ministerio Público ante el cual se encuentre a disposición, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, deberá poner en libertad al citado quejoso o consignarlo ante el Juez Penal correspondiente, ello, en atención a lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo. II) En caso de que la privación del quejoso sea por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, los efectos de la presente medida son para que sin demora cese la detención, poniéndolo en inmediata libertad o a disposición del Ministerio Público, o bien, en caso de que la detención no tenga relación con la comisión de un delito, la presente medida tiene por efecto que el quejoso sea puesto en libertad, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que si la privación de la libertad es dictada por autoridad distinta de la autoridad señalada como responsable, es decir, girada por autoridad judicial, en cumplimiento de una orden de aprehensión o reaprehensión, el efecto de la suspensión será para que de forma inmediata se ponga al quejoso a disposición de la correspondiente autoridad jurisdiccional. En el entendido que la autoridad responsable deberá informar a este juzgado de Distrito, dentro del término de veinticuatro horas siguientes al en que quede notificado de esta resolución, sobre el cumplimiento a la suspensión concedida, así como la hora en que inició la detención del quejoso y la hora en que éste fue suspendido; lo anterior, a fin de que si el quejoso no obtiene sentencia favorable, entonces cumpla con el arresto administrativo que se le impuso (si es que la detención de la que se duele el quejoso tiene esa naturaleza atendiendo a que tiene su origen en la aplicación del operativo denominado "alcoholímetro"); con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a la anterior determinación, será sancionada en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Se hace la aclaración que el informe de cumplimiento a la suspensión de plano decretada en este auto, es distinto al informe justificado que deberán rendir, en su caso, una vez que se ratifique la demanda de amparo. Es menester precisar que la medida decretada no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables en la demanda de amparo que se atiende. RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Por otro lado, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase al directo quejoso Valente Cresencio Vara Molina, para que ante la presencia judicial manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su favor; para tal efecto, comisiónese al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, a efecto de que se constituya en las instalaciones que ocupan los separos de la Policía Municipal del Municipio de Metepec, Estado de México, con domicilio ubicado en Avenida Tecnológico, colonia y/o Barrio y/o Localidad de San Salvador Tizatlalli, Estado de México, precisamente a un costado del Centro de Justicia de Metepec, Estado de México, para la práctica de la diligencia de mérito, lugar donde afirma el promovente se encuentra la parte quejosa, debiendo dar fe del estado físico en que se encuentra el último; asimismo, para el caso de que al funcionario judicial de referencia se le informe que el mismo se encuentra en alguna otra instalación perteneciente a la circunscripción territorial asignada a este juzgado, por economía procesal deberá constituirse en ésta, debiendo asentar dicha circunstancias en el acta respectiva. APERCIBIMIENTO. Es pertinente especificar que si no ratifica el escrito promovido en su favor, entonces las providencias dictadas en el cuerpo del presente proveído quedarán automáticamente sin efectos, asimismo, hágasele saber que cuenta con el plazo de tres días a partir de que se notifique esta determinación, a fin de que se constituya en el local que ocupa este juzgado de Distrito y manifieste si ratifica o no el escrito de demanda que se atiende, apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentada, en términos del citado artículo 15. Asimismo, se le requiera para que en el momento de la notificación manifieste si señala como autorizado a la persona que promueve en su favor. PREVENCIÓN. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y, si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el 108, fracciones I, IV y V, ambos de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad, entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja indebida, realice lo siguiente: PRIMERO. El peticionario de amparo deberá precisar domicilio completo y correcto. Lo anterior es así, pues la parte agraviada es omisa en dar cumplimiento a la fracción I del artículo 108 de la Ley de Amparo, toda vez que del escrito inicial no se obtiene información completa de tales datos, pues el promovente de la demanda no manifestó cuál era el domicilio particular del directo quejoso, razón por la cual el impetrante del amparo, tendrá que realizar la aclaración respectiva. SEGUNDO. Por otra parte, el quejoso deberá aclarar el acto que por la presente vía combate; lo anterior, pues la parte agraviada señaló como acto reclamado la privación de la libertad fuera de procedimiento, sin que para el caso se tenga la certeza de que la detención de que fue objeto la quejosa haya sido con motivo de la implementación del operativo "alcoholímetro" o de una actuación diversa de autoridad, pues, en su demanda refiere que el arresto administrativo es con motivo también de alteración del orden; por tanto, el impetrante tendrá la obligación de referir si la detención de que fue objeto deriva de dicho operativo, o bien, si se deduce de un procedimiento o determinación de diversa naturaleza. Tal requerimiento obedece a que la precisión de los actos reclamados es un requisito esencial que debe contener toda demanda de amparo, toda vez que a través de esto se juzga la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se formula y se acredita ante la responsable, ya que lo anterior resulta indispensable para establecer la relación procesal en las controversias constitucionales; ello tomando en consideración en el ámbito de impartición de justicia existen una diversidad de actos que pueden considerarse como violatorios de los derechos sustantivos del peticionario de amparo, por lo cual es de concluirse que debe requerirse al quejoso para que aclare la prevención indicada en párrafos que anteceden. Es aplicable la tesis aislada XX.57 K, con número de registro 202853, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 871 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Materia Común, Novena Época, que establece: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." TERCERO. En ese orden, en caso de que el quejoso señale que el acto reclamado deriva de una determinación diversa a la implementación del operativo "alcoholímetro", deberá expresar la denominación actual y correcta de la autoridad a que se le atribuye. Al respecto, es aplicable la tesis aislada P. CXI/98, con número de registro 194895, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." CUARTO. De igual manera deberá manifestar si es su deseo designar como autoridad responsable a la Policía Municipal de Metepec, y los actos que le atribuye. Lo anterior, toda vez que del escrito de demanda se aprecia que la detención de la quejosa fue ejecutada por tal autoridad, sin que haya sido señalada para tal efecto. QUINTO. Superado lo anterior, la parte agraviada tendrá que realizar bajo protesta de decir verdad, una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que le constan y constituyen los antecedentes del acto reclamado que al efecto aclare. Esto es así, pues el promovente del amparo se limitó a referir haber recibido una llamada telefónica a través de la cual se le informó que la parte quejosa fue detenido al ir circulando por la calle; sin realizar mayores manifestaciones al respecto, por lo que lo narrado en el escrito de inicial resulta ser insuficiente para tener por colmado lo previsto en el artículo 108, fracción V, de la ley de la materia. Sirve de apoyo la tesis aislada I.7o.A.100 K, con número de registro 175345, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 990 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 2006, Materia Común, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Al respecto se hace del conocimiento a la parte quejosa las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u imita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." En consecuencia, se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento a los requerimientos insertos en el presente proveído, en el lapso concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo en términos de la parte final del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Se reserva acordar lo conducente respecto al domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto se dé cumplimiento a las prevenciones formuladas en la presente determinación. COPIA. Por otro lado, como lo solicita; con fundamento en los artículos 278 y 279 del código adjetivo citado, expídasele copia certificada de la presente determinación, misma que deberá serle entregada en el lugar donde se encuentre privado de su libertad, previa toma de razón que por su recibo obre en la constancia de notificación respectiva. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 27/2014 (10a.), con número de registro 2006793, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 347 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, que establece: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LAS MISMAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. La gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. Este principio constitucional busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva, los que han de entenderse como todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental. En ese tenor, si bien el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo abrogada, es claro al imponer al interesado la obligación de cubrir a quien las solicita el costo de las copias certificadas, en aras de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para la emisión de su determinación, en respuesta a la petición formulada. De manera que si el quejoso comparece a manifestar su impedimento para cubrir tal gasto y tanto de su afirmación como de autos, se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, pues su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuente con ingreso alguno; por tanto, el cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios, será gratuita con la condición de que con claridad se soliciten las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, quedando a criterio del juzgador la determinación de ser o no conducentes. Asimismo, si el peticionario de garantías manifiesta, sin que de autos se advierta lo contrario, que no tiene designada persona autorizada para las actuaciones judiciales derivadas del proceso, hace evidente su impedimento físico de allegarse por su cuenta de las copias certificadas solicitadas, por lo que resulta materialmente imposible que tenga a la vista las referidas documentales, puesto que al estar recluido y no contar con persona autorizada para imponerse de los autos, no es factible que consulte los mismos de forma personal como tampoco que acuda a recibir los documentos solicitados en caso en que hubiera sido obsequiada su petición. Por tanto, procede que se ordene entregar dichas copias en el lugar donde se encuentra recluido." HABILITACIÓN DE DIAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al Actuario de esta adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio en horas y días inhábiles. Por otro lado, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para firmar de manera autógrafa los oficios que deriven del presente, así como a enviar, en el caso de ser necesario, las comunicaciones oficiales dirigidas a Juzgados de Distrito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E), con el uso de su firma electrónica, y con los respectivos anexos escaneados, entre ellos, el exhorto correspondiente con la firma autógrafa del suscrito. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al directo quejoso en el lugar en que se encuentra detenido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro, que autoriza, firma y da fe.

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