Valente Cerón Mireles

Expediente 1370/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1370/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
14/12/2022

Partes del expediente

  • Valente Cerón Mireles

Actuaciones

  1. Principal

    XI... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente sumario como asunto concluido. En cumplimiento al capítulo cuarto, artículo 14 y capítulo octavo, artículo 21, inciso d), del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, se considera susceptible de destrucción, por tanto, una vez transcurridos tres años a partir del día de la fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.

  2. Principal

    XI... Naucalpan de Juárez, Estado de México; veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Valente ... por propio derecho, contra actos de la agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género con sede en Atizapán de Zaragoza Estado de México; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1370/2022-XI. DESECHAMIENTO Previo a pronunciarse sobre la admisión del ocurso que se provee, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, ..., de la Ley de Amparo, bajo las siguientes consideraciones: El referido precepto dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley. Ahora, a fin de establecer lo anterior, en el caso se reclama el citatorio de nueve de noviembre de dos mil veintidós, en el que se requiere a la parte quejosa para que comparezca ante la representación social a fin de declarar con relación a los hechos que se le atribuyen, en su calidad jurídica de imputado en la carpeta de investigación NUC: TLA/TLA/AT/013/173919/18/08, instruida ante la agente ministerial que señala como autoridad responsable, haciendo de su conocimiento que en caso de no comparecer se procederá conforme al artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden, el citatorio reclamado no irroga perjuicio o lesión alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa (imputado en la carpeta de investigación), pues si bien el citatorio reclamado está encaminado a la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos, lo cierto es que dicho acto no ocasiona un perjuicio a la esfera jurídica del solicitante del amparo, dado que no se ha ocasionado alguna afectación en sus derechos fundamentales, como el de gozar de libertad o algún otro. Ello no implica que el peticionario del amparo hubiere participado en la comisión de ese hecho probablemente constitutivo de algún ilícito, ya que simplemente representa un aviso de que debe presentarse ante la autoridad ministerial a efecto continuar con la investigación de éste. En efecto, para emitir el acto reclamado, la autoridad señalada como responsable únicamente está actuando en estricto apego a las facultades que le son conferidas en el precepto constitucional marcado con el numeral 21, de tal modo que al quejoso no se le causa un perjuicio de índole jurídico, la investigación que se realice con relación a hechos que puedan determinar si un hecho es calificado como delito o no. Ante este panorama no existe un acto tendente de manera inmediata a privar de la libertad a la parte quejosa y que por ello lesione sus derechos humanos o las garantías que para su protección establece la norma fundamental, ya que en todo caso será hasta que la autoridad jurisdiccional -en el caso que, derivado de la judicialización que en su momento realice el Ministerio Publico, aquél determine que existe la posibilidad de que los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión; y derivado de la petición que formule el órgano técnico de investigación-, ordene librar una orden de aprehensión, momento en el cual, de forma real y efectiva se afectará su esfera jurídica. Y si bien, el hoy quejoso debe comparecer ante la autoridad ministerial, ello no es motivo para que su libertad se vea afectada, pues su presencia ante dicha responsable únicamente busca demostrar la verdad detrás de los probables hechos delictuosos para determinar si existe o no responsabilidad de su parte en la comisión de aquéllos, mas no así, privarlo de su libertad, puesto que una vez que lo realice (declare) podrá retirarse, sin que de forma alguna se vea afectada. Por lo cual, considerar que el citatorio transgrede su derecho de libertad, resulta improcedente, pues lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal. Máxime que dicho perjuicio se materializaría, en su caso, hasta que se ejerza acción penal, esto es, cuando una vez valorado el material probatorio de la carpeta de investigación de mérito, la representación social responsable concluya lo procedente y, que como consecuencia de ello, la autoridad judicial que corresponda determine si resulta procedente emitir alguna medida restrictiva de libertad en contra de la parte quejosa. En consecuencia, es evidente que no existe afectación alguna contra el solicitante del amparo, pues estimar lo contrario entorpecería las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público anteponiendo el interés particular del peticionario al de la sociedad. Sin que obste a lo anterior que del citatorio que acompañó a su escrito de demanda, se advierta que contiene un apercibimiento que para el caso de incumplir sin causa justificada se podrá actuar la responsable en apoyo al artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales; ello que sólo cita de manera genérica que puede ejercer una de las medidas de apremio ya sea amonestación, multa, auxilio de la fuerza pública o arresto hasta por treinta y seis horas. Sin embargo, dicho acto es futuro de realización incierta contra el cual también es improcedente el juicio biinstancial, pues no afecta de forma real y actual la esfera jurídica del quejoso, y por ende, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo. De los preceptos referidos, deriva que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Así, la acción constitucional exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte al quejoso, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En el caso, el uso de la fuerza pública para hacerlo comparecer, no causa un perjuicio real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa, en tanto que está supeditado a su actuar, es decir a que comparezca a la citación a efecto de declarar. Asimismo, tampoco es obstáculo que en el referido citatorio se le apercibe que se abstenga de realizar conductas de agresión, intimidación o molestia a la víctima de manera directa; pues como se indicó en párrafos precedentes, ello se encuentra vinculado al señalamiento por parte de la autoridad responsable de indicar de manera general que puede ser acreedor a algunas de las medidas de apremio previstas en el numeral y código procesal citados. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61,...., de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo, en términos de lo que dispone el numeral 113, todos de la Ley de Amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, con relación a los artículos 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67, del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, las notificaciones de carácter personal se le practicarán vía electrónica en el correo con usuario "********************", el cual se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; en el entendido que queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Asimismo, de conformidad con el artículo 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta electrónica de las actuaciones del presente juicio de amparo, con el referido usuario. AUTORIZADOS Se autoriza a ...., en términos del artículo 12, primera parte, párrafo segundo, de la aludida ley, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por lo que hace a la restante persona, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, como lo prevé el párrafo segundo, última parte del citado numeral, con relación al diverso 24, párrafo segundo, de la referida normatividad, por así haberlo solicitado el promovente. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. Se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.

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