Valente Calderón Martínez
Expediente 422/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 422/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/09/2019
Partes del expediente
- Valente Calderón Martínez
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL CITATORIO DEJADO EL SEIS DE SEPTIEMBRE ACTUAL, EN EL DOMICILIO DEL PARTE PROMOVENTE VALENTE CALDERÓN MARTÍNEZ, Y SE LE NOTIFICA EL AUTO DE TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: ".Ensenada, Baja California, tres de septiembre de dos mil diecinueve. Vista certificación de cuenta, se advierte que mediante auto de proveído de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, se previno a la parte promovente, para que aclarara su demanda en el siguiente término: "Precise el acto que le reclama a cada una de las autoridades responsables, es decir: a) En cuanto a la autoridad responsable Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California Sección Ensenada, manifieste si el acto que le reclama consiste en una omisión o en una negativa, de proveer y dar trámite a la solicitud que le presentó el uno de agosto de dos mil diecinueve. Lo anterior, toda vez que en el punto 8 del apartado de antecedentes refiere que la autoridad responsable en comento solo aceptó la solicitud, copia de talón de cheque y copia de credencial de elector, pero que no recibió las cuatro fotografías y certificado médico de buena salud; además, de que los conceptos de violación, por una parte los endereza en cuanto a que se trasgrede su derecho de petición establecido por el artículo 8° constitucional y por otra, en cuanto a cuestiones de legalidad establecidos por los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, por la falta e inexacta aplicación del artículo 5 de los estatutos que rigen a la aludida responsable, 154 y 363 de la Ley Federal del Trabajo. b) En lo que corresponde a las autoridad responsables que denominó Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ensenada (DIF Municipal de Ensenada) y Ayuntamiento Constitucional de Ensenada Baja California, precise qué actos les reclama a cada una de ellas, es decir, refiera exactamente la omisión o negativa en qué incurrieron y que les atribuye en relación con la solicitud que presentó el uno de agosto de dos mil diecinueve, ante la diversa autoridad responsable que denominó Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California Sección Ensenada. Ello, en razón de que en el apartado respectivo los menciona de manera genérica como "[.] la omisión de observar los procedimientos descritos en los estatutos sobre los cuales celebró con la autoridad responsable ordenadora [.]", empero, de los antecedentes que manifestó el promovente, no se advierte la injerencia de estas dos autoridades responsables con la solicitud cuya omisión o negativa reclama, al margen de que en algunas partes de la demanda, las menciona como terceras interesadas. En el entendido que también deberá manifestar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de dichos actos reclamados. c) Mencione, si pretende señalar como acto reclamado algún precepto legal toda vez que en el punto 5 de sus antecedentes refiere "[.]se lleva a cabo ante la responsable atendiendo a la omisión legislativa de la Ley del Servicio Civil para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, en virtud de que dicha legislación que GENERALIZO UNICAMENTE en cuanto las funciones que desempeñan de los trabajadores que laboren para el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial así como Municipios e instituciones descentralizadas en Baja California, sin embargo, NUNCA determino el legislador local que CARGOS serían considerados de confianza, lo que quebranta el artículo 123 apartado B fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vulnerando el artículo 7 del pacto San Salvador que indica los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: (sic)[.]" En su caso, deberá referir el o los artículos respectivos, la legislación a la que pertenecen y las autoridades legislativas a las que se les atribuyen, así como también, si los reclama con motivo de su primer acto de aplicación, la fecha del mismo y la data en que tuvo conocimiento de ellos, o si los reclama como autoaplicativas, por su sola entrada en vigor; además deberá de cumplir con los demás requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo." En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta, firmado por el quejoso Valente Calderón Martínez; por lo que se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Ahora, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de amparo el juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, en ese sentido es conveniente destacar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano", por lo que se procede al análisis de la demanda de amparo que nos ocupa. La parte quejosa, en su demanda de derechos fundamentales, señala como acto reclamado, los siguientes: La omisión por parte del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California Sección Ensenada, de dar trámite a su solicitud de admisión para ser miembro del mencionado gremio obrero. La omisión del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ensenada (DIF Municipal de Ensenada) y Ayuntamiento Constitucional de Ensenada Baja California, de observar los procedimientos descritos en los estatutos del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California Sección Ensenada, en su calidad de patrones. Por otra parte, es importante resaltar que el auto inicial de demanda, excepcionalmente puede constituir la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, como lo son aquéllos en los que para llegar a esa conclusión, no se requiere de un análisis exhaustivo, ya que ello es de obvia constatación, sin que pueda modificarse tal determinación con los elementos que aporten las partes al procedimiento; lo anterior de conformidad con la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro once, octubre de dos mil catorce, tomo II, página mil doscientos veinticuatro, materia común, con número de registro 2007580, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." [Énfasis añadido]. En ese contexto, de oficio se advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, mismos dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Del último de los numerales transcritos se establece que se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, o ante la existencia de un ente u organismo del Estado, cuando concurren los siguientes elementos: a) La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos; y, c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Así, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que ofrece el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia con número de registro 1002545, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 520, tomo II, procesal constitucional 1, común primera parte - SCJN, cuarta sección - partes en el juicio de amparo, novena época del Apéndice del Semanario Judicial de 1917-Septiembre 2011, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por tanto, los actos reclamados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California Sección Ensenada, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ensenada (DIF Municipal de Ensenada) y Ayuntamiento Constitucional de Ensenada Baja California, no constituyen actos de autoridad para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que las omisiones que les reclama, las llevaron a cabo, la primera con motivo de una relación entre una moral constituida para el estudio, mejoramiento, así como defensa de los intereses de un grupo de trabajadores y un trabajador con la expectativa de formar parte de la misma, y las dos últimas en su carácter de patrón. Así, la omisión de dar trámite a su solicitud de admisión para ser miembro del gremio obrero por parte del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California Sección Ensenada, así como de observar los procedimientos descritos en el estatuto del mencionado sindicato, por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ensenada (DIF Municipal de Ensenada) y Ayuntamiento Constitucional de Ensenada Baja California, se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse, respecto a la primera, de un ente que incide en el vínculo laboral, como lo es el sindicato, entendido como la persona moral constituida para el estudio, mejoramiento, así como defensa de los intereses de un grupo de trabajadores y las dos últimas con motivo de una relación contractual obrero-patronal. Por lo que no gozan de las características de coercitividad, unilateralidad e imperatividad necesarias para que sean considerados actos de autoridad. Sirve de apoyo de igual forma, por el fondo dilucidado en el asunto, la I.6o.T. J/28 (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 1956, tomo III, libro 29, Décima Época, Abril de 2016, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." (Negritas y subrayado añadido) Sirve también de apoyo, la tesis XVI.1o.T.34L (10a), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, tomo IV, página 2524, materia laboral, con número de registro 2012204, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COMITÉ ELECTORAL Y COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL SINDICATO DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUANAJUATO. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando la Comisión de Honor y Justicia y el Comité Electoral, ambos del Sindicato de Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Guanajuato pueden tomar decisiones obligatorias para sus agremiados que pudieran afectar sus derechos, no son autoridades para efectos del amparo porque no actúan por mandato de una norma general, sino que proceden según las facultades que les conceden los estatutos de esa organización. En efecto, si bien de conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de particulares, para que éste sea procedente, es necesario que aquéllos realicen actos equivalentes a los de una autoridad, afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, el artículo 107, fracción I, de la misma ley señala que, por normas generales, deben entenderse, entre otros, los tratados internacionales, leyes federales, las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las leyes de los Estados y del Distrito Federal, reglamentos federales y locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; todos esos ordenamientos tienen en común que emanan de los poderes públicos del Estado, de un proceso o acto de legislación; sin embargo, los estatutos de un sindicato no emanan de un poder público, por lo que no pueden considerarse normas generales, y no les da ese carácter el hecho de que los artículos 359 y 371 de la Ley Federal del Trabajo establezcan que esas organizaciones tienen derecho a redactar sus propios estatutos y los aspectos que deben regular, porque la norma general es la ley laboral que permite a los trabajadores formar sindicatos, de idéntica manera a lo que ocurre, por ejemplo, con la Ley General de Sociedades Mercantiles, que permite a los ciudadanos formar diversos tipos de sociedades o asociaciones como las anónimas o en comandita simple, con facultades para crear normas que regirán las relaciones entre los miembros. Las reglas instituidas para las relaciones internas de esas agrupaciones, creadas por sus propios integrantes, si bien son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los tribunales, no caben en la categoría de normas generales, por no emanar de órganos del Estado. Por tanto, los actos de esas entidades sindicales o intersindicales son impugnables ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios del Estado de Guanajuato, por posible infracción de sus normas convencionales, no en la vía de amparo. En estas circunstancias, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por Valente Calderón Martínez, contra actos del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California Sección Ensenada, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ensenada (DIF Municipal de Ensenada) y Ayuntamiento Constitucional de Ensenada Baja California, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se precisa que lo anterior es acorde a lo establecido en el artículo 17 Constitucional, pues el tramitar una demanda que desde esta etapa se evidencia que es notoriamente improcedente, retardaría la resolución del asunto, además que se causaría un mayor perjuicio a la parte quejosa, por el transcurso de los plazos legales que la ley ordinaria le concede para promover el medio de defensa que resulta procedente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL CITATORIO DEJADO EL VEINTIUNO DE AGOSTO ACTUAL, EN EL DOMICILIO PROCESAL DE LA PARTE PROMOVENTE VALENTE CALDERÓN MARTÍNEZ, Y SE LE NOTIFICA EL AUTO DE DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: ".Vista la demanda de amparo que promueve Valente Calderón Martínez, por propio derecho, contra actos de la Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California sección Ensenada, Baja California, con sede en esta ciudad, fórmese expediente 422/2019 y anótese su ingreso en el libro de este juzgado. En ese orden, previamente a acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda de amparo a que se refiere el párrafo que antecede, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3°, 108 fracción IV, 110 y 114 fracción I y IV de la Ley de Amparo, requiérase al promovente de la demanda para que por escrito y con las copias necesarias del escrito aclaratorio para el completo traslado a las partes, bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este proveído aclare su escrito de demanda en el siguiente sentido: 1) Precise el acto que le reclama a cada una de las autoridades responsables, es decir: a) En cuanto a la autoridad responsable Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California Sección Ensenada, manifieste si el acto que le reclama consiste en una omisión o en una negativa, de proveer y dar trámite a la solicitud que le presentó el uno de agosto de dos mil diecinueve. Lo anterior, toda vez que en el punto 8 del apartado de antecedentes refiere que la autoridad responsable en comento solo aceptó la solicitud, copia de talón de cheque y copia de credencial de elector, pero que no recibió las cuatro fotografías y certificado médico de buena salud; además, de que los conceptos de violación, por una parte los endereza en cuanto a que se trasgrede su derecho de petición establecido por el artículo 8° constitucional y por otra, en cuanto a cuestiones de legalidad establecidos por los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, por la falta e inexacta aplicación del artículo 5 de los estatutos que rigen a la aludida responsable, 154 y 363 de la Ley Federal del Trabajo. b) En lo que corresponde a las autoridad responsables que denominó Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ensenada (DIF Municipal de Ensenada) y Ayuntamiento Constitucional de Ensenada Baja California, precise qué actos les reclama a cada una de ellas, es decir, refiera exactamente la omisión o negativa en qué incurrieron y que les atribuye en relación con la solicitud que presentó el uno de agosto de dos mil diecinueve, ante la diversa autoridad responsable que denominó Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California Sección Ensenada. Ello, en razón de que en el apartado respectivo los menciona de manera genérica como "[.] la omisión de observar los procedimientos descritos en los estatutos sobre los cuales celebró con la autoridad responsable ordenadora [.]", empero, de los antecedentes que manifestó el promovente, no se advierte la injerencia de estas dos autoridades responsables con la solicitud cuya omisión o negativa reclama, al margen de que en algunas partes de la demanda, las menciona como terceras interesadas. En el entendido que también deberá manifestar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de dichos actos reclamados. c) Mencione, si pretende señalar como acto reclamado algún precepto legal toda vez que en el punto 5 de sus antecedentes refiere "[.]se lleva a cabo ante la responsable atendiendo a la omisión legislativa de la Ley del Servicio Civil para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, en virtud de que dicha legislación que GENERALIZO UNICAMENTE en cuanto las funciones que desempeñan de los trabajadores que laboren para el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial así como Municipios e instituciones descentralizadas en Baja California, sin embargo, NUNCA determino el legislador local que CARGOS serían considerados de confianza, lo que quebranta el artículo 123 apartado B fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vulnerando el artículo 7 del pacto San Salvador que indica los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: (sic)[.]" En su caso, deberá referir el o los artículos respectivos, la legislación a la que pertenecen y las autoridades legislativas a las que se les atribuyen, así como también, si los reclama con motivo de su primer acto de aplicación, la fecha del mismo y la data en que tuvo conocimiento de ellos, o si los reclama como autoaplicativas, por su sola entrada en vigor; además deberá de cumplir con los demás requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo. En la inteligencia, que el referido requerimiento deberá ser desahogado por la promovente y no por conducto de alguno de sus autorizados, ya que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse conforme a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I de la Ley de Amparo. Lo cual tiene sustento, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XXIV, julio de 2006, visible a página 348, materia común, con número de registro 174745, cuyo rubro y contenido a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Lo anterior, a fin de evitar alguna posible irregularidad en el procedimiento; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo y forma propuesta, se tendrá por no presentada dicha demanda, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. En otro tenor, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso que se atiende y como autorizada de su parte en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de amparo a Guillermo González Muñoz, Oscar Alberto Castillo Ramírez y Nuvia Hernández Madera; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; no así Lizzette Brunn Ayón. Asimismo, téngasele autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ivan Lucero Roman y Esteban Lucero Crisci. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilita a cualesquiera de las actuarias de este juzgado para que en días y horas inhábiles realicen las notificaciones que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza al secretario del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. De igual manera, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se tiene a la parte quejosa haciendo valer su derecho a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas, a las pruebas, y demás constancias que obren en el expediente en que se actúa, en los términos a que se refiere al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha Ley. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, lo cual deberá ser supervisado por la secretaría del juzgado.
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