Valdemar Rosales López

Expediente 178/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
178/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
11/04/2019

Partes del expediente

  • Valdemar Rosales López

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, once de abril de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 11754/2019, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, a través del cual hace del conocimiento que el cuatro del mes y año en curso, devolvió diligenciado el exhorto 73/2019-III, derivado de este asunto; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, nueve de abril de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 359/2019, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 73/2019-III, librado a efecto de notificar al quejoso Valdemar Rosales López, el proveído emitido el veintiocho de febrero del año en curso; en tal razón, de conformidad con lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación, agréguese a sus autos; asimismo, se ordena dar de baja de la estadística de este juzgado federal la citada comunicación oficial. Por otra parte, vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que el impetrante no interpuso el recurso de queja previsto en artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el veintiocho de febrero de este año, que desechó la demanda de amparo promovida por Valdemar Rosales López; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Por último, visto el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se requirió al accionante del amparo Valdemar Rosales López, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; sin embargo, dado que ya feneció el plazo de tres días, que se le concedió para ese efecto sin que lo haya hecho, tal como se observa de la certificación de cuenta, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado en el indicado auto, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se publica en las instalaciones que ocupa este Juzgado de Distrito. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dos de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado actual en que se encuentra el presente juicio de amparo, se advierte que el veintiocho de febrero de este año, a través del exhorto 73/2019-III, se ordenó notificar y requerir al agraviado Valdemar Rosales López, comunicación oficial que fue turnada al Juzgado Primero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, tal como se observa de la constancia arrojada por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; sin embargo, aún no se han recibido las constancias relativas a tal encomienda. En consecuencia, solicítese de la manera más atenta al titular del citado órgano jurisdiccional, tenga a bien informar sobre el estado procesal en que se encuentra la diligencia encargada en el exhorto anteriormente indicado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 6254/2019, signado por la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el estado de Tamaulipas, residente en Ciudad Victoria, a través del cual remite los autos originales del juicio de amparo 391/2019, de su índice, promovido por **********, en cumplimiento al proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, en el que ese juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo en mención y declinó competencia a favor de este tribunal. Ahora bien, este juzgado hace suyos los razonamientos vertidos por el Juzgado de Distrito declinante, en el sentido de que la ejecución de los actos reclamados se ejecutarían dentro de la jurisdicción de este tribunal, pues como se desprende del escrito de demanda, se reclama la resolución que ordenó la baja del quejoso como supervisor de seguridad penitenciaria adscrito al Centro Federal de Readaptación Social Número Tres, con sede en esta localidad, por lo que resulta evidente la competencia de este juzgado para conocer del asunto. En tales condiciones, al actualizarse la primera hipótesis prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano judicial acepta la competencia para conocer de la demanda de trato; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por numeral 48 de la citada legislación, hágase lo anterior del conocimiento del juzgado oficiante para los efectos legales conducentes. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, numeral que es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto faculta para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Así las cosas, la parte quejosa señala como autoridades responsables, a las siguientes: 1. Coordinador General de Centros Federales. 2. Director o Encargado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; y, 3. Centro Federal de Readaptación Social Número Tres "Noreste" Asimismo, como acto reclamado: "1.- LA RESOLUCIÓN DE BAJA DENTRO DEL OFICIO No. **********, DE FECHA 24 DE ENERO DEL 2019." Igualmente, como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, aseveró: "1.- trabajo para el cefereso de h. matamoros, tam., el puesto que desempeño es el de supervisor de seguridad penitenciaria adscrito a los centros federales de readaptación social en la república mexicana, y fui suspendido de funciones y de haberes, en fecha 6 de febrero del 2019, desconociendo el motivo a lo cual pregunte en recursos humanos del cefereso donde estaba comisionado, a lo que me manifestaron que mi suspensión de sueldo y de funciones era a consecuencia de la incapacidad de fecha 7 de diciembre del 2017, y del expediente administrativo que se me había formulado en matamoros, Tamaulipas Y que se había resuelto y que esa era la razón de mi baja. A lo que manifeste que cuando me había formulado dicho expediente y me dijeron que cuando la lic. ********** ocho de recursos humanos había ido a informarme sobre la incapacidad y que yo había firmado de enterado, entregándome en ese momento una copia de resolución. El suscrito me incapacite por problemas de salud, yo desconozco de las funciones de los médicos al dar las incapacidades, y resulta que perdí mi trabajo que por la incapacidad, considero que esto no es justo, si yo justifique mis días de incapacidad y ahora resulta que se resolvió un expediente administrativo y que cause baja, y mi defensa sobre ese expediente administrativo quien la realizo. Yo me siento violentado en mis derechos constitucionales en mi debido proceso y mis derechos humanos, no es posible que después de diecisiete años de servicio me den de baja porque mi incapacidad no sirvió. Si esa incapacidad fue la que me dio el medico que me atendió en Veracruz donde tuve el problema de salud. Me encuentro en esta ciudad victoria, Tamaulipas, vivo en un precaria situación económica a consecuencia de que me quitaron trabajo, servicio medico y mi antigüedad de servicio y mi sueldo, no cuento con dinero para interponer el amparo en matamoros, Tamaulipas es por esa razón que le solicito a este juzgador que me permita tramitarlo en esta ciudad, porque no cuento con dinero para solventar gastos." (sic) De lo anterior, así como de las documentales que al efecto exhibió la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en la resolución contenida en el oficio **********, de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, signado por el Encargado del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Tres "Noreste", con sede en esta ciudad, comunicación que contiene el fallo que decreta rescindir la relación laboral que unía al aquí quejoso Valdemar Rosales López, con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Ahora bien, dicho acto reclamado no reviste la calidad de emitido por autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". ." Ahora bien, nuestro Máximo Tribunal ha interpretado que para que se configure una autoridad para efectos del juicio de amparo, es necesario que exista un ente de hecho o derecho que genere una relación pública, legal e irrenunciable de supra a subordinación y que de esa relación emanen actos unilaterales que creen, modifiquen o extingan derechos del particular, sin que sea necesario que el inconforme acuda a órganos jurisdiccionales o necesite de la venia del afectado para hacerlo. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia Común, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Asimismo, en la ejecutoria que sustenta la jurisprudencia citada, nuestro más Alto Tribunal, precisó lo siguiente: "De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales". En la especie, el impetrante del amparo acude a esa vía de control constitucional para impugnar un acto atribuido al Encargado del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Tres "Noreste", con sede en esta ciudad, consistente en la resolución contenida en el oficio **********, de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, que decreta la rescisión de la relación laboral que unía al aquí quejoso Valdemar Rosales López, con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. En efecto, en el indicado fallo se advierten los siguientes resolutivos: "PRIMERO.- Esta autoridad decreta que es procedente rescindir la relación laboral que unía al C. **********, con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con efectos inmediatos y como consecuencia dejar sin efectos el nombramiento de trabajador de confianza, con puesto de Supervisor de Seguridad Penitenciaria. Lo anterior de conformidad con el artículo 123 Apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO: Deberá hacer entrega de la credencial institucional y en caso de contar con algún adeudo con este Desconcentrado, le será notificado monto y concepto a efecto de que realice el reintegro del mismo, lo que permitirá culminar con los trámites administrativos correspondientes." Como se observa de lo anterior, en el caso, el quejoso se duele de la resolución que decretó rescindir la relación laboral con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. De lo que se sigue, que las autoridades señaladas como responsables no modificaron una situación jurídica unilateralmente, puesto que la resolución de la que se inconforma el ahora quejoso y que motivó el oficio combatido, tiene su origen en la existencia de la relación laboral con la citada dependencia, en el entendido de que en dicho procedimiento le fue conferido el derecho de audiencia tan es así que argumentó ante la responsable que eran falsas las supuestas faltas de asistencia al centro laboral, pues para ello presentó una licencia médica de la que nunca se le informó que no tenía validez. Por tanto, el acto reclamado posee una naturaleza eminentemente laboral, al tener su origen en un aspecto relacionado con uno de los temas esenciales de tal vínculo de trabajo, como lo es las inasistencias al centro de trabajo que originaron la rescisión de la relación; de modo que es necesaria la intervención de los tribunales ordinarios para, en su caso, resuelvan la controversia relativa a la legalidad o no de la citada resolución. Luego, las autoridades señaladas como responsables no tienen dicho carácter para efectos del juicio de amparo y, por ende, éste resulta improcedente, ya que, se insiste, no existe una relación de supra a subordinación, sino lo que realmente existe es una relación jurídica regulada por el apartado "B" del artículo 123 constitucional y por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tal como se advierte de la propia resolución combatida, toda vez que labora para el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por lo que cualquier conflicto derivado de dicha relación deberá ser resuelto por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; teniendo expedito su derecho para dilucidar lo que pretende en la vía ordinaria legal respectiva. Se apoya lo anterior en la jurisprudencia que sostuvo el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Materia Común, tesis III.4o.T. J/3 (10a.), página 1639, Décima Época, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Es de precisarse que, en el caso, dado lo decidido en el presente auto no resulta dable para este órgano de control constitucional suplir la deficiencia de la queja, ya que dicha figura no implica que deba ignorarse el principio de definitividad y soslayar que primeramente debe seguirse el procedimiento ordinario previamente establecido. En ese tenor de ideas, es patente la improcedencia de la vía constitucional instada atento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo y, por tanto, con fundamento en lo previsto por el 113 de la misma legislación, por notoriamente improcedente, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por **********. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual resulta preferible que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que promueva oportunamente los medios ordinarios o extraordinarios para defender sus derechos. Los razonamientos expuestos con antelación, apoyados en las consideraciones que informan las tesis invocadas, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta que en opinión de quien esto resuelve, se halla la certeza de su existencia, pues no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya el criterio anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1631, Tomo: XX, Septiembre de 2004; ambas de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 180,663, que es del rubro y tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Sin que esta determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, página 921, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público; es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en **********y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado **********, quien se encuentra registrado en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, toda vez que **********, no está dada de alta en el aludido sistema, únicamente se le faculta para los efectos precisados en la parte final del citado precepto legal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

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