Valdemar Morales Jimenez

Expediente 268/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
268/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Valdemar Morales Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, cinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión en contra del auto de catorce de julio de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, transcurrió del veintiuno de julio al tres de agosto del año en curso, con exclusión de los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de julio del año en curso, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación.. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de catorce de julio de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, electrónicamente al quejoso y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, catorce de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio S.A./3066/2022, del Actuario adscrito de la antes Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, ahora Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que son ciertos los actos reclamados por el quejoso. Como justificación de su informe, la autoridad responsable remite las siguientes documentales en copia certificada: 1. La audiencia de confesional de veintiocho de abril de dos mil veintidós, emitida en los autos del expediente laboral 322/2016. 2. Cédula de notificación de treinta de junio de dos mil veintidós, realizada a Eduardo Blanco Gutiérrez, Joaquín García Gómez, Alberto del Jesús Díaz Bolibar y César S. Lomeli Altamirano, dentro de los autos del expediente laboral 322/2016. 3. Cédula de notificación de treinta de junio de dos mil veintidós, realizada a Transportes Navieros y Terrestre, sociedad anónima de capital variable, Personal Operativo Calificado, sociedad civil, Mano de Obra Calificada del Golfo, sociedad civil y Amado Omar Yañez, dentro de los autos del expediente laboral 322/2016. 4. Cédula de notificación de treinta de junio de dos mil veintidós, realizada a Cristian Josué Andrade Balan, dentro de los autos del expediente laboral 322/2016. 5. Cédula de notificación de treinta de junio de dos mil veintidós, realizada a Jennifer Larissa Hidalgo Vázquez, dentro de los autos del expediente laboral 322/2016. 6. Cédula de notificación de veintinueve de junio de dos mil veintidós, realizada a Enrique Antonio Jiménez Peralta, dentro de los autos del expediente laboral 322/2016. 7. Cédula de notificación de treinta de junio de dos mil veintidós, realizada a Irving Yahir Hernández Sánchez, dentro de los autos del expediente labora 322/022. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado y por exhibidas las constancias que adjuntaron a sus oficios de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintidós, Milton Alejandro Pech Juárez, en su carácter de apoderado legal de Valdemar Morales Jiménez, promovió demanda de amparo contra del Actuario de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, con residencia en Ciudad del Carmen, a quien le reclama la negativa de notificar a los demandados en el juicio laboral 322/2016, las horas y fechas señaladas mediante auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, para el desahogo de las pruebas confesionales a su cargo. Ahora bien, la autoridad responsable al rendir su informe justificado mencionó que era cierto el acto reclamado por la parte quejosa. Por otra parte, de las constancias recibidas se desprende que en audiencia de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se señaló horas y fechas para el desahogo de las pruebas confesionales a cargo de Eduardo Blanco Gutiérrez, Joaquín García Gómez, Alberto del Jesús Díaz Bolibar, César S. Lomeli Altamirano y los demandados Transportes Navieros y Terrestre, sociedad anónima de capital variable, Servicios Operativos y Administrativos, sociedad civil, Personal Operativo Calificado, sociedad civil, Mano de Obra Calificada del Golfo, sociedad civil y Amado Omar Yañez; y testimonial a cargo Cristian Josue Adnrade Balán, Jennifer Larisa Hidalgo Vázquez, Enrique Antonio Jiménez Peralta e Irving Yahir Hernández Sánchez, dentro de los autos del expediente laboral 322/2016, asimismo, remitió las copias certificadas de las cedulas de notificación se advierte que fueron notificadas las horas y fechas en que deberán comparecer para el desahogo de las pruebas confesionales y testimoniales. Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber notificado la autoridad responsable el auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, en las que, se señalaron horas y fechas para el desahogo de las pruebas confesionales y testimoniales, dentro de los autos del expediente laboral 322/2016, y remitió constancias de las cédulas de notificación respectiva, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las doce horas con un minuto del diecinueve de julio de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. No se soslaya que en auto de diez de junio de dos mil veintidós, este juzgado de distrito reservó el emplazamiento de los terceros interesados Transporte Naviero y Terrestre, sociedad anónima de capital variable, Servicios Operativos y Administrativos, S.C. (sic), Personal Operativo Calificado, S.C (sic), Mano de Obra Calificada del Golfo S.C (sic), Amado Omar Yañez Osuna y a Oceanografía, sociedad anónima de capital variable, una vez que se recibiera el informe justificado, sin embargo, dado el sobreseimiento decretado en este asunto, resulta innecesario ordenar su emplazamiento a juicio, por no ocasionarles perjuicio alguno esta determinación. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y al quejoso; y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 268/2022, DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, EL ACUERDO A NOTIFICAR SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, catorce de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio S.A./3066/2022, del Actuario adscrito de la antes Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, ahora Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que son ciertos los actos reclamados por el quejoso. Como justificación de su informe, la autoridad responsable remite las siguientes documentales en copia certificada: 1. La audiencia de confesional de veintiocho de abril de dos mil veintidós, emitida en los autos del expediente laboral 322/2016. 2. Cédula de notificación de treinta de junio de dos mil veintidós, realizada a Eduardo Blanco Gutiérrez, Joaquín García Gómez, Alberto del Jesús Díaz Bolibar y César S. Lomeli Altamirano, dentro de los autos del expediente laboral 322/2016. 3. Cédula de notificación de treinta de junio de dos mil veintidós, realizada a Transportes Navieros y Terrestre, sociedad anónima de capital variable, Personal Operativo Calificado, sociedad civil, Mano de Obra Calificada del Golfo, sociedad civil y Amado Omar Yañez, dentro de los autos del expediente laboral 322/2016. 4. Cédula de notificación de treinta de junio de dos mil veintidós, realizada a Cristian Josué Andrade Balan, dentro de los autos del expediente laboral 322/2016. 5. Cédula de notificación de treinta de junio de dos mil veintidós, realizada a Jennifer Larissa Hidalgo Vázquez, dentro de los autos del expediente laboral 322/2016. 6. Cédula de notificación de veintinueve de junio de dos mil veintidós, realizada a Enrique Antonio Jiménez Peralta, dentro de los autos del expediente laboral 322/2016. 7. Cédula de notificación de treinta de junio de dos mil veintidós, realizada a Irving Yahir Hernández Sánchez, dentro de los autos del expediente labora 322/022. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado y por exhibidas las constancias que adjuntaron a sus oficios de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintidós, Milton Alejandro Pech Juárez, en su carácter de apoderado legal de Valdemar Morales Jiménez, promovió demanda de amparo contra del Actuario de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, con residencia en Ciudad del Carmen, a quien le reclama la negativa de notificar a los demandados en el juicio laboral 322/2016, las horas y fechas señaladas mediante auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, para el desahogo de las pruebas confesionales a su cargo. Ahora bien, la autoridad responsable al rendir su informe justificado mencionó que era cierto el acto reclamado por la parte quejosa. Por otra parte, de las constancias recibidas se desprende que en audiencia de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se señaló horas y fechas para el desahogo de las pruebas confesionales a cargo de Eduardo Blanco Gutiérrez, Joaquín García Gómez, Alberto del Jesús Díaz Bolibar, César S. Lomeli Altamirano y los demandados Transportes Navieros y Terrestre, sociedad anónima de capital variable, Servicios Operativos y Administrativos, sociedad civil, Personal Operativo Calificado, sociedad civil, Mano de Obra Calificada del Golfo, sociedad civil y Amado Omar Yañez; y testimonial a cargo Cristian Josue Adnrade Balán, Jennifer Larisa Hidalgo Vázquez, Enrique Antonio Jiménez Peralta e Irving Yahir Hernández Sánchez, dentro de los autos del expediente laboral 322/2016, asimismo, remitió las copias certificadas de las cedulas de notificación se advierte que fueron notificadas las horas y fechas en que deberán comparecer para el desahogo de las pruebas confesionales y testimoniales. Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber notificado la autoridad responsable el auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, en las que, se señalaron horas y fechas para el desahogo de las pruebas confesionales y testimoniales, dentro de los autos del expediente laboral 322/2016, y remitió constancias de las cédulas de notificación respectiva, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las doce horas con un minuto del diecinueve de julio de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. No se soslaya que en auto de diez de junio de dos mil veintidós, este juzgado de distrito reservó el emplazamiento de los terceros interesados Transporte Naviero y Terrestre, sociedad anónima de capital variable, Servicios Operativos y Administrativos, S.C. (sic), Personal Operativo Calificado, S.C (sic), Mano de Obra Calificada del Golfo S.C (sic), Amado Omar Yañez Osuna y a Oceanografía, sociedad anónima de capital variable, una vez que se recibiera el informe justificado, sin embargo, dado el sobreseimiento decretado en este asunto, resulta innecesario ordenar su emplazamiento a juicio, por no ocasionarles perjuicio alguno esta determinación. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y al quejoso; y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, diez de junio de dos mil veintidós. NO PRESENTADA LA DEMANDA RESPECTO A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON SEDE EN CIUDAD DEL CARMEN. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido al apoderado legal de la parte quejosa, para que desahogara la prevención formulada en auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, transcurrió del trece al diecinueve de mayo de dos mil veintidós, sin que dentro del mencionado plazo cumpliera con lo ordenado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, respecto a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. ADMISIÓN RESPECTO AL ACTUARIO DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON SEDE EN CIUDAD DEL CARMEN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Milton Alejandro Pech Juárez, en su carácter de apoderado legal de Valdemar Morales Jiménez, únicamente respecto al acto reclamado al Actuario adscrito a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche. En ese contexto, se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se publicó el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Campeche, en el que se estableció en el artículo Sexto Transitorio, que las referencias hechas a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje se entenderán hechas a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, por lo que será la autoridad jurisdiccional competente para continuar con el trámite de los asuntos laborales asignados y desahogar en auxilio de otras autoridades laborales los exhortos que le sean requeridos. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir por escrito dentro plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se pide dicho informe. En el entendido que el acto reclamado es la negativa de notificar a los demandados en el juicio laboral 322/2016, las horas y fechas señaladas para el desahogo de las pruebas confesionales a su cargo. Por tanto, la autoridad responsable deberá informar expresamente si es cierto o no el acto reclamado que de manera específica le atribuye la parte quejosa, en su caso, hacer las aclaraciones o precisiones que considere pertinente, pues el silencio sobre algún punto del acto reclamado, equivale a una omisión, lo que dará lugar, salvo prueba en contrario, a presumir cierto el acto reclamado de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las DOCE HORAS CON UN MINUTO DEL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión del acto reclamado, por no haberlo solicitado el quejoso. EMPLAZAMIENTO A LOS TERCEROS INTERESADOS. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de terceros interesados a Transporte Naviero y Terrestre, sociedad anónima de capital variable, Servicios Operativos y Administrativos, S.C. (sic), Personal Operativo Calificado, S.C (sic), Mano de Obra Calificada del Golfo S.C (sic), Amado Omar Yañez Osuna y a Oceanografía, sociedad anónima de capital variable; sin embargo, se reserva el emplazamiento de los mismos, hasta en tanto, se reciban el informe justificado solicitado, en donde se proveerá lo conducente a su emplazamiento. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las consistentes en: a) Instrumental pública de actuaciones. b) Presuncional en su doble aspecto legal y humana. c) Documentales consistentes en la copia simple de los acuerdos de treinta y uno de agosto y ocho de diciembre de dos mil veinte, veintiuno de mayo, dieciséis de agosto y cuatro de noviembre de dos mil veintiuno y diecisiete de enero y veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictados en el juicio laboral 322/2016. d) Documental consistente en la copia del acuerdo de quince de mayo de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral 322/2016. Ahora, respecto a las pruebas documentales se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y se tengan recibidas en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Asimismo, en cuanto a la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, toda vez que la primera se conformará con el cúmulo de actuaciones que obrarán en este expediente, mientras que la presuncional legal se constituye cuando expresamente así lo establece la ley, en cambio, la presuncional humana se integra cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XX. 305 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, enero de 1995, página 291, Octava Época, intitulada: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." Notifíquese por personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, electrónicamente al quejoso; y por oficio a la autoridad responsable.

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