Uziel Salomón Durán Martínez

Expediente 332/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
332/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
24/05/2019

Partes del expediente

  • Uziel Salomón Durán Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Ciudad de México, a catorce de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la diligencia actuarial de cuenta, de la que se advierte que Marcela Colín Hernández aceptó el cargo conferido como defensora, para que asista al quejoso en el presente asunto; por tanto, se le tiene dando cumplimiento a lo ordenado el seis de mayo del año en curso. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda, se aprecia que el acto reclamado se hizo consistir en: - La orden de aprehensión, así como su ejecución. Precisado lo anterior, este juzgado considera que en el caso se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". Ahora, el artículo 5, fracción I, de la legislación de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley (.)". De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), publicada en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, del rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto que nos ocupa, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", sino que es necesario que ese interés tenga sustento en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, del rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". Precisado lo anterior, en el caso, es inconcuso que el acto reclamado no afecta el interés jurídico del peticionario de amparo, al no existir agravio alguno, pues el quejoso en el apartado correspondiente a los antecedentes, bajo protesta de decir verdad, refirió que tiene temor "fundado" de que se pretenda encausarlo por el delito de "portación de arma de fuego", después de obtener su libertad con motivo del beneficio penitenciario que se le concedió, ya que durante la averiguación previa se señaló la existencia de una arma de fuego; sin embargo, no precisó algún hecho o razón que permita inferir que esa afectación a su libertad personal sea real y actual, aunado a que no señaló algún dato que permita inferir que se pretendió ejecutar la orden que reclama. Antecedentes de los que se aprecia que la orden de aprehensión no puede considerarse acto futuro e inminente para la procedencia del juicio. Lo anterior es así, porque el Máximo Tribunal de justicia del país determinó que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de este sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º de la ley de la materia condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique a la parte quejosa. Por consiguiente, si de la lectura de la demanda no se infiere la inminencia de la orden de aprehensión, es evidente que no existe el agravio que refiere el amparista, por ende, no le causa perjuicio alguno. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por los motivos expuestos.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista el acuerdo de nueve del presente mes, que en lo conducente dice: "...Ciudad de México, a nueve de mayo de dos mil diecinueve. De conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante el cual en atención a lo solicitado el seis del mes en curso, se comunica que se designó a Marcela Colín Hernández, Defensora Pública Federal adscrita al Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, para brindar asesoría jurídica al quejoso. Al respecto, estese en espera de que dicha profesionista comparezca en este órgano de control constitucional a aceptar el cargo conferido...".

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