Uziel Isaí Magdaleno Prieto y Otros.

Expediente 1443/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1443/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/11/2019

Partes del expediente

  • Uziel Isaí Magdaleno Prieto y Otros.
  • Juez Cuarto de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado el auto por el que SE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, como asunto totalmente concluido este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, pues no se considera de relevancia documental. JARM

  2. Principal

    Querétaro, Querétaro, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por José Miguel Rosillo Goñi, Uziel Isaí Magdaleno Prieto, José Carlos Martínez Rosas, Oscar Nolasco Jiménez, Mauricio Morales Maldonado, Alfredo Morales Sosa, Moisés Arvizu González, José Manuel Rocha Mercado, Israel Ramírez Rodríguez, Gabriel Sánchez Cuautle, Fidel Sifuentes Martínez, Rodolfo Sánchez Vargas y Francisco Acosta Sifuentes, por propio derecho, contra actos del Juez Primero del Poder Judicial del Estado de Querétaro y otras autoridades, atento a su contenido, regístrese el amparo respectivo bajo el número de orden 1443/2019-III; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se ordena formar el expediente físico para llevar su trámite; asimismo, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Se niega suspensión de plano. Los quejosos en su demanda de amparo, señalan como acto reclamado el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. La emisión y ejecución de la ilegal ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O DETENCIÓN, que pudiese haber sido dictada en contra de los hoy quejosos". (sic) Ahora bien, del análisis integral de la demanda se advierte que los quejosos señalan como preceptos constitucionales violados, los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 constitucionales; sin embargo, no se trata de ninguno de los actos descritos en el artículo 22 de la Constitución, que dispone en la parte que nos interesa, señala: "Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales....". Aunado a lo anterior, si bien los quejosos refieren reclamar la privación de su libertad fuera de procedimiento, lo cierto es que del propio escrito de demanda manifiestan bajo protesta de decir verdad que fueron abordados en su centro de trabajo por quienes dijeron ser funcionarios del Municipio de Querétaro, en específico de la Presidencia Municipal, quienes les señalaron que no podían realizar su trabajo y que tienen una orden de aprehensión en su contra, añadiendo que pudieron retirarse del lugar sin ser privados de su libertad. Lo anterior, sin perjuicio de que tales actos sean materia de estudio del incidente de suspensión que solicitan los quejosos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 951, del tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo.". Por su parte, el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece: "Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona". De igual forma, el artículo 126 de la Ley de Amparo, señala: "ARTÍCULO 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento." De la redacción del precepto recién transcrito se desprende que, en su párrafo primero, establece los supuestos en los que debe concederse la suspensión de oficio y de plano, debiendo dejarse establecido que este tipo de suspensión en el juicio de amparo indirecto es la que procede ante la inminencia de producirse una afectación en los derechos fundamentales de alguna persona. De ahí, la necesidad de que el juzgador de amparo ordene inmediatamente que cese la ejecución de determinado actos lesivos de derechos humanos, a fin de asegurar que no se ocasionen esos perjuicios irreparables. Por ello, es que dicha medida suspensional es inmediata, inmutable y subsistente hasta la resolución definitiva del juicio de amparo de que se trata. Por tanto, el legislador estableció casos específicos respecto de los que procede dicha suspensión de oficio y de plano, a saber: Los que Importen peligro de privación de la vida. Ataquen a la libertad personal fuera de procedimiento. Incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas. Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En tales circunstancias, RESULTA IMPROCEDENTE DECRETAR DE PLANO LA SUSPENSIÓN POR LOS ACTOS RECLAMADOS por los quejosos, porque conforme a lo narrado en su demanda de amparo, no está siendo objeto de algún acto de prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del citado numeral 15 de la Ley de Amparo. Prevención a los promoventes. Ahora bien, es de señalarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos que deberán exponerse en el escrito de demanda de amparo, de entre los que destacan la Ley, acto u omisión que se reclama, y la manifestación bajo protesta de decir verdad de los antecedentes del acto reclamado que le consten a la parte quejosa, lo cual tiene el propósito de que el juzgador puede ejercer sus atribuciones y emitir las determinaciones que correspondan a derecho. Asimismo, la parte quejosa tiene la obligación de señalar con precisión el acto reclamado y los antecedentes de éste, pues solo a través de estos el juez puede pronunciarse sobre la legalidad o no, de lo reclamado, dado que resulta indispensable para establecer la relación procesal en el juicio de amparo. Ahora bien, se hace mención del contenido del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo: "Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Del precepto legal descrito, se advierte que se impondrá una pena de seis años de prisión, así como multa de 30 a 300 días, al quejoso, su abogado o autorizado, o a ambos, si afirman hechos falsos, u omiten los que les consten en relación con los actos reclamados, en relación con el diverso artículo 108 de la de Ley de la Materia. En ese sentido, una vez analizada la demanda de amparo, dado que se advierten ciertas inconsistencias en la misma, con fundamento en el artículo 108, fracciones IV y V, así como el diverso 114, fracciones II y III, ambos de la Ley de Amparo, se REQUIERE a los promoventes para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto, cumplan con los siguientes puntos de prevención: Indiquen de forma concreta qué actos son los que reclaman de cada una de las autoridades que señalan como responsables; esto es, precisen a quiénes les reclaman la orden de aprehensión y/o detención, así como su respectiva ejecución. Señalen si tiene conocimiento de la existencia de alguna carpeta de investigación que se siga en su contra de la cual deriven los actos que reclaman; de ser afirmativa la respuesta, precisen el número de expediente y la autoridad ante la cual se sigue. Señalen si tienen en su poder algún citatorio y/o documento del cual se desprendan los actos que reclaman. Señalen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que participan las autoridades que señalan como responsables en la orden y/o ejecución de los actos que reclaman. Precisen la denominación completa y correcta de las autoridades que señalan en el escrito de demanda como: "a) Los CC. Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno del Poder Judicial del Estado de Querétaro." (SIC) En el entendido que deberán precisar si se trata de jueces del orden civil, familiar, mixto o penal (incluidos los del Sistema de Justicia Penal Acusatorio), pues resulta menester conocer dicho dato para la correcta tramitación del juicio de amparo. Da sustento a lo anterior la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 871 del Tomo III del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". De igual manera, da apoyo a lo anterior, la tesis II.1o.22 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, viernes 19 de agosto de 2016, de rubro: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PREVIO A TENER POR NO PRESENTADA UNA DEMANDA O DESECHARLA POR NO HABERSE CUMPLIDO CON UN REQUERIMIENTO PARA SU ACLARACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PROCURAR SUBSANAR O REPARAR EL DEFECTO POR MEDIO DEL DESAHOGO DE AQUÉLLAS, SIEMPRE QUE EL QUEJOSO NO SEA CONTUMAZ O NEGLIGENTE Y NO SE DAÑE LA REGULARIDAD DEL PROCESO CONSTITUCIONAL O A OTRAS PARTES." En la inteligencia de que tales requisitos deberán desahogados necesariamente por la parte promovente de la presente acción constitucional, toda vez que éstos constituyen un acto de carácter personalísimo, que sólo puede realizar quien ejercitó la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, que a la letra dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Apercibimiento a los promoventes. Bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento con lo solicitado en los puntos precisados de prevención, se procederá en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Vista para omitir datos personales Conforme a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales en el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los numerales citados en el párrafo anterior, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de datos. Domicilio Por otra parte, atendiendo a lo asentado en la certificación de cuenta, se tiene como autorizado de la parte quejosa, a Alberto Cruz Mendoza, con todas las facultades de representación que indica el artículo 12 de la Ley de Amparo, y a Emma Delia González Castro en términos de la última parte del párrafo segundo del mismo artículo, hasta en tanto acredite estar facultada para ejercer la profesión de licenciada en derecho. Asimismo, se tiene como domicilio procesal, el señalado en su escrito de demanda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante la licenciada Karla Carro Ayala, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe.

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