Uziel Humberto Cetina Garcia

Expediente 247/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
247/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • Uziel Humberto Cetina Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    II- Vista la certificación que antecede, toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de siete de abril del año en curso, mediante el cual este Juzgado DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ********************; por tanto, con fundamento en el precepto 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de la materia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al Artículo 21 Capítulo Octavo del Acuerdo General sin Número, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que no se considera de relevancia documental, no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes y se ubica en el inciso d), del aludido Capítulo Octavo. En tal virtud, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    II-Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    II.- Con esta fecha se notifica al parte quejosa el auto de siete de abril del año en curso que en lo conducente dice: " Vista la demanda de amparo promovida por Uziel Humberto Cetina García y Laritza Elizabeth Hernández Calan, por su propio derecho solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en esta ciudad. Atento a lo anterior, se ordena formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 247/2022- II-D. En ese sentido, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. Es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos, pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las causas de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto, en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de amparo y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente a la parte quejosa, al cual se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Para tal efecto, resulta necesario fijar claramente los actos reclamados, para lo cual debe analizarse íntegramente la demanda de garantías, tal como dispone la tesis de jurisprudencia con el siguiente rubro: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. En este sentido, conviene precisar que de la lectura integral del escrito inicial de demanda de amparo y su anexo, se advierte que la parte promovente señala como acto reclamado: El auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio agrario 234/2020, mediante el cual no admitió la ampliación de demanda por presentarse posterior a la integración de la litis, donde pretendía impugnar a través de la prueba pericial correspondiente, un documento exhibido por la demandada, cuya firma es falsa. En el caso, la parte quejosa reclama el auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio agrario 234/2020, mediante el cual no admitió la ampliación de demanda por presentarse posterior a la integración de la litis, donde pretendía impugnar a través de la prueba pericial correspondiente, un documento exhibido por la demandada, cuya firma es falsa. Ciertamente, tal acto no produce efectos de imposible reparación a la parte quejosa, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -sentido contrario-, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y." Al respecto, en relación con los actos de imposible reparación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos del gobernado. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que, al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo que se intente. Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de garantías bi-instancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Lo que no acontece en el particular, pues las consecuencias del acto reclamado en el presente juicio consistente en el acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio agrario 234/2020, que negó admitir la ampliación de demanda. En el caso sujeto a estudio, el acuerdo por el que el tribunal agrario negó la ampliación de demanda, no resulta un acto considerado como una violación a las leyes del procedimiento, considerado como tales conforme lo dispuesto en los artículos 171, primer párrafo y 172, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo. Esto es, de manera contraria a lo que sostiene la parte recurrente, el actuar del tribunal responsable no le irroga afectación a sus derechos sustantivos, pues únicamente se está frente a una violación de índole procesal, que no actualiza un caso de excepción a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, toda vez que en dicho precepto el legislador estableció una interpretación sobre el concepto constitucional de actos de imposible reparación, con el objeto de fijar definitivamente su sentido, al reconocer como actos de imposible reparación a los que afectan derechos sustantivos de manera inmediata e irreparablemente en la sentencia definitiva, como sería la vida, la libertad, la propiedad. En ese orden, la resolución por medio de la cual se niega la ampliación de la demanda agraria por estimarla inconducente o innecesaria, únicamente puede afectar derechos procesales o adjetivos, por lo que en contra de dicho acuerdo no procede el amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo. Si bien es cierto, que la quejosa señala en su demanda de amparo, que en el acuerdo reclamado bajo un argumento incorrecto se determinó no admitir una ampliación de demanda, y no de una impugnación obligada; cierto es también, que bajo protesta de decir verdad, anexó fotografías del acuerdo reclamado de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio agrario 234/2020, en el que la autoridad agraria determinó no admitir la ampliación de demanda que había presentado la parte quejosa. Respecto de lo cual, en su segundo concepto de violación la quejosa también refiere que la autoridad al no dar trámite a la impugnación que había presentado, no se puede conocer la verdad de los hechos a través de la prueba pericial correspondiente. Conforme a lo anterior, se advierte la pretensión de la quejosa se concentra en controvertir vía prueba pericial, un documento que, en su caso, apoyaría su postura en el juicio de origen, tendente a obtener una determinación a su favor. Esto igualmente constituye una violación procesal, respecto de lo cual es improcedente el amparo peticionado, pues atañe al tema de la prueba. Además lo alegado por la quejosa relativo a que la manera de defenderse ante los documentos que intenta introducir su contrario, es a través de la ampliación de demanda, y al no atacar el documento señalado, modificaría la situación jurídica en la que se encuentra con relación al juicio agrario, ese planteamiento no se traduce en una transgresión a sus derechos sustantivos, ya que lo que se pretende es objetar la prueba, lo que se revela una cuestión meramente procesal y no sustantiva; de manera que sus derechos sustantivos, permanecen intocados, puesto que la acción agraria se instauró con la respectiva demanda, de tal surte el procedimiento se seguirá por sus trámites procesales correspondientes hasta el dictado de la sentencia, en cuyo caso, de serle adversa, la quejosa estará en posibilidad de controvertir las posibles violaciones procesales correspondientes; como sería el caso de reclamar en ese amparo, lo incorrecto de que no se le admitiera a trámite la ampliación de la demanda. Consecuentemente, dado que el acuerdo que desechó la ampliación de la demanda agraria constituye en su caso una violación de carácter procesal puede ser reparable en sentencia definitiva en caso de serle favorable o bien de ser adversa impugnarla en términos de los artículos 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Importa precisar que el hecho de determinar lo improcedente de su demanda, no significa que se desatienda lo dispuesto en el artículo 1º constitucional ni que se le impida el acceso a la justicia establecido en el diverso 17 constitucional, pues la obligación de atender los principios ahí previstos no implica que se deba ejercer aun contra los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones intentadas. Lo anterior es así, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en diversas ejecutorias en el sentido de que la reforma del artículo 1° de la Constitución Federal, de diez de junio de dos mil once, no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartición de justicia en la forma en que venían desempeñándolas con anterioridad a la citada reforma, sino que el cambio operado en el sistema jurídico mexicano, en relación con los derechos humanos previstos en tratados internacionales, así como con la interpretación más favorable a la persona, principio pro persona, sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que ello signifique que se dejen de aplicar los diversos principios de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y debido proceso, previstos en los diversos 14 y 16 de la Constitución Federal, so pretexto de un acceso efectivo a la impartición de justicia. Esto es, si bien los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, así como de los diversos 29 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente, se colige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, así también se privilegian el derecho de acceso a la impartición de justicia, y a una tutela judicial efectiva, lo cierto es que no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando así un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función, dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia cuyos datos de identificación son: Décima Época Registro: 2006485 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, mayo de 2014, Tomo II Materia(s): Constitucional, Tesis: 2ª./J. 56/2014 (10ª) Página: 772. Rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS "FAVORABLE A LA PERSONA. SU "CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS "ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, "AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE "OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y "RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; por tanto, de conformidad con los artículos 22, 28, 29, 30 y 31 del citado Acuerdo General 21/20202, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, se continúe la tramitación del caso mediante el esquema del juicio "en línea". Para tales efectos, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a la consulta de un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente, la que podrán tramitar a través de la página electrónica https://www.firel.pjf.gob.mx/. Asimismo, acorde con lo establecido en la fracción II, del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica, toda vez que tienen cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente."

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