Uziel García García

Expediente 1651/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 38 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1651/2021
Año
2021
Actuaciones
38
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Uziel García García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintidós de abril de dos mil veintidós que sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y archívese el presente asunto por estar concluido. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no se considera de relevancia documental ni conservable, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 17 del mencionado acuerdo general. b) En el expediente en que se actúa se emitió una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; consecuentemente, es susceptible de destrucción, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. c) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, Indíquese en la caratula del expediente la anotación de destruible. En esas condiciones, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 22 DE ABRIL DE 2022, QUE DICE: ista la certificación de cuenta de la que se advierte que el término de veinte días concedido a la parte quejosa, para que compareciera ante este juzgado de distrito a recibir los edictos ordenados, así como para que acreditara la publicación de los mismos, a efecto de emplazar a la parte tercera interesada ***, ha fenecido, sin que se haya dado cumplimiento a lo ordenado. Por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de siete de marzo de dos mil veintidós, y al respecto se provee: En efecto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción II de la Ley de Amparo, que estatuyen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó.". Luego, para demostrar la improcedencia del juicio, conviene remitirse a las actuaciones del presente asunto, de las que se desprende que: a) En proveído de uno de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a la tercera interesada ***, por conducto del actuario judicial de la adscripción, en el domicilio proporcionado por la parte quejosa. b) En auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se dio cuenta con la razón actuarial, en la que manifestó, entre otras cosas, la imposibilidad de emplazar a la tercera interesada ***, por las razones que ahí se expusieron; atento a ello, se solicitó a la parte quejosa proporcionara un diverso domicilio donde pudieran ser emplazada la referida tercera, así como a la autoridad responsable. c) En escrito proveído en auto quince de octubre de dos mil veintiuno, la parte quejosa, proporcionó nuevo domicilio donde podía ser emplazada la tercera interesada, por lo que se ordenó al actuario judicial, realizar dicha encomienda, situación que no aconteció ante la imposibilidad evidenciada, lo que se proveyó en diverso auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno; atento a ello, se solicitó a la peticionaria de la protección federal, proporcionara un diverso domicilio donde pudieran ser emplazada la referida tercera. d) En ocurso proveído en auto cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa, proporcionó nuevo domicilio donde podía ser emplazada la tercera interesada, por lo que se ordenó nuevamente al actuario judicial, realizar dicha encomienda judicial. e) En auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a la referida tercera interesada, en los domicilios que obran en el juicio de origen, pero en dos de diciembre siguiente, se proveyó la cuenta actuarial en la que, el funcionario judicial correspondiente, expresó su imposibilidad, para ejecutar lo ordenado. f) Por actuación de veintitrés de diciembre del año próximo pasado, se requirió nuevamente a la parte quejosa, para que proporcionará un nuevo domicilio para emplazar a la tercera interesada, por lo que, en auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, al no haber realizado ninguna manifestación, se ordenó girar oficios de búsqueda a la Comisión Federal de Electricidad; Teléfonos de México; al Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado; a los Ayuntamientos Constitucionales de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, todos del Estado de Jalisco; al Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Jalisco; y al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Delegación Jalisco; para que comunicarán si en sus archivos se encontraba registrado el domicilio de ***. h) Mediante auto de siete de marzo de la presente anualidad, al no haberse recibido información relevante respecto el domicilio requerido a las autoridades indicadas, se ordenó emplazar a la tercera interesada de referencia, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, y se le requirió para que: ".dentro del término de veinte días contados a partir de la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recibir los edictos, así como para que acredite la publicación de los mismos, apercibida que de no cumplir con lo anterior en los términos indicados, se sobreseerá esta instancia constitucional, ante la imposibilidad de continuar el procedimiento sin la intervención de la totalidad de las partes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con los preceptos 5o., fracción III, y 115 del citado Cuerpo Normativo.", lo zo de su conocimiento a través de la notificación practicada el quince de diciembre de dos mil veintidós. Por tanto, al no haberse cumplido con lo ordenado en auto siete de marzo de dos mil veintidós, esto es, exhibir las constancias que justificaran la publicación de los edictos a fin de emplazar a la tercera interesada ***, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción II de la Ley de Amparo, en virtud de la imposibilidad de continuar el procedimiento sin la intervención de la totalidad de las partes; por lo que, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el numeral mencionado en último término. En el entendido de que las causas de sobreseimiento contenidas en el artículo 63 de la Ley de Amparo, son ompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Lo anterior es así, toda vez que de autos se aprecia que ya transcurrieron los veinte días que se concedieron a la parte quejosa para que acreditara la publicación de los edictos respectivos, sin que a la fecha lo hubiere realizado. Pues bien, la ponderación de las circunstancias del caso, relativas a que en el presente asunto no se advierten datos que revelen falta de capacidad económica del quejoso para la publicación ordenada; además, no se acreditó que tiene imposibilidad para solventar el costo de la publicación de los edictos, pues no rindió pruebas que hicieran presumir que carece de capacidad económica para cumplir con esa carga procesal; lo anterior en acatamiento a la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 416, del tomo XXXII, agosto 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE NO RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO". Se llega a la conclusión de que la contumacia en que incurrió la parte quejosa al no acreditar ante este juzgado de distrito la publicación de los edictos respectivos, impide cumplir con un presupuesto procesal que rige como formalidad esencial del procedimiento, que hace que el suscrito, no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, por lo que es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia invocada. En esas condiciones, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de los terceros interesados, por lo que se estima que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, es atribuible a la parte quejosa por la falta de publicación de los edictos, que impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el presente juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado, sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. De manera que, al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de la parte tercera interesada de mérito, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso. En esa tesitura, debe decirse que la circunstancia de que el peticionario del amparo no haya acreditado la publicación de los edictos para emplazar a la tercera interesada ***, demuestra una falta de interés jurídico, no relativo al juicio, sino a su tramitación, ya que aun cuando se le apercibió para efecto de que cumpliera con ello, no lo hizo, quedando paralizado el juicio a su voluntad, lo que motiva que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio, con base en la fracción II del precepto 63 de la misma ley. No pasa inadvertido para este Juzgado de Distrito el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 108/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la solicitud de modificación de jurisprudencia 16/2010, consultable en la página cuatrocientos dieciséis, tomo XXXII, agosto de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", En efecto, la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación estableció que una vez agotado el procedimiento para conocer la identidad de un tercero perjudicado, a efecto de estar en condiciones de llamarlo a juicio, se ordenará la publicación de edictos a costa de la parte quejosa, para lo cual se le requerirá para que los recoja en el órgano jurisdiccional, como en este caso ocurrió. Asimismo, dicho criterio establece que la omisión de la parte quejosa no conlleva necesariamente al sobreseimiento en el asunto, pues el artículo 17 Constitucional establece que la administración de justicia será gratuita, completa e imparcial; de ahí que, en los casos en que el interesado comparezca a manifestar su imposibilidad para cubrir el pago que genera la publicación de los edictos, el Juez de Distrito ponderará las peculiaridades del caso, a efecto de establecer si de acuerdo a los elementos que obren en autos, existen indicios para determinar si la parte quejosa cuenta o no, con los recursos económicos para sufragar dicho pago, y sólo entonces, determinar si el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publicará los edictos para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, se dice que tal criterio es inaplicable al caso, debido a que en la especie, se ponderaron las circunstancias particulares del caso, previa investigación ante diversas autoridades, por las que se investigó el domicilio de la tercera interesada ***; sin embargo, se advierte el desinterés de la parte quejosa, pues no compareció a dar noticia sobre la imposibilidad que tenía para cubrir un gasto de esa naturaleza, por lo que al no contar con su afirmación, no es dable ponderar los elementos que existen en autos para determinar si existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un gasto semejante. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción II de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que no ha transcurrido el término de veinte días, otorgado a la parte quejosa, para que comparezca ante este juzgado a recibir los edictos, y acredite la publicación de los mismos, como indica el auto de siete de marzo de dos mil veintidós; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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