Uzi Imer Cuevas Pedraza
Expediente 1521/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1521/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Uzi Imer Cuevas Pedraza
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por ***, por propio derecho contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1521/2021-6, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, son: La omisión de citar a las personas para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución prevista por el artículo 122 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatales y Municipales, así como de los organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo, dentro del expediente laboral 25/2020, no obstante que desde el once de octubre del presente año quedó emplazado la parte demandada. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio que no tengan una ejecución que sea de imposible reparación. Asimismo, se ha interpretado por el Alto Tribunal, que la procedencia del juicio de amparo en estos supuestos, se constriñe a aquellos actos que afecten materialmente algún derecho sustantivo. Lo anterior, se puede advertir del criterio de jurisprudencia sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 37/2014 (10ª.), con registro 2006589, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). (.)" Así, para considerar que se afectan materialmente derechos sustantivos, debe considerarse que las consecuencias del acto, tendrían que ser de tal gravedad, que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación sustentada por el Pleno, se apoyó en las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en juicio: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado de la sentencia por el Tribunal respectivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos éstos últimos, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que dependen de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por su lado, en lo correspondiente a la materia de derecho del trabajo, y la actuación de las autoridades jurisdiccionales de la materia dentro de los juicios seguidos ante ellas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2ª./J. 33/2019 (10ª.), con registro 2019400, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643, ha sostenido el siguiente criterio: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. (.)." De éste, se puede apreciar que aun cuando una dilación procesal dentro de un juicio, pueda considerarse que afecta solamente derechos adjetivos, se considerará como un caso de excepción para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tanto se convierta en una abierta dilación; ello, derivado de la conducta totalmente omisa de la autoridad para el dictado de proveídos, laudos, o realización de cualquier diligencia, dentro del juicio en materia del trabajo. Esto nos lleva a considerar que es necesario atender a la naturaleza de los actos que reclame el quejoso, pues bien pueden ser omisiones, o bien, actos positivos que conlleven una consecuencia de un hacer. Del marco jurídico y jurisprudencial antes expuesto, se destacó que resulta una excepción a la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclame una abierta dilación, lo que conlleva una conducta totalmente omisa de la autoridad, frente al derecho de administración de justicia, en favor del gobernado, tutelado por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No así, debe considerarse factible la procedencia del juicio de amparo, cuando se reclamen actos procesales que impliquen una fecha posterior, lejana para su materialización, pues frente a ellos, la autoridad no mantiene una conducta totalmente omisa respecto a los derechos del gobernado. Esto, pues en este tipo de actos (positivos), no puede considerarse que existe una ejecución de imposible reparación, ya que la eventual afectación que pudiera darse respecto de los derechos del justiciable, es de naturaleza eminentemente adjetiva o procesal, pues el derecho de acceso a la justicia del quejoso no se ve trastocado por una conducta pasiva de la autoridad. Ahora, al analizarse la demanda de amparo de manera integral de conformidad con jurisprudencia 2ª./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, Página doscientos veintisiete, Registro 195745, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS"; este órgano de control constitucional advierte que la parte quejosa reclama del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, la dilación procesal, debido a que no ha citado a las partes del juicio natural a efecto de que se desahogue la audiencia de pruebas, alegatos y resolución prevista en el artículo 122 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatales y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo, radicado bajo el expediente laboral 25/2020. Respecto de ello, en concepto de este órgano de control constitucional, se considera que los actos reclamados por la quejosa, no son de aquellos que puedan considerarse como de imposible reparación, ni que afecten derechos materialmente sustantivos de la promovente del amparo; ello en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, antes transcrito. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los numerales 170, 171 y 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo, pues de momento no puede identificarse que los actos reclamados generen una eventual afectación de sus derechos, ya que ello podrá verse materializado, en su caso, hasta el momento del dictado del laudo en el juicio de origen, a fin de poder determinar si la violación alegada (procesal), trascendió o no al resultado de la resolución dentro del juicio origina. Así, en virtud de que conforme a lo ya apuntado, en la fracción V del artículo 107 de la Ley de la materia, se encuentra señalado de manera precisa qué es lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, señalando de manera clara que corresponde a aquellos actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los Tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; y que para ser calificados como irreparables se precisa que la afectación sea de gravedad tal que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no sólo una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; precisándose además que la afectación incida sobre derechos o bienes jurídicos que no provengan exclusivamente de leyes adjetivas, sino que impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; característica que, evidentemente no se actualiza en el acto reclamado. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya antes se trascribió y lleva por rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Como se ven en la jurisprudencia anteriormente citada, el Pleno del Máximo Tribunal ya estableció de manera clara que conforme al texto de la actual Ley de Amparo y tratándose de actos en juicio que sean de imposible reparación, el juicio de amparo biinstancial sólo procederá cuando se afecten materialmente derechos sustantivos; sin que sea ya aplicable la directriz anteriormente sustentada relativa a que eran combatibles en amparo directo "los actos procesales que afectaban de modo predominante o superior", pues conforme a lo preceptuado por la ley de la materia en vigor, cuando se reclamen actos de imposible reparación en la vía indirecta, para que éste pueda prosperar, es menester que la afectación que cause el acto reclamado incida en forma material en un derecho sustantivo. En el caso no se está en la hipótesis de irreparabilidad, porque el acto que se impugna no constituye una violación a sus derechos sustantivos, ya que los efectos que produce son de naturaleza intraprocesal, y, por tanto, no tiene el carácter de imposible reparación. Ante esto, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad expuso que el once de octubre de dos mil veintiuno, la parte demandada fue emplazada a juicio, contando con diez días para contestar la demanda, el cual transcurrió del trece al veintiséis de octubre del presente año; entonces a partir del veintisiete de octubre del presente año, que el Tribunal de Arbitraje esta en aptitud de señalar día y hora para la diligencia de pruebas, alegatos y la resolución respectiva. De lo expuesto, se evidencia que entre esa fecha - veintisiete de octubre de dos mil veintiuno- y la presente presentación de la demanda de amparo -veinticinco de noviembre del presente año-, han transcurrido únicamente veinte días hábiles, descontando sábados y domingos, así como el uno, dos y quince de noviembre por ser inhábiles, aunado a los inconvenientes de la pandemia del "SARS COVID 19", en el sentido de que existe personal vulnerable y no se trabaja con la totalidad de los mismos; circunstancias, que hace imposible las pretensiones de la parte quejosa pues la temporalidad que media entre los actos es muy corto, por lo que no se le afecta sus derecho fundamentales, al no existir una abierta dilación. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, sin que esta decisión implique una violación al derecho de acceso a la justicia o a un recurso judicial efectivo, pues el ejercicio de tales derechos no liberan al gobernado del cumplimiento de los requisitos de procedencia correspondientes. Encuentra apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1ª./J. 22/2014 (10ª.), emitida por la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO NO PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. CONSULTA ELECTRÓNICA En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 18 y 66 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del Juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al quejoso la consulta del expediente electrónico del juicio en que se actúa. En atención a lo anterior, se encomienda al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta al usuario "AntonioEP21", en el expediente electrónico del juicio en que se actúa, para dicho efecto. domicilio y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta; y, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Francisco Javier Espinoza Escamilla, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Módulo de consulta del Consejo de la Judicatura Federal; y, en términos restringidos, esto es, para oír y recibir notificaciones, a las demás personas que alude en el mismo, al no tener registrada su cédula en el citado sistema; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlos como autorizados en términos amplios. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO En otro orden, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que se establezcan comunicaciones no procesales. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente.
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