Ury Alberto Cordoba Trejo

Expediente 363/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
363/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
21/09/2021

Partes del expediente

  • Ury Alberto Cordoba Trejo

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que envía el secretario de acuerdos adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en el impedimento ********************, promovido por la presente juzgadora, respecto de este sumario; la cual, en lo que interesa dice: "ÚNICO. Se califica de legal el impedimento formulado por la Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato con sede en la ciudad de Celaya, para conocer del juicio de amparo indirecto ******************** de su índice." De lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes, acúsese recibo, comuníquese a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo. Archivo definitivo.*** Valoración documental.

  2. Principal

    Visto el oficio que suscribe el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, por medio del cual comunica que el impedimento propuesto por este juzgado, se admitió a trámite con el número de expediente **. Por tanto, estese en espera de la resolución que dicte dicha superioridad. En seis de julio de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA.

  3. Principal

    Con la demanda de amparo de cuenta ***, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. En consecuencia de lo anterior, se ordena la separación de juicios, dado que los actos reclamados por el promovente son independientes entre sí, puesto que los actos reclamados derivan de procedimientos distintos, tanto en autoridad, como en objeto. En esas condiciones, en atención al orden en que fueron enunciados los actos reclamados por el quejoso, este juzgado determina emitir pronunciamiento respecto al acto reclamado señalado como todo lo actuado dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Juventino Córdoba Sandoval, radicado bajo el número *** del Juzgado Segundo Civil de Partido en esta ciudad; y se abstiene respecto al diverso consistente en todo lo actuado dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Omar Córdoba Trejo, radicado bajo el número *** del Juzgado Cuarto Civil de Partido en esta ciudad. Así, mediante oficio con transcripción del presente proveído, envíese copia certificada de la demanda a la jefa de la Oficialía de Partes Común de los juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, para que proceda a turnarla al juzgado que corresponda y se provea lo conducente respecto al acto y autoridad responsable. Fórmese expediente y regístrese con el número 363/2021-VI, tanto en el libro de control de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, la autoridad que se señala como responsable es la Juez Segundo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad. Por otra parte, toda vez que a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve, la suscrita funge como titular de este órgano jurisdiccional; por lo que se considera que no se encuentra en aptitud de conocer del presente juicio de amparo, por las razones que a continuación se exponen: Los impedimentos para que cierta persona pueda fungir como Ministro, Magistrado o Juez, son un aspecto vinculado con la competencia subjetiva y, consiste en la idoneidad e imparcialidad para ser titular de un órgano jurisdiccional, pues los sujetos que asumen la calidad de titulares de los órganos jurisdiccionales del Estado y que desempeñan la función jurisdiccional, en cuanto revisten este cargo en forma permanente están ligados con el Estado, por una relación de empleo o de servicio que surge en el acto mismo del nombramiento, esto es, en el momento en que tales sujetos entran a formar parte del orden judicial. Dicha relación entre el funcionario del orden judicial y el Estado es una relación de derecho público, cuyo objeto es el deber fundamental del Juez u otro funcionario del orden judicial de cumplir las funciones de su oficio. Los sujetos que asumen la calidad de titulares de los órganos jurisdiccionales son personas físicas que, como tales, viven dentro del conglomerado social y, por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relaciones humanas sociales y familiares, titulares de bienes propios de ellos, situaciones de vida personal, etcétera, abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado. Por tanto, puede ocurrir que por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, aquel que desempeña la función no sea la persona más apropiada para cumplir dicha ocupación respecto de una litis determinada, porque no está provisto de los requisitos de imparcialidad indispensables para juzgar según justicia. Estas razones contingentes de idoneidad constituyen una forma particular de incapacidad legal de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional del Estado, que contienen una serie de condiciones que el sujeto físico debe llenar para que pueda cumplir las funciones a él encomendadas y ejercer la jurisdicción de que está investido, que constituyen una verdadera capacidad procesal especial de los sujetos. Del texto del artículo 51 de la Ley de Amparo, se desprende que basta que el servidor público impedido invoque las razones y circunstancias que satisfagan los supuestos de alguna de las causales correspondientes; por lo que, atendiendo a lo dispuesto en dicho numeral, a consideración de este juzgador, se actualiza una causal que impide conocer del presente asunto, en virtud de que en el caso concreto, la suscrita tiene amistad estrecha con la jueza Segundo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad *** ya que somos compañeras de la maestría en derecho procesal constitucional en el Centro de Estudios y Actualización del Derecho (CEAD), en Querétaro, Querétaro. Por lo que derivado de las clases, se ha tenido un trato frecuente que ha generado una estrecha amistad, más allá del plano estudiantil. En mérito de lo expuesto, la suscrita estima encontrarse legalmente impedida en términos del artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo (amistad estrecha) con la jueza Segundo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato (Claudia Ibet Amezcua Rodríguez) para conocer del presente juicio. Ahora, no se soslaya que se han tenido diversos casos en los que dicha persona ha figurado como autoridad responsable y que la maestría inició desde noviembre del año pasado; sin embargo, no fue sino que hasta este mes de abril de dos mil veintiuno en la que he tenido un trato más cercano con dicha profesionista, con motivo de los debates e investigaciones propias del posgrado. Situaciones que han afianzado y fortalecido el lazo de amistad que nos une como compañeras de la maestría; lo que, invariablemente, puede incidir en el ánimo de la suscrita al momento de analizar los casos concretos en que ella figure como autoridad responsable. Razones por las cuales, se insiste, esta juzgadora se encuentra impedida para conocer de este asunto. Habida cuenta que, de conocer del mismo, podría ocasionar una pérdida de objetividad e imparcialidad en detrimento de los justiciables. Por tanto, a fin de mantener la credibilidad y presunción de veracidad en el proceso, en observancia a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial, con fundamento en lo establecido en la fracción VII, del artículo 51 de la Ley de Amparo, hágase la anterior circunstancia del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Decimosexto Circuito, y se ordena remitir el original del juicio de amparo en que se actúa, para que resuelva sobre el impedimento planteado. Al efecto, remítanse los autos originales que integran el presente sumario. Con fundamento en los artículos 27 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el ubicado en calle ***, en esta ciudad; asimismo, ténganse como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, virtud a que tienen su cédula profesional registradas en el Registro Nacional de Profesionistas, que los autoriza a ejercer la profesión de abogados. En dos de junio de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA.

  4. Principal

    AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR LA PARTE QUEJOSA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR LISTA LA DETERMINACIÓN DE UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: "Con la demanda de amparo de cuenta ***, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. En consecuencia de lo anterior, se ordena la separación de juicios, dado que los actos reclamados por el promovente son independientes entre sí, puesto que los actos reclamados derivan de procedimientos distintos, tanto en autoridad, como en objeto. En esas condiciones, en atención al orden en que fueron enunciados los actos reclamados por el quejoso, este juzgado determina emitir pronunciamiento respecto al acto reclamado señalado como todo lo actuado dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Juventino Córdoba Sandoval, radicado bajo el número *** del Juzgado Segundo Civil de Partido en esta ciudad; y se abstiene respecto al diverso consistente en todo lo actuado dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Omar Córdoba Trejo, radicado bajo el número *** del Juzgado Cuarto Civil de Partido en esta ciudad. Así, mediante oficio con transcripción del presente proveído, envíese copia certificada de la demanda a la jefa de la Oficialía de Partes Común de los juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, para que proceda a turnarla al juzgado que corresponda y se provea lo conducente respecto al acto y autoridad responsable. Fórmese expediente y regístrese con el número 363/2021-VI, tanto en el libro de control de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, la autoridad que se señala como responsable es la Juez Segundo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad. Por otra parte, toda vez que a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve, la suscrita funge como titular de este órgano jurisdiccional; por lo que se considera que no se encuentra en aptitud de conocer del presente juicio de amparo, por las razones que a continuación se exponen: Los impedimentos para que cierta persona pueda fungir como Ministro, Magistrado o Juez, son un aspecto vinculado con la competencia subjetiva y, consiste en la idoneidad e imparcialidad para ser titular de un órgano jurisdiccional, pues los sujetos que asumen la calidad de titulares de los órganos jurisdiccionales del Estado y que desempeñan la función jurisdiccional, en cuanto revisten este cargo en forma permanente están ligados con el Estado, por una relación de empleo o de servicio que surge en el acto mismo del nombramiento, esto es, en el momento en que tales sujetos entran a formar parte del orden judicial. Dicha relación entre el funcionario del orden judicial y el Estado es una relación de derecho público, cuyo objeto es el deber fundamental del Juez u otro funcionario del orden judicial de cumplir las funciones de su oficio. Los sujetos que asumen la calidad de titulares de los órganos jurisdiccionales son personas físicas que, como tales, viven dentro del conglomerado social y, por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relaciones humanas sociales y familiares, titulares de bienes propios de ellos, situaciones de vida personal, etcétera, abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado. Por tanto, puede ocurrir que por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, aquel que desempeña la función no sea la persona más apropiada para cumplir dicha ocupación respecto de una litis determinada, porque no está provisto de los requisitos de imparcialidad indispensables para juzgar según justicia. Estas razones contingentes de idoneidad constituyen una forma particular de incapacidad legal de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional del Estado, que contienen una serie de condiciones que el sujeto físico debe llenar para que pueda cumplir las funciones a él encomendadas y ejercer la jurisdicción de que está investido, que constituyen una verdadera capacidad procesal especial de los sujetos. Del texto del artículo 51 de la Ley de Amparo, se desprende que basta que el servidor público impedido invoque las razones y circunstancias que satisfagan los supuestos de alguna de las causales correspondientes; por lo que, atendiendo a lo dispuesto en dicho numeral, a consideración de este juzgador, se actualiza una causal que impide conocer del presente asunto, en virtud de que en el caso concreto, la suscrita tiene amistad estrecha con la jueza Segundo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad *** ya que somos compañeras de la maestría en derecho procesal constitucional en el Centro de Estudios y Actualización del Derecho (CEAD), en Querétaro, Querétaro. Por lo que derivado de las clases, se ha tenido un trato frecuente que ha generado una estrecha amistad, más allá del plano estudiantil. En mérito de lo expuesto, la suscrita estima encontrarse legalmente impedida en términos del artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo (amistad estrecha) con la jueza Segundo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato (Claudia Ibet Amezcua Rodríguez) para conocer del presente juicio. Ahora, no se soslaya que se han tenido diversos casos en los que dicha persona ha figurado como autoridad responsable y que la maestría inició desde noviembre del año pasado; sin embargo, no fue sino que hasta este mes de abril de dos mil veintiuno en la que he tenido un trato más cercano con dicha profesionista, con motivo de los debates e investigaciones propias del posgrado. Situaciones que han afianzado y fortalecido el lazo de amistad que nos une como compañeras de la maestría; lo que, invariablemente, puede incidir en el ánimo de la suscrita al momento de analizar los casos concretos en que ella figure como autoridad responsable. Razones por las cuales, se insiste, esta juzgadora se encuentra impedida para conocer de este asunto. Habida cuenta que, de conocer del mismo, podría ocasionar una pérdida de objetividad e imparcialidad en detrimento de los justiciables. Por tanto, a fin de mantener la credibilidad y presunción de veracidad en el proceso, en observancia a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial, con fundamento en lo establecido en la fracción VII, del artículo 51 de la Ley de Amparo, hágase la anterior circunstancia del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Decimosexto Circuito, y se ordena remitir el original del juicio de amparo en que se actúa, para que resuelva sobre el impedimento planteado. Al efecto, remítanse los autos originales que integran el presente sumario. Con fundamento en los artículos 27 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el ubicado en calle ***, en esta ciudad; asimismo, ténganse como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, virtud a que tienen su cédula profesional registradas en el Registro Nacional de Profesionistas, que los autoriza a ejercer la profesión de abogados".

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