Ursula Lara Hernández

Expediente 764/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
764/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
01/12/2020

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, Ciudad
  • Ursula Lara Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, primero de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Úrsula Lara Hernández, sin que lo hiciera. En tal virtud, con fundamento en los artículos 2º, 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero, y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívense las actuaciones como asunto concluido, lo que tiene apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude la fracción V, segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, en su caso, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ...para conocimiento de la parte quejosa...Reynosa, Tamaulipas, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Úrsula Lara Hernández; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 764/2020-1, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de acordar el incidente no especificado que promovió sobre incremento al salario en fecha ocho de octubre de este año, dentro del juicio de origen del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, se actualiza la causa notoria de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." De la lectura del precepto legal transcrito en último término, se llega a la conclusión de que respecto a las violaciones que se cometan durante el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procede el amparo indirecto. Cabe señalar, que si bien se ha establecido como una excepción a dicha regla, cuando del contenido de la demanda el Juez de amparo advierte que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues en ese caso el amparo si es procedente; sin embargo, dichas acepciones "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que a su vez debe entenderse como aquella dilación que muestra el retardo en el camino procesal de forma que su desarrollo resulte superior al normal que debe llevarse en los procedimientos jurisdiccionales, causa de motivación prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que impone tomar en cuenta la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso determinado. Ahora bien, la omisión reclamada en esta vía no encuadra dentro de la regla ni excepción antes apuntadas, porque no es un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los tratados internacionales de los en que el Estado Mexicano es parte; por lo que no se está en retardo injustificado en la administración de justicia, toda vez que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 debían calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo "un llamamiento a los países para que adopten medidas urgentes y agresivas", entre las que estuvieron las suspensiones de actividades de los órganos jurisdiccionales. Motivo por el cual en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de Salubridad General y el Secretario de Salud han emitido diversos acuerdos para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destaca la adopción de medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para asegurar la continuidad de las actividades catalogadas como esenciales, dentro de las que se incluyó a la procuración e impartición de justicia, por dicho motivo, la dilación en acordar el incidente no especificado que promovió sobre incremento al salario en ocho de octubre del año en curso, dentro del juicio de origen, aún se encuentra dentro del concepto de plazo razonable, tomando como punto de partida que desde el diecisiete de marzo del año en curso, se suspendió la actividad jurisdiccional, reanudándose el tres de agosto del año en curso. De ahí, que el suscrito juzgador considera que la dilación procesal que se atribuye a la autoridad laboral no actualiza, por ahora, el supuesto de vulneración de derechos fundamentales. Lo antes expuesto, tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, (registro 2011580), página 1086, con el título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. Ello es así, porque el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la omisión de acordar el incidente no especificado que promovió sobre incremento al salario en ocho de octubre de dos mil veinte, en el juicio laboral del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje; lo que de ninguna manera implica una dilación al procedimiento. Esto, ya que para efectos de la promoción del juicio biinstancial contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudo, o cualquier otra diligencia, deberá transcurrir al menos cuarenta y cinco días, si se toma en cuenta que es precisamente ese lapso el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil. Al respecto, es oportuno invocar la Jurisprudencia 2ª./J. 33/2019 (10ª) de la Segunda Sala, publicada el uno de Marzo de 2019, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época (2019400), cuyo rubro es : "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." Por tanto, es evidente la razonabilidad en la supuesta tardanza de emitir dicha determinación en el juicio natural, entonces, no ha lugar a estimar atentados los derechos tutelados por el numeral 17 Constitucional, ya que no se trata de una abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", para que entonces así, sea dable la admisión de la demanda de amparo de cuenta. Por tanto, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por Úrsula Lara Hernández. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Asimismo, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizado legal los que refiere en la demanda de mérito. En otro aspecto, para evitar dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este Juzgado de Distrito En la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Úrsula Lara Hernández; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 764/2020-1, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de acordar el incidente no especificado que promovió sobre incremento al salario en fecha ocho de octubre de este año, dentro del juicio de origen del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, se actualiza la causa notoria de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." De la lectura del precepto legal transcrito en último término, se llega a la conclusión de que respecto a las violaciones que se cometan durante el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procede el amparo indirecto. Cabe señalar, que si bien se ha establecido como una excepción a dicha regla, cuando del contenido de la demanda el Juez de amparo advierte que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues en ese caso el amparo si es procedente; sin embargo, dichas acepciones "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que a su vez debe entenderse como aquella dilación que muestra el retardo en el camino procesal de forma que su desarrollo resulte superior al normal que debe llevarse en los procedimientos jurisdiccionales, causa de motivación prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que impone tomar en cuenta la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso determinado. Ahora bien, la omisión reclamada en esta vía no encuadra dentro de la regla ni excepción antes apuntadas, porque no es un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los tratados internacionales de los en que el Estado Mexicano es parte; por lo que no se está en retardo injustificado en la administración de justicia, toda vez que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 debían calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo "un llamamiento a los países para que adopten medidas urgentes y agresivas", entre las que estuvieron las suspensiones de actividades de los órganos jurisdiccionales. Motivo por el cual en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de Salubridad General y el Secretario de Salud han emitido diversos acuerdos para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destaca la adopción de medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para asegurar la continuidad de las actividades catalogadas como esenciales, dentro de las que se incluyó a la procuración e impartición de justicia, por dicho motivo, la dilación en acordar el incidente no especificado que promovió sobre incremento al salario en ocho de octubre del año en curso, dentro del juicio de origen, aún se encuentra dentro del concepto de plazo razonable, tomando como punto de partida que desde el diecisiete de marzo del año en curso, se suspendió la actividad jurisdiccional, reanudándose el tres de agosto del año en curso. De ahí, que el suscrito juzgador considera que la dilación procesal que se atribuye a la autoridad laboral no actualiza, por ahora, el supuesto de vulneración de derechos fundamentales. Lo antes expuesto, tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, (registro 2011580), página 1086, con el título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. Ello es así, porque el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la omisión de acordar el incidente no especificado que promovió sobre incremento al salario en ocho de octubre de dos mil veinte, en el juicio laboral del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje; lo que de ninguna manera implica una dilación al procedimiento. Esto, ya que para efectos de la promoción del juicio biinstancial contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudo, o cualquier otra diligencia, deberá transcurrir al menos cuarenta y cinco días, si se toma en cuenta que es precisamente ese lapso el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil. Al respecto, es oportuno invocar la Jurisprudencia 2ª./J. 33/2019 (10ª) de la Segunda Sala, publicada el uno de Marzo de 2019, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época (2019400), cuyo rubro es : "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." Por tanto, es evidente la razonabilidad en la supuesta tardanza de emitir dicha determinación en el juicio natural, entonces, no ha lugar a estimar atentados los derechos tutelados por el numeral 17 Constitucional, ya que no se trata de una abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", para que entonces así, sea dable la admisión de la demanda de amparo de cuenta. Por tanto, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por Úrsula Lara Hernández. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Asimismo, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizado legal los que refiere en la demanda de mérito. En otro aspecto, para evitar dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este Juzgado de Distrito En la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 11,832 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano