Ursula Bianca López Jiménez
Expediente 1061/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1061/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ursula Bianca López Jiménez
- Ursula Bianca López Jiménez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mesa I-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil diecisiete. En atención a la cuenta que antecede... Se declara que ha causado estado en el presente asunto. archívese el expediente principal como asunto concluido. Conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del mencionado acuerdo. [...] Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Mesa I-A "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Con las constancias descritas en la cuenta, fórmese el expediente 1061/2017 para actuar en éste. Ahora bien, como de la revisión de las constancias se observa que la titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, declinó la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por **************, porque se encuentra relacionado con el diverso juicio de amparo 446/2015, del índice de este juzgado, promovido por Automotriz Albra, sociedad anónima de capital variable, en el cual se reclamaron actos derivados del juicio laboral 1523/2012 (2); circunstancias que adecuan a la hipótesis prevista en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, dígase a la referida titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, que este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del juicio de amparo 997/2017 y se ordena acusar el recibo correspondiente. Continúese el trámite del juicio, sin incidente de suspensión, por así haberlo acordado la jueza Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Mediante oficio que se gire a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, hágase de su conocimiento que deberá efectuar el registro correspondiente de este juicio de amparo para la compensación respectiva. En otro aspecto, visto el segundo oficio de cuenta del secretario de acuerdos del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, téngasele remitiendo el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el mismo y téngase como prueba de la junta responsable, la documental que remite con su informe. Por otra parte, el análisis del informe justificado de cuenta y sus anexos, conduce al suscrito a señalar que ha sobrevenido una causa de improcedencia que impide continuar con la tramitación del presente asunto. En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues está probado que lo reclamado a la autoridad responsable cesó en sus efectos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En el caso concreto, la quejosa reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, la omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral 1523/2012 (2). En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se anticipó- está probado que la referida junta dictó laudo el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, en el expediente laboral 1523/2012 (2), queda claro que cesaron los efectos del acto reclamado. Esta determinación deriva de los criterios adoptados en las tesis de jurisprudencia citadas, en cuanto precisan el contenido de la causal de improcedencia prevista ahora en el artículo 61, fracción XXI de la nueva Ley de Amparo (antes artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada). Por tanto, se estima procedente sobreseer fuera de audiencia con base en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Domicilio y autorizados del quejoso. Se tiene a la quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y por autorizados para tales efectos a las personas que señala. Notifíquese personalmente a la quejosa.
- Principal
Mesa I-A "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Con las constancias descritas en la cuenta, fórmese el expediente 1061/2017 para actuar en éste. Ahora bien, como de la revisión de las constancias se observa que la titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, declinó la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por **************, porque se encuentra relacionado con el diverso juicio de amparo 446/2015, del índice de este juzgado, promovido por Automotriz Albra, sociedad anónima de capital variable, en el cual se reclamaron actos derivados del juicio laboral 1523/2012 (2); circunstancias que adecuan a la hipótesis prevista en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, dígase a la referida titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, que este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del juicio de amparo 997/2017 y se ordena acusar el recibo correspondiente. Continúese el trámite del juicio, sin incidente de suspensión, por así haberlo acordado la jueza Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Mediante oficio que se gire a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, hágase de su conocimiento que deberá efectuar el registro correspondiente de este juicio de amparo para la compensación respectiva. En otro aspecto, visto el segundo oficio de cuenta del secretario de acuerdos del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, téngasele remitiendo el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el mismo y téngase como prueba de la junta responsable, la documental que remite con su informe. Por otra parte, el análisis del informe justificado de cuenta y sus anexos, conduce al suscrito a señalar que ha sobrevenido una causa de improcedencia que impide continuar con la tramitación del presente asunto. En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues está probado que lo reclamado a la autoridad responsable cesó en sus efectos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En el caso concreto, la quejosa reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, la omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral 1523/2012 (2). En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se anticipó- está probado que la referida junta dictó laudo el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, en el expediente laboral 1523/2012 (2), queda claro que cesaron los efectos del acto reclamado. Esta determinación deriva de los criterios adoptados en las tesis de jurisprudencia citadas, en cuanto precisan el contenido de la causal de improcedencia prevista ahora en el artículo 61, fracción XXI de la nueva Ley de Amparo (antes artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada). Por tanto, se estima procedente sobreseer fuera de audiencia con base en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Domicilio y autorizados del quejoso. Se tiene a la quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y por autorizados para tales efectos a las personas que señala. Notifíquese personalmente a la quejosa. SE NOTIFICÓ EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO
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