Uriel Vázquez Ramírez

Expediente 1168/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1168/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
16/10/2017

Partes del expediente

  • Uriel Vázquez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto, el estado que guardan los autos así como la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión dentro del término legal, en contra de la determinación de diecinueve de septiembre dos mil diecisiete, mediante la cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma ha causado estado; hágase del conocimiento a las autoridades responsables, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse decretado el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo, del artículo vigésimo primero del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, debiéndose conservar únicamente la determinación por la cual se concedió la suspensión provisional. En lo tocante al duplicado del incidente de suspensión, en cumplimiento también del referido acuerdo general, se establece que éste es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo complementario citado en el párrafo que antecede, por lo que se señala como fecha para tal efecto el ocho de marzo de dos mil dieciocho. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial de Toluca, Estado de México, el diecinueve de octubre de dos mil veinte. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el abogado autorizado del quejoso ********************, y anexo que acompaña; sin que se haga mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en diecinueve del mes y año que transcurre, se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Visto el oficio que suscribe la autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, mediante el cual rinde informe justificado; por tanto, agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Uriel Vázquez Ramírez, por propio derecho, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución de Sentencias, del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 19 y 20 constitucionales; por lo tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 1168/2017-D. Tramítese por duplicado y por separado el incidente de suspensión que se solicita. Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las once horas con diez minutos del veintinueve de septiembre dos mil diecisiete. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, las que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberán rendir dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciban el oficio en el que se les solicita, en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y de ser el caso, remitan copia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que se reclama, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisas se les impondrá una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se faculta a la actuaria de la adscripción, para que una vez apersonada en el domicilio en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables en este juicio de amparo, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a las disposiciones establecidas en la parte final del párrafo relativo al informe justificado. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Por el momento, no ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto las autoridades responsables rindan su informe justificado, y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. De igual forma, por el momento no se reconoce el carácter de tercero interesado al agente del ministerio público que hubiese tenido intervención en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, hasta en tanto se tenga certeza de la existencia del mismo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su intención la documental que acompaña a su escrito de demanda, sin perjuicio de ser tomada en consideración en su momento procesal oportuno. Asimismo, se advierte que la parte quejosa allegó en copia simple el documento mencionado en el párrafo relativo al capítulo de pruebas, para la formación de los cuadernos incidentales; por tanto procédase al cotejo de dichas constancias, para que sean valoradas dentro de dichos cuadernos, conforme al numeral 143 de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Óscar Javier Valenzuela Valenzuela y José Alfonso Ríos Galván; así como domicilio para tal efecto el que señala en su demanda. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Finalmente, en atención al acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, que prevé que los órganos jurisdiccionales están obligados a que los expedientes electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese.

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