Uriel Valencia Valencia
Expediente 52/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Uriel Valencia Valencia
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo, promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 52/2021. Incompetencia. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de cuenta se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: Autoridad responsable: Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: La prolongación de la prisión preventiva (mayor a dos años) que afecta su libertad. Lo que estima violatorio de los artículos 1, 14, 16, 17, 18 y 133 Constitucionales. Al respecto debe decirse que el ámbito competencial es de estudio preferente, por lo que este órgano jurisdiccional procede a examinar si resulta competente para conocer del presente asunto. En el particular, se tiene como señalamiento de autoridad responsable a la mencionada, con residencia en el estado de Jalisco, a quienes se reclaman actos relacionados con la causa penal de origen del índice del Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, en específico la prolongación de la prisión preventiva por más de dos años. Al respecto, este juzgador estima carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, atentas las razones de derecho que en seguida se exponen. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, numeral que a la letra dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del cual, se desprenden tres reglas básicas para fincar la competencia: Que será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Los supuestos en comento, tienen como finalidad la pronta y eficiente administración de justicia, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de Distrito lograr recabarlas con la eficiencia debida. Luego, debe destacarse que, lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. En cambio, la diferencia entre las reglas competenciales que sí la requieren (primera y segunda) no consiste en que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Por tanto, la primera hipótesis se refiere a todos los supuestos que requieran de ejecución pero presupone que ésta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realice en dos o más distritos. Finalmente, el tercer supuesto contenido en el artículo 37 de la ley de la materia, supone un cambio a favor del gobernado que tiene a su disposición el acceso al juicio de amparo sin atender a las reglas de territorialidad, siempre que lo que reclame "carezca de ejecución material" -entendida como la realización de acciones que producen un cambio material como consecuencia de la emisión del acto reclamado-. Establecidos los supuestos que fijan competencia por territorio, se advierte que en el caso concreto el quejoso se duele de la violación de los principios de presunción de inocencia, plazo razonable, dignidad humana, pro homine, entre otros, al estar sujeto a prisión preventiva que se ha prolongado por más de dos años, es decir, implican que la autoridad de instancia (Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco) en el ámbito de sus respectivas competencias acate estrictamente los plazos a que alude la ley, y emita la determinación de absolución o de condena del quejoso (sistema tradicional vigente antes del dieciocho de junio de dos mil ocho); lo que permite establecer que los actos impugnados tienen ejecución material en el estado de Jalisco. Por ello, en este panorama, lo correcto es que se atienda a la real y efectiva actualización de la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, por virtud de la cual, los actos de autoridad que requieren una concreción material, son competencia del Juez de Distrito, donde deban tener ejecución. En ese sentido, este órgano de control constitucional considera carecer de competencia para conocer del presente juicio de amparo, pues son actos que a la luz de la técnica jurídica de la vía de amparo, no son competencia de este Juzgado de Distrito. Lo anterior se sostiene puesto que, para valorar si es o no razonable el plazo transcurrido en un proceso penal sin que se hubiere dictado la sentencia definitiva, debe tomarse en cuenta que el quejoso refiere los siguientes antecedentes: Fue detenido el veintiséis de junio de dos mil ocho, por lo delitos de I) Delincuencia organizada; II) Portación de arma de fuego; así como III) Posesión de cartuchos y granadas; y, se le dictó sentencia condenatoria solo respecto de los dos últimos delitos. Luego de recurrir las resoluciones de condena respecto de los dos últimos delitos, quedó insubsistente la sentencia. Que a la fecha no ha sido sentenciado por el delito de delincuencia organizada, siendo que lleva doce años con seis meses, en prisión preventiva. Luego, para efectos de justificar o no la prolongación de la prisión preventiva, deben tomarse en cuenta los siguientes elementos: la complejidad del asunto: - Dificultad de las pruebas y de su desahogo; - La pluralidad de los sujetos procesales o la cantidad de víctimas; -El tiempo transcurrido desde la violación; - Las características del recurso correspondiente establecidas en la legislación y el contexto en el que ocurrieron los hechos b) La actividad procesal del interesado; y c) La conducta de las autoridades que participen en el juicio. Respecto de estos dos últimos elementos tendrá que estudiarse: -La conducta del inculpado en el proceso, en donde imperan su derecho de defensa, -La diligencia procesal del juzgador en la instrucción del juicio y de los diferentes recursos (valorando la complejidad del caso y la actividad investigativa) -El accionar de otras autoridades que puedan influir en el proceso. De ahí que, la prolongación de prisión preventiva reclamada implicaría que todas las autoridades de instancia, en el ámbito de sus respectivas competencia, queden vinculadas a emitir con prontitud las resoluciones faltantes y acatar estrictamente los plazos a que alude la ley, sin dilación alguna, para emitir la determinación sobre la culpabilidad o inculpabilidad del aquí quejoso. Sirve de apoyo por los criterios que expone la tesis 1a. XLI/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 449 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 2017 Tomo I, Libro 40, Materia Constitucional, Penal, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRISIÓN PREVENTIVA. ELEMENTOS QUE DEBE VALORAR EL JUZGADOR PARA DETERMINAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO PENAL SIN EL DICTADO DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA QUE JUSTIFIQUE LA PROLONGACIÓN DE DICHA MEDIDA CAUTELAR. Con fundamento en los artículos 16, 18, 19 y 20, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en atención a diversos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para valorar si es o no razonable el plazo transcurrido en un proceso penal sin que se hubiere dictado la sentencia definitiva para efectos de justificar o no la prolongación de la prisión preventiva, deben tomarse en cuenta los siguientes elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades que participen en el juicio. En relación con la complejidad del asunto deberán analizarse, entre otras cuestiones, la dificultad de las pruebas y de su desahogo; la pluralidad de los sujetos procesales o la cantidad de víctimas; el tiempo transcurrido desde la violación; las características del recurso correspondiente establecidas en la legislación y el contexto en el que ocurrieron los hechos. De la actividad procesal del interesado y la actuación de las autoridades, tendrá que estudiarse la conducta del inculpado en el proceso, en donde imperan su derecho de defensa, así como la diligencia procesal del juzgador en la instrucción del juicio y de los diferentes recursos (valorando la complejidad del caso y la actividad investigativa) y el accionar de otras autoridades que puedan influir en el proceso. En ese sentido, no podrá justificarse la prolongación de la prisión preventiva por la utilización de los recursos procesales previstos normativamente por el inculpado; sin embargo, sí podrá permitirse la continuación de tal medida cautelar si el imputado ha obstaculizado, deliberadamente, el transcurso del juicio. Ilustra lo expuesto la tesis 1ª. CXXXVIII/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 499 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 2012, Tomo 1, Libro XI, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA CONCESORIA DE AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMA EL CESE DE LA PRISIÓN PREVENTIVA POR HABER TRANSCURRIDO "UN PLAZO RAZONABLE" EN SU DURACIÓN. El hecho de que transcurra un "plazo razonable" después de dictado el auto de formal prisión, sin que el procesado que se presume inocente esté ejerciendo su derecho de defensa o aun ejerciéndolo hubiera transcurrido un lapso excesivo en relación con lo dispuesto en la ley y todavía no exista decisión sobre su culpabilidad o inculpabilidad, puede dar cabida a considerar violados los principios de presunción de inocencia, plazo razonable, dignidad humana y pro homine, emanados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que cuando en el amparo se reclama la violación a dichos principios y se otorga al quejoso sujeto a prisión preventiva la protección constitucional, sus efectos, conforme a la norma constitucional vigente antes del 18 de junio de 2008 -sistema penal anterior al nuevo acusatorio adversarial-, implicarían que todas las autoridades de instancia, en el ámbito de sus respectivas competencias, queden vinculadas a emitir con prontitud las resoluciones faltantes y acatar estrictamente los plazos a que alude la ley, sin dilación alguna; donde la carga de trabajo, la dificultad del asunto o cualquier otra circunstancia no podría ser un argumento válido para aplazar cualquier determinación de absolución o de condena. Por otro lado, cuando resulten aplicables las reformas a la Constitución General de la República publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que instauran el nuevo sistema penal acusatorio, si ha transcurrido un plazo superior a 2 años, el imputado no está ejerciendo su derecho de defensa y no se ha pronunciado sentencia, el efecto de la concesión del amparo será ponerlo en libertad de inmediato mientras se continúa con el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares conforme al artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Ley Fundamental." Lo resaltado es propio. De ahí que, al tomar en consideración que los actos son emitidos por autoridades con sede en el estado de Jalisco, teniendo ahí su principio de ejecución y encontrándose además ejecutando por responsables con sede en esa entidad federativa, atenta además la naturaleza de los actos reclamados, es inconcuso que sobre dicho territorio no ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, en tanto que la competencia para conocer de la demanda de amparo propuesta se circunscribe al lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se esté ejecutando el acto reclamado, como en el caso que nos ocupa. Aunado a que, como se destaca, la ejecución material se llevará en el estado de Jalisco, toda vez que es allá donde deberá realizarse el análisis de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodena el proceso, para la determinación de la prolongación de la prisión preventiva; siendo evidente que conforme a los antecedes de los actos impugnados, de éstos deba conocer un Juzgado con competencia en ese lugar. Por ende, tales actos precisan de ejecución material y no son simplemente de carácter declarativo, pues a virtud de los mismos, el quejoso queda sujeto a la potestad del Juez de la causa donde se tramita el proceso penal que se le instauró. Sirve de apoyo por los criterios que expone la Jurisprudencia 1ª./J.118/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2183 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre 2011, Libro III, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." En ese mismo sentido, sirve de apoyo por los criterios que expone la Jurisprudencia PC.XVI.P. J/6 P (10a.) de Plenos de Circuito, consultable en la página 2451 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre 2011, Libro 71, Octubre de 2019 Tomo III Materia Común, Penal, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE DECRETA COMO MEDIDA CAUTELAR LA PRISIÓN PREVENTIVA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA CAUSA PENAL, AUNQUE NO COINCIDA CON LA DEL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL QUEJOSO. Cuando en un juicio de amparo se señale como acto reclamado la determinación del Juez de Control en la que decreta la medida cautelar de prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda es el que tiene jurisdicción sobre el tribunal que conoce de la causa penal, aun cuando la jurisdicción no coincida con la del lugar de reclusión del quejoso, pues los efectos de la medida se trasladan directamente al proceso, dado que la prisión preventiva busca garantizar la comparecencia del imputado al juicio, el desarrollo de la investigación y la protección a la víctima, a los testigos y a la comunidad; en tanto que la reclusión física es sólo una consecuencia. Esta interpretación, además, es acorde con el principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal y que busca conservar la unidad del proceso." (El énfasis añadido es propio). Así, por las características y naturaleza del punto que se dilucida en este asunto, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la ejecución material donde tendrá verificativo la valorar si es o no razonable el plazo transcurrido en un proceso penal sin que se hubiere dictado la sentencia definitiva al quejoso, para emitir, en su caso, la determinación sobre la culpabilidad o inculpabilidad. Por lo que, como quedó establecido con anterioridad, el Juez competente para conocer de la presente demanda de amparo se considera lo es el del lugar en donde tenga verificativo la ejecución de los actos reclamados, o sea, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside el Juez de primera instancia (Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco) que conoce del proceso penal de donde deriva el mismo, pues será ante quien materialmente se lleven al cabo los efectos jurídicos de los actos impugnados, que quedaron debidamente especificados en apartados precedentes. En tal virtud, conforme a los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia por razón de territorio para conocer del presente asunto; por tanto, remítase el presente juicio de amparo al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco en Turno, con residencia en Puente Grande, a quien se considera legalmente competente para conocer del asunto, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas y hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno que corresponda. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el interior del Centro de Reinserción Social en el que se encuentra recluido, por así haberlo señalado expresamente. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza al actuario y/o secretario judicial para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente.
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