Uriel Santiago Lazaro

Expediente 459/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
459/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
05/10/2021

Partes del expediente

  • Uriel Santiago Lazaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA V ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria, se encuentra o no cumplida. En el caso, por sentencia firmada el treinta de julio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Uriel Santiago Lazaro, para que la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 200/2008, de su índice. Emitiera una nueva conforme a derecho corresponda, en la que considerara que el incidente de nulidad de notificaciones promovido por el quejoso, fue presentado en tiempo y forma, y procediera en consecuencia. En ese contexto, del examen de las constancias acompañadas por la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte el acatamiento del fallo protector. Lo anterior, pues mediante acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 200/2008, y en su lugar determinó declarar procedente el incidente de nulidad de notificación planteado por la aquí parte quejosa y como consecuencia de ello, ordenó la notificación del auto de diez de octubre de dos mil nueve y del citado acuerdo de seis de septiembre de esta anualidad a Uriel Santiago Lázaro, en el nuevo domicilio autorizado. Por tanto, con apoyo en los artículos 196, tercer párrafo y 214, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, al atenderse sus efectos, sin excesos ni defectos. En tales condiciones, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra pendiente a) cumplir determinación judicial ni devolver documentos originales; b) que este juicio de amparo se tramitó sin incidente de suspensión, c) tampoco falta firma alguna y el expediente está foliado, rubricado y entresellado, archívese el presente asunto como concluido. Por ello, con fundamento en el artículo 18 fracción I, inciso b) del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y atendiendo a que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado en el juicio de garantías, este expediente es depurable, después de tres años. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, informa haber dado cumplimiento al fallo protector. En vista de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de este acuerdo, exprese lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio, se procederá a analizar el cumplimiento de la citada sentencia. Se ordena al Actuario al que este expediente corresponda, proceder en términos del artículo 27 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, esto es, deberá deducir copia del presente acuerdo, así como copia certificada de la resolución que en pretendido cumplimiento remite la autoridad responsable, las cuales deberá entregar a las partes, expresando en el acta respectiva, de manera indubitable, la entrega de tales documentos; todo lo cual quedará bajo su responsabilidad como notificador. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial y tomando en cuenta que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia en la que por una parte sobreseyó en el juicio y por otra concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. Hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la JUNTA DE ARBITRAJE PARA LOS EMPLEADOS AL SERVICIO ESTADO DE OAXACA, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, cumpla(n) con la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, y remita(n) en el mismo plazo copia certificada de las determinaciones que dicte al efecto. Se apercibe a la(s) referida(s) responsable(s) que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado supra líneas, y si informan actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, se le(s) impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, equivalente a $8,962.00 moneda nacional (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos, cero centavos, moneda nacional)1; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física nombrada por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representa; lo cual no se prejuzga. 1 Atendiendo a que dicha medida asciende a $89.62 M.N. (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos, moneda nacional), o su equivalente en términos de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA V.B ...Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo número 459/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y remitida a este Juzgado el mismo día, Uriel Santiago Lázaro, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de los integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca; y Actuaria Adscrito, a quienes les reclamó: "IV. ACTOS RECLAMADO: Señalo como acto reclamado los siguientes: PRIMERO. - El proveído de fecha 31 de marzo del 2021, el cual me fue notificado el día 8 de abril de 2021; y en el que la autoridad responsable, emite acuerdo fundándolo en el artículo 90 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio, y determina que no ha lugar a tramitar el incidente de nulidad de actuaciones solicitado por el suscrito, por haber prescrito mi derecho a interponerlo; no obstante que la propia autoridad señala que efectivamente el proveído de fecha 30 de septiembre de 2015 fue notificado en domicilio diverso al señalado en autos del expediente laboral 200/2008; es decir fue realizado en el domicilio ubicado en la avenida morelos cuando en autos yo tengo señalado para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Armenta y López; siendo que la autoridad laboral debió declarar procedente e incidente planteado al haberlo realizado el actuario de la Junta la notificación en diverso domicilio al que tengo señalado en autos del expediente laboral, es decir fueron hechas sin apego a lo establecido en los artículos 739, 741, 742, 743, 744, 745, 747, 748, 749, 750, 751 y 752 de la Ley Federal del Trabajo aplicada por mayor equidad jurídica; por tanto esa autoridad laboral debió tomando en cuenta lo establecido en el artículo 1º de la Constitución Federal y velar por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, así como en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable a la tutela del gobernado." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa estima que se violan en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, se registró la demanda con el número 459/2021, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se otorgó la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la adscripción, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Previos diferimientos, la audiencia constitucional tuvo verificativo en sus fases de pruebas y alegatos, conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de forma precisa y clara el acto reclamado a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca; y Actuaria adscrita. De las constancias de autos se desprende que el acto reclamado es: -La resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 200/2008. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Actuario Habilitado de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado; sin embargo, el acto reclamado consistente en el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 200/2008, fue emitido por los integrantes de la Junta para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca; y no por el actuario. En esas condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado atribuido a la mencionada autoridad responsable, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la Presidenta de la Junta para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, convino en la existencia del acto reclamado consistente en la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 200/2008, de su índice. Lo que además se corrobora con las copias certificadas que remitió. Constancias que, por su carácter de documental pública, adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. En el presente caso se destacan los siguientes antecedentes. 1. El quejoso Uriel Santiago Lázaro, en el juicio de amparo 912/2015, del índice de este órgano jurisdiccional, impugnó la resolución de cinco de junio de dos mil quince, dictada en el expediente laboral 200/2008, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, en donde se le concedió el amparo y protección de la justicia federal. 2. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo 912/2015, se dejó sin efectos el acto reclamado y en su lugar se dictó la resolución de treinta de septiembre de dos mil quince; por lo que, en el referido juicio de amparo, el dos de octubre de dos mil quince, se ordenó darle vista al quejoso con la resolución en copias certificadas. Sin embargo, el seis de octubre de dos mil quince, al presentarse el actuario judicial adscrito a este juzgado encontró cerrado el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones y acuerdos; motivo por el cual dejó aviso para que el quejoso o sus autorizados acudieran al juzgado a notificarse, al no hacerlo, el nueve de octubre de dos mil quince, se listó el acuerdo de dos de octubre de dos mil quince. 3. El cuatro de enero de dos mil dieciséis, se declaró por cumplida la sentencia dictada en el juicio de amparo 912/2015, del índice de este órgano jurisdiccional. 4. El veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el quejoso Uriel Santiago Lázaro, promovió incidente de nulidad de actuaciones y sus consecuencias legales que son dejar sin efecto la notificación de treinta de septiembre de dos mil quince, del auto de treinta de septiembre de dos mil quince, dictado en el expediente laboral 200/2008, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca. 5. El veintitrés de octubre de dos mil veinte, solicitó se acordara su incidente de nulidad de actuaciones. 6. Ante tal circunstancia promovió el juicio de amparo 133/2021, del índice de este órgano jurisdiccional en donde señaló como acto reclamado la omisión de acordar su incidente de nulidad de actuaciones, mismo que le fue sobreseído porque el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable se pronunció al respecto. 7.- La resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, es del tenor siguiente: "Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas", Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, a treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los presentes autos, es necesario, dejar asentado que mediante proveídos de: diecinueve de marzo; catorce de abril; cuatro de mayo; uno, quince y treinta de junio; quince y treinta y uno de julio; diecisiete y treinta y uno de agosto; quince y treinta de septiembre; quince de octubre; tres y diecisiete de noviembre; uno y treinta de diciembre de dos mil veinte; quince y veintinueve de enero; quince y veintiséis de febrero; y doce de marzo de dos mil veintiuno, los Integrantes de esta Junta de Arbitraje, suspendieron actividades laborales, jurisdiccionales y administrativas en sede jurisdiccional y administrativa, y no corren plazos y términos procesales del veinte de marzo de dos mil veinte al cinco de abril de dos mil veintiuno, con motivo de la declaratoria de epidemia por enfermedad grave, generada por el virus SARS-Cov2, hecha por el Consejo Nacional Médico el treinta de marzo de dos mil veinte. (.) Agréguese a los autos dos ocursos; el primero y segundo, escritos de Uriel Santiago Lázaro, recibidos el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve y tres de noviembre de dos mil veinte, respectivamente. Visto su contenido, se tiene al actor promoviendo incidente de nulidad de actuaciones, haciéndolo consistir, en síntesis, que de la razón actuarial de treinta de septiembre de dos mil quince, se advierte que la notificación del acuerdo de esa misma data, dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo indirecto 912/2015, del índice del juzgado Octavo de Distrito, por el que se ordenó dejar insubsistente la determinación de cinco de junio de dos mil quince, reclamada y emitir otra en la que, con plenitud de jurisdicción de manera fundada y motivada, esta Junta de Arbitraje, se pronunciara acerca de la prescripción de la ejecución de la resolución de laudo en los términos señalados, ordenándose el archivo del presente expediente, no fue realizada conforme a lo establecido por los diversos artículos 741, 742, 744 y 746 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, se da cuenta con el estado procesal de los autos, de los que se advierte que por acuerdo de treinta de septiembre de dos mil quince, en cumplimiento a la ejecutoria de treinta y uno de agosto de dos mil quince, dictada en el juicio de amparo 912/2015 del índice del Juzgado Octavo de Distrito, se dejó insubsistente el proveído de cinco de junio de dos mil quince; y esta Junta de Arbitraje, con plenitud de jurisdicción de manera fundado y motivada, se pronunció acerca de la prescripción de la ejecución de la resolución del laudo de diecisiete de febrero de dos mil once, ordenándose el archivo del presente expediente como total y definitivamente concluido, proveído que fue notificado a la parte actora como obra en la razón actuarial de treinta de septiembre de dos mil quince e, informado a ese Órgano jurisdiccional, mediante libelo 2937 de treinta de septiembre de dos mil quince. Asimismo, mediante oficio 2938 de primero de octubre de dos mil quince, se remitieron al Juzgado Octavo de Distrito, las constancias de notificación del proveído de treinta de septiembre de dos mil quince, realizada a la parte actora, recayendo el acuerdo de dos de octubre de dos mil quince, dictado en el juicio de amparo 912/2015 por el que el Titular de ese Órgano Jurisdiccional, dio cuenta con los oficios 937 y 938 de cita, ordenando dar vista de los oficios y anexos, al ahí quejoso Uriel Santiago Lázaro y a la tercera interesada, a efecto de que en el término de tres días hábiles, expresaran lo que a su derecho conviniera; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio, se procedería a analizar el cumplimiento de la citada sentencia. De igual modo, el Juez Quinto (sic) de Distrito, por acuerdo de cuatro de enero de dos mil dieciséis, emitido en el juicio de amparo 912/2015 de cita, dio cuenta con la notificación al ahí quejoso Uriel Santiago Lázaro, del acuerdo de dos de octubre de dos mil quince y anexos, realizada el nueve de octubre de dos mil quince, procediendo, de acuerdo con las constancias que obran en autos de ese juicio de amparo, ante el silencio del ahí quejoso, a declarar cumplida la ejecutoria dictada en ese juicio de amparo, al atenderse los efectos ordenados en la ejecutoria referida. Finalmente, por acuerdo de once de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Quinto (sic) de Distrito en el multicitado juicio de garantías, al advertir que transcurrió el término concedido por el artículo 192 de la Ley de Amparo, sin que se promoviera el recurso de inconformidad respecto a su acuerdo de cuatro de enero de dos mil dieciséis, por el que tuvo a esta Junta de Arbitraje cumpliendo con la ejecutoria de amparo, declaró firme el citado proveído, ordenando el archivo del mismo como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, respecto a la notificación realizada a la parte actora de la que se duele en el primero ocurso de cuenta, debe decirse que si bien es cierto, el proveído de treinta de septiembre de dos mil quince, fue notificado en diverso domicilio, lo cierto es que ésta, tuvo conocimiento del mismo, el nueve de octubre de dos mil quince, fecha en que el Juzgado Quinto (sic) de Distrito en el juicio de garantías 912/2015, notificó al ahí quejoso Uriel Santiago Lázaro, del proveído y anexos del acuerdo de dos de octubre de dos mil quince, por el que el Juez de Distrito dio cuenta con los oficios 937 y 938 de cita, ordenando dar vista al ahí quejoso, a efecto de que en el término de tres días hábiles, expresara lo que a su derecho conviniera; por lo que no es verdad que el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en que dice se constituyó el actor en las instalaciones de esta Junta, fue cuando tuvo conocimiento del auto de treinta de septiembre de dos mil quince. Asimismo, toda vez que ese órgano jurisdiccional, tuvo por cumplida la ejecutoria de mérito, en virtud de no haberse pronunciado el ahí quejosa en contra del proveído de treinta de septiembre de dos mil quince, del cual se infiere, tuvo conocimiento a través de la notificación de nueve de octubre de dos mil quince realizada por dicho juzgado de distrito, se colige que dicho auto tiene fuerza de cosa juzgada, pues las actuaciones en un proceso, causan estado formal por el transcurso del tiempo y el no ejercicio de recurso alguno, como en el caso acontece. En ese sentido, destaca que a la fecha han transcurrido en exceso, el término genérico concedido por el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que el actor o su apoderado legal, se pronunciaran en contra de la notificación de cita, por lo que es inconcuso que se trata de un acto consentido, debiendo reputarse como tal, aquél que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hace una simple manifestación de inconformidad, como en el caso acontece, no produce efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar dicha determinación, lo que se traduce en consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz. A mayor abundamiento, son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueve dentro del término concedido al efecto, recurso alguno y por tanto, si el peticionario solicita una cuestión que entraña una reiteración de un acto o determinación diverso que conoció oportunamente como en el caso acontece y omitió controvertir dentro del término legal mediante el incidente planteado, dicha notificación, también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud para reactivar los plazos procesales para la interposición del incidente planteado, lo cual atentaría contra los principios de seguridad y certeza jurídica. Atento a lo anterior, si conforme al artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, establece un plazo genérico de tres días hábiles para la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho cuando no tenga fijado alguno, pero no prevé el momento a partir del cual inicia ni cuándo fenece, por lo cual debe tenerse en cuenta el contenido del Título Catorce (Derecho Procesal del Trabajo) Capítulo VI (de los términos procesales), de la Ley Federal del Trabajo, específicamente el artículo 733 que ordena que en el procedimiento laboral los plazos comenzarán a correr el día siguiente al en que surta efectos la notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento, y el diverso 764, del cual se advierte que el elemento que debe atenderse para considerar que surte efecto una notificación mal hecha u omitida, es el relativo al momento en el que el afectado tiene conocimiento de la actuación procesal, es decir, el momento en el que se ostenta sabedor de ella. En tal virtud, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el procedimiento laboral deberá promoverse dentro del plazo genérico de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que el afectado tenga conocimiento o se manifieste sabedor de la actuación procesal cuya nulidad promueve, y se contará el día de su vencimiento, consiguientemente, del nueve de octubre de dos mil quince, en que la parte actora tuvo conocimiento del proveído de treinta de septiembre de esa anualidad, al veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, ha transcurrido en exceso el término que le concede el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, para interponer el incidente que plantea, con fundamento en el artículo 90 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, no ha lugar a tramitar el incidente de nulidad de actuaciones solicitado en el primer y segundo ocurso de cuenta, por haber prescrito su derecho a interponerlo. Por otra parte, toda vez que el presente expediente, se encuentra archivado, NO HA LUGAR, a tenerle señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados para tal efecto, por lo que se ordena devolver los autos del presente expediente, al archivo de esta Junta de Arbitraje. En otro orden de ideas, a efecto de no dejar a la parte actora en estado de indefensión y evitar transgresión de derecho aluno, por única ocasión, SE ORDENA NOTIFICAR el presente acuerdo por única ocasión, en el domicilio ubicado en Ignacio Comonfort número 211 (cerro del fortín, Centro, Oaxaca de Juárez, autorizando para recibirla indistintamente a los CC. Abogados Gerardo Ángeles Ramírez, Noemí Ramírez Sánchez, Ramiro Martínez Contreras, Osvaldo Niño Hernández, Jesús Javier Hernández García y/o Raúl Pérez Juárez, como refiere el actor en el primer escrito de cuenta. (.)" SEXTO. Estudio del fondo del asunto. Antes que todo, este Juzgado Federal considera pertinente dejar asentado que al ser el quejoso la parte trabajadora en el juicio laboral de origen es procedente suplir la deficiencia de la queja en caso de estimarlo necesario, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 173/2009, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN AMPARO LABORAL. PROCEDE CUANDO EL QUEJOSO Y EL TERCERO PERJUDICADO SON TRABAJADORES. En congruencia con la evolución histórica de la institución de la suplencia de la queja deficiente, se concluye que el beneficio procesal basado en el principio de justicia distributiva se instituyó en el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, exclusivamente en favor de la clase trabajadora que acude al juicio de garantías como parte quejosa o como tercero perjudicada, de manera que cuando sean trabajadores quienes acudan con el carácter de quejoso y tercero perjudicado, y aun cuando ninguna de las partes se coloca en una situación de desigualdad jurídica que requiera equilibrarse, subsiste la desventaja técnico procesal que tanto el Poder Revisor de la Constitución como el legislador ordinario tomaron en cuenta para establecer la obligación de suplir la deficiencia de los planteamientos que la parte obrera realice dentro del juicio de garantías, dando lugar a que en estos casos opere respecto de ambas partes, con el fin de tutelar sus derechos laborales, lo que se traduce en que el juzgador federal resuelva la litis constitucional que incide en el ámbito laboral atendiendo a los fines de la justicia distributiva, confiriendo un trato igual a los iguales que permita velar por la constitucionalidad de los actos emitidos por los órganos del Estado que afectan derechos laborales". Asimismo, conviene precisar que para realizar un mejor estudio del asunto los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa serán analizados en conjunto o en un orden diverso al propuesto por el quejoso, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Sentado lo anterior, se tiene que los conceptos de violación suplidos en su deficiencia, resultan fundados y suficientes para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. En el presente caso, la resolución reclamada vulnera en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en particular el principio de seguridad jurídica, en virtud de los razonamientos vertidos por la autoridad responsable en dicha resolución. Al respecto, la autoridad responsable determinó que no ha lugar a tramitar el incidente de nulidad de actuaciones solicitado, porque prescribió su derecho a interponerlo; ya que el quejoso Uriel Santiago Lázaro, en el juicio de amparo 912/2015, del índice de este juzgado, se ostentó sabedor desde el nueve de octubre de dos mil quince, de la resolución de treinta de septiembre de dos mil quince, dictada en el expediente 200/2008 emitida por la Junta para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca; y contra dicha resolución promovió el incidente de nulidad. En ese sentido, no le asiste razón a la autoridad responsable, porque el hecho de ostentarse sabedor, no debe inferirse con base en presunciones, sino que el conocimiento de la parte quejosa, respecto de la resolución contra la que promovió el incidente de nulidad, debe de tener conocimiento directo, exacto y completo, es decir no deben existir dudas de que realmente sí haya conocido el acto materia del incidente de nulidad. Por lo anterior, se precisa que para esta juzgadora constituye un hecho notorio que en este órgano jurisdiccional se tramitó el juicio de amparo 912/2015 y que en el mismo se aprecia que la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria del citado juicio, remitió copia certificada de la resolución de treinta de septiembre de dos mil quince, dictada en el expediente laboral 200/2008 y constancias de notificación; con las cuales se ordenó dar vista a la parte quejosa Uriel Santiago Lázaro, y le fuera entregada la resolución y sus anexos. Sin embargo, no fue posible hacer entrega de las copias certificadas porque el actuario judicial adscrito el seis de octubre de dos mil quince, encontró cerrado el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones y acuerdos; motivo por el cual dejó el aviso correspondiente para que dentro del término de dos días hábiles siguientes acudieran a notificarse al órgano jurisdiccional y como no acudieron, al tercer día nueve de octubre de dos mil quince, se publicó por lista el acuerdo con el cual se ordenó darle vista. En ese contexto, se aprecia que la notificación de nueve de octubre de dos mil quince, se trata de una notificación por lista. Por lo tanto, el quejoso, no tuvo conocimiento exacto y completo, porque en ningún momento se aprecia que se le haya entregado copias certificadas de la resolución de treinta de septiembre de dos mil quince, dictada en el expediente laboral 200/2008 y sus anexos, por lo que no pudo constatar los fundamentos, motivos y circunstancias específicas de la citada resolución. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita Uriel Santiago Lázaro, contra el acto reclamado consistente en la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 200/2008, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca. SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para que la autoridad responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, proceda en los términos siguientes: 1) Deje insubsistente la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 200/2008, de su índice. 2) Emita una nueva conforme a derecho corresponda, en la que considere que el incidente de nulidad de notificaciones promovido por el quejoso, fue presentado en tiempo y forma, y proceda en consecuencia. OCTAVO. Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. NOVENO. Captura del fallo en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por Uriel Santiago Lázaro, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Uriel Santiago Lázaro, en términos de los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad, dese cumplimiento a los dos últimos considerandos de esta determinación, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE DETERMINACION SE PUBLICO EL DIA DE HOY DEBIDO A QUUE FUE AUTORIZADO EL DIA TRES DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO Y EN TERMINOS DEL ARTICULO 24, 29 Y 31 DE LA LEY DE AMPARO)

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