Uriel Rosas López y Otros.
Expediente 827/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 827/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Uriel Rosas López y Otros.
Actuaciones
- Principal
PRAL 827/2019 MESA 4-B° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de octubre de dos mil diecinueve. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veinticinco de septiembre del año en curso (fojas 20 a 25), en la que se desechó la demanda de amparo promovida por ***por propio derecho y en representación de la menor de iniciales ***., sin que se hubiera interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo, no obstante haber quedado notificado por lista de acuerdos el veintiséis de septiembre de este año (foja 25 reverso). 2. Causa estado desechamiento. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. 3. Publicación de datos personales. Como el quejoso no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 6. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 7. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 8. Se dejan a disposición documentales. Con apoyo en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se deja a disposición de la parte quejosa las documentales que acompañó a su demanda de amparo, consistentes en el 1) acuse del escrito fechado el diecinueve de agosto del año en curso (fojas 10 a 12) así como sus anexos (fojas 13 a 17); por el plazo de noventa días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, para lo cual, deberá acudir a este órgano jurisdiccional (en horas hábiles) a recoger dichas documentales, previa copia que de dichos documentos exhiba, identificación y razón de entrega que se deje en autos; apercibida que de no solicitarlas dentro de ese plazo, podrán ser destruidas junto con este expediente. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa (foja 2). Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA URIEL ROSAS LÓPEZ, POR HABER SEÑALADOS LOS ESTRADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.- PRLA.827/2019-4B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. 1. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo escrita presentada el veintitrés de septiembre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca y turnada el veinticuatro de septiembre siguiente a este órgano jurisdiccional, promovida por Uriel Rosas López, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales V.R.C., contra actos del juez Primero de lo civil del distrito judicial de la Villa de Etla, Oaxaca y de otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro respectivo con el número 827/2019. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Análisis de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se realiza el análisis de la promoción inicial constitucional, de la que se advierte lo siguiente: 3.1. Actos reclamados. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en este juicio de amparo, consiste en (fojas 2 a 9): El acuerdo de veinte de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 298/2019, acumulado al expediente 331/2019, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial de la Villa de Etla, Oaxaca; que atribuyó a la juez y actuario adscritos a dicho órgano jurisdiccional (foja 3). 3.2. Antecedentes del acto reclamado. La parte quejosa manifestó, en lo sustancial, bajo protesta de decir verdad, que constituye confesión de su parte, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo siguiente: a) Mediante escrito de diecinueve de agosto de este año (fojas 10 a 12), 1) realizó diversas manifestaciones en atención a la vista que le otorgó la juez Primero de lo Civil del distrito judicial de la Villa de Etla, Oaxaca, con la propuesta formulada por Alejandra Cortés Salvador; 2) exhibió diversas documentales y 3) solicitó que señalara fecha y hora para que tuviera verificativo el desahogo de escucha de la menor V.R.C., a efecto de determinar sobre la recomendación del perito psicólogo, tendiente a disminuir la convivencia de la menor con su madre (fojas 10 a 12). b) En atención al citado ocurso, mediante acuerdo de veinte de agosto del año en curso, dictado en el expediente 298/2019, acumulado al expediente 331/2019, de su índice, la juez responsable determinó lo siguiente (foja 17): ".no es posible acordar favorablemente su petición en relación a escuchar nuevamente a su menor hija, ya que esta autoridad en ningún momento solicitó la intervención del Psicólogo que refiere, para efectos de opinar en relación al régimen de convivencia fijada; pues de autos se desprende que la escucha de su menor hija se celebró cubriendo las formalidades establecidas en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, en presencia del personal actuante, así como de la Agente del Ministerio Público y de una Psicóloga especializada para intervenir en esta clase de asunto, en donde esta autoridad tomó en cuenta la (sic) manifestaciones tanto de los litigantes como de su menor hija, para establecer un régimen de convivencia entre la menor de edad y su progenitora, por ende no es factible llevar a cabo nuevamente la escucha de su menor hija, ya que esta autoridad evita en lo más posible revictimizarla y para el caso de someterla nuevamente a una escucha, atentaría el propio interés superior de la infancia, por ende, se ordena requerir al promovente a fin de que en la medida de lo posible promueva e induzca sanamente la convivencia entre su menor hija y su progenitora, dado que el derecho de convivencia tiene como finalidad fortalecer los lazos afectivos entre la menor de edad y la madre no custodia, además de que constituye un elemento fundamental en la vida familiar de la menor, por ende ese derecho de convivencia familiar debe garantizarse, pues para el caso de que ese derecho se vea coartado es evidente que con ello se ocasiona un daño a la menor de edad de iniciales VRC., pues la convivencia se contribuye a un desarrollo integral de los infantes; sin embargo la prohibición de la misma tendría un impacto negativo en la personalidad que la menor de edad vaya asumiendo, ya que la figura materna es muy importante. Respecto al proceso de sanación que indica, se le reitera que en la audiencia de carácter familiar desahogada en autos, se determinó que deberían justificar su asistencia a terapias y por ende con la constancia que exhibe, únicamente se le tiene justificando la asistencia a las mismas.". c) Determinación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo, misma que le fue notificada el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. 4. Desechamiento de la demanda de amparo. Respecto al acto reclamado en esta instancia constitucional, consistente en el acuerdo de veinte de agosto del año en curso, dictado en el expediente 298/2019, acumulado al expediente 331/2019, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [...]". Esa disposición legal prevé la causa de improcedencia derivada de la falta de acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, el cual obliga al quejoso a agotar -antes a su presentación-, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. El citado principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en la ley. Lo anterior, porque si una persona está vinculada al procedimiento natural y, por eso, tiene salvaguardado su derecho de oponer los medios de defensa ordinarios contra los actos producidos en él, carece de justificación para acudir ante los órganos constitucionales a iniciar el procedimiento extraordinario para la defensa de los derechos. Ilustra lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 8 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, junio de 2018, materia común, décima época, con registro 2017117, que establece: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En el caso, la parte quejosa debió interponer contra el acto reclamado el recurso de revocación, previsto en los artículos 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, en atención al imperativo legal contenido en el diverso 974 del invocado código procesal, que establece que en las controversias del orden familiar son procedentes todos los recursos, y su trámite se sujetará a las disposiciones generales que la misma legislación prevé. En efecto, los artículos 974, 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, establecen lo siguiente: "Artículo 974. Son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en este Código y su tramitación se sujetara a las disposiciones generales del mismo." "Artículo 666. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 667. La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. En los juicios sumarios la revocación se decide de plano." Pues la excepción al principio de definitividad lo constituye el que se aleguen exclusivamente violaciones directas a la Constitución Federal, tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, no así respecto de resoluciones dictadas, dentro de un juicio. Consecuentemente, al ser procedente el recurso de revocación contra el acto reclamado, conforme al principio de definitividad, el quejoso debió agotar dicho recurso antes de acudir al juicio de amparo. Sin que la improcedencia del juicio de amparo, en sí misma, no conculque el derecho a la impartición de justicia, porque los gobernados están obligados a cumplir con los requisitos de procedencia, para lo cual se deben tener en cuenta las reglas que definen y delimitan la procedencia del juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2005917, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." En el caso, no resulta aplicable el cuarto párrafo del artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que dispone: "Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad." De la transcripción que antecede, se advierte que contra las medidas provisionales y urgentes que tome el juez en los casos de los alimentos o para proteger la integridad personal de quien solicite la intervención del órgano jurisdiccional, cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la ley, no procede recurso alguno. Sin embargo, en el caso, respecto a lo acordado en el auto reclamado en este juicio no se trata de una medida provisional ni de un caso urgente, como lo establece el artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, porque contra lo determinado por la juez responsable, relativo a que: 1) no era procedente escuchar nuevamente a su menor hija, toda vez que la juez responsable trata de evitar en lo posible revictimizar a la menor [ya que de lo contrario atentaría el propio interés superior de la infancia]; y, 2) requirió al aquí quejoso a fin de que, en la medida de lo posible, promoviera e indujera la convivencia entre su menor hija y su progenitora, dado que el derecho de convivencia tiene como finalidad fortalecer los lazos afectivos entre la menor de edad y la madre no custodia. Por tanto, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa, que en su caso, prevea la ley, tales como los determinados en el artículo 974 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, comprendido dentro del apartado de "Controversias de orden familiar", esto es, el recurso de revocación o de apelación. Por la hipótesis de improcedencia expuesta, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Uriel Rosas López, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales V.R.C. Desechamiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado, ya que ese acto no se impugna por vicios propios. 5. Domicilio y personas autorizadas. Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones, los estrados de este Juzgado (foja 2); con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que les correspondan en este asunto, háganseles mediante lista de acuerdos, como así lo ilustra la tesis XXII.1o. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado con las facultades amplias a 1) Julio César Méndez López (cédula profesional 9785482, registro 174485), por haberse encontrado registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, De conformidad con el diverso numeral 24, segundo párrafo, del citado ordenamiento legal, por autorizada únicamente para ese efecto a 2) Juan José Carrasco Villanueva, por no haberse encontrado registrada su cédula profesional en el referido sistema computarizado que lo autorice para ejercer la profesión de licenciado en derecho. 6. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución de desechamiento, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa (foja 2). Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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