Uriel Ramírez Borja

Expediente 580/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
580/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
02/08/2021

Partes del expediente

  • Uriel Ramírez Borja

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere ***, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de veintiuno de julio de dos mil veintiuno; en consecuencia, ***, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a las partes y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, ***, archívese el presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Finalmente, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del mencionado Acuerdo General, procédase a la destrucción del presente expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de ocho de julio del año en curso, esto es, amplia todos los antecedentes bajo protesta de decir verdad y manifiesta que el expediente de origen se encuentra en etapa inicial de formal embargo de bienes; en atención a ello, se le tiene dando cumplimiento a lo ordenado en dicho proveído, por lo tanto, se procede acordar lo relativo a la demanda de garantías presentada por el promovente y al respecto se provee: Procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado en el presente sumario el auto de fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno en el que se ordena emplazarle, así como emplazamiento que le fue practicado el treinta y uno de ese mismo mes y año dentro del expediente *** juicio ejecutivo civil del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia. En ese orden de ideas, del precepto legal transcrito, contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus excepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos, si ello fuere procedente. En efecto, en el caso opera la hipótesis prevista, que establece la improcedencia del juicio de constitucional tratándose de actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso, o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados o revocados. Ahora bien, en la especie, como ya se dijo, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que, respecto del acto reclamado consistente en el auto de cinco de marzo de dos mil veintiuno en el que se ordena emplazarle dictado dentro del juicio *** del índice de la autoridad responsable, la quejosa, al ser parte demandada en el juicio, se encuentra obligada agotar el medio de defensa ordinario tendiente a revocar el acto lesivo. Se estima así, porque el acto combatido, es impugnable mediante el recurso de revocación, previsto. Asimismo, respecto al indebido emplazamiento que le fue practicado en el juicio ejecutivo civil ***, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, procede el incidente de nulidad de notificaciones, previsto en el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, el cual dispone: "***" Como se advierte del numeral en cita, el incidente de nulidad de notificaciones procede en contra de las notificaciones hechas indebidamente u omitidas, y cuyo resultado puede ser el de nulificar la notificación que no se haya hecho conforme a la ley de la materia, o en su defecto, ordenarla cuando no se haya realizado. De lo anterior, se concluye que, el recurso de revocación, así como el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio, satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular las actuaciones que agravian en los intereses del quejoso, se encuentra establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado y tiene determinado un procedimiento para su resolución, a fin de que el juez responsable se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Por tanto, al no haber interpuesto el recurso de revocación en contra del auto cinco de marzo de dos mil veintiuno en el que se ordena emplazarle, ni haber promovido el incidente de nulidad respecto al indebido emplazamiento que le fue practicado en el juicio ejecutivo civil ***, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, es obvio que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, pues con el primero de los mencionados medios de defensa se puede revocar el auto que reclama, asimismo, con el segundo de ellos se puede nulificar el emplazamiento combatido. Así las cosas, como se dijo, dichos actos que en esta vía se reclama, debieron ser impugnados a través del recurso de revocación e incidente de nulidad de notificaciones, mismos que de resultar fundados tendrían por efecto revocar el auto que se reclama y/o nulificar el emplazamiento reclamado. Máxime que de lo manifestado por el quejoso respecto al estado procesal del juicio de origen ***, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, se encuentra en etapa inicial de señalamiento de embargo, pues se han girado los oficios para que se haga el formal embargo, por lo que no se ha aperturado la etapa probatoria, esto es, aún no se dicta sentencia, por lo que al ser parte demandada en el juicio de origen, está en aptitud de apersonarse y promover lo que a su interés convenga. Por tanto, el quejoso debió promover dichos medios ordinarios de defensa antes de acudir a la presente instancia constitucional, a fin de respetar el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, máxime que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que establece ***. En ese orden de ideas, ante la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia analizada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Finalmente, en términos del artículo 2°, fracción XIX del Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalado el correo electrónico ***, se tienen estos medios para que, este juzgado establezca comunicación en los casos que se estime necesario, sin que ello implique la sustitución de las notificaciones que, en su caso, se practiquen.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por ***autorizada por la parte quejosa en términos amplios, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de ocho del mes y año en curso. Atento a lo anterior, dígase a la ocursante que no ha lugar a tener por desahogado dicho requerimiento, en virtud de que el autorizado en los términos amplios, no está facultado para desahogar la prevención relativa a la ampliación bajo protesta de decir verdad, todos los antecedentes del acto reclamado de forma cronológica, ordenada y detallada; dado que la fijación de la litis constitucional constituye un acto de carácter personalísimo, que solo puede realizar el quejoso directo, en su carácter de titular de la acción. En esas condiciones, se asevera que el desahogo de la prevención efectuada en el aludido auto de ocho de julio de los corrientes, no puede quedar comprendido dentro de los actos necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que la autorizada hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la presentación de la demanda; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. En virtud de lo anterior, y dada la certificación de cuenta, a fin de dar oportunidad a la inconforme de dar total cumplimiento a la prevención formulada, se suspende el término otorgado en el acuerdo de ocho de julio del año en curso, hasta el día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído. En ese sentido, se hace de su conocimiento que cuenta con el plazo de dos día, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para dar cumplimiento a la prevención efectuada; lo anterior, tomando en consideración que la promoción con la que pretendió dar cumplimiento fue presentada el quince del mes y año en curso, esto es, el tercer día de los cinco que se le otorgaron, como se desprende de la certificación de cuenta. En atención a lo anterior, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que subsiste el apercibimiento decretado en el aludido proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 580/2021-D. Previamente a acordar lo que en derecho corresponda sobre la admisión de la presente demanda, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Amplíe bajo protesta de decir verdad, todos los antecedentes del acto reclamado de forma cronológica, ordenada y detallada; esto es, la parte actora en el juicio de origen, la acción que dice que se promovió en su contra, además deberá precisar la etapa procesal en que se encuentra el expediente *** del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, es decir, si se encuentra en etapa probatoria, si ya se dictó sentencia, o bien, se encuentra en ejecución de sentencia. Lo anterior, toda vez que dicha información no se advierte de su demanda de amparo y resulta necesaria para proveer como en derecho corresponda respecto de la admisión de la demanda, así como de la suspensión del acto reclamado solicitada por el quejoso, además al ser parte en el juicio de origen puede imponerse de autos, a fin de tener conocimiento de la etapa del procedimiento. En ese contexto, de conformidad con la fracción I, del artículo 261 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la parte quejosa que la persona que en un juicio de amparo con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, afirme hechos falsos u omita los que les consten, con relación al acto reclamado, a excepción de los contemplados por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será acreedora a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos veces la Unidad de Medida y Actualización, en razón al valor diario, que se calculará de conformidad a lo establecido en el párrafo séptimo, Apartado B, del artículo 26 de la Constitución. Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado, se tendrá por no presentada su demanda de amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo deberá anexar las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes en unión de la demanda de amparo. Apoya la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 36/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 189977 de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Asimismo, para dar trámite a la suspensión de los actos reclamados que solicita deberá anexar una copia mas de su demanda de amparo, pues solo exhibió cinco, y son necesarias seis para distribuirse de la siguiente manera: dos para las autoridades responsables, una para emplazar al tercero interesado, dos para los cuadernos incidentales y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; en la inteligencia, que de no hacerlo se postergara la apertura del mismo. Como lo solicita expresamente la parte quejosa, háganse las notificaciones de éste y los subsecuentes proveídos en lista que se fije en los estrados de este juzgado, aún las de carácter personal. Se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que cuentan con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y, por lo que hace a ***, para el solo efecto de oír y recibir notificaciones, dado que no cuenta con cédula profesional inscrita ante dicho sistema computarizado. Se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del referido órgano colegiado. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finamente, respecto a las documentales que anexa la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, agréguense a los autos, sin perjuicio de que las mismas no sean perforadas resguardando para tal efecto en mica protectora, para su mejor conservación.

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