Uriel Ortiz Cruz
Expediente 1196/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1196/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Uriel Ortiz Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa el auto de diecinueve de julio en curso, mismo que a la letra dice Boca del Río, Veracruz, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de seis de julio de la presente anualidad, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, así mismo con apoyo a la tesis 2ª/J.22/2021 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE." En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, por una parte sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Uriel Ortiz Cruz, por su propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada con las iniciales S.O.V. para el efecto de que: "[.] que las autoridades responsables que reconocieron los actos reclamados: 1. Conforme al procedimiento establecido en los Lineamientos para la Reubicación de los Niños y Otorgamiento de una Ayuda en Efectivo a los Trabajadores Usuarios del Servicio de Guardería, se notifique de inmediato a la madre de los menores quejosos, las alternativas para la continuidad en la prestación del servicio. 2. Se recabe evidencia documental que acredite que se le dieron a conocer las guarderías ubicadas en un radio de al menos cuatro kilómetros de la guardería que suspendió el servicio. 3. Para el caso que se le ofrezca un lugar para la continuidad del servicio y ésta se niegue, se recabe como evidencia documental el escrito libre del beneficiario trabajador en el que así lo exprese. 4. En el supuesto que la guardería que suspendió el servicio sea la única en un radio al menos de cuatro kilómetros a la redonda, acrediten que se proporcionó a la madre el formato "Notificación para el otorgamiento de una ayuda en efectivo"; y, 5. En caso que la madre no acceda ni al trámite de reubicación, ni al relativo al beneficio de la ayuda en efectivo, recaben el soporte documental que así lo demuestre. En el entendido que, para la conclusión del trámite que determine la reubicación de los menores o la ayuda en efectivo, las responsables solo contarán con el término de tres días, en atención a que la suspensión de la guardería a la que asistían aconteció desde el mes diciembre del año pasado. No obstante, ante la posibilidad de que los menores quejosos actualmente ya se encuentren disfrutando del servicio subrogado de guardería en algún lugar autorizado por el Instituto; para justificar el cumplimiento de la presente sentencia, las autoridades responsables podrán recabar las constancias con las que acrediten que la madre de los niños se encuentra conforme con la prestación del aludido servicio en ese lugar y que desea continuar recibiéndolo en esas condiciones. [.]" Mediante proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, causo ejecutoria dicha sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 5. Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, 6. Titular del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, 7 y 12. Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, 9. Jefatura de Servicios Jurídicos, 10. Titular y 11. Titular del Departamento De Guarderías, todos adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Xalapa, Veracruz. Seguidamente, por auto de seis de julio de la presente anualidad, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 31 02 22 4100/JC /0302 de fecha tres de julio de dos mil veintitrés, signado por Lic. Fabián Griego Villalba, en su carácter apoderado y representante legal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en representación de las autoridades responsables 5. Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, 6. Titular del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, 7 y 12. Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, 9. Jefatura de Servicios Jurídicos, 10. Titular y 11. Titular del Departamento De Guarderías, todos adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Xalapa, Veracruz, al cual anexó oficio 319001320100/812 de dieciocho de abril de dos mil veintitrés signado por el Titular de la Jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales y anexos que le acompañan. De las constancias antes referidas se desprende que respecto al aquí quejoso Uriel Ortiz Cruz, su menor hija con iniciales S.O.V., se encuentra disfrutando de la prestación del servicio en la Guardería U-0508 "COLEGIO QUEEN ELIZABETH II", desde el día tres de febrero de dos mil veintitrés. Lo anterior se corrobora con las listas de asistencia de los meses de abril, mayo y junio, todos del dos mil veintitrés. En el mismo sentido, mediante oficio 319001 320100/1342 de quince de junio de dos mil veintitrés, el Titular de la Jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, remitió listas de asistencia del menor quejoso correspondientes a los meses de abril y mayo del actual, en la guardería anteriormente referida. Asimismo, informó que de acuerdo a la verificación en el Módulo de registro de manifestaciones de opinión del Sistema de Información y Administración de Guarderías (SIAG), no existe inconformidad por parte del quejoso Uriel Ortiz Cruz en relación al actual servicio de la guardería U-0508 Colegio Queen Elizabeth II ubicada en la Ciudad y Puerto de Veracruz. En tales condiciones, con lo descrito con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables, atendieron los lineamientos que se le especificaron en la ejecutoria de amparo, ya que el menor quejoso actualmente ya se encuentra disfrutando del servicio subrogado de guardería en un lugar autorizado por el instituto, no advirtiéndose inconformidad respecto a la prestación del servicio en ese lugar por parte del quejoso. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVENSE las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter CONSERVABLE, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma de manera electrónica Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión extraordinaria de siete de julio de dos mil veintitrés, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de licencia con goce de sueldo por el diez de julio de dos mil veintitrés; según consta en el oficio CCJ/ST/4317/2023 signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa, el proveído de seis de julio del año en curso, mismo que la letra dice: Boca del Río, Veracruz, seis de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexos que acompaña, firmado electrónicamente por ********************, en su carácter Apoderado y Representante Legal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en representación de las autoridades responsables 5. Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, 6. Titular del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, 7. y 12. Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, 9. Jefatura de Servicios Jurídicos, 10. Titular y 11. Titular del Departamento De Guarderías, todos adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Xalapa, Veracruz, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos localizado en las Instalaciones del Centro de Seguridad Social para el Bienestar Familiar, sito en Lomas del estadio sin número, colonia Centro en la ciudad de Xalapa, Veracruz, y como delegados de su parte a las personas que indica en el mismo, en términos del numeral 9 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no ha lugar a tener por designados los correos electrónicos que menciona la referida autoridad como medios alternativos para la práctica de notificaciones, toda vez que por "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO" aprobado el trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por COVID-19 que preveía esos medios alternativos, por lo que únicamente se encuentran autorizados los establecidos en la Ley de Amparo. Finalmente, téngase a la citada autoridad remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta con registro 10836, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, para lo cual se le deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley.
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Boca del Río, Veracruz, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en la que por una parte sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Uriel Ortiz Cruz, por su propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada con iniciales S.O.V, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, como en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable 5. Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, 6. Titular del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, 7 y 12. Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, 9. Jefatura de Servicios Jurídicos, 10. Titular y 11. Titular del Departamento De Guarderías, todos adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Xalapa, Veracruz, están obligadas a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se les requiere, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, realicen los actos señalados en la ejecutoria de mérito, los cuales se circunscriben a que: ".para los efectos de que las autoridades responsables que reconocieron los actos reclamados: 1. Conforme al procedimiento establecido en los Lineamientos para la Reubicación de los Niños y Otorgamiento de una Ayuda en Efectivo a los Trabajadores Usuarios del Servicio de Guardería, se notifique de inmediato al padre de la menor quejosa, las alternativas para la continuidad en la prestación del servicio. 2. Se recabe evidencia documental que acredite que se le dieron a conocer las guarderías ubicadas en un radio de al menos cuatro kilómetros de la guardería que suspendió el servicio. 3. Para el caso que se le ofrezca un lugar para la continuidad del servicio y éste se niegue, se recabe como evidencia documental el escrito libre del beneficiario trabajador en el que así lo exprese. 4. En el supuesto que la guardería que suspendió el servicio sea la única en un radio al menos de cuatro kilómetros a la redonda, acrediten que se proporcionó al padre el formato "Notificación para el otorgamiento de una ayuda en efectivo"; y, 5. En caso que el padre no acceda ni al trámite de reubicación, ni al relativo al beneficio de la ayuda en efectivo, recaben el soporte documental que así lo demuestre. En el entendido que, para la conclusión del trámite que determine la reubicación de la menor o la ayuda en efectivo, las responsables solo contarán con el término de tres días, en atención a que la suspensión de la guardería a la que asistía aconteció desde el mes diciembre del año pasado. No obstante, ante la posibilidad de que la menor quejosa actualmente ya se encuentre disfrutando del servicio subrogado de guardería en algún lugar autorizado por el Instituto; para justificar el cumplimiento de la presente sentencia, las autoridades responsables podrán recabar las constancias con las que acrediten que el padre de la niña se encuentra conforme con la prestación del aludido servicio en ese lugar y que desea continuar recibiéndolo en esas condiciones." Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberán informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten el cumplimiento y su ejecución. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.
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CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE TREINTA Y UNO DE MARZO DEL PRESENTE AÑO QUE A LA LETRA DICE: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 1196/2022 promovido por Uriel Ortiz Cruz, por su propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada con iniciales SOV. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós y turnado a este órgano jurisdiccional el treinta de diciembre siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-14). SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de dos de enero de dos mil veintitrés, se acordó: admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito y, requerir a las autoridades responsables su informe justificado (fojas 27-31). Se agregaron materialmente en autos los informes justificados de las autoridades responsables identificadas con los números 8, 1, 2, 3 y 4 (fojas 47-59, 80-82, 84-86, 88-90 y 92-94) y digitalizados en el expediente electrónico del presente juicio, los de las diversas autoridades identificadas con los números 5, 6, 7 y 12, 9, 10 y 11, conforme a lo ordenado por auto de diecisiete de febrero del año en curso (fojas 77-78). Integrado que estuvo el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 98) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados (fojas 100-101). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, al reclamarse el acceso al servicio de guardería que prestan las autoridades responsables a la quejosa como beneficiaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, que sostiene viola sus derechos fundamentales, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del solicitante del amparo, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; así como el criterio P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, de un análisis integral de la demanda de amparo se obtiene que los actos reclamados son: La omisión de continuar otorgando a la menor quejosa el servicio de guardería a que tiene derecho como beneficiaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dicha omisión -sostiene la parte quejosa- derivada de la falta de inclusión en la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-050GYR014-E688-2022, relativa a la Contratación del Servicio de Guarderías Esquema Vecinal Comunitario Único para el periodo 2023-2027, de la guardería número U-0662, ubicada en la avenida 2 de Abril, número 842, colonia Zaragoza, código postal 91910, en Veracruz, Veracruz, en que la menor quejosa venía disfrutando de ese servicio. Aquí conviene señalar que en el presente asunto no será materia de estudio el acto propio del acta de fallo de la aludida licitación pública declarada desierta el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que a decir de la parte quejosa, no se incluyó a la guardería número U-0662, denominada Papalotl Enlace Educativo de Desarrollo Infantil, sociedad civil, lugar en que la menor quejosa venía disfrutando de ese servicio subrogado. Lo anterior debido a que, a juicio del suscrito juzgador, el fondo del asunto versará en verificar si la menor quejosa fue privada o no del servicio de guardería subrogado, teniendo como eje rector su interés superior. Para ello, se verificará el cumplimiento de los requisitos legales a los que las autoridades señaladas como responsables estaban obligadas a satisfacer, en su calidad de prestadoras de servicios subrogados, conforme a la normatividad existente. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia de actos. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables: 1. Director General, 2. Director de Prestaciones Económicas y Sociales, 3. Coordinadora del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil, 4. Jefe de la Expansión del Servicio de Guardería, todos adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México y, 8. Titular del Área Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y, Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social en Xalapa, Veracruz, negaron su participación en el acto reclamado, esto es, que hayan participado en el proceso y resultado de la licitación pública que refiere la parte quejosa. Agregan las mencionadas responsables, que las autoridades que participaron en la citada licitación pública, lo fueron autoridades pertenecientes Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte, como se advierte del acta de fallo de dicha licitación pública de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós (fojas 47-59, 80-82, 84-86, 88-90 y 92-94). En ese sentido, se estima que no existen los actos reclamados atribuidos a las referidas autoridades responsables, pues como lo refieren, del acta de fallo de la licitación pública exhibida por la parte quejosa, no se advierte que éstas hayan tenido participación alguna de manera directa o indirecta en ese acto. En consecuencia, como la parte quejosa no desvirtuó la negativa de las aludidas autoridades responsables en la emisión, ejecución o participación en los actos que se les atribuyen, lo que le correspondía realizar en razón de la carga de la prueba; con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo por cuanto hace a los actos reclamados a dichas autoridades. CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos que se atribuyen a las autoridades responsables: 5. Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, 6. Titular del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, 7. y 12. Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, 9. Jefatura de Servicios Jurídicos, 10. Titular y 11. Titular de la Jefatura de Departamento de Guarderías, todos adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Xalapa, Veracruz. Lo anterior, en razón que así lo reconoció el Apoderado y Representante Legal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir el informe justificado en representación y de manera conjunta de dichas autoridades. QUINTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. Las autoridades responsables que reconocieron el acto reclamado y que se identifican en esta sentencia con los números 5, 6, 7 y 12, 9, 10 y 11, sostienen que el presente juicio de amparo es improcedente, dado que se reclaman actos totalmente consumados. Explican las responsables que para salvaguardar el interés superior de la menor quejosa, se ofrecieron a su padre diversas vías alternas de solución para no desatender el desarrollo integral de aquélla, a través del cuidado y fortalecimiento de su salud, brindándoles además una sana alimentación y un programa educativo-formativo acorde a su edad y nivel de desarrollo. Sin embargo, explican que el padre de la menor quejosa actualmente cuenta con un registro de inscripción al servicio de guardería del Instituto con folio 316518230009 en la guardería U-0508. Es infundado dicho motivo de improcedencia. Lo anterior se estima así, porque precisamente el análisis del cumplimiento o incumplimiento atribuido a las autoridades responsables de seguir proporcionando a la menor quejosa el servicio de guardería a que tiene derecho, será motivo de análisis del fondo de esta sentencia, en donde se dilucidará si se ha visto restringido o no su derecho fundamental a la seguridad social de guardería. Por otra parte, las aludidas responsables en el apartado de improcedencia de su informe justificado citan la jurisprudencia VIII.2o.P.A. J/32 de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN."; no obstante, no esgrimen razonamiento alguno tendente a justificar la aplicación del aludido criterio; de ahí que no se analice en esta sentencia dicho aspecto. Luego, al no existir diverso motivo de improcedencia propuesto por las responsables, aunado a que no se advierte diverso que deba analizarse de oficio, se pasa al examen de fondo de la cuestión planteada, conforme a los conceptos de violación de la parte quejosa, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Regularidad constitucional del acto reclamado. Cabe precisar que conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, en suplencia de la queja deficiente, verificará el estudio de los actos reclamados, al margen de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, lo anterior porque la solicitante del amparo SOV, es menor de edad, ya que en la actualidad cuenta con un año seis meses, como se advierte de la copia de la Cédula de Identificación del Niño que se acompañó a la demanda de amparo (foja 16). En atención a ello, al contar la quejosa con la condición de menor de edad, constituye obligación del juzgador de amparo, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, analizar las disposiciones legales aplicables y atender al mayor beneficio que le pudiera corresponder. Sirve de respaldo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de contenido: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Así, en suplencia de la queja, se estiman fundados los conceptos de violación de la parte quejosa y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se darán. PREMISAS NORMATIVAS Con el propósito de explicar los motivos por los cuales se califican de esa manera los conceptos de violación, en principio conviene establecer las siguientes premisas: I. Interés superior del menor Este principio encuentra fundamento en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 3°, apartado 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, de donde se advierte que en cualquier decisión, actuación o medida que involucre a la niñez, el Estado tiene la ineludible obligación de atender a su interés superior, lo que implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados y leyes de protección de la niñez. En ese contexto, el interés superior del niño constituye una pauta que se debe tomar en consideración en cualquier decisión, actuación o medida en que se vea involucrado un menor y por ello se erige como una obligación que asume el Estado a través de todas sus autoridades para asegurar que en el ámbito de sus respectivas competencias todas las normas, asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se involucre a la niñez, se garantice y asegure que todos disfruten y gocen de los derechos humanos que les asisten, especialmente aquéllos que resultan indispensables para su óptimo desarrollo. Del principio del interés superior del niño se desprende la necesidad de considerar al interés superior de la infancia como un criterio rector, no sólo en la elaboración de las normas sino también en lo que hace a su interpretación y aplicación, a fin de que en todos los órdenes relativos a la vida del niño o niña, puedan gozar y ejercer plenamente de sus derechos. En esa virtud, tanto el legislador, al momento de elaborar las normas que inciden en los derechos de la infancia, como el juzgador, al momento de interpretar o aplicar esas normas, están obligados a tomar en cuenta este principio a fin de que en todo momento se potencialice la protección integral de los niños evitándoles cualquier afectación, lo que se traduce en la obligación de que al ponderar sus intereses frente a los intereses de terceros cuiden de no restringir aquéllos derechos cuya naturaleza implica el goce esencial de los derechos de la infancia. Así, cuando los juzgadores tengan que decidir una controversia que incide sobre los derechos de un menor, deben tener en cuenta que los niños requieren una protección legal reforzada y que la única manera de brindarles esa protección, implica tener en cuenta todos sus derechos, así como el rol que juegan en la controversia sometida a su consideración, ello a fin de garantizar su bienestar integral, teniendo presente que sólo se alcanza éste cuando se le garantiza el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos y, como consecuencia, se le protege de manera integral, logrando su desarrollo holístico. La Organización de las Naciones Unidas, por medio del Comité de los Derechos del Niño, emitió la Observación General número 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, ello a fin de explicitar el alcance del párrafo 1 del artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño. En dicho documento se estableció claramente que el objetivo del interés superior del infante es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos en la Convención, así como su desarrollo holístico, que de acuerdo a la diversa Observación General número 5 del mismo Comité, abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social. En consecuencia, el interés superior de la infancia implica garantizar que ninguno de sus derechos se vea perjudicado por una norma o por su interpretación negativa, de modo que, la plena aplicación del principio relativo al interés superior del menor exige adoptar un enfoque basado en los derechos de la infancia, en el que colaboren todos los intervinientes a fin de garantizar la integridad física, psicológica, moral y espiritual del infante, y promover su dignidad humana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado que el interés superior del menor es un principio regulador de la normativa de los derechos del niño, que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar su desarrollo con pleno aprovechamiento de sus potencialidades y que la prevalencia de su interés superior debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención, cuando el caso se refiera a menores de edad. Entiende entonces la Primera Sala que el interés superior del menor consiste en un principio insoslayable tanto para el legislador como para el juzgador encargado de analizar las problemáticas jurídicas que inciden, directa o indirectamente, en el grupo de la infancia o en un menor determinado. En este orden, si el interés superior de la infancia radica en que cualquier decisión que se tome en torno a ella debe ser acorde con lo que más convenga a sus intereses, ello implica que para poder cumplir con esa obligación, en primer lugar es necesario tener presente cuáles son los derechos que la Constitución y los tratados reconocen a su favor, y después, es preciso que esos derechos se interpreten y apliquen en forma adecuada. Es decir, de la manera que más favorezca las prioridades de los infantes, teniendo siempre en cuenta su condición a efecto de salvaguardar su sano desarrollo en todos los ámbitos posibles, como son el físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social, pues es evidente que por su falta de madurez física y mental, requieren de cuidados especiales y una protección legal reforzada. En consecuencia, si bien el interés superior de la infancia obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, a proteger y preservar los derechos de los menores a fin de resolver lo que resulte más favorable a sus intereses, también lo es que debido a ello, ese interés constituye un concepto jurídico indeterminado, pues en cada caso concreto el juzgador debe analizar los hechos y circunstancias que rodean al menor a fin de que resuelva lo que más le convenga. Derecho a la seguridad social en su modalidad de la prestación del Servicio de Guardería Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el apartado B), fracción XI, inciso a), del artículo 123 constitucional, contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado. Asimismo, ha precisado dicha Sala que de dicho numeral deriva el principio constitucional de previsión social, el cual se sustenta en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a sus familias ante los riesgos que están expuestos, orientados a procurar el mejoramiento del nivel de vida. Precisó que dentro de dicho principio constitucional se encuentra el servicio de guardería, el cual es uno de los derechos que no debe ser sujeto de restricción alguna y que consiste en los cuidados que el Estado se encuentra obligado a proporcionar en su primera infancia a los hijos de los trabajadores y a sus familiares, cuando éstos no tengan la posibilidad de proporcionárselos durante su jornada de trabajo. Dichas consideraciones se contienen en la ejecutoria que resolvió el amparo en revisión 59/2016, el veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Por otro lado, relacionado con el mismo tema, debe tenerse en cuenta la existencia del Cuaderno de Jurisprudencia núm. 10 denominado "Derecho a la seguridad social. Guarderías", emitido por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se da cuenta que el servicio de guarderías se configura como un derecho de los niños, lo que implica que los criterios de calidad a los que se sujeta la prestación también tienen que ser satisfechos de conformidad con el estándar de protección reforzada que impone el interés superior del niño. En efecto, de acuerdo con las sentencias compiladas en dicho cuaderno de jurisprudencia, tenemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en su doctrina constitucional, que el derecho de los niños a contar con cuidados adecuados mientras sus padres trabajan, está vinculado estrechamente con los derechos a la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento tutelados por el artículo 4° constitucional, con la finalidad de garantizar el desarrollo integral de los menores. Por ello, refiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, "el derecho a la seguridad social, y en particular el derecho a la guardería, debe analizarse ateniendo a una consideración adicional: las condiciones de especial vulnerabilidad de los niños a los que está dirigido el servicio."; sobre esos parámetros, "el Estado tiene que garantizar tanto a los padres como a los niños que la prestación del servicio de guardería se va a realizar bajo los más altos estándares de seguridad y atendiendo a los criterios de calidad vistos a la luz del interés superior del niño, las autoridades competentes deben asegurarse que en la prestación del servicio de guardería se cumplan con las siguientes obligaciones: *Aplicar todo el marco normativo generado para el debido funcionamiento de las guarderías; *Garantizar que las guarderías sean seguras, que no expongan a los niños a riesgos que comprometan el ejercicio pleno de sus derechos; *Asegurarse de que las mismas cuenten con personal competente y debidamente preparado y, *Supervisar el debido funcionamiento de las guarderías y vigilar que se cumplan los estándares de calidad." Obligación que, a decir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se traslada al Instituto Mexicano del Seguro Social, quien es titular de la obligación del Estado, en el ámbito de su competencia, de adoptar todas las medidas para que el servicio de guardería que presta a favor de los asegurados y sus beneficiarios, reúnan las condiciones necesarias para la atención de la salud, el cuidado y la educación durante los primeros años. Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES Ahora bien, para lograr una mejor comprensión del asunto planteado, se relatan los siguientes antecedentes del acto reclamado, obtenidos de los hechos narrados en la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente expediente: 1). En el capítulo de hechos de la demanda de amparo la parte quejosa refiere esencialmente: Ser padre trabajador derechohabiente del servicio de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, servicio respecto del cual su menor hija de identidad reservada ha venido recibiendo de manera constante y por necesidad de su domicilio, en la guardería U-0662 ubicada en la avenida 2 de Abril, número 842, colonia Zaragoza, código postal 91910, en Veracruz, Veracruz, denominada Papalotl Enlace Educativo de Desarrollo Infantil, sociedad civil. Por razones que desconoce, en el mes de noviembre de dos mil veintidós, recibió una llamada telefónica por parte del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social citándolo para que acudiera a las instalaciones de dicho instituto en la ciudad de Veracruz, en donde le informaron que la guardería antes referida sería cerrada y que el domicilio postal donde se ubica la misma ya no sería considerado para el periodo 2023. Refiere que esa situación implica que deba trasladarse a lugares más distantes, ya sea caminando o en camión, ocasionando un riesgo mayor a su integridad física y a la de su menor hija, además de provocar gastos extras para cubrir el transporte. Indica que al solicitar más información en las oficinas del Instituto, le fue proporcionada una copia del acta de fallo de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, relativa a la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-050GYR014-E688-2022, en la que advirtió que, por razones que desconoce, ya no se incluyó a la guardería número U-0662, para la prestación del servicio de guardería que su menor hija venía disfrutando en dicho lugar; motivo por el cual perdió ese beneficio de seguridad social. 2). Por su parte, el Apoderado y Representante Legal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir su informe justificado de manera digitalizada en representación y de manera conjunta de las autoridades responsables, señaló que: Efectivamente se tenía suscrito un contrato para la prestación del servicio de guardaría bajo el esquema Vecinal Comunitario Único número CCGA18312105-0009, con vigencia del dos de enero de dos mil dieciocho al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, con la persona moral Papalotl Enlace Educativo de Desarrollo Infantil, sociedad civil, con clave de identificación U-0662. No obstante, derivado de una visita de verificación, se detectaron diecisiete casos de irregularidades en los registros de asistencia de menores en la aludida guardería, lo que derivó en un cobro indebido en perjuicio del Instituto. Dicha circunstancia constituyó un incumplimiento por parte de la persona moral al contrato de prestación del servicio de guardería subrogado, lo que ameritó su rescisión en el mes de noviembre de dos mil veintidós y la no consideración de su código postal en la siguiente licitación pública. Además, se tomó la decisión institucional de ya no firmar nuevo contrato con esa moral por considerarla prestadora con falta de probidad. Con independencia de lo anterior, se informó que para el caso del quejoso Uriel Ortiz Cruz, actualmente cuenta con un registro de inscripción al servicio de guardería del Instituto con folio 316518230009 en la guardería U-0508 COLEGIO QUEEN ELIZABETH II y, en caso de requerir un cambio a una guardería de su elección, podrá realizarlo en la página https://stigi.imss.gob.mx/. Hasta aquí los antecedentes del asunto. SUBSUNCIÓN Establecido lo anterior, en el caso, como lo afirma la parte quejosa, se demuestra que los actos reclamados infringen en su perjuicio el derecho de su menor hijo de continuar disfrutando el servicio de guardería, de la misma manera en que lo venía recibiendo, o de no ser posible, en la forma en que menor perjuicio se le ocasione. Afirmación que se realiza a la luz del parámetro legal aplicable al asunto que nos ocupa, que en el caso lo son los Lineamientos para la Reubicación de los Niños y Otorgamiento de una Ayuda en Efectivo a los Trabajadores Usuarios del Servicio de Guardería, emitidos en Noviembre de dos mil veinte, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en la parte que aquí interesa disponen (se insertan imágenes al no localizarse formato editable): Hasta aquí la inserción de las anteriores imágenes. Como se observa, dichos lineamientos son aplicables posteriores a la suspensión de guarderías, para la reubicación de los niños que, como la menor hija del quejoso, se encontraba inscrita al momento de la suspensión, como se advierte de la copia de la Cédula de Identificación del Niño que se acompañó a la demanda de amparo (foja 16) y como lo reconocieron las propias autoridades responsables en su informe de ley. Adicionalmente, de éstos se obtiene, como deberes ineludibles de las autoridades correspondientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, la obligación de realizar lo siguiente: a. Que el Instituto cuente con evidencia documental de las acciones que realice para informar al trabajador usuario, las alternativas para la continuidad en la prestación del servicio, lo que podrá ser mediante oficio, fotografía, lista de verificación o correo electrónico; b. También debe comunicar a los trabajadores usuarios la suspensión del servicio de guardería y las posibilidades de reubicación; a través del formato "Notificación de suspensión del servicio de guardería", considerando los "Lineamientos para el inicio de operaciones y la suspensión del servicio de guardería" vigentes. c. Dar conocer al trabajador usuario las guarderías ubicadas en un radio de al menos cuatro kilómetros de la guardería que suspendió el servicio; d. Una vez que se determine la suspensión del servicio, el instituto tiene treinta días, para agotar las actividades de reubicación; e. Cuando la guardería que suspendió el servicio sea la única en un radio al menos de cuatro kilómetros a la redonda, el departamento de guarderías, proporcionará a los padres beneficiarios el formato "Notificación para el otorgamiento de una ayuda en efectivo", para que se realice a más tardar, al día siguiente hábil, de los treinta días que el instituto tiene para reubicar a los niños; y, f. En cualquier caso, el Instituto debe contar con evidencia documental de la que se desprenda los intentos para localizar a los trabajadores beneficiarios de la prestación, dentro del término de los treinta días, posteriores a la suspensión de la guardería, de los que se desprenda que no se realizó ni el trámite de reubicación de guardería, ni el trámite relativo al beneficio de la ayuda en efectivo. Conforme a lo expuesto, en el caso concreto, se evidencia que el actuar posterior de las autoridades responsables a la cancelación del contrato administrativo de subrogación de servicios de guardería, no se ajustó al marco legal precisado, porque aunque las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, señalaron que en el caso del quejoso Uriel Ortiz Cruz, actualmente cuenta con un registro de inscripción al servicio de guardería del Instituto con folio 316518230009 en la guardería U-0508 COLEGIO QUEEN ELIZABETH II y, en caso de requerir un cambio a una guardería de su elección, podrá realizarlo en la página https://stigi.imss.gob.mx/; lo cierto es que ello resulta insuficiente para estimar que cumplieron a cabalidad con los referidos lineamientos, dado que no allegaron el soporte documental que así lo demuestre. Se sostiene lo anterior, porque de las constancias que acompañaron no se aprecia la evidencia documental de la que se desprendan las acciones realizadas para informar al padre de la menor quejosa, las alternativas para la continuidad en la prestación del servicio. Tampoco se acompañaron aquellas constancias que revelen que le comunicaron al padre trabajador usuario la suspensión del servicio de guardería y las posibilidades de reubicación, comunicándole las guarderías ubicadas en un radio de al menos cuatro kilómetros de la guardería que suspendió el servicio. Menos se acreditó que, una vez determinada la suspensión del servicio de guardería en el lugar en que la menor quejosa lo venía disfrutando, el Instituto haya agotado las actividades de reubicación, o que le hubieran otorgado al padre beneficiario, el formato "Notificación para el otorgamiento de una ayuda en efectivo", del cual también debió recabarse soporte documental, conforme a los anexos que están insertos en los propios lineamientos. No pasa inadvertido para el suscrito juzgador que las autoridades responsables allegaron a su informe justificado, una impresión del correo electrónico mediante el cual se notificó al padre de la niña usuaria de la guardería suspendida, los trámites que debería realizar para continuar con el registro de la solicitud del servicio guardería que realizó y que quedó registrado con el número 316518230009 en la guardería U-0508 COLEGIO QUEEN ELIZABETH II, informándole además que contaba con siete días hábiles para concluirlo, esto es, antes del tres de febrero de dos mil veintitrés, de lo contrario se cancelaría dicho folio y perdería su lugar disponible. Ni tampoco se pasa por alto la impresión del estatus de la solicitud del servicio guardería registrada con el folio número 316518230009 en la guardería U-0508 COLEGIO QUEEN ELIZABETH II, el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, con estatus de solicitud trámite; documentales digitalizadas en el expediente electrónico del presente juicio, conforme a lo ordenado por auto de diecisiete de febrero del año en curso (fojas 77-78). Sin embargo, se estima que esas constancias son insuficientes para considerar que, conforme a lo establecido en los propios lineamientos, se satisface la evidencia documental de la que se desprenda: 1. Que se notificó al padre de la niña las alternativas para la continuidad en la prestación del servicio; 2. Se le dieron a conocer las guarderías ubicadas en un radio de al menos cuatro kilómetros de la guardería que suspendió el servicio; 3. Se le ofreció un lugar y éste se negó; 4. Que como la guardería que suspendió el servicio es la única en un radio al menos de cuatro kilómetros a la redonda, se le proporcionó el formato "Notificación para el otorgamiento de una ayuda en efectivo"; y, 5. Que dentro de los treinta días siguientes a la suspensión de la guardería, se intentó localizar al padre de la menor y, aun así, éste: no realizó el trámite de reubicación de guardería, en su defecto, el trámite relativo al beneficio de la ayuda en efectivo. Lo que en el caso era indispensable se acreditara, pues no existe certidumbre de que efectivamente se le hayan otorgado al padre de la menor quejosa, las facilidades y condiciones para la reubicación inmediata de su hija, en alguna de las guarderías subrogadas, atendiendo a sus necesidades particulares de distancia, respecto de la ubicación de su domicilio o atendiendo al domicilio laboral de su padre trabajador y a su horario laboral. Lo anterior, teniendo como eje rector el interés superior del menor, a fin de proporcionarle el servicio de guardería cuya privación reclama, de la misma manera en que venía haciéndolo o de no ser posible, en la forma en que menor perjuicio se le ocasione. Además, como se vio en el apartado de premisas de esta sentencia, conforme a lo establecido en el Cuaderno de Jurisprudencia núm. 10 denominado "Derecho a la seguridad social Guarderías", el servicio de guarderías se configura como un derecho de los niños, lo que implica que los criterios de calidad a los que se sujeta la prestación también tienen que ser satisfechos de conformidad con el estándar de protección reforzada que impone el interés superior del niño. CONCLUSIÓN En consecuencia, conforme a todo lo expuesto, se estima que los actos reclamados por la parte quejosa violan sus derechos fundamentales consignados en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, procede conceder a la parte quejosa la protección constitucional solicitada. EFECTOS La protección que se concede es para los efectos de que las autoridades responsables que reconocieron los actos reclamados: 1. Conforme al procedimiento establecido en los Lineamientos para la Reubicación de los Niños y Otorgamiento de una Ayuda en Efectivo a los Trabajadores Usuarios del Servicio de Guardería, se notifique de inmediato al padre de la menor quejosa, las alternativas para la continuidad en la prestación del servicio. 2. Se recabe evidencia documental que acredite que se le dieron a conocer las guarderías ubicadas en un radio de al menos cuatro kilómetros de la guardería que suspendió el servicio. 3. Para el caso que se le ofrezca un lugar para la continuidad del servicio y éste se niegue, se recabe como evidencia documental el escrito libre del beneficiario trabajador en el que así lo exprese. 4. En el supuesto que la guardería que suspendió el servicio sea la única en un radio al menos de cuatro kilómetros a la redonda, acrediten que se proporcionó al padre el formato "Notificación para el otorgamiento de una ayuda en efectivo"; y, 5. En caso que el padre no acceda ni al trámite de reubicación, ni al relativo al beneficio de la ayuda en efectivo, recaben el soporte documental que así lo demuestre. En el entendido que, para la conclusión del trámite que determine la reubicación de la menor o la ayuda en efectivo, las responsables solo contarán con el término de tres días, en atención a que la suspensión de la guardería a la que asistía aconteció desde el mes diciembre del año pasado. No obstante, ante la posibilidad de que la menor quejosa actualmente ya se encuentre disfrutando del servicio subrogado de guardería en algún lugar autorizado por el Instituto; para justificar el cumplimiento de la presente sentencia, las autoridades responsables podrán recabar las constancias con las que acrediten que el padre de la niña se encuentra conforme con la prestación del aludido servicio en ese lugar y que desea continuar recibiéndolo en esas condiciones. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que señala la ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Uriel Ortiz Cruz, por su propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada con iniciales SOV, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a Uriel Ortiz Cruz, por su propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada con iniciales SOV, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por los motivos dados en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley.
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