Uriel Martínez Ortiz

Expediente 1162/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1162/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
05/07/2018

Partes del expediente

  • Uriel Martínez Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El cinco de julio de dos mil dieciocho, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veinte de junio al tres de julio de dos mil dieciocho, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión contra el auto de doce de junio del año en curso (fojas 20 a 24), dictado por este juzgado, dentro del juicio de amparo número 1162/2018. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que existen pruebas por devolver a la autoridad responsable juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Pinos, Zacatecas. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. El Secretario En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cinco de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de doce de junio del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes; y en atención a que el proveído de que se trata no requiere ejecución material, con fundamento en el ordinal 214, de la Ley de la Materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia además de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase al juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Pinos, Zacatecas, el duplicado del proceso penal 54/2013-S, que remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen*

  2. Principal

    El doce de junio de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con registro 12305 y anexos que se adjunta. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Pinos, Zacatecas. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la legislación en consulta se tiene como prueba de la citada autoridad el duplicado del proceso penal 54/2013-S que adjunta, la que se tomará en cuenta en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia que se celebre en el presente juicio. Dado el volumen del legajo que se recibe y para un mejor manejo del expediente en que se actúa, se ordena formar por separado un cuaderno de pruebas. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el quejoso reclama la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución. Ahora, el juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Pinos, Zacatecas, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le reclama toda vez que del libro de gobierno que se lleva en su juzgado se advierte que se sigue el proceso penal 54/2013, instruido en contra de Uriel Martínez Ortiz por el delito de homicidio, lesiones y daño en las cosas culposo, en agravio de Guadalupe Alfaro Castañeda, José Ricardo Alfaro Castañeda y Javier lozano Bárcenas, agregando que el veintitrés de mayo de este año, se dictó sobreseimiento en dicho proceso penal, toda vez que había operado la prescripción de la acción penal, remitiendo para ello, el duplicado de la causa penal número 54/2013 en la que consta la resolución citada; documental que tiene plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación. En este sentido, es aplicable la tesis del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, la responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar con sede en Pinos, Zacatecas, por interlocutoria de veintitrés de mayo del actual, sobreseyó la causa penal número 54/2013 por haber operado la prescripción de la acción penal a favor de Uriel Martínez Ortiz, por el delito de homicidio, lesiones y daño en las cosas culposo; de igual forma, en dicha determinación se precisó que el sobreseimiento surtía efectos de sentencia absolutoria y que de no ser impugnada alcanzaría la categoría de cosa juzgada; en el mismo sentido, se ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión girada el treinta de octubre de dos mil trece, contra el quejoso Uriel Martínez Ortiz, girándose atento oficio al Fiscal General de Justicia del estado, para su conocimiento. Al respecto, debemos precisar que el artículo 289 del Código de Procedimientos Penales del estado, dispone lo siguiente: "ARTICULO 289.- El auto de sobreseimiento surtirá los efectos de una sentencia absolutoria, y una vez ejecutoriado, tendrá el valor de cosa juzgada." De lo anterior, se observa que el auto de sobreseimiento emitido en la causa penal, surtirá los efectos de una sentencia absolutoria y una vez ejecutoriado, tendrá el valor de cosa juzgada. Circunstancias que ponen de manifiesto que la resolución emitida por el juez responsable, en la que decretó el sobreseimiento de la causa penal, por haber operado la prescripción de la acción penal a favor de Uriel Martínez Ortiz, por el delito de homicidio, lesiones y daño en las cosas culposo, surtirá los efectos de una sentencia absolutoria, por tanto, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Tiene sustento a lo anterior, la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE APREHENSION. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCION XVI, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE LA QUE DERIVA LA. (ARTICULO 352 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS). El artículo 116 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas establece que el perdón del ofendido extingue la acción penal; asimismo, el diverso 352 del Código de Procedimientos Penales del Estado, señala que la resolución de sobreseimiento surtirá todos los efectos de una sentencia absolutoria, consecuentemente, al sobreseerse en la causa penal de la que deriva la orden de aprehensión reclamada, es evidente que cesaron sus efectos, actualizándose la improcedencia del juicio de amparo prevista por el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia." Sin que sea óbice a lo antes expuesto, la circunstancia de que el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de origen, haya interpuesto recurso de apelación, contra la determinación en comento, pues en todo caso, se estará en presencia de una nueva determinación emitida por una autoridad diversa a la señalada como responsable en el presente juicio, la cual no podrá ser materia de estudio en el presente asunto. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con treinta minutos del quince de junio de dos mil dieciocho); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se hace el acotamiento de que a nada práctico conduciría ordenar el emplazamiento a los terceros interesados Guadalupe Alfaro Castañeda, José Ricardo Alfaro Castañeda y Javier Lozano Bárcenas, pues en líneas precedentes, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE; y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO: "Zacatecas, Zacatecas, doce de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Pinos, Zacatecas. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la legislación en consulta se tiene como prueba de la citada autoridad el duplicado del proceso penal 54/2013-S que adjunta, la que se tomará en cuenta en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia que se celebre en el presente juicio. Dado el volumen del legajo que se recibe y para un mejor manejo del expediente en que se actúa, se ordena formar por separado un cuaderno de pruebas. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el quejoso reclama la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución. Ahora, el juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Pinos, Zacatecas, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le reclama toda vez que del libro de gobierno que se lleva en su juzgado se advierte que se sigue el proceso penal 54/2013, instruido en contra de Uriel Martínez Ortiz por el delito de homicidio, lesiones y daño en las cosas culposo, en agravio de Guadalupe Alfaro Castañeda, José Ricardo Alfaro Castañeda y Javier lozano Bárcenas, agregando que el veintitrés de mayo de este año, se dictó sobreseimiento en dicho proceso penal, toda vez que había operado la prescripción de la acción penal, remitiendo para ello, el duplicado de la causa penal número 54/2013 en la que consta la resolución citada; documental que tiene plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación. En este sentido, es aplicable la tesis del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, la responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar con sede en Pinos, Zacatecas, por interlocutoria de veintitrés de mayo del actual, sobreseyó la causa penal número 54/2013 por haber operado la prescripción de la acción penal a favor de Uriel Martínez Ortiz, por el delito de homicidio, lesiones y daño en las cosas culposo; de igual forma, en dicha determinación se precisó que el sobreseimiento surtía efectos de sentencia absolutoria y que de no ser impugnada alcanzaría la categoría de cosa juzgada; en el mismo sentido, se ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión girada el treinta de octubre de dos mil trece, contra el quejoso Uriel Martínez Ortiz, girándose atento oficio al Fiscal General de Justicia del estado, para su conocimiento. Al respecto, debemos precisar que el artículo 289 del Código de Procedimientos Penales del estado, dispone lo siguiente: "ARTICULO 289.- El auto de sobreseimiento surtirá los efectos de una sentencia absolutoria, y una vez ejecutoriado, tendrá el valor de cosa juzgada." De lo anterior, se observa que el auto de sobreseimiento emitido en la causa penal, surtirá los efectos de una sentencia absolutoria y una vez ejecutoriado, tendrá el valor de cosa juzgada. Circunstancias que ponen de manifiesto que la resolución emitida por el juez responsable, en la que decretó el sobreseimiento de la causa penal, por haber operado la prescripción de la acción penal a favor de Uriel Martínez Ortiz, por el delito de homicidio, lesiones y daño en las cosas culposo, surtirá los efectos de una sentencia absolutoria, por tanto, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Tiene sustento a lo anterior, la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE APREHENSION. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCION XVI, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE LA QUE DERIVA LA. (ARTICULO 352 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS). El artículo 116 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas establece que el perdón del ofendido extingue la acción penal; asimismo, el diverso 352 del Código de Procedimientos Penales del Estado, señala que la resolución de sobreseimiento surtirá todos los efectos de una sentencia absolutoria, consecuentemente, al sobreseerse en la causa penal de la que deriva la orden de aprehensión reclamada, es evidente que cesaron sus efectos, actualizándose la improcedencia del juicio de amparo prevista por el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia." Sin que sea óbice a lo antes expuesto, la circunstancia de que el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de origen, haya interpuesto recurso de apelación, contra la determinación en comento, pues en todo caso, se estará en presencia de una nueva determinación emitida por una autoridad diversa a la señalada como responsable en el presente juicio, la cual no podrá ser materia de estudio en el presente asunto. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con treinta minutos del quince de junio de dos mil dieciocho); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se hace el acotamiento de que a nada práctico conduciría ordenar el emplazamiento a los terceros interesados Guadalupe Alfaro Castañeda, José Ricardo Alfaro Castañeda y Javier Lozano Bárcenas, pues en líneas precedentes, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE; y PERSONALMENTE A LAS PARTES."

  4. Principal

    El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 11440. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado con sede en Pinos, Zacatecas; sin perjuicio de hacer relación nuevamente en el momento procesal oportuno. Con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese. ...

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