Uriel Josué Victoria Bustamante
Expediente 48/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 48/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Uriel Josué Victoria Bustamante
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de julio de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, al que acompaña copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de queja número 36/2017, promovido por el quejoso URIEL JOSUÉ VICTORIA BUSTAMANTE, en contra del auto de doce de enero de dos mil diecisiete; acúsese recibo de estilo. Toda vez que dicho Tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto, confirmando el auto recurrido, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia, para los efectos legales a que haya lugar. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hacer constar que en este expediente no obran documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil diecisiete . Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que suscribe el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta localidad, mediante el cual acusa recibo del oficio 4 y anexos, e informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso URIEL JOSUÉ VICTORIA BUSTAMANTE, en contra del auto de doce de enero del año en curso; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA; VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 545/2015; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Víctor Felipe Cabañas Moreno, José Manuel Quevedo Cruz, Leobardo Castellanos Hernández, Leyden Ojeda Fuentes, Jesús Palacios Chiñas, Fidel Gallegos De La Cruz, Roberto García Moreno, Alfredo Hernández González, Félix Nandez Fuentes, Eleuterio Avendaño Cruz, Carlos Arizmendi Sánchez, José Luis Jiménez Pacheco, Óscar Montes Méndez, por derecho propio, mediante escrito presentado el veintidós de abril de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, que por razón de turno le correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos del Gobernador del Estado de Oaxaca, y Titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca, consistentes en: "ACTOS QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMAN.- De ambas autoridades señaladas como responsables la violación a nuestro derecho de petición." Actos que estiman violatorios de los derechos humanos contenidos en el artículo 8° de la Constitución Federal. Bajo la siguiente narrativa de hechos: "Como lo justificamos con el acuse de recibo que al efecto anexamos en copia, el día 17 de marzo de dos mil quince, siendo aproximadamente las 13:00 horas, comparecimos en las instalaciones de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca y la Oficialía Técnica de la Gobernatura y otras dependencias para su conocimiento, presentamos ante las autoridades señaladas como responsables nuestra petición con relación al conflicto del transporte público que persiste en nuestro municipio de Salina Cruz, Oaxaca, con motivo del ingreso de vehículos para prestar el servicio público en modalidad de taxi, sin cumplir con la normatividad legal aplicable vigente en el Estado. Sin embargo, pese que la Constitución local le confiere el plazo de diez días a toda autoridad de competencia local para dar respuesta a toda petición escrita. Hasta la fecha han actuado de forma omisa, faltando a su promesa y protesta de mandamiento consistente en cumplir y hacer cumplir las leyes, esto a pesar de haberse señalado domicilio, proceder que desde luego vulnera mis derechos, pues atendiendo que ha transcurrido en exceso el plazo que la máxima norma de nuestro Estado les confiere, perdemos certeza y seguridad jurídica para saber en qué fecha o plazo las autoridades responsables darán respuesta fundada y motivada de nuestra petición." SEGUNDO. Previo cumplimiento a la prevención de veintidós de abril de dos mil quince, en diverso proveído de siete de mayo de dos mil quince (fojas 15-16), este juzgado admitió la demanda de referencia, registrándola bajo el número de expediente 545/2015, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. En auto de catorce de julio de dos mil quince (fojas 110-111) se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo respecto de la contestación dada a su solicitud de antecedentes, contenida en el "oficio SEVITRA/DJ/DAJDH/794/20015, de veinte de marzo de dos mil quince, y sus consecuencias legales", por lo que hace al Director Jurídico, al Titular, ambos de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca, y el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca. Por lo que se solicitó a dichas autoridades su respectivo informe justificado; y, seguido el trámite, la audiencia constitucional tuvo verificativo el seis de junio de dos mil dieciséis, en tal fecha este juzgador declinó competencia a favor del juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en Turno, con sede en Salina Cruz, por estimar que el oficio reclamado tendrá ejecución en ese lugar (fojas 531 a 537). El seis de julio de dos mil dieciséis, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, rechazó la competencia declinada a su favor, al estimar que los actos reclamados carecen de ejecución en esa sede. Al no compartirse el criterio del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, el veintidós de julio de dos mil dieciséis, este juzgador planteó conflicto competencial, del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, quien lo radicó con el número 11/2016. En sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, determinó que los actos reclamados por los quejosos no requerían ejecución, ya que en ambos casos aducen violación al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no haberse dictado un acuerdo a su petición; por ende, que el suscrito es el competente para conocer y resolver este juicio. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 en relación con el 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; toda vez que se trata de un asunto de naturaleza administrativa, en el que las autoridades señaladas como responsables, radican en el territorio donde este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo al estudio del presente asunto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procederá a precisar el acto o actos reclamados (entendidos en sentido amplio, esto es, trátese de norma general, acto u omisión de autoridad); lo anterior, en virtud de que para establecer la competencia de este juzgado federal, e incluso la procedencia del juicio respecto del cual se pronuncia, es menester conocer la naturaleza del mismo. En ese entendido, para su debida precisión deberá analizarse en su integridad la demanda de amparo, sus anexos y la aclaración que de la misma se hizo, en congruencia con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la información del expediente del juicio. Lo anterior, encuentra fundamento en la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Como en la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, cuyo rubro refiere: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En consecuencia, de la lectura integral del escrito de demanda, así como del análisis de los elementos antes apuntados a los que se refieren las tesis invocadas, se advierte que la solicitante de protección de derechos humanos reclama esencialmente: 1.- La omisión de dar respuesta a la petición formulada al escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil quince (reclamado en el escrito inicial de demanda). 2.- La contestación efectuada a dicha petición, contenida en el oficio SEVITRA/DJ/DAJDH/794/2015 de veinte de marzo de dos mil quince (reclamado en la ampliación de la demanda). TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca (foja 129), pues al rendir su informe justificado negó su existencia. Dicha negativa debe subsistir a pesar de que los aquí quejosos acompañaron a su demanda el acuse de recibo con sello original (fojas 4 a 8), del escrito que presentaron el diecisiete de marzo de dos mil quince, cuya omisión le reclaman en este juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que del Acuerdo delegatorio, publicado el cuatro de septiembre de dos mil doce, en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, se desprende que el Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, delegó facultades al Secretario de Vialidad y Transporte, para que intervenga en los asuntos referentes a la prestación del servicio público de transporte y será el responsable de los actos u omisiones en que incurra en el desempeño de dichas facultades; por ende, no es al Gobernador del Estado a quien corresponde proveer lo relativo a la petición que realizan los quejosos en el aludido escrito que también presentaron ante el Secretario de Vialidad y Transporte en el Estado de Oaxaca. Tampoco son ciertos los actos reclamados al Director Jurídico de la Secretaría de Vialidad y Transporte y Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, ya que en autos no se demostró se les haya formulado petición alguna y que no hayan dado respuesta a la misma. No es obstáculo que el Director Jurídico de la Secretaría de Vialidad y Transporte, al rendir su informe negara el acto reclamado consistente en el oficio SEVITRA/DJ/DAJDH/794/2015 (foja 39), pues si bien es él quien suscribe éste, de su contenido se advierte que ello lo realizó por órdenes del Titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte. Por tanto, se sobresee en el juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, Director Jurídico de la Secretaría de Vialidad y Transporte en el Estado de Oaxaca, con sede en San Antonio de la Cal y Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Secretario de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca, con sede en San Antonio de la Cal (fojas 24, 35 a 36 y 141), a pesar que en el informe presentado el doce de agosto de dos mil dieciséis, negara los actos. Ello, pues así se prueba con el acuse de recibo de dicho escrito con sellos originales que anexaron los quejosos a su demanda, con el contenido de dichos informes justificados y anexos que se acompañaron. QUINTO. Improcedencia de la demanda. Previo al análisis de fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que este tribunal advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia número 814, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, no se analizará el acto reclamado consistente en: 1.- La omisión de dar respuesta a la petición formulada al escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil quince (reclamado en el escrito inicial de demanda). Lo anterior, pues se advierte ha cesado el mismo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En principio, cabe precisar que la causa de improcedencia en estudio está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. De esta manera, la interpretación relacionada del artículo 61 fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ahora, de las constancias de autos, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°, se advierte lo siguiente: I.- En el escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil quince, ante la responsable Secretario de Vialidad y Transporte en el Estado de Oaxaca, manifestaron: Se les causa perjuicio como concesionarios y trabajadores del volante, debido a que el número de vehículos autorizados para prestar el servicio público de taxi, ha rebasado el publicado en el Periódico Oficial del Estado en el 2014, pues de acuerdo al estudio de factibilidad realizado en Salina Cruz, Oaxaca, se obtuvo un máximo de 95 concesiones, de las cuales sólo entraron 93. Han seguido ingresando unidades uniformadas, llegando a un total de 130, sin que cuenten con concesión, ni número económico distintivo, por lo que no están registradas en el padrón estatal que lleva la Secretaría de Transporte Público y Vialidad. Pero que dichos taxis circulan con placas de circulación del transporte público, lo que les hace pensar que existe corrupción por parte de las autoridades de Tránsito del Estado. Tienen conocimiento que fueron autorizadas unidades de motor para dar servicio en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, en diversas agencias municipales, sin que los quejosos hubieran sido tomados en cuenta, ya que no se les hizo saber que dichas unidades también podían trabajar en ese municipio. Por lo anterior, le pidieron: "De acuerdo a lo previsto en los numerales 1, 3, 4, 7, 8 y 12 de la Ley de Justicia Administrativa, se formara el expediente administrativo correspondiente, y se les notificara el acuerdo que recayera a esa petición, para poder impugnarlo. Se les reconociera la personalidad de concesionarios y choferes del servicio público de taxi. Se requiera al Delegado foráneo residente en Salina Cruz, Oaxaca, respecto del conocimiento de los hechos denunciados e informe sobre las medidas adoptadas. Se mande glosar a nuestro expediente que al efecto se forme, el registro total de los concesionarios autorizados para prestar el servicio público en su modalidad de taxi en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca y agencias municipales, esto para tener plena transparencia respecto el otorgamiento de las concesiones. Se glose a nuestro expediente los requisitos que debe cumplir el concesionario para que pueda circular la unidad de motor en la prestación del servicio público autorizado, se anexe a nuestro expediente la documental mediante la cual realizaron la petición de la ampliación del servicio público de transporte (taxi) en nuestro municipio, copia de la sesión de cabildo mediante la cual en pleno aprobaron u otorgaron la anuencia para solicitar el estudio técnico para ampliar el servicio, en la anualidad antepasada y la presente (2014-2015) esto con fundamento en el artículo 15 y 73 de la Ley de Transporte, copia del estudio técnico resultado de dicha petición y la resolución mediante la cual fue autorizada su formulación, copia de la declaratoria de la necesidad del servicio público de transporte y su convocatoria, copia del Periódico Oficial mediante el cual se publicaron dichas determinaciones, así como del periódico local de mayor circulación en nuestro municipio, copia del dictamen formulado por la secretaría sobre la capacidad legal, administrativa, técnica y financiera de los solicitantes, la resolución pronunciada respecto dicho dictamen y copia del Periódico Oficial del Estado mediante la cual fue publicada, copia de la determinación final de la capacidad e idoneidad de los solicitantes enviada al Gobernador del Estado, copia de todas y cada una de las solicitudes con sello legible presentadas ante la secretaría con motivo de la convocatoria, copia de la convocatoria fijada en la localidad y del periódico de mayor circulación mediante la cual fue publicada. Copia de la declaratoria de necesidad del Servicio Público de Transporte. Se glose a nuestro expediente copia legible, integra del expediente formado con motivo del procedimiento administrativo para el otorgamiento y ampliación del Servicio Público de Transporte en su modalidad de taxi en nuestro municipio y agencias municipales, en la anualidad (2014-2015); copia de los planes de operación establecidos para las rutas que prestan el Servicio Colectivo en las agencias". II.- A dicha petición recayó la contestación efectuada mediante oficio SEVITRA/DJ/DAJDH/794/2015 de veinte de marzo de dos mil quince, que dice: "[.] Por instrucciones del Secretario de Vialidad y Transporte en el Estado, con fundamento en la fracción II artículo 1 del Acuerdo delegatorio, por el que el Secretario delega facultades a favor del titular de esa Dirección Jurídica, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 28 de septiembre de 2012, artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 13 de la Ley de Transporte del Estado de Oaxaca, en atención a sus escritos sin fechas, remitido uno de ellos mediante oficio STPEE/G3/2015/293 por el Ciudadano Alejandro Cerda Figueroa, Secretario Técnico del Titular del Poder Ejecutivo, recibidos en la oficialía de partes de esta Secretaría los días diecisiete y dieciocho de marzo de dos mil quince, con números de folio 01504011 y 01504047, me permito comunicarles lo siguiente: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 de la ley de Transporte del Estado de Oaxaca, esta Secretaría llevó a cabo el estudio técnico para determinar la necesidad real del servicio en la localidad de Salina Cruz, Oaxaca; por lo que derivado del estudio técnico se determinó la necesidad dando como resultado el otorgamiento de 95 concesiones; de lo anterior y en cumplimiento a la fracción II del artículo 73 de la Ley de Transporte, se publicó la convocatoria el día veintidós de febrero de dos mil catorce, la cual fue abierta para las personas que tuvieran interés en participar en el procedimiento, señalando los requisitos a presentar así como fecha y hora para recepción de éstos. En esa misma tesitura la Secretaría de Vialidad y Transporte recibió documentación de 93 personas interesadas en la convocatoria y en cumplimiento al ordenamiento legal en cita, se emitió la correspondiente resolución, con la finalidad de hacer constar el cierre de verificación de documentación de los solicitantes de concesiones para la explotación del servicio público de transporte en la modalidad de taxi, publicada el día dieciséis de abril de dos mil catorce. No es omiso mencionarle que si bien la fracción IV y V del multicitado artículo establece que se remitirá al Gobernador del Estado y será el propio Titular del Ejecutivo quien resuelva, con fecha catorce de mayo del año dos mil catorce, se publicó el acuerdo mediante el cual el Gobernador del Estado delega al Secretario de Vialidad y Transporte las facultades para otorgar, revocar, modificar, suspender o declarar la nulidad y caducidad de las concesiones para el servicio público de transporte. Por lo anteriormente expuesto no es procedente su solicitud planteada, ya que el otorgamiento de concesiones para la localidad de Salina Cruz, Oaxaca, fue un proceso transparente, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes en la materia. En caso de que considere que se está transgrediendo derecho alguno, le manifiesto que quedan a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las instancias jurisdiccionales competentes. Por último, y respecto a las copias que solicitan de las concesiones otorgadas a favor únicamente de los que suscriben con el carácter de concesionarios, es procedente acordar favorabemente. [.]" Como se ve, las pruebas descritas, revelan que ha cesado en sus efectos: 1.- La omisión de dar respuesta a la petición formulada al escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil quince, pues la responsable ya proveyó al respecto mediante oficio SEVITRA/DJ/DAJDH/794/2015 (foja 39), lo que hizo en sentido negativo, pues la autoridad emitente expuso que no había lugar a lo solicitado por los peticionarios ya que el otorgamiento de concesiones para la localidad de Salina Cruz, Oaxaca, fue un proceso transparente, donde se cumplieron las disposiciones legales vigentes en la materia y dejó a salvo sus derechos para el caso de sentirse afectados por ello. Así, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, es ocioso examinar la constitucionalidad de dicha omisión, la cual, se insiste, quedó insubsistente sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del quejoso. SEXTO. Estudio. Son infundados los conceptos de violación que realizan los quejosos en relación a la respuesta dada a su petición por el Secretario de Vialidad y Transporte, mediante oficio SEVITRA/DJ/DAJDH/794/2015 (foja 39), en los que afirman: 1.- La respuesta a su petición presentada el diecisiete de marzo de dos mil quince, carece de fundamentación y motivación, pues solicitaron su intervención para que en aplicación de la Ley de Transporte y su Reglamento, atendieran la problemática planteada. 2.- La responsable evade dar respuesta concordante a lo específicamente rogado. Como se dijo, son infundados tales motivos de agravio, toda vez que de la lectura al escrito de petición que presentaron a la responsable Secretario de Vialidad y Transporte, el diecisiete de marzo de dos mil quince, se advierte que su petición la realizaron con motivo de haber tenido conocimiento que fueron autorizadas unidades de motor para dar servicio en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, en diversas agencias municipales, sin que hubieran sido tomados en cuenta, ya que no se les hizo saber que dichas unidades también podían trabajar en ese municipio, por lo que solicitaron que se formara el expediente administrativo a fin de se les notificara la respuesta y pudieran impugnarlo, y además: 1.- Se les reconociera la personalidad de concesionarios y choferes del servicio público de taxi. 2.- Se requiriera al Delegado foráneo residente en Salina Cruz, Oaxaca, respecto del conocimiento de los hechos denunciados e informe sobre las medidas adoptadas. 3.- Se mandara glosar a nuestro expediente que al efecto se forme, el registro total de los concesionarios autorizados para prestar el servicio público en su modalidad de taxi en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca y agencias municipales, esto para tener plena transparencia respecto el otorgamiento de las concesiones. 4.- Se glosara a su expediente los requisitos que debe cumplir el concesionario para que pueda circular la unidad de motor en la prestación del servicio público autorizado, se anexara a su expediente la documental mediante la cual realizaron la petición de la ampliación del servicio público de transporte (taxi) en nuestro municipio, copia de la sesión de cabildo mediante la cual en pleno aprobaron u otorgaron la anuencia para solicitar el estudio técnico para ampliar el servicio, en la anualidad antepasada y la presente (2014-2015) esto con fundamento en el artículo 15 y 73 de la Ley de Transporte, copia del estudio técnico resultado de dicha petición y la resolución mediante la cual fue autorizada su formulación, copia de la declaratoria de la necesidad del servicio público de transporte y su convocatoria, copia del Periódico Oficial mediante el cual se publicaron dichas determinaciones, así como del periódico local de mayor circulación en su municipio, copia del dictamen formulado por la secretaría sobre la capacidad legal, administrativa, técnica y financiera de los solicitantes, la resolución pronunciada respecto dicho dictamen y copia del Periódico Oficial del Estado mediante la cual fue publicada, copia de la determinación final de la capacidad e idoneidad de los solicitantes enviada al Gobernador del Estado, copia de todas y cada una de las solicitudes con sello legible presentadas ante la secretaría con motivo de la convocatoria, copia de la convocatoria fijada en la localidad y del periódico de mayor circulación mediante la cual fue publicada. 5.- Copia de la declaratoria de necesidad del Servicio Público de Transporte. 6.- Se glosara a su expediente copia legible, integra del expediente formado con motivo del procedimiento administrativo para el otorgamiento y ampliación del Servicio Público de Transporte en su modalidad de taxi en su municipio y agencias municipales, en la anualidad (2014-2015); copia de los planes de operación establecidos para las rutas que prestan el Servicio Colectivo en las agencias". En respuesta, el Secretario de Vialidad y Transporte de manera fundada y motivada dijo: ". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 de la ley de Transporte del Estado de Oaxaca, esta Secretaría llevó a cabo el estudio técnico para determinar la necesidad real del servicio en la localidad de Salina Cruz, Oaxaca; por lo que derivado del estudio técnico se determinó la necesidad dando como resultado el otorgamiento de 95 concesiones; de lo anterior y en cumplimiento a la fracción II del artículo 73 de la Ley de Transporte, se publicó la convocatoria el día veintidós de febrero de dos mil catorce, la cual fue abierta para las personas que tuvieran interés en participar en el procedimiento, señalando los requisitos a presentar así como fecha y hora para recepción de éstos. . Por lo anteriormente expuesto no es procedente su solicitud planteada, ya que el otorgamiento de concesiones para la localidad de Salina Cruz, Oaxaca, fue un proceso transparente, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes en la materia.." Como se ve de la respuesta transcrita, la autoridad responsable precisó como soporte legal de su actuar, el artículo 73 de la ley de Transporte del Estado de Oaxaca, que aduce lo faculta para realizar el estudio técnico de factibilidad para la necesidad real del servicio en Salina Cruz, Oaxaca, y que derivado del estudio técnico que se practicó, determinó la necesidad de otorgar noventa y cinco concesiones; que el proceso de otorgamiento de éstas fue transparente y por esa razón determinó que es improcedente la petición que le realizaron los quejosos, dejando a salvo sus derechos para que los hicieran valer ante las instancias correspondientes y además proveyó lo relativo a las copias certificadas que solicitaron. De ahí que este juzgador considera, opuesto a lo afirmado por los quejosos, la responsable sí dio respuesta fundada y motivada a su escrito de petición presentado el diecisiete de marzo de dos mil quince, lo cual concuerda con lo peticionado y se encuentra relacionado con lo pedido. En las relatadas consideraciones, al ser infundados los conceptos de violación planteados por el quejoso, lo procedente es NEGAR el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por los quejosos Víctor Felipe Cabañas Moreno, José Manuel Quevedo Cruz, Leobardo Castellanos Hernández, Leyden Ojeda Fuentes, Jesús Palacios Chiñas, Fidel Gallegos De La Cruz, Roberto García Moreno, Alfredo Hernández González, Félix Nandez Fuentes, Eleuterio Avendaño Cruz, Carlos Arizmendi Sánchez, José Luis Jiménez Pacheco, Óscar Montes Méndez, contra la respuesta contenida en el oficio SEVITRA/DJ/DAJDH/794/2015 (foja 39), que reclaman al Secretario de Vialidad y Transporte en el Estado de Oaxaca, con sede en San Antonio de la Cal, Oaxaca. SÉPTIMO. En términos de los artículos 1 al 9 y 12 a 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debido a que la quejosa no se opuso ni hizo manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener esta resolución. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 63, 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo por los actos precisados en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Víctor Felipe Cabañas Moreno, José Manuel Quevedo Cruz, Leobardo Castellanos Hernández, Leyden Ojeda Fuentes, Jesús Palacios Chiñas, Fidel Gallegos De La Cruz, Roberto García Moreno, Alfredo Hernández González, Félix Nandez Fuentes, Eleuterio Avendaño Cruz, Carlos Arizmendi Sánchez, José Luis Jiménez Pacheco, Óscar Montes Méndez, contra la respuesta contenida mediante oficio SEVITRA/DJ/DAJDH/794/2015 (foja 39), que reclama al Secretario de Vialidad y Transporte en el Estado de Oaxaca, con sede en San Antonio de la Cal, Oaxaca, por las razones expuestas en el penúltimo considerando de este fallo. TERCERO. En su oportunidad, dese cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de este fallo.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de enero de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito de cuenta suscrita por la quejosa Iliana Méndez Matadamas; en atención a su contenido y como lo solicita, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, expídanse las copias certificadas que refiere, previa identificación y razón que de su recibo se deje en autos, teniendo por autorizadas para recibirlas a las personas que menciona. NOTIFÍQUESE.
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