Uriel Gutierrez Soriano
Expediente 1744/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1744/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Uriel Gutierrez Soriano
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Devolución de exhortos. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a los autos los exhortos 1204/2023, orden 1319/2023 y 1235/2023-I-B, orden 1354/2023 del índice de los Juzgado Tercero y Primero de Distrito en la Laguna, derivados de los diversos 123/2023-VII y 127/2023, del juicio de amparo en que se actúa, donde se advierte que remiten las constancias de notificación realizadas a la parte quejosa de los autos de diez y dieciséis de noviembre actual (fojas 16 a 19 y 31 y 32); por tanto, se tiene por notificado al quejoso de los proveídos de mérito y respecto a las manifestaciones hechas en una de las notificaciones respecto a que se le notifiquen los informes justificados, deberá estarse a lo acordado en auto de dieciséis de noviembre de este año el cual ya se le notificó. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, agréguense a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México; a través del cual rinde su respectivo informe justificado y remite copia certificada de diversas constancias relacionadas con el acto reclamado. Vista. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe de cuenta para que manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la celebración de la audiencia constitucional. CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. De igual forma, en términos de los artículos 63 y 64 de la Ley de Amparo, se tienen por invocada la causa de sobreseimiento hecha valer por la responsable, sin perjuicio de considerarla en el momento procesal oportuno. Notifíquese y personalmente a la defensa del quejoso.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Defensoría designa defensor. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Encargada del Área de Amparos y Fianzas de Interés Social del Instituto de la Defensoría Pública, a través de cual designa como defensor de la parte quejosa a Enrique Leal Robles. En consecuencia, téngase como defensor de la parte quejosa a Enrique Leal Robles, en el presente juicio de amparo. De igual manera, se toma conocimiento del domicilio para oír y recibir notificaciones y de los defensores públicos autorizados. Defensor protesta cargo. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por Enrique Leal Robles, mediante el cual acepta y protesta el cargo conferido para fungir como defensor del quejoso Uriel Gutiérrez Soriano, para lo cual adjunta copia digitalizada de su cédula profesional que lo acredita como Licenciado en Derecho y de su credencial oficial expedida por la Secretaría de Justicia de Derechos Humanos, del Instituto de la Defensoría Pública; asimismo, proporciona correo electrónico, número telefónico y autoriza a diversas personas para oír y recibir notificaciones. En ese sentido, se tiene por cumplido el requerimiento formulado en auto de diez de los actuales (fojas 16 a 19), y se deja sin efectos el apercibimiento respectivo, por lo que se tiene como defensor público de Uriel Gutiérrez Soriano, para los efectos legales a que haya lugar, por lo que se ordena practicar ésta y las subsecuentes notificaciones derivadas del presente asunto, por su conducto de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2049, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2022, Libro 18, Tomo II, Undécima Época cuyo rubro y texto establece: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]."Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable." Exhorto. Tomando en consideración que el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS-Durango" con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto via SISE al Juzgado de Distrito en la Laguna, Torreón, Coahuila en turno, para que de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, comisione al actuario judicial de su adscripción a fin de que se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS-Durango" y notifique al quejoso Uriel Gutiérrez Soriano el presente proveído. Correo electrónico y número telefónico. Ahora, no obstante que la Ley de Amparo no contempla las notificaciones vía correo electrónico y número telefónico, como lo señala el promovente, únicamente tómese nota de dichos datos y se comisiona a la Secretaria de la adscripción a efecto de que haga uso por cuanto refiere a estos para comunicaciones no procesales con el fin de encauzar el presente procedimiento; por lo que no ha lugar a acordar de conformidad sobre la petición en el sentido de que le sea notificado de esa manera, pues ni la Ley de Amparo ni el citado acuerdo contempla dicha situación. Autorizados. Ténganse por autorizadas a las personas que señalan para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México. Fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1744/2023-VII. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda intentada. Incidente de Suspensión. Sin que en el caso se estime necesario aperturar los cuadernos incidentales respectivos, pues la parte quejosa no solicitó la medida cautelar. Intervención al Agente del Ministerio Público Adscrito. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde y, en atención a la fracción III, del artículo 26 de la ley de la materia, notifíquese por medio de lista de publicación que se fija, para los fines legales a que haya lugar. Señalamiento de la Audiencia Constitucional. Se fijan las diez horas con cincuenta minutos del siete de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. ... Defensor público. Toda vez que el derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad en el juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; con copia de la demanda de amparo remítase oficio al Director General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, para que en el plazo establecido en el numeral 297, fracción II de la legislación procesal civil citada; es decir, tres días computados legalmente, en auxilio de la Justicia Federal, proponga una persona que funja con tal carácter; en el entendido que la aceptación y protesta del cargo del defensor que se designe podrá ser mediante escrito dirigido a éste órgano jurisdiccional al que se anexe el original o copia certificada del documento que lo acredite como tal o por comparecencia. ... RESERVA DOMICILIO. Finalmente, se reserva acordar sobre el domicilio, hasta en tanto el quejoso cuente con un defensor que acepte el cargo. ... Notifíquese.
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