Uriel Gómez García

Expediente 715/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
715/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
26/06/2017

Partes del expediente

  • Uriel Gómez García

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de junio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, a través del cual da cumplimiento a la prevención de uno de junio de dos mil diecisiete (fojas 8-11), manifestando bajo protesta de decir verdad que la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado lo es el ocho de mayo de dos mil diecisiete, por lo anterior se provee: Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida ***, por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Juez Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 2. Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. 3. Director de la Policía Especializada de Investigación en el Estado, con sede en esta ciudad. DESECHAMIENTO En atención a lo anterior, una vez analizado integralmente el escrito aclaratorio y la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la demanda de que se trata debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.; (.)" De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, se hace necesario precisar, en lo que interesa, el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días, previsto como regla general en el propio precepto. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Precisado lo anterior, es menester señalar que en el presente asunto la parte quejosa señaló como acto de molestia la orden de aprehensión y/o presentación dictada en su contra, y mediante el escrito aclaratorio por el que da cumplimiento a la prevención que le fue formulada, señaló lo siguiente: ". BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LA FECHA EN QUE TUVE CONOCIMIENTO DE DICHO ACTO RECLAMADO FUE EL DIA OCHO DE MAYO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, POR LO QUE EN ESE SENTIDO SOLICITO SE PROVEA DE CONFORMIDAD LO MANIFESTADO EN ESTE ESCRITO" De lo anterior, se evidencia que en el caso, el promovente tuvo conocimiento del acto que reputa violatorio de derechos fundamentales desde el ocho de mayo de dos mil diecisiete, pues, como ya se dijo, refiere "bajo protesta de decir verdad" en su escrito aclaratorio que en esa fecha tuvo conocimiento del acto señalado de inconstitucional, consistente en la orden de aprehensión y/o presentación dictada en su contra, de ahí que se sostenga que la demanda de amparo de que se trata se presentó de forma extemporánea. En efecto, la manifestación del quejoso en el escrito que se provee, constituye una confesión que prueba plenamente en su contra, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario dice: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe". Por tanto, lo anterior, es suficiente para acreditar que el quejoso tuvo conocimiento del acto que en esta instancia se reclama desde el ocho de mayo de dos mil diecisiete. Por consiguiente, si presentó la demanda de amparo hasta el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, según se advierte del sello impuesto por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, así como del impuesto por la oficialía de partes de este Juzgado, es inconcuso que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo. Es así, pues desde el día siguiente (nueve de mayo de dos mil diecisiete), al en que tuvo conocimiento del acto reclamado (ocho de mayo de dos mil diecisiete), hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo (treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete), transcurrió en exceso el aludido término de quince días, como puede advertirse de la siguiente tabla dinámica que se inserta: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 FECHA EN LA QUE SE OSTENTÓ SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO 9 DIA 1 10 DIA 2 11 DIA 3 12 DIA 4 13 14 15 DIA 5 16 DIA 6 17 DIA 7 18 DIA 8 19 DIA 9 20 21 22 DIA 10 23 DIA 11 24 DIA 12 25 DIA 13 26 DIA 14 27 28 29 DIA 15 30 31 PRESENTACIÓN DE DEMANDA EN OCC Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita el acto reclamado, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que reclama; sin embargo, al no hacerlo la misma resulta extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece en la página 652, Primera Parte, precedentes, del Apéndice en consulta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los ordinales 5°, 6° y 17 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, PROCEDO A NOTIFICAR POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de junio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, a través del cual da cumplimiento a la prevención de uno de junio de dos mil diecisiete (fojas 8-11), manifestando bajo protesta de decir verdad que la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado lo es el ocho de mayo de dos mil diecisiete, por lo anterior se provee: Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida ***, por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Juez Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 2. Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. 3. Director de la Policía Especializada de Investigación en el Estado, con sede en esta ciudad. DESECHAMIENTO En atención a lo anterior, una vez analizado integralmente el escrito aclaratorio y la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la demanda de que se trata debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.; (.)" De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, se hace necesario precisar, en lo que interesa, el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días, previsto como regla general en el propio precepto. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Precisado lo anterior, es menester señalar que en el presente asunto la parte quejosa señaló como acto de molestia la orden de aprehensión y/o presentación dictada en su contra, y mediante el escrito aclaratorio por el que da cumplimiento a la prevención que le fue formulada, señaló lo siguiente: ". BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LA FECHA EN QUE TUVE CONOCIMIENTO DE DICHO ACTO RECLAMADO FUE EL DIA OCHO DE MAYO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, POR LO QUE EN ESE SENTIDO SOLICITO SE PROVEA DE CONFORMIDAD LO MANIFESTADO EN ESTE ESCRITO" De lo anterior, se evidencia que en el caso, el promovente tuvo conocimiento del acto que reputa violatorio de derechos fundamentales desde el ocho de mayo de dos mil diecisiete, pues, como ya se dijo, refiere "bajo protesta de decir verdad" en su escrito aclaratorio que en esa fecha tuvo conocimiento del acto señalado de inconstitucional, consistente en la orden de aprehensión y/o presentación dictada en su contra, de ahí que se sostenga que la demanda de amparo de que se trata se presentó de forma extemporánea. En efecto, la manifestación del quejoso en el escrito que se provee, constituye una confesión que prueba plenamente en su contra, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario dice: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe". Por tanto, lo anterior, es suficiente para acreditar que el quejoso tuvo conocimiento del acto que en esta instancia se reclama desde el ocho de mayo de dos mil diecisiete. Por consiguiente, si presentó la demanda de amparo hasta el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, según se advierte del sello impuesto por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, así como del impuesto por la oficialía de partes de este Juzgado, es inconcuso que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo. Es así, pues desde el día siguiente (nueve de mayo de dos mil diecisiete), al en que tuvo conocimiento del acto reclamado (ocho de mayo de dos mil diecisiete), hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo (treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete), transcurrió en exceso el aludido término de quince días, como puede advertirse de la siguiente tabla dinámica que se inserta: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 FECHA EN LA QUE SE OSTENTÓ SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO 9 DIA 1 10 DIA 2 11 DIA 3 12 DIA 4 13 14 15 DIA 5 16 DIA 6 17 DIA 7 18 DIA 8 19 DIA 9 20 21 22 DIA 10 23 DIA 11 24 DIA 12 25 DIA 13 26 DIA 14 27 28 29 DIA 15 30 31 PRESENTACIÓN DE DEMANDA EN OCC Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita el acto reclamado, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que reclama; sin embargo, al no hacerlo la misma resulta extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece en la página 652, Primera Parte, precedentes, del Apéndice en consulta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los ordinales 5°, 6° y 17 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; uno de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida ***, por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Juez Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 2. Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. 3. Director de la Policía Especializada de Investigación en el Estado, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 592/2017-1-B. PREVENCIÓN POR FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Con el objeto de acordar lo que proceda sobre la admisibilidad de la demanda de referencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: La fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado en el presente asunto, consistente en la orden de aprehensión y/o presentación dictada en su contra. Tiene aplicación la jurisprudencia que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Lo anterior se considera así, ya que la orden de aprehensión es un acto que se encuentra dentro del procedimiento judicial, resultando aplicable el plazo de quince días, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción de la demanda. Tiene aplicación la tesis que literalmente establece: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)]. En la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1079, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en la demanda de amparo el quejoso omite señalar la fecha en que conoció el acto reclamado, el Juez debe prevenirlo para que subsane tal deficiencia. Ahora bien, tal criterio es aplicable a la demanda de amparo en que se reclama la orden de aprehensión, porque como dicho acto se encuentra dentro del procedimiento judicial, le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si dicho juicio constitucional se promueve contra esa orden de captura y el quejoso omite señalar la fecha en que la conoció, el Juez de Distrito debe prevenirlo para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste cuándo tuvo conocimiento de aquélla." APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoprimer Circuito, que a la letra reza: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN. Cuando en términos de lo previsto en el primer párrafo, del artículo 146, de la Ley de Amparo, el juez de Distrito previene al promovente del juicio de garantías para que colme alguno de los requisitos necesarios de la demanda, establecidos en el precepto 116 del propio ordenamiento, con el apercibimiento de ley, verbigracia exprese el acto reclamado o lo precise y, el promovente incumple con satisfacer tal requerimiento, debe concluirse que ulterior auto de desechamiento de esa demanda se ajuste a lo ordenado en el segundo párrafo, del dispositivo legal invocado en primer término." DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos restringidos a José ***, toda vez que no se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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