Uriel Garibo Valente

Expediente 654/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
654/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
06/09/2021

Partes del expediente

  • Uriel Garibo Valente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a seis de septiembre de dos mil veintiuno Agréguese a los autos el oficio que envía el Director del Centro de Reinserción Social el Hongo II, en Tecate, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno y remite la boleta de libertad del quejoso *****; en consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento ahí inserto. En ese sentido, del oficio de cuenta y anexos se advierte que el quejoso ***, fue puesto en libertad el cuatro de junio de dos mil veintiuno, en virtud de que se le concedió el beneficio de remisión parcial de la pena, en relación con el cuaderno de ejecución 763/2018 del índice del Juzgado de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate. Por tal motivo, el suscrito estima, que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61 fracción XXI y 63 fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante del juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Del texto de los artículos reproducidos, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de su derecho constitucional. Bajo esa premisa, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar la actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de resolver con audiencia pública relativo a la ??????????????? solicitud del beneficio de remisión parcial de la pena, el cuaderno de ejecución 763/2018. Además, de las constancias que envía el Director del Centro de Reinserción Social El Hongo II, en Tecate Baja California, se advierte que el quejoso fue puesto en inmediata libertad por habérsele otorgado el beneficio de la remisión parcial de la pena. Lo que evidencia que sobrevino la causal de improcedencia invocada. En la medida en que, aun y cuando exista la omisión reclamada, el objeto para el cual se emitió dicho acto de autoridad ya no continua surtiendo efectos, dado que el quejoso quedó en libertad, con motivo de su actual situación jurídica, los efectos derivados de la omisión reclamada han dejado de interferir en la esfera jurídica del quejoso, tornando carente de finalidad práctica su análisis e improcedente su examen en esta vía constitucional, sobreviniendo con ello la causal de improcedencia invocada. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, esto es, cuando por motivo de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Luego, al haber sobrevenido durante la tramitación del presente juicio de amparo, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por *****, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del trece de octubre de dos mil veintiuno; sin lugar a fijar nueva fecha por los motivos expuestos. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis número 2./J.10/20031, que es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito Juzgador y la Secretaria que da fe, al tener el mismo valor de la firma autógrafa y se instruye al 1 Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época. ??????????????? personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22, 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2. Notifíquese por lista al quejoso

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos del juicio en que se actúa, el oficio firmado por la Coordinadora Penal Zona Costa Defensoría Pública del Estado, mediante el cual informa, que designa como representante del quejoso, a los licenciados *******, y por señalado el domicilio que indica en el oficio que se atiende, para oír y recibir notificaciones, también por autorizados para ese efecto a los profesionistas que indica, de conformidad a lo que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. Finalmente, se hace constar que este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito Juzgador y la Secretaria que da fe, al tener el mismo valor de la firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a siete de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de uno de julio de la presente anualidad se reexpidió con la denominación correcta el oficio a la autoridad responsable Coordinador del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la ciudad de Tecate; por lo anterior, para dar margen a su notificación se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de agosto de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo dicha audiencia. Fecha que se fija atendiendo a la saturación de la agenda de este órgano jurisdiccional, con motivo de la escasa actividad que se tuvo durante el periodo de contingencia; en concordancia con el criterio que sostiene, la tesis sustentada en por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 328173 publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXVII, página quinientos diecinueve, Quinta Época, cuyo rubro y texto establecen: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 1471 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, 1 Artículo 115 de la Ley de Amparo vigente. humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del Juzgador." Lo destacado es propio. Este proveído se firma de manera electrónica por la Secretaria encargada del despacho y el Secretario que da fe, al tener el mismo valor de la firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22, 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2. Notifíquese.

  4. Principal

    Se ordena reexpedir oficio

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