Uriel Galicia Castillo
Expediente 479/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 479/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 04/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Uriel Galicia Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 03/agosto/2021, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el aviso que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: Ciudad de México; tres de agosto de dos mil veintiuno. Vistas las certificaciones que anteceden, de las que se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra del auto que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo dentro del término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 12, 14 y 21, incisos a) y c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órgano jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, además de que este juzgado estima que no tiene relevancia documental por la cual se deba conservar. Por otro lado, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito y en caso de que obren agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el punto décimo primero último párrafo y vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ponen a su disposición dichos documentos por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este juzgado a efecto de que recoja los mismos, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. Asimismo, hágase de su conocimiento que deberá seguir el procedimiento establecido en el Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus del COVID-19, a fin de recoger dichos documentos. Con el objeto de notificar esta determinación a la parte quejosa, acorde con el inciso c) de la fracción I del artículo 26, en relación con el último párrafo del numeral 21, ambos de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma Jonathan Hernández Guzmán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y conforme al oficio número CCJ/ST/2034/2021 de cinco de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa asistido de Grisel Ariana de la Cruz Cano, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
PERSONAL. Vistas las certificaciones que anteceden, se declara que el citado auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito y en caso de que obren agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; se ponen a su disposición.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL...Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por ********************, parte quejosa en el presente juicio de amparo, por el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de veinticinco de junio del año en curso. Ahora, toda vez que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo y también la ampliación a ésta para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por tanto, se procede a analizar tales aspectos. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo sesenta y ocho, agosto de mil novecientos noventa y tres, página setenta y siete, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". La tesis en cuestión sostiene que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De un estudio realizado al escrito inicial de demanda, se advierte que el promovente reclamó como acto de autoridad, en esencia: La omisión de dictar resolución en el procedimiento administrativo ********************, así como la omisión de notificar dicha resolución. Por su parte, el quejoso en el escrito de ampliación de demanda presentado en la oficialía de partes de este juzgado de distrito ocho de junio del año en curso, mismo que quedó registrado con el folio "9067", pretende introducir a la litis: La notificación de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno por medio de cédula de notificación con folio ********************(de la resolución dictada en el procedimiento administrativo ******************** de treinta de octubre de dos mil veinte). Por otra parte, en el escrito de ampliación de demanda, el quejoso manifestó, lo siguiente: "[.] [.]" Asimismo, del escrito de desahogo que se provee, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "[.] [.]" Además, de las pruebas ofrecidas por el quejoso se advierte la documental consistente en el acuerdo de diez de junio de dos mil veintiuno emitido en el juicio de nulidad ********************, del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. De las anteriores imágenes y pruebas del quejoso se advierte, la manifestación, bajo protesta de decir verdad, que la resolución dictada en el procedimiento administrativo ******************** de treinta de octubre de dos mil veinte y su notificación de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno por medio de cédula de notificación con folio ********************están siendo combatidas a través del juicio de nulidad número ********************, del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. En consecuencia, se colige que en el caso es procedente desechar la ampliación demanda, toda vez que respecto a dicho acto -notificación de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno por medio de cédula de notificación con folio ********************se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. [.]" Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando contra el acto reclamado se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En efecto, respecto del acto que pretende introducir a la litis en vía de ampliación de demanda, mismo que consiste en la notificación de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por medio de cédula de notificación con folio ********************el promovente informa que interpuso juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el cual, mediante proveído de diez de junio de dos mil veintiuno, la Primera Sala Ordinaria del tribunal aludido admitió a trámite el mismo; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo. Manifestaciones que entrañan una confesión espontánea, que por esa razón tienen la eficacia convictiva suficiente para demostrar que se encuentra tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y por ende el cumplimiento que se pretenda dar a dicha resolución, se encuentra sujeto a lo que resuelva dicho tribunal, lo que da lugar a que se actualice de manera notoria e indudable la improcedencia del juicio en términos de los artículos 61 fracción XIX, y 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295, del Tomo LXXXIX, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe.". Cabe señalar que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes y en tal virtud, antes de acudir a él, es menester agotar en primer término la jurisdicción ordinaria, por lo que en el caso, el promovente se encuentra combatiendo el acto reclamado en vía de ampliación, en sede ordinaria, esto es, mediante el juicio de nulidad radicado ante la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. En ese sentido, cuando el afectado opta por la vía del recurso ordinario para obtener la nulidad o modificación del acto lesivo a su interés, es a partir de ese momento que tiene la inexorable obligación de recorrer todas y cada una de las jurisdicciones y competencias ordinarias aptas para rectificar dicho acto, por lo que no cumple con el principio de definitividad establecido en el numeral 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable en lo conducente la tesis 1a. XXII/98 de la Primera Sala, visible en la página 61, tomo VII, Junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE HAYA ACORDADO SU TRÁMITE. En términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional de garantías es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causal en comento, independientemente de que no se haya admitido, pues lo cierto es que se encuentra pendiente de trámite, máxime si no se demuestra que ha habido desistimiento del mismo. Es decir, aun suponiendo que en el recurso todavía no hubiera sido admitido, por estar pendiente de acuerdo, esto no implica, para efectos del juicio de amparo, que no se esté tramitando, debido a que si bien, en términos procesales, todavía no se le da trámite o se desecha o se tiene por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que deba tenerse por no interpuesto, porque conforme a lo dispuesto en el citado numeral, al hablar de que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que se alegue que no ha sido admitido, ya que sigue subsistiendo esa posibilidad. Por consiguiente, y al actualizarse una causa notoria y manifiesta de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la ampliación de demanda promovida por ********************, por propio derecho, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Conforme a lo anterior, toda vez que la procedencia del juicio constitucional es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, esta juzgadora advierte la actualización de una diversa causal de improcedencia respecto del acto inicial combatido. El contenido del artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo es: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" Del referido numeral se prevé que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que haya dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En ese sentido, respecto del acto reclamado en el escrito inicial de demanda (omisión de dictar resolución en el procedimiento administrativo ********************, así como la omisión de notificar dicha resolución) se actualiza la causa de improcedencia en cita, toda vez que, tal y como se advierte en párrafos que anteceden, el acto primigeniamente reclamado dejó de existir al dictarse la resolución de treinta de octubre de dos mil veinte y su notificación, contenida en la cédula de notificación y acta de diligencia de notificación de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, actuaciones que están siendo impugnadas mediante juicio de nulidad tramitado ante Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. De ahí que, el juicio constitucional tramitado no tiene razón de ser porque su objetivo ha desaparecido, y porque en términos del arábigo 77 de la ley en consulta la finalidad de su instauración es restituir al peticionario en el pleno goce y respeto del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión. Siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Sin que en el caso pueda concretarse debido a que la resolución emitida en el procedimiento administrativo ********************, así como su notificación están siendo combatidas a través del medio ordinario de defensa; de ahí que, no es viable analizar la omisión reclamada pues quedó subsumida en las actuaciones que combate ante el Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad federativa. Tiene aplicación la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 858 tomo CIV, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia Civil, Quinta Época que dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo." Por tanto, al actualizarse de manera indubitable la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 63, de la Ley de Amparo, se impone SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Además, no causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial sustentado por la por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de dos mil tres, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada para llevarse a cabo la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encuentra fijada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente, con el objeto de notificar el presente proveído, se habilitan días y horas inhábiles; lo anterior, con fundamento lo previsto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA... Ciudad de México; siete de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Uriel Galicia Castillo, parte quejosa en el presente juicio de amparo, por el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de veinticinco de junio del año en curso. Ahora, toda vez que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo y también la ampliación a ésta para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por tanto, se procede a analizar tales aspectos. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo sesenta y ocho, agosto de mil novecientos noventa y tres, página setenta y siete, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". La tesis en cuestión sostiene que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De un estudio realizado al escrito inicial de demanda, se advierte que el promovente reclamó como acto de autoridad, en esencia: ? La omisión de dictar resolución en el procedimiento administrativo CCC/0020/16-01, así como la omisión de notificar dicha resolución. Por su parte, el quejoso en el escrito de ampliación de demanda presentado en la oficialía de partes de este juzgado de distrito ocho de junio del año en curso, mismo que quedó registrado con el folio "9067", pretende introducir a la litis: ? La notificación de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno por medio de cédula de notificación con folio 0680/2020 (de la resolución dictada en el procedimiento administrativo CCC/0020/16-01 de treinta de octubre de dos mil veinte). Por otra parte, en el escrito de ampliación de demanda, el quejoso manifestó, lo siguiente: "[.] [.]" Asimismo, del escrito de desahogo que se provee, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "[.] [.]" Además, de las pruebas ofrecidas por el quejoso se advierte la documental consistente en el acuerdo de diez de junio de dos mil veintiuno emitido en el juicio de nulidad TJ/I-26102/2021, del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. De las anteriores imágenes y pruebas del quejoso se advierte, la manifestación, bajo protesta de decir verdad, que la resolución dictada en el procedimiento administrativo CCC/0020/16-01 de treinta de octubre de dos mil veinte y su notificación de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno por medio de cédula de notificación con folio 0680/2020, están siendo combatidas a través del juicio de nulidad número TJ/I-26102/2021, del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. En consecuencia, se colige que en el caso es procedente desechar la ampliación demanda, toda vez que respecto a dicho acto -notificación de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno por medio de cédula de notificación con folio 0680/2020- se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. [.]" Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando contra el acto reclamado se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En efecto, respecto del acto que pretende introducir a la litis en vía de ampliación de demanda, mismo que consiste en la notificación de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por medio de cédula de notificación con folio 0680/2020, el promovente informa que interpuso juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el cual, mediante proveído de diez de junio de dos mil veintiuno, la Primera Sala Ordinaria del tribunal aludido admitió a trámite el mismo; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo. Manifestaciones que entrañan una confesión espontánea, que por esa razón tienen la eficacia convictiva suficiente para demostrar que se encuentra tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y por ende el cumplimiento que se pretenda dar a dicha resolución, se encuentra sujeto a lo que resuelva dicho tribunal, lo que da lugar a que se actualice de manera notoria e indudable la improcedencia del juicio en términos de los artículos 61 fracción XIX, y 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295, del Tomo LXXXIX, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe.". Cabe señalar que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes y en tal virtud, antes de acudir a él, es menester agotar en primer término la jurisdicción ordinaria, por lo que en el caso, el promovente se encuentra combatiendo el acto reclamado en vía de ampliación, en sede ordinaria, esto es, mediante el juicio de nulidad radicado ante la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. En ese sentido, cuando el afectado opta por la vía del recurso ordinario para obtener la nulidad o modificación del acto lesivo a su interés, es a partir de ese momento que tiene la inexorable obligación de recorrer todas y cada una de las jurisdicciones y competencias ordinarias aptas para rectificar dicho acto, por lo que no cumple con el principio de definitividad establecido en el numeral 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable en lo conducente la tesis 1a. XXII/98 de la Primera Sala, visible en la página 61, tomo VII, Junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE HAYA ACORDADO SU TRÁMITE. En términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional de garantías es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causal en comento, independientemente de que no se haya admitido, pues lo cierto es que se encuentra pendiente de trámite, máxime si no se demuestra que ha habido desistimiento del mismo. Es decir, aun suponiendo que en el recurso todavía no hubiera sido admitido, por estar pendiente de acuerdo, esto no implica, para efectos del juicio de amparo, que no se esté tramitando, debido a que si bien, en términos procesales, todavía no se le da trámite o se desecha o se tiene por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que deba tenerse por no interpuesto, porque conforme a lo dispuesto en el citado numeral, al hablar de que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que se alegue que no ha sido admitido, ya que sigue subsistiendo esa posibilidad. Por consiguiente, y al actualizarse una causa notoria y manifiesta de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la ampliación de demanda promovida por Uriel Galicia Castillo, por propio derecho, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Conforme a lo anterior, toda vez que la procedencia del juicio constitucional es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, esta juzgadora advierte la actualización de una diversa causal de improcedencia respecto del acto inicial combatido. El contenido del artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo es: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" Del referido numeral se prevé que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que haya dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En ese sentido, respecto del acto reclamado en el escrito inicial de demanda (omisión de dictar resolución en el procedimiento administrativo CCC/0020/16-01, así como la omisión de notificar dicha resolución) se actualiza la causa de improcedencia en cita, toda vez que, tal y como se advierte en párrafos que anteceden, el acto primigeniamente reclamado dejó de existir al dictarse la resolución de treinta de octubre de dos mil veinte y su notificación, contenida en la cédula de notificación y acta de diligencia de notificación de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, actuaciones que están siendo impugnadas mediante juicio de nulidad tramitado ante Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. De ahí que, el juicio constitucional tramitado no tiene razón de ser porque su objetivo ha desaparecido, y porque en términos del arábigo 77 de la ley en consulta la finalidad de su instauración es restituir al peticionario en el pleno goce y respeto del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión. Siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Sin que en el caso pueda concretarse debido a que la resolución emitida en el procedimiento administrativo CCC/0020/16-01, así como su notificación están siendo combatidas a través del medio ordinario de defensa; de ahí que, no es viable analizar la omisión reclamada pues quedó subsumida en las actuaciones que combate ante el Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad federativa. Tiene aplicación la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 858 tomo CIV, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia Civil, Quinta Época que dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo." Por tanto, al actualizarse de manera indubitable la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 63, de la Ley de Amparo, se impone SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Además, no causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial sustentado por la por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de dos mil tres, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada para llevarse a cabo la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encuentra fijada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente, con el objeto de notificar el presente proveído, se habilitan días y horas inhábiles; lo anterior, con fundamento lo previsto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistida de Grisel Ariana de la Cruz Cano, Secretaria que autoriza y da fe. DOY FE.
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