Uriel Francisco Crisóstomos de los Ángeles
Expediente 1450/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1450/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Uriel Francisco Crisóstomos de los Ángeles
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de enero de dos mil veintidós. I. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo conferido para hacer valer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo origen de este juicio, sin que se hubiese hecho valer en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO. II. Protección de datos personales. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. III. Archivo. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
(NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ EN EL JUZGADO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, NI SUS AUTORIZADOS, A PESAR DEL CITATORIO JUDICIAL QUE SE LES DEJÓ CON ANTERIORIDAD)San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. I. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo promovida por ****de los Ángeles, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y otras autoridades, fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 1450/2021. II. Expediente electrónico y juicio en línea. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o incluso a través de la aplicación disponible para dispositivos móviles se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no solo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. III. Análisis de la demanda de amparo. Ahora bien, es pertinente señalar que el escrito inicial de demanda y los documentos en los que se funde, deben ser analizados en su integridad, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda. Por tanto, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo señala el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, el quejoso Uriel Francisco Crisóstomo de los Ángeles, reclama los siguientes actos: "a) Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca se reclama: 1) La omisión en la designación del Procurador de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca. 2) La omisión en las adecuaciones administrativas para que entre en funciones y ejerza sus atribuciones la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca. 3) La omisión de la aplicación de la ley que crea a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca aprobada por la LXIII Legislatura el 15 de abril del 2018 y publicado en el Periódico Oficial número 24 Cuarta Sección del 16 de junio del 2018. b) De la Titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable se reclama: 1) La omisión de la aplicación de la ley que crea a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca aprobada por la LXIII Legislatura el 15 de abril del 2018 y publicado en el Periódico Oficial número 24 Cuarta Sección del 16 de junio del 2018. c) Del Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Jorge Antonio Hidalgo Tirado se reclama: 1.- La omisión de realizar las adecuaciones presupuestarias y la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros, a la Dirección de Protección Ambiental del Estado de Oaxaca. De los actos que señala la parte quejosa se aprecia que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." En relación a la citada causal de improcedencia es necesario precisar que el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, consiste en un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Así pues, se trata de una figura intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que si bien no se exige la afectación a un derecho subjetivo, tampoco consiste en que cualquier persona esté legitimada para promover el juicio de amparo. De esta forma, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. En suma, para promover el juicio de amparo, existen tres categorías en que una persona puede situarse frente a los actos de autoridad, a saber: a) interés jurídico, b) interés legítimo e c) interés simple. Para la procedencia del juicio de amparo, únicamente los dos primeros, otorgan legitimación a las personas; lo que tiene concordancia con el propósito constitucional de delimitar el poder de revisión judicial de normas generales y actos, al principio de división de poderes, para que solamente sea activable cuando esta función sea necesaria para resolver una controversia real, que involucre la suerte de un interés con relevancia jurídica de una persona, de acuerdo con un parámetro jurídico. Esto implica que para acudir al juicio de amparo aduciendo tener un interés legítimo, es necesario que el quejoso exponga, en un primer momento, lo siguiente: 1) qué norma constitucional establece o tutela el interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; 2) que el acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, 3) que el quejoso pertenece a esa colectividad. Pues de lo contrario, el promovente solo tendría un interés simple, como el que cualquier persona tuviera en el asunto; el cual no legitima para promover el juicio de amparo. Como sustento de todo lo anterior, se invoca la jurisprudencia 1ª./J. 38/2016, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Así como la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), del Pleno del Máximo Tribunal del país, de epígrafe y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". Ahora bien, en el caso concreto, del planteamiento expuesto en la demanda de amparo se colige que el quejoso Uriel Francisco Crisóstomo de los Ángeles, reclama de las autoridades responsables la omisión de designar al Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca, en cumplimiento a los lineamientos expuestos en la Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca. Además, aduce que le asiste el interés legítimo para acudir al amparo ya que es ciudadano de la Ciudad de Oaxaca de Juárez y resiente el daño ambiental que trae consigo la omisión de designar al Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca. Sin embargo, dichas manifestaciones son insuficientes para conformar un interés legítimo que le dé posibilidad de promover juicio de amparo, de tal forma que el acto reclamado le irrogue un perjuicio. Es así, porque si bien el quejoso invoca el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley que crea la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de Oaxaca, que determina que el Procurador será designado por el Gobernador del Estado de Oaxaca. Sin embargo, no existe un vínculo entre los derechos invocados y una probable afectación al quejoso, pues el hecho de ser ciudadano del Estado de Oaxaca, no lo coloca en una situación especial frente al acto reclamado, distinto al en que se encuentra el resto de la colectividad. De tal manera que no se advierte cómo o de qué manera, de obtenerse un fallo protector, el quejoso se vería beneficiado. Pues se requiere que el promovente del amparo pertenezca a un grupo especial, distinto al de cualquier otro ciudadano, para reclamar la omisión de designar al titular de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Oaxaca; esto es, que tiene un interés cualificado, actual y real, no potencial o hipotético, de tal relevancia que la concesión del amparo produciría efectos positivos en su esfera jurídica. Así pues, el interés que el solicitante de amparo dice tener es insuficiente para considerarlo como un interés legítimo, porque al no advertirse cuál sería la afectación que les causa el acto reclamado, y cuál el beneficio que obtendrían con una sentencia favorable, su interés sería el mismo que tuviera cualquier otra persona en que se cumplan con las disposiciones legales. Con todo, no se advierte que el quejoso se encuentre en una posición especial frente al acto reclamado, tal que le genere interés legítimo para reclamar la omisión de designar al referido Procurador; sino que, por los argumentos que expone, cuenta con el mismo interés que cualquier otra persona tiene en que se cumplan los ordenamientos emanados del Poder Legislativo local, lo cual constituye un interés simple, el cual es insuficiente para instar el juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 2a/J. 57/2017 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". En consecuencia, el quejoso carece de interés legítimo para promover el juicio de amparo, motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y lo procedente es desechar la demanda promovida por Uriel Francisco Crisóstomo de los Ángeles. IV. Domicilio y autorizados. Se tiene por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indica la parte quejosa. Además, se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos a ****, por no contar con registro de su cédula profesional en la base de datos del sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. V. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las mismas, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Marzo de 2009, página: 2847, tesis: I.3o.C.725C, Registro No. 167640, Novena Época, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. VI. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública5, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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