Uriel Fernández Torres
Expediente 152/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 152/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 19/07/2022
Partes del expediente
- Uriel Fernández Torres
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual devuelve la copia certificada del expediente 152/2022, asimismo, envía testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria virtual de siete de julio de dos mil veintidós, en el recurso de queja Q.P. 74/2022-II, interpuesto por el impetrante *, contra el proveído de veinticuatro de marzo del año en curso, en la que se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno; sin que sea necesario acusar de recibido, ya que no lo solicitó dicha superioridad. Asimismo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el acuerdo de referencia. En consecuencia, toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar y que no obran documentos originales o que guarden relevancia documental, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), del numeral 21 de dicho cuerpo normativo y por tanto, una vez que transcurran tres años; será SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. En ese tenor, una vez transcurridos tres años procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, toda vez que la copia certificada devuelta por el tribunal de alzada se integra con las actuaciones que obran en el expediente en que se actúa, resulta innecesaria su conservación por carecer de valor institucional; por tanto, procédase a su destrucción.
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