Uriel Escamilla Pérez
Expediente 519/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 519/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Uriel Escamilla Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
México, Ciudad de México, a diez de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el expediente C.C.C. 6/2023 de su índice, del que se advierte que declaró legalmente competente para conocer el Juicio de Amparo Indirecto promovido por ***********, a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por lo anterior acúsese de recibo a la autoridad oficiante. En las relatadas condiciones, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, al no existir actuación pendiente en este asunto, remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al catorce de julio de dos mil veintitrés. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no cumple con los lineamientos expresados en el último párrafo del artículo 20 del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, para ser considerado de relevancia documental. En atención a que se declaró la INCOMPETENCIA legal para el conocimiento de la demanda que originó el presente juicio de amparo, es de señalarse que, con fundamento en los artículos 14 fracción III y 19, fracción I inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es DESTRUIBLE, por lo que consérvese en el archivo de este juzgado federal durante en un plazo de seis meses, y a la conclusión de éste procédase a su destrucción. Notifíquese por oficio al Tribunal Federal oficiante y por lista a la parte quejosa
- Principal
México, Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, proveniente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias que se le remitieron para la substanciación del presente conflicto competencial entre el Juzgado Noveno de Distrito y el Juzgado Quinto de Distrito, ambos en Materia Civil en la Ciudad de México, del que deriva el presente cuaderno e informa que admitió dicho conflicto, el que registró con número C.C.C. 6/2023. Notifíquese por lista a la quejosa
- Principal
México, Ciudad de México, a seis de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese por personalmente a al quejoso.
- Principal
*AVISO.- SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL AUTO DE SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS Y QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "México, Ciudad de México, a seis de junio de dos mil veintitrés. Vistas la razón actuarial de cuenta, de la que se advierten los motivos por los cuales el fedatario judicial de la adscripción no pudo emplazar no pudo notificar la resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés a la parte quejosa ************* toda vez que en diversas diligencias, señala que nadie atendió al llamado. En esas condiciones túrnese de nueva cuenta el citatorio correspondiente con los insertos necesarios al Actuario de la Adscripción, a fin de que se constituya nuevamente en el domicilio que asistió, y previo cercioramiento de que ahí puede ser localizada, practique el emplazamiento ordenad, se habilitan inclusive en días y horas inhábiles. AUTO DE DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. "México, Ciudad de México, a dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA El escrito inicial de demanda fue recibido el diez de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y recibido el quince del mismo mes y año, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. REGISTRO Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de Gobierno con el número 519/2023-IV, y con número de NEUN 32627209. PERSONALIDAD La demanda la promueve ***************, por propio derecho, en contra del acto que reclama del ****************, a través de su titular, el *********************. ACTO RECLAMADO *****************. INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de dicho asunto, en atención a las consideraciones siguientes. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA INCOMPETENCIA LEGAL POR MATERIA. El artículo 61, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su parte conducente establece: "Artículo 61.- Las y los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: III.- De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial;" En el caso particular, como se precisó, **************. Al respecto, para determinar cuándo se está ante un acto que pertenece a la materia laboral, no basta que sea emitido por una dependencia prevista como autoridad de trabajo, ni que su actuación se sustente en la facultad para aplicar la Ley Federal del Trabajo, sino que se requiere que la controversia derive de una relación de trabajo, o bien, tienda a la preservación de los derechos establecidos en el artículo 123 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.14o.T.1L, emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1714, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA LABORAL. ELEMENTOS QUE LOS DEFINEN PARA EFECTOS DE COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. Cuando surge la disyuntiva de si un acto es de naturaleza laboral o administrativa, para considerar lo primero no basta con que el acto de autoridad tenga sustento en un dispositivo de la Ley Federal del Trabajo, ni que éste sea aplicado por alguna de las autoridades previstas en el artículo 523 de esa legislación, sino que debe tomarse en cuenta que la materia laboral se sustenta en el artículo 123 constitucional, que tiene sentido ampliamente protector de los trabajadores, y que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1931, supera la concepción individualista que sustenta la relación de trabajo en el contrato libre, para dar paso a una concepción social que niega como función de la relación de trabajo el simple intercambio de bienes patrimoniales como se concibe en la doctrina liberal al trabajo y al salario, para en la nueva tendencia valorar en la más amplia dimensión los derechos humanos de los trabajadores. Además, debe tenerse presente que concebido el derecho del trabajo en el artículo 123 de la Constitución de 1917 como un sistema de mínimos derechos en favor de los trabajadores y máximas obligaciones a su cargo, se dota a la clase trabajadora de herramientas de lucha para superar sus derechos y disminuir sus obligaciones legales, como son la sindicación, la huelga y la contratación colectiva, que le permiten nivelar su fuerza social con la fuerza económica del patrón, entonces, también las controversias que tengan que ver con la formación, registro, funcionamiento y dirección de sus organizaciones, esto es, los conflictos intergremiales o de los sindicatos con sus agremiados, quedan comprendidas dentro del marco de la materia laboral. Por tanto, toda controversia que derive de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a la preservación de los referidos derechos o a la consecución de esas mejoras que superen los mínimos y máximos constitucionales, o que se dé dentro del ámbito sindical, quedarán enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo y, por consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución, por la ley o por contratos particulares en favor de los trabajadores o de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos. En conclusión, para que un acto de autoridad pueda considerarse de contenido materialmente laboral, no bastará que sea emitido por una dependencia prevista como autoridad del trabajo, ni que su actuación se sustente en la facultad para aplicar la Ley Federal del Trabajo, para vigilar y hacer efectivas las normas de esa legislación, ya que si no se vincula con alguno de los campos anteriormente señalados, se quedará en el mero ámbito de la relación autoridad-gobernado y, por consecuencia, deberá considerarse que se trata de un acto materialmente administrativo, cuyo conocimiento será de la competencia de un órgano de amparo en materia administrativa." En ese sentido, es necesario indicar lo dispuesto en el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso A), de la Constitución Federal: "ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. B.- Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: A) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte." Dicha disposición contiene las bases mínimas y los principios fundamentales en materia de trabajo, entre los que se encuentra cubrir los accidentes y enferme3dades profesionales y la jubilación. Con base en ello, resulta válido sostener que el análisis de los actos reclamados en este juicio conduce a ubicarlos dentro de la materia de trabajo, puesto que el bien jurídico o interés fundamental controvertido se vincula con la relación de trabajo que el quejoso sostiene con el Estado, y tiende a la preservación de lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción VI, constitucional, en materia de los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte, que es uno de los elementos relevantes de la relación laboral, lo que desde luego evidencia que la naturaleza jurídica de los actos aquí reclamados es materia de trabajo; por lo que este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida. Por las razones anteriores, esta autoridad de amparo estima que la competencia para conocer del asunto que nos ocupa se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, al encuadrarse los actos reclamados en la hipótesis jurídica contemplada en el artículo 61, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en el artículo 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política. Sirve de apoyo la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo XVIII agosto de 2003, novena época, visible a página 1773, que dice: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. La competencia para conocer de una demanda de garantías por razón de la materia deriva de la naturaleza del acto reclamado, pero no de la autoridad que sea señalada como responsable; por ello, si la parte quejosa señaló en la demanda de amparo como responsables a autoridades de distinta materia, como lo son el Juez de lo Civil y el tribunal administrativo, y si a la primera le atribuyó actos de naturaleza civil como lo es todo lo actuado en el juicio de restitución de parcela, el cual ha concluido con sentencia y está en la etapa de ejecución, y por otra parte, a la segunda de ellas que tiene naturaleza administrativa le atribuyó como acto reclamado el auto por cuya virtud declaró carecer de competencia legal para conocer del procedimiento de restitución de parcela, y si de las constancias de autos se pone de manifiesto que la autoridad del orden civil aceptó y sustanció el procedimiento respecto del cual la autoridad administrativa adujo no tener competencia para ello, es evidente que lo actuado por la autoridad administrativa se subsumió en la aceptación de competencia de la autoridad del orden civil, por lo que deberá estarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo, a que la naturaleza del acto y su ejecución corresponden a un Juez de Distrito en esta materia, puesto que al aceptarse la competencia del procedimiento administrativo declinado por esta autoridad, los actos de ella quedaron inmersos en el actuar de la autoridad del orden civil." Asimismo, sirve de apoyo, la tesis jurisprudencial 83/1998, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, Diciembre de 1998, página 28, que dice: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Finalmente, es aplicable al asunto la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 632, tomo XXXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "COMPETENCIA, REGLAS PARA DETERMINARLA. Los órganos investidos de poder jurisdiccional tienen limitado el ejercicio de éste, por medio de reglas establecidas por la ley; esos límites constituyen su competencia, que se determina por diversos criterios: el objetivo, el funcional y el territorial; el primero de ellos se deriva, o del valor del pleito o de la naturaleza de él (competencia por materia); emana de la naturaleza del pleito y se refiere, ordinariamente, al contenido especial de la relación jurídica en litigio; así pues, la competencia determina la propia esencial del asunto, y no la determina cualquier acto del procedimiento, y mucho menos, la simple prioridad de una diligencia respecto de otra. El artículo 161 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios, expedido en 1884, confirma lo antes dicho, ya que dispone que las cuestiones de competencia, sólo proceden y promoverse para determinar la jurisdicción y decidir cuál haya de ser el Juez o tribunal que deba conocer de un asunto, o sea de un procedimiento completo." En esas condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se declara carente de COMPETENCIA LEGAL para conocer y resolver del presente asunto, y se ordena remitirlo al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno a quien se estima competente para su conocimiento. Ahora bien, toda vez que debe ser turnado a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, para que se le asigne número por razón de turno; solicitándole el acuse de recibo correspondiente al Juzgado de Distrito que corresponda su conocimiento, debiendo comunicar si acepta o no la competencia planteada. FORMACIÓN DE CUADERNO DE ANTECEDENTES Con copia autógrafa de este acuerdo y copia simple de la demanda de amparo, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DEL IMPETRANTE En términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio de la peticionaria de amparo el que indica en su demanda de amparo. Por otro lado, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *************, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, lo anterior de conformidad al Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se tienen por autorizadas a las diversas personas que indica, en términos de la última parte del artículo 12, con relación al segundo párrafo del artículo 24, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el referido Sistema de Profesionales del Derecho. Así también, como lo solicita, se le autoriza la CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA del expediente electrónico través de usuario "Isaac402", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico, y se ordena darlo de alta en el rubro correspondiente, en términos de lo establecido en los artículos 3° y 26 de la Ley de Amparo. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita."
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