Uriel Dimitri González Pérez
Expediente 282/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 282/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Uriel Dimitri González Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada en este juicio el siete de diciembre de dos mil veinte, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su punto resolutivo primero y segundo sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno relativo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, anexándoles para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del presente juicio de amparo número 282/2020-I-A, promovido por ***; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ***, a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos que atribuye al Congreso del Estado de Yucatán, y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión de demanda. Previo cumplimiento al requerimiento de diecisiete de febrero de dos mil veinte, por auto de dos de octubre del año que transcurre, por una parte, respecto a la autoridad responsable Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán, por las razones ahí expuestas, se desechó la demanda, y por otra parte, respecto a las restantes autoridades señaladas como responsables, se admitió a trámite la demanda de amparo interpuesta; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracciones III y V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se tiene que la parte quejosa reclama del Congreso, Gobernador Constitucional, Secretaría de Administración y Finanzas, Secretario de Seguridad Pública, Director de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, los anteriores del Estado de Yucatán, Ayuntamiento, Presidente Municipal, Director de la Policía, los últimos del Ayuntamiento de Mérida, todos con sede en esta ciudad: "La reforma del artículo 56-E Bis de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, contenida en el Decreto 155/2019; así como la reforma contenida en el último párrafo, del artículo 28 de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, contenida en el Decreto 158/2019, ambos publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, con vigencia a partir del uno de enero de dos mil veinte." TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la Secretaría de Administración y Finanzas, Director de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, los anteriores del Estado de Yucatán, así como del Ayuntamiento, Presidente Municipal, Director de la Policía, los últimos del Ayuntamiento de Mérida, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables antes señaladas, sin que la parte quejosa ofrezca prueba en contrario, resulta procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, respecto de dichas autoridades y en cuanto a los actos que a cada una de ellas se les atribuye, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Congreso, Gobernador y Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado y con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir su correspondiente informe justificado. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, Materia Común, Tomo II, página 830, registro 1002815. Tesis identificada con el número 749). QUINTO. Causas de improcedencia. Previo a abordar cuestiones de fondo del asunto, procede examinar si en el caso se actualizan las causas de improcedencia del juicio constitucional hechas valer por las autoridades responsables o bien de oficio, pues de ser fundada alguna de ellas, resultaría ocioso estudiar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio. Además, que su estudio es de orden público y preferente, según lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia número 814, que literalmente señala: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto, el Gobernador y el Congreso, ambos del Estado, sostienen que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al señalar que el aquí quejoso no acreditó encontrarse entre los supuestos de las normas reclamadas, por lo que no se afecta su interés jurídico para reclamar su inconstitucionalidad. Es fundada la aludida causal propuesta por las autoridades responsables, cuenta habida, que respecto a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en virtud de las consideraciones que se expondrán. En efecto, numeral en comento establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". De lo antes transcrito, se deduce que la instancia constitucional resulta inviable respecto de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del numeral 5 de la propia ley, así como de normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En ese sentido, conviene tener en cuenta que los arábigos 17, fracción I, 61, fracción XII y 107, fracción I de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio, o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida. En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para determinar si una ley es o no "autoaplicativa", no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza "heteroaplicativa", se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo al plazo genérico dispuesto en el citado precepto 17 de la ley en consulta. En conclusión, una norma es "heteroaplicativa" cuando no es de acción automática, esto es, cuando no causa perjuicio al particular desde el momento de su entrada en vigor, porque dicha vigencia no crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho, sino que para que se configure en el mundo fáctico en perjuicio del gobernado, requiere de la actualización de un acto que condicione su aplicación. La condición puede consistir en actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación del ordenamiento controvertido, debiendo tomarse en cuenta que el acto condición de aplicación de una ley también puede traducirse en un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana, o bien, en un acto jurídico realizado por el propio particular, pues tal acontecimiento o acto voluntario son los que determinan la colocación de una persona dentro de la hipótesis legal. En este orden, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor la afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, con registro 198200, de rubro y texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En ese tenor, para efectos del juicio de amparo una norma de carácter general puede ser impugnada: a) Con motivo del inicio de su vigencia, cuando las obligaciones derivadas de la ley vinculan a sus destinatarios desde su nacimiento, sin que se requiera la actualización de condición alguna (norma "autoaplicativa" o de individualización incondicionada). b) Con motivo del primer acto de aplicación, cuando las obligaciones impuestas por la norma no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere de un acto que condicione su actualización (disposición "heteroaplicativa" o de individualización condicionada). Desde esa óptica, para determinar la naturaleza de las normas impugnadas en el juicio de amparo y, por tanto, si pueden ser controvertidas con motivo del inicio de su vigencia o de ulterior acto de aplicación, se debe atender al momento en que las obligaciones deducidas de ellas vinculan a sus destinatarios. Si las cargas derivadas de la legislación los obligan con su sola expedición, se estará ante disposiciones conocidas como "autoaplicativas"; no obstante, si se requiere de una actuación diversa con la que se concreten en la esfera de derechos de los gobernados, ya sea de la autoridad, del propio interesado, terceros o, incluso, de actualización fortuita, se entenderá que se está ante una norma "heteroaplicativa". Establecido lo anterior, en el caso la parte quejosa reclama la reforma al artículo 56-E Bis, entre otros, de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, contenida en el Decreto número 155/2019; así como la reforma al artículo 28, último párrafo de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, contenida en el Decreto 158/2019 y su ejecución, pues considera que transgreden en su perjuicio diversos artículos constitucionales y tratados internacionales relacionados con derechos humanos de los que el Estado Mexicano es parte. Ahora, los preceptos reclamados son del tenor siguiente: LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN Artículo 56-E Bis.- Por el otorgamiento del permiso para la realización de maniobras y el tránsito de vehículos con capacidad de carga en las vialidades del estado, se causarán derechos conforme a lo siguiente: I.- Por cada maniobra de carga y descarga o transporte de carga en la vía pública, de vehículos con capacidad de carga: a) De 3 a 5 toneladas 7.00 UMA b) De 5.1 a 10 toneladas 9.00 UMA c) De 10.1 a 15 toneladas 12.00 UMA d) De 15.1 a 20 toneladas 15.00 UMA e) De más de 20 toneladas 20.00 UMA II.- a la IV.- . V.- Por el permiso anual de carga y descarga o transporte de carga en la vía pública, para vehículos del servicio particular, con capacidad de carga: a) De 3 a 5 toneladas 34.00 UMA b) De 5.1 a 10 toneladas 57.00 UMA c) De 10.1 a 15 toneladas 115.00 UMA d) De 15.1 a 20 toneladas 138.00 UMA e) De más de 20 toneladas 230.00 UMA VI.- Por el permiso anual de carga y descarga o transporte de carga en la vía pública, para vehículos del servicio público, con capacidad de carga: a) De 3 a 5 toneladas 57.00 UMA b) De 5.1 a 10 toneladas 115.00 UMA c) De 10.1 a 15 toneladas 172.00 UMA d) De 15.1 a 20 toneladas 230.00 UMA e) De más de 20 toneladas 345.00 UMA" LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN Artículo 28.- Los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte de carga podrán transitar por las vías del Estado, siempre y cuando no excedan el peso, las medidas y las demás características que determine el Reglamento de esta Ley. Cuando la capacidad de un vehículo destinado a la prestación del servicio de transporte de carga sea de tres toneladas de peso o más, dicho vehículo, para su tránsito por las vías del Estado y el desarrollo de las maniobras de carga y descarga correspondientes, requerirá de la autorización de la Secretaría de Seguridad Pública o del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, según corresponda, de acuerdo con el Reglamento de esta Ley. La autorización a que se refiere el párrafo anterior podrá ser otorgada por maniobra o de manera anual, según sea el caso, previo pago del derecho correspondiente, en términos de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán." De su contenido se deducen las siguientes determinaciones: 1. Los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte de carga que excedan de tres toneladas de peso o más, para su tránsito por las vías del Estado y el desarrollo de las maniobras de carga y descarga correspondientes, requerirá de la autorización de la Secretaría de Seguridad Pública o del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, según corresponda, de acuerdo con el Reglamento de esa Ley. 2. Los operadores de transporte de carga deberán obtener un permiso para ello, cumpliendo los requisitos establecidos; asimismo, el procedimiento, las formalidades y los plazos aplicables para el otorgamiento de los permisos, se establecerán en el Reglamento de Ley de Transporte. 3. La autorización a que se refiere el párrafo anterior podrá ser otorgada por maniobra o de manera anual, según sea el caso, previo pago del derecho correspondiente, en términos de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán en su artículo 56-E Bis. En ese contexto, es evidente que los preceptos legales reclamados son de naturaleza autoaplicativa, pues desde el inicio de su vigencia obligan a los particulares que se ubiquen en la hipótesis normativa que prevé. Entonces, para acreditar que una norma general autoaplicativa afecta el interés jurídico del quejoso es necesario analizar, en principio, en qué situación de hecho debe ubicarse para sufrir un perjuicio con la entrada en vigor de aquélla, para que en su caso pueda evidenciarse si coinciden con el supuesto de hecho que genera la consecuencia jurídica que prevé la norma controvertida, pues de lo contrario, podría demostrarse un hecho irrelevante que no lo legitimaría para impugnar el respectivo acto legislativo. Bajo esta perspectiva, resulta evidente que para impugnar una norma general desde su sola vigencia o en virtud de un acto de aplicación, precisa que trascienda a la esfera jurídica del quejoso, generándole un menoscabo al respecto, puesto que de no demostrarse que se han concretado los efectos jurídicos de la norma, es incontrovertible la falta de legitimación de aquél para impugnar la disposición general en la que no se ubica. En el caso la parte quejosa estima que la reforma del artículo 28 de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, en relación con el diverso 56-E Bis de la Ley General de Hacienda del Estado, que regulan el tránsito de los vehículos destinados a la prestación de servicio de carga y descarga que exceda de tres toneladas de peso o más, en la citada entidad y el costo por la expedición de los permisos correspondientes, le afecta directamente desde el momento de su entrada en vigor; es decir, como normas autoaplicativas ya que los artículos referidos, restringen su libre tránsito y derecho al trabajo, al contener parámetros de control sobre la fijación de los mismos, pues establecen límites de circulación y la reglamentación específica sobre maniobras de carga y descarga en la vía pública bajo ciertas características (peso). Sin embargo, en una nueva reflexión, se estima que la parte quejosa debió exhibir alguna prueba tendente a demostrar fehacientemente el derecho que le asiste para solicitar el presente juicio de amparo en contra de esas disposiciones, esto es, debió acreditar tener la autorización por parte de las autoridades Estatales para desempeñar la actividad económica de transportista de carga general. Se dice lo anterior, toda vez que la parte quejosa acude a esta instancia aduciendo que las normas impugnadas violan los derechos al libre tránsito, la seguridad jurídica, legalidad y trabajo reconocidos en los artículos 11, 14, 16 y 25 constitucionales, en virtud de que se grava de forma exorbitante e injustificadamente el servicio de transporte de carga, teniendo en cuenta que aduce dedicarse al transporte de carga. No obstante ello, en el caso, no acreditó su interés jurídico para impugnar las referidas normas como un sistema normativo integral autoaplicativo, en virtud de que no aportó prueba idónea con la que acredite que cuenta con el permiso expedido por el Ejecutivo del Estado o con el certificado de pesos, dimensiones y medidas expedido por la Secretaría de Protección y Vialidad o en su caso, con el pago de alguna contribución establecida en las disposiciones legales en materia hacendaria del Estado de Yucatán de conformidad con los numerales 36 y 53 de la Ley de Transporte del Estado, para considerar que con la reforma a la citada ley contenida en el Decreto 158/2019 reclamado, se afectan sus derechos. A efecto de demostrar lo anterior, conviene señalar que los artículos 36 y 53 de la Ley de Transporte del Estado (vigentes antes de la reforma contenida en el Decreto 158/2019 reclamado, pues el numeral 36 fue reformado y el 53 derogado) disponen lo siguiente: Artículo 36.- Para la prestación del servicio particular de transporte, las personas físicas o morales deberán contar con permiso, el cual será otorgado por el Ejecutivo del Estado previa satisfacción de los requisitos y cubiertas las formalidades que se establecen en esta Ley y su reglamento. Artículo 53. Para que transiten en las vías terrestres estatales los vehículos destinados al servicio público o particular, de transporte de carga cuya capacidad útil mínima sea de tres mil kilogramos o mayor, los concesionarios deberán obtener un certificado de pesos, dimensiones y medidas, expedido por la Secretaría de Protección y Vialidad. De la lectura de los numerales en comento, se desprenden las siguientes conclusiones: Que para la prestación del servicio particular de transporte, las personas físicas o morales deberán contar con permiso, el cual será otorgado por el Ejecutivo del Estado previa satisfacción de los requisitos y cubiertas las formalidades que se establecen en esta Ley y su reglamento. Que para que transiten en las vías terrestres estatales los vehículos destinados al servicio público o particular, de transporte de carga cuya capacidad útil mínima sea de tres mil kilogramos o mayor, los concesionarios deberán obtener un certificado de pesos, dimensiones y medidas, expedido por la Secretaría de Protección y Vialidad; y Por tanto, en concepto de este resolutor, previa entrada en vigor de las normas reclamadas, los interesados en prestar el servicio de transporte tanto público como particular en el Estado de Yucatán, debían, según fuera el caso: a) contar con permiso otorgado por el Ejecutivo del Estado previa satisfacción de los requisitos y cubiertas las formalidades establecidas (servicio particular de transporte); y b) obtener el certificado de pesos, dimensiones y medidas expedido por la Secretaría de Protección y Vialidad (vehículos destinados al servicio público o particular, de transporte de carga cuya capacidad útil mínima sea de tres mil kilogramos o mayor). Por tanto, para acreditar que las normas impugnadas generan una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, era menester que exhibiera los documentos que acrediten que cuenta con ese permiso y certificado; puesto que, al tratarse de una actividad regulada, es evidente la necesaria demostración de la facultad constituida en su favor, para llevarla a cabo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 1635, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 177594, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA ACREDITARLO, EN TRATÁNDOSE DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LAS MODALIDADES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE TRANSPORTES PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, CON MOTIVO DE LA DETENCIÓN DE UN VEHÍCULO, DEBE EXHIBIRSE LA CONCESIÓN OTORGADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y NO OTRO DOCUMENTO. De la recta interpretación del artículo 26 de la Ley de Transportes para el Estado de Chiapas y 18 de su reglamento, se advierte que para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en las modalidades de urbano, suburbano, foráneo, de alquiler o taxi, se requiere del documento en el que conste la concesión otorgada por autoridad competente para ello; de donde se sigue que cuando el peticionario de amparo, con motivo de la detención de su vehículo con el que presta el servicio de transporte de pasajeros en alguna de las modalidades a que se refieren las fracciones I, II y III del citado precepto 26 de la Ley de Transportes, no exhibe la concesión que exige el citado precepto legal, es evidente que no acredita el interés jurídico con el que comparece a instar el juicio de garantías, ya que cualquier otro documento carece de idoneidad para demostrar la titularidad del derecho cuestionado." Sin embargo, el interés que la parte quejosa estima vulnerado no resulta afectado, pues para que ello ocurriera era menester acreditar que se ubica en el supuesto que subyace en la norma, esto es, que demostrara la existencia del permiso expedido por el Ejecutivo del Estado o del certificado de pesos, dimensiones y medidas expedido por la Secretaría de Protección y Vialidad o en su caso, del pago de alguna contribución establecida en las disposiciones legales en materia hacendaria del Estado de Yucatán de conformidad con los numerales 36 y 53 de la Ley de Transporte del Estado, para considerar que con la reforma a la citada ley contenida en el Decreto 158/2019 reclamado, se afecten sus derechos. En efecto, tenemos que para acreditar el interés en el juicio de amparo promovido contra las normas reclamadas, cuya vigilancia del cumplimiento está a cargo de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, en términos de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es imperativo que se demuestre la existencia de un derecho legítimamente tutelado, vigente y actual, que se vea afectado, esto es, exhibir el permiso expedido por el Ejecutivo del Estado, así como el certificado de pesos, dimensiones y medidas expedido por la Secretaría de Protección y Vialidad, o en su caso, el pago de alguna contribución establecida en las disposiciones legales en materia hacendaria del Estado de Yucatán, de donde pudiere advertirse la obtención de este permiso o certificado, ya que, en caso contrario, se incorporaría o constituiría un derecho cuyo ejercicio legalmente no se acreditó. Por tanto, para que proceda el amparo sin existir acto concreto de aplicación debe acreditarse la afectación al interés jurídico o legítimo por su ubicación particular frente a las normas, demostrándose que se está bajo la hipótesis de ellas, lo que la parte quejosa no hizo, pues no exhibió documento alguno con el que pudiera acreditarse los extremos señalados y, por ende, que la reforma al artículo 28 de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, así como al numeral 56-E Bis de la Ley General de Hacienda del Estado, le afectan. Cuenta habida que tanto la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación, como de los Tribunales Colegiados de Circuito, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés, por ello debe estimarse que si no existe en autos elemento alguno que genere convicción de que el acto reclamado afecta real, directa o indirectamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso, se reitera, dicho acto no afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la constitución. Resulta aplicable la jurisprudencia 321 de la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a folios 216, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que informa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Así, como la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 50, del Tomo VII, Marzo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Registro 207025, de rubro y texto siguiente: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA UNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA. No debe confundirse el carácter de autoaplicativa de la ley, con el interés jurídico para reclamarla en amparo, pues mientras que aquél se refiere a la obligatoriedad del mandato legal desde que entra en vigor, el segundo se relaciona con la afectación que el propio mandato origina a la parte quejosa; afectación que debe probarse, tomando en cuenta que el artículo 4o. de la Ley de Amparo previene que el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente con que las disposiciones de la ley resulten obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que el quejoso se encuentra en los supuestos de las normas que pretenda impugnar, ya que sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos del solicitante del amparo." Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 267, Octava Época, Registro 206527, que indica: "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERES JURIDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma." Sin que pase inadvertido para el suscrito, los medios de prueba acompañados por la parte quejosa a la demanda de amparo, consistentes en: 1. Constancia de situación fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria, de fecha once de febrero de dos mil veinte, a nombre de URIEL DIMITRI GONZÁLEZ PÉREZ, (fojas 23 y 24). 2. Acuse único de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes emitida por el Servicio de Administración Tributaria, de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, a nombre de URIEL DIMITRI GONZÁLEZ PÉREZ, (fojas 25 y 26). 3. Copia certificada del Permiso para la operación y explotación de los servicios de autotransporte federal de carga general en caminos y puentes de jurisdicción federal número 3167GOPU26112018021001000 de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, expedida por el Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (fojas 27 a 29). 4. Copia de un listado de vehículos (foja 30). 5. Copia certificada de la tarjeta de circulación del vehículo con el que refiere el quejoso presta el servicio público federal de carga, documentos con folio: 6293305 (foja 31). 6. Oficio número JUR/1262/2020, por medio del cual el Director de la Policía Municipal otorga permiso a nombre de Gabriel Palma del tránsito de fecha trece de febrero de dos mil veinte, respecto de un camión de veinte toneladas, con placas de circulación 88AJ1N, para que realice maniobras de carga y descarga en el predio particular de la calle Sesenta y dos por Setenta y cinco y Sesenta y siete del Centro de esta ciudad, así como el recibo de pago número X 62571, expedido por la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal a nombre de URIEL DIMITRI GONZÁLEZ PÉREZ, por la cantidad de $174.00 (ciento setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) (fojas 32 y 33). 7. Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral a nombre del quejoso (foja 34). Pues de tales probanzas no se advierte la existencia del permiso al peticionario de amparo expedido por el Ejecutivo del Estado, ni del certificado de pesos, dimensiones y medidas expedido por la Secretaría de Protección y Vialidad, o en su caso, del pago de alguna contribución establecida en las disposiciones legales en materia hacendaria del Estado de Yucatán a efecto de obtener dichas autorizaciones, para considerarse afectado por el artículo 28 de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, en relación con el diverso 56-E Bis, de la Ley General de Hacienda del Estado, por tener reconocido ante las autoridades estatales correspondientes el derecho a desarrollar la actividad que, con esas disposiciones legales, afirma, se afecta. En efecto, por cuanto hace a la copia de la identificación, aunado a que se trata de copia simple, la cual no tiene por sí sola valor probatorio pleno, a lo sumo, únicamente acredita la identidad del justiciable, luego en relación con la constancia de situación fiscal y el acuse único de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, expedidas por el Servicio de Administración Tributaria, de fechas once de febrero de dos mil veinte y veintiséis de junio de dos mil dieciocho, respectivamente, sólo evidencia que está dado de alta ante el Fisco federal para el tema de contribuciones. Luego, en lo relativo a las copias certificadas del permiso para la operación y explotación de los servicios de autotransporte federal de carga general en caminos y puentes de jurisdicción federal con número 3167GOPU26112018021001000 y la tarjeta de circulación del vehículo con el que refiere el quejoso presta el servicio público federal de carga, de folios 6293305, debe decirse que tampoco son aptos para acreditar el interés jurídico requerido en relación con la aplicación de los numerales tildados de inconstitucionales, pues de estos instrumentos únicamente se desprenden que al ser documentos expedidos por el Director General del Centro y por la Dirección General de Autotransporte Federal, ambos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), avala la circulación por las vías federales del vehículo que ahí se menciona. Por otra parte, en lo referente al permiso de carga y descarga, se observa que no se encuentra expedido a nombre del quejoso, y respecto del recibo de pago, no se desprende que corresponda al pago de lo que al efecto dispone el numeral 56-E Bis de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, por lo que en modo alguno son idóneos para acreditar la aplicación del pago del impuesto que tilda de inconstitucional. Además de que del propio numeral 56-E Bis tildado de inconstitucional, se desprende que el monto mínimo a pagar por maniobra de carga y descarga o transporte de carga en la vía pública, es de siete Unidades de Medida y Actualización (UMA´s), por tanto, considerando que una Unidad aludida equivale a $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), el monto mínimo señalado por la norma es de $1,042.56 (un mil con cuarenta y dos pesos con 56/100 moneda nacional), suma que es mucho más elevada a la consignada en el recibo de pago exhibido por el quejoso; de ahí su ineficacia probatoria. Por tanto, es claro que con los documentos anteriores, la parte justiciable no acredita contar con el permiso otorgado por el Ejecutivo del Estado, para la prestación del servicio particular de transporte de esta entidad, el cual estuviera sustentando en los artículos que considera inconstitucionales; así como tampoco justifica tener un certificado de pesos, dimensiones y medidas, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que la faculte para transitar por vías terrestres estatales. Así las cosas, es evidente que el interés jurídico de quien promueva la acción constitucional sólo puede existir en la medida que demuestre que la norma combatida le causa una afectación en su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le correspondan. Asimismo, dicho agravio debe ser actual para justificar la acción de amparo. De manera que si las normas impugnadas establecen un nuevo sistema de regulación del tránsito de los vehículos en la prestación del servicio de carga y descarga que exceda de tres toneladas de peso o más en el Estado de Yucatán, resulta incuestionable que para impugnarlas necesariamente se debe acreditar que causan un perjuicio en el promovente; en consecuencia, si la parte quejosa no demostró ese extremo, deviene la actualización de la causa de improcedencia referida. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del numeral 61 de la ley antes invocada, se sobresee el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados consistentes en la reforma al artículo 56-E Bis, de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, contenida en el Decreto número 155/2019; así como la reforma al artículo 28, último párrafo de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, contenida en el Decreto 158/2019 y su ejecución. Sobre esa perspectiva, este Juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio constitucional, impide al juzgador pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia registrada con el número 2265555, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO.NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LASCUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura de sentencia. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, en contra de los actos que reclama de la Secretaría de Administración y Finanzas y Director de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, ambos del Estado, así como del Ayuntamiento, Presidente Municipal, Director de la Policía Municipal, los últimos del Ayuntamiento de Mérida, todos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, en contra de los actos que reclama del Congreso, Gobernador y Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado y con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. De igual forma, como lo solicita la responsable, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, así como a sus delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, los señalados para tal fin en su informe de mérito. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, como nuevas hora y fecha para su celebración. Lo anterior, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. De igual forma, como lo solicita la responsable, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, así como a sus delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, los señalados para tal fin en su informe de mérito. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas como pruebas de su parte, la documental que anexa a su informe de mérito, la instrumental de actuaciones consistente en las constancias relativas a este juicio, así como la presuncional en su doble aspecto, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa, debiendo glosarse a este expediente la documental que anexa. Notifíquese y cúmplase.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Ulises de Jesús Rosado Sosa685/2023
- Ulises de Jesús Rosado Sosa1753/2023
- Ulises Fernando Pech Castillo1425/2019
- Ulises Silva Mares735/2018
- Uri Jonathan Velázquez Ucán1515/2018
- Uriel Allan Morales Arana1238/2018
- Uriel Joaquin Barbachado Pineda2015/2022
- Ursino Gonzalez Perez1313/2021
- Valente Ramon Arguelles Ovando1786/2019
- Valente Ramón Arguelles Ovando1649/2019
- Valente Saavedra Fernandez600/2022
- Valente Saavedra Fernández877/2018