Uriel David Alameda Lara
Expediente 668/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 44 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 668/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 44
- Última actuación
- 23/06/2017
Partes del expediente
- Uriel David Alameda Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 44.
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio y se concedió el amparo y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. En otro contexto, ya que no es necesaria la retención del anexo enviado en apoyo al informe justificado de la autoridad responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que será suficiente el sello de la autoridad mencionada, el cual hará las veces de acuse. Por otro lado, respecto del sobre con número de registro 52/2016 que se encuentra en resguardo en la caja de seguridad de este órgano de control constitucional, en el que consta información del tercero interesado, al no ser necesaria tal información, extráigase dicho sobre del seguro del juzgado y, previa certificación que se realice, procédase a su destrucción.
- Principal
Cúmplase
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Vista la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria protectora. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192, 193 y 196, de la Ley de Amparo, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Por sentencia de doce de enero de dos mil diecisiete (fojas 235 a 250), por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, contra la orden de aprehensión dictada el veinticuatro de diciembre de dos mil quince, por el juez Quincuagésimo Primero Penal de esta ciudad, en la causa penal 212/2015, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado. Determinación que fue confirmada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante sesión de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, al resolver el recurso de revisión R.P. 52/2017, interpuesto por el quejoso por conducto de su autorizado; razón por la cual el nueve de mayo siguiente, se requirió a las autoridades responsables para que en el plazo de tres días cumplieran dicho fallo, cuyos efectos fueron para que la autoridad judicial: 1. Dejará insubsistente la resolución reclamada; y 2. Dictara otra, que podría ser en el mismo sentido de la anterior o en diverso, pero con plenitud de jurisdicción debiendo subsanar la violación advertida, acorde con los razonamientos expuestos, que medularmente se sintetizan de la siguiente manera: a) Deberá indicar de manera clara y precisa la forma de intervención del amparista; y b) Deberá realizar el estudio de la acreditación del elemento subjetivo genérico que requiere el tipo penal, y posteriormente, lo inherente a la probable responsabilidad. Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución reclamado del Jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Así, mediante oficios recibidos respectivamente en este juzgado el doce y dieciséis de mayo pasados, se allegaron los informes relativos, adjuntándose al primero de ellos la resolución correspondiente, de la que se advierte que el juez responsable acató en sus términos la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, pues por una parte dejó insubsistente la resolución reclamada, y por otra, emitió otra, en la que con plenitud de jurisdicción y subsanando la violación advertida, acorde con los razonamientos expuestos en la sentencia de amparo, indicó de manera clara y precisa la forma de intervención del amparista en el delito que se le atribuye, pues demostró la figura de la coautoría que señaló dicho juzgador en su resolución de cumplimiento. Asimismo, realizó el estudio de la acreditación del elemento subjetivo genérico que requiere el tipo penal (dolo), y posteriormente, lo inherente a la probable responsabilidad. Por otra parte, del contenido del informe de la autoridad ejecutora se advierte que dio cumplimiento al acto de ejecución que se le atribuyó. Bajo esas consideraciones, este órgano de control constitucional tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia. Respecto de las manifestaciones expuestas por la parte quejosa mediante su autorizado en el desahogo de la vista, dígasele que deberá estarse a lo resuelto en este proveído, razones que justifican además no iniciar el procedimiento establecido en el artículo 193 de la ley de la materia. Finalmente, resérvese el envío del expediente al archivo de este juzgado, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del numeral 202, de la ley de la materia, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho precepto.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: "Ciudad de México, a veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Vista la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria protectora. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192, 193 y 196, de la Ley de Amparo, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Por sentencia de doce de enero de dos mil diecisiete (fojas 235 a 250), por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, contra la orden de aprehensión dictada el veinticuatro de diciembre de dos mil quince, por el juez Quincuagésimo Primero Penal de esta ciudad, en la causa penal 212/2015, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado. Determinación que fue confirmada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante sesión de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, al resolver el recurso de revisión R.P. 52/2017, interpuesto por el quejoso por conducto de su autorizado; razón por la cual el nueve de mayo siguiente, se requirió a las autoridades responsables para que en el plazo de tres días cumplieran dicho fallo, cuyos efectos fueron para que la autoridad judicial: 1. Dejará insubsistente la resolución reclamada; y 2. Dictara otra, que podría ser en el mismo sentido de la anterior o en diverso, pero con plenitud de jurisdicción debiendo subsanar la violación advertida, acorde con los razonamientos expuestos, que medularmente se sintetizan de la siguiente manera: a) Deberá indicar de manera clara y precisa la forma de intervención del amparista; y b) Deberá realizar el estudio de la acreditación del elemento subjetivo genérico que requiere el tipo penal, y posteriormente, lo inherente a la probable responsabilidad. Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución reclamado del Jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Así, mediante oficios recibidos respectivamente en este juzgado el doce y dieciséis de mayo pasados, se allegaron los informes relativos, adjuntándose al primero de ellos la resolución correspondiente, de la que se advierte que el juez responsable acató en sus términos la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, pues por una parte dejó insubsistente la resolución reclamada, y por otra, emitió otra, en la que con plenitud de jurisdicción y subsanando la violación advertida, acorde con los razonamientos expuestos en la sentencia de amparo, indicó de manera clara y precisa la forma de intervención del amparista en el delito que se le atribuye, pues demostró la figura de la coautoría que señaló dicho juzgador en su resolución de cumplimiento. Asimismo, realizó el estudio de la acreditación del elemento subjetivo genérico que requiere el tipo penal (dolo), y posteriormente, lo inherente a la probable responsabilidad. Por otra parte, del contenido del informe de la autoridad ejecutora se advierte que dio cumplimiento al acto de ejecución que se le atribuyó. Bajo esas consideraciones, este órgano de control constitucional tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia. Respecto de las manifestaciones expuestas por la parte quejosa mediante su autorizado en el desahogo de la vista, dígasele que deberá estarse a lo resuelto en este proveído, razones que justifican además no iniciar el procedimiento establecido en el artículo 193 de la ley de la materia. Finalmente, resérvese el envío del expediente al archivo de este juzgado, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del numeral 202, de la ley de la materia, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho precepto.
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