Uriel Cruz Jacintio
Expediente 850/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 850/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/10/2021
Partes del expediente
- Uriel Cruz Jacintio
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. SOLICITA ESTADO DE AUTOS. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio firmado electrónicamente por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, por medio del cual solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente asunto. Atento a lo anterior, hágase de su conocimiento que mediante auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo promovida por **quien se ostenta como defensor privado del quejoso **, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, determinación que causó firmeza procesal en fecha once de octubre de dos mil veintiuno, ordenándose el archivo definitivo del presente juicio de amparo. Comuníquese lo anterior a la oficiante al correo institucional juzgadocontrol.toluca@pjedomex.gob.mx, confirmando su recepción a los números telefónicos (01 725) 1 36 25 59 y/o (01 722) 1 67 92 00, extensión 15225, para lo cual, deberán recabarse los datos del servidor público que confirme el recibo del oficio respectivo, para valorar si se logró la notificación; en caso contrario, para que se realice la notificación del oficio que derive de la presente determinación vía ordinaria en la residencia oficial de la autoridad oficiante. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
MESA VI. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ************** quien se ostenta como defensor privado del quejoso*********** con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, párrafo primero, inciso d del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. 3. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
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MESA VI. DESAHOGO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el escrito de cuenta signado por Carlos Alfredo Hernández Santana quien se ostenta como defensor privado del quejoso ************ mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de ocho de septiembre el año en curso y adjunta copia simple de la resolución de treinta de agosto de dos mil veintiuno, en los autos del toca penal 89/2021 del índice del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Se tiene al autorizado en términos amplios del quejoso, desahogando la prevención formulada; por tanto, provéase lo conducente. PRECISÓN DEL ACTO RECLAMADO. Vista la demanda de garantías y del contenido del escrito aclaratorio de cuenta, se obtiene que el acto reclamado se hace consistir en: La resolución emitida treinta de agosto de dos mil veintiuno, en los autos del toca penal 89/2021 del índice del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretende impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda promovida, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la citada demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el contenido del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Hecha tal precisión, este juzgador advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto que se tilda de inconstitucional no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los citados artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con las porciones normativas transcritas, el juicio de amparo contra actos dentro de un asunto, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y, en el caso, la resolución emitida treinta de agosto de dos mil veintiuno, en los autos del toca penal 89/2021 del índice del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que resuelve: "PRIMERO. Al advertirse violaciones procesales que afectaron los derechos fundamentales de defensa adecuada y debido proceso del imputado URIEL CRUZ JACINTO, así como el de la víctima de identidad resguardada a que se le repare integralmente el daño que se le causó con motivo del delito, es procedente ordenar la reposición del procedimiento, en los términos precisados en el cuerpo de esta resolución. SEGUNDO. Con fundamento en lo establecido por los artículo 82, 83, 84 y 85 del Código Nacional de Procedimientos Penales, notifíquese la presente resolución a las partes, por lo que, devuélvanse las constancias al Juzgado de su procedencia, requiriéndole al Juez de Control para que informe a este Tribunal de Alzada, la forma en que haya dado cumplimiento al presente fallo y en su oportunidad archívese la toca respectiva como asunto concluido." No se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una etapa procesal que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural. Lo anterior se considera así, pues de la lectura a la resolución reclamada, la reposición de autos fue en los siguientes términos: "En consecuencia, con apoyo en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, (Pacto de San José de Costa Rica), 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 44, 97, 101, 313, 316, 461, 479, 481 y 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir las formalidades del procedimiento de legalidad, exacta aplicación de la ley, así como las garantías de fundamentación y motivación, permitiendo garantizar el derecho fundamental a la certeza y seguridad jurídica a las partes y al existir violaciones manifiestas al derecho del debido proceso, íntimamente al de defensa y a que la víctima sea debidamente resarcida del daño causado por la comisión de un delito, a los que se ha hecho referencia y se traduce en circunstancias que afectan la garantía de legalidad y seguridad jurídica, de las partes, que -contrario a lo expuesto por la defensa del imputado- de ninguna manera puede convalidarse y que se traduce en una franca violación al debido proceso, de ahí que conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 100 del Código Nacional de Procedimientos Penales no pueda ser convalidado y, lo procedente es declarar la nulidad de la audiencia de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, que es en la que se cometió la violación a los derechos fundamentales y como consecuencia también todo lo actuado con posterioridad es decir, las audiencias del veintiséis, veintisiete y veintiocho de febrero y uno de marzo de dos mil veintiuno, incluido el auto que se recurre y ordenar la reposición del procedimiento para que el juzgador le requiera al Agente del Ministerio Público que formule imputación de acuerdo a los lineamientos expuestos en esta resolución, pero particularmente dando cumplimiento a las formalidades previstas en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión de manera aclarar y precisa, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, debiendo apercibirlo que en caso de seguir siendo deficiente su exposición, se girará oficio al Fiscal General de Justicia del Estado de México a efecto de que lo sustituya, esto en aras de salvaguardar los derechos fundamentales de las partes, por lo que se exhorta al Juzgador que presente especial atención a la actuación de las partes en el desarrollo de la audiencia inicial. Además, el Juzgador deberá tomar en cuenta la temporalidad que transcurrió desde el momento en que fue puesto a su disposición el imputado, es decir, a las 11:00 horas del 03 de septiembre de 2020, hasta el momento en que se cometió la violación procesal, esto es a partir del minuto 11´37" concretamente cuando la Fiscalía solicitó formular imputación, en el entendido de que deberá referirse de manera específica y concisa respecto de las circunstancias de fecha específica tiempo y modo de comisión de los hechos atribuidos al imputado; por consiguiente, el Juez únicamente contará con el tiempo restante para resolver la situación jurídica del imputado, sin soslaya que escuchados los argumentos vinculatorios, el justiciable solicite la duplicidad de dicho término." Así, la nulidad de actos y reposición de procedimiento que de manera específica tiene los efectos siguientes: Una vez que le sea notificado este fallo, el Juez de Control, deberá instruir a la Administración del Juzgado, para que genere audiencia en el Sistema de Gestión Judicial Penal, para dar cumplimiento de manera pronta e inmediata lo aquí ordenado, dado que el cómputo del plazo constitucional es acorde con el numeral 94, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales y, tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde la puesta a disposición del justiciable a su potestad, hasta el momento en que se verificó la violación procesal y conforme a los lineamientos expresados en el cuerpo de este fallo, celebre la audiencia pública, en la que: Requiera al agente del Ministerio Público , para que formule imputación bajo las formalidades que prevén los artículos 44 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, que exponga al imputado el hecho que se le atribuye (debiendo ser congruente-en esencia- con la denuncia realizada por la víctima); la calificación jurídica preliminar; la fecha, lugar y modo de su comisión de manera clara y precisa; la forma de intervención que hayan tenido en el mismo y el nombre de sus acusadores , atendiendo a las precisiones que este Tribunal de Alzada ha expuesto en el presente fallo; hecho lo anterior, continúe con el desarrollo de la audiencia y proceda con plenitud de jurisdicción a resolver la situación jurídica del imputado dentro del plazo constitucional, con base en la razonabilidad de los argumentos de las partes y los datos de prueba en que sustentan sus pretensiones y, de la cual, deberá realizar explicación de manera oral y emitir la pieza escritural de su determinación, la cual no podrá exceder al contenido de la que emita de forma oral. Quedan a salvo los derechos del imputado de ofertar los medios de prueba que estime pertinente, mismos que - en su caso- deberán desahogarse bajo las formalidades que prevé la ley." Así, de lo transcrito se advierte que el Tribunal de Alzada, al estimar la existencia de la violación procesal que en el caso consistió en la deficiencia en la exposición de la formulación de imputación al imputado por parte del Agente del Ministerio Público, ordenó la reposición del procedimiento, únicamente para ese efecto. Esto es, el Tribunal solamente ordena que se reponga el procedimiento a partir del momento en que se cometió la violación procesal, señalando al Juez que únicamente contará con el tiempo restante para resolver la situación jurídica del imputado, sin soslayo de que sean escuchados los argumentos vinculatorios y el justiciable solicite la duplicidad de término constitucional. En ese orden de ideas, al tratarse de una violación procesal (tal como lo refiere el Tribunal de Alzada responsable) resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, pues por acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. Mientras que los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte agraviada y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Con lo anterior, se pretende que continúe el curso del procedimiento respecto de los puntos que no hayan sido objeto de consenso y que en su caso haga valer su contraparte, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Es aplicable la jurisprudencia 607, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." De igual forma, se cita la jurisprudencia P./J. 24/92, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo." En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable la jurisprudencia 37/2014, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, del Tomo I, del Libro 7, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de junio de dos mil catorce, Décima Época, con número de registro 2006589, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Lo anterior, sin que pase inadvertido para este órgano de control constitucional el hecho de que el quejoso es su escrito inicial de demanda señale que con la reposición del procedimiento ordenado, se le restringe su derecho fundamental de libertad, pues al efecto cabe precisar que dicha situación no deriva de la determinación que reclama, sino tiene origen en la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en la audiencia de veinticuatro de febrero de este año, que incluso, fue materia de análisis en el diverso juicio de amparo 150/2021-V del índice de este órgano jurisdiccional, en el que se negó la protección de la Justicia Federal y constituye un hecho notorio para este juzgado federal y se invoca en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al cual los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Tal como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P./J.16/2018 (10a), publicada el viernes ocho de junio de dos mil dieciocho, en la Décima Época de Seminario Judicial de la Federación, registro electrónico 2017123, cuyo rubro refiere lo siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Así, en las relatadas consideraciones, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Uriel Cruz Jacinto, contra actos del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA III. ADSCRIPCIÓN DE TITULAR. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por oficio SEADS/685/2021, de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que el Pleno de ese Órgano Colegiado, determinó el cambio de adscripción del Juez Enrique Vázquez Pérez, a este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efectos a partir del dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno; de ahí que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable la jurisprudencia 104/2010 que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
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