Uriel Carrillo Castro
Expediente 550/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 550/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Uriel Carrillo Castro
Actuaciones
- Principal
Córdoba, Veracruz, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con el 356 Fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Por tanto, una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data, el presente expediente deberá ser DESTRUIDO, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo General, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo intentada Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ****************, con diez copias y dos anexos de cuenta, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se provee EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse, salvo aquéllas que por su volumen, protección de la integridad del documento o protección de datos personales, no puedan o deban digitalizarse; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo número 550/2023. C O N S I D E R A N D O ÚNICO. En términos de lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe analizar el escrito de demanda y si advierte de oficio la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, es pertinente destacar que para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las parte. En el caso, del escrito inicial de demanda se advierte que el promovente reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente "[.] La orden, Acuerdo o Instrucción para conminarme a suscribir la RENUNCIA como OFICIAL INVESTIGADOR "B" de la Policía Federal Ministerial, lo cual realizaron de manera coactiva [.]". "[.] La ejecución de los actos reclamados [.]". Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo tratándose de actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Tal principio ordena que antes de promover el juicio de amparo se debe agotar el juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados, ya que de lo contrario, se actualizaría su improcedencia, en virtud de que a aquél debe acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse en sede ordinaria. Asimismo, la disposición normativa de mérito prevé las excepciones a dicho principio, esto es, los casos en que el gobernado no estará obligado a agotar el juicio, recurso o medio de defensa legal respectivos, antes de acudir al juicio de amparo. En el caso, se actualiza la referida causa de improcedencia, dado que el acto reclamado por el quejoso es susceptible de ser revocado, modificado o nulificado a través del juicio contencioso administrativo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, según se evidenciará a continuación: Así es, los artículos 3, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 2 y 50, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, disponen: Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. (.)". Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. "Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley". "Artículo 50. Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquéllos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución. Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación. Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda. En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el Tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada. Hecha excepción de lo dispuesto en fracción XIII, apartado B, del artículo 123 Constitucional, respecto de los Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los Miembros de las Instituciones Policiales de la Federación, que hubiesen promovido el juicio o medio de defensa en el que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada; casos en los que la autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio". De la interpretación armónica de los preceptos transcritos se tiene que procede el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contra actos administrativos que establece la Ley Orgánica de dicho tribunal o cualquiera de los señalados en otras leyes como competencia de éste. De lo anterior se desprende, en lo que aquí trasciende, que el último párrafo del mencionado artículo 50 establece que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es competente para conocer de cualquier conflicto suscitado entre los Agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de la instituciones policiales de la Federación, con motivo de su separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio, en cuyo caso la autoridad demandada solo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. De ello deriva que entre los actos que pueden combatirse a través del juicio contencioso administrativo federal se encuentran aquellos que de cualquier forma dan por terminada la relación del servicio, pues el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mediante disposición especial indica los precisos efectos que deberá contener la sentencia que se dicte en un juicio promovido contra un acto de esa naturaleza y se determine que la separación fue injustificada. Una interpretación contraria implicaría volver ineficaz la porción normativa del artículo 50 en cita, ya que ningún sentido tendría que el legislador precisara los efectos que deberá contener la sentencia que se dicte en el juicio contencioso administrativo federal que determine que fue injustificada la separación de un servidor público, si dicho juicio fuera improcedente contra ese tipo de actos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a. CLXI/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, localizable en la página 429, Tomo VIII, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, ha considerado que el Tribunal Fiscal de la Federación es el órgano jurisdiccional más afín para conocer y resolver las controversias derivadas de la prestación del servicio de seguridad pública entre policías municipales y el Estado, en tanto que se trata de una relación jurídica del orden administrativo, tomando en cuenta que a dicho tribunal se le ha dotado, entre otras facultades, la de resolver en materia disciplinaria los conflictos derivados de infracciones por responsabilidad administrativa de servidores públicos, entendiéndose por éstos de acuerdo con el primer párrafo del artículo 108 constitucional, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal; en tal virtud, por las mismas razones, tratándose de conflictos derivados de la prestación de los servicios de agentes de la Policía Judicial Federal que se encuentran adscritos a la Procuraduría General de la República debe estimarse que, por afinidad, es competente para conocer de ese tipo de controversias el Tribunal Fiscal de la Federación, puesto que dentro de su esfera competencial realiza funciones contenciosoadministrativas, ya que cuenta con atribuciones para conocer no sólo de asuntos fiscales, sino también de controversias administrativas relativas al régimen de responsabilidades de los servidores públicos federales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o., 3o., fracción VII, 53 y 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Una vez precisado lo anterior, se tiene que en el caso el acto reclamado lo constituye la orden o acuerdo de conminar al quejoso para suscribir su renuncia como Oficial Investigador "B" de la Policía Federal Ministerial, y su ejecución. Acto que tiene la finalidad de dar por terminada la relación del servicio, lo que cumple con la condición requerida en el último párrafo del artículo 50 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que se concluye que el juicio contencioso administrativo federal procede contra éste; y de la lectura íntegra de la demanda de amparo no se advierte que la parte quejosa haya agotado el citado juicio contencioso, con el que podía obtener su modificación, revocación o nulidad, esto es, no cumplió con el principio de definitividad que establece la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cabe indicar que en la especie no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad, por lo que el quejoso no estaba exento de la carga de cumplir con dicho principio mediante la promoción del referido juicio ordinario. Aunado a que existe jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que definió que los alcances de la suspensión del acto impugnado conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo son iguales a los que se da a la suspensión en la Ley de Amparo. Dicha jurisprudencia es visible (...) En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la citada ley de la materia. Sustenta lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia número (...) Es pertinente indicar que la presente determinación se toma -además- en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido no podrá desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio y por el contrario, ello permite a la parte quejosa acudir oportunamente a la instancia correspondiente a defender sus intereses. CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Como lo solicita, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente, de conformidad con los artículos 34, 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones que deban ser personales se realizarán electrónicamente, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido por el artículo 55 del citado Acuerdo General 12/2020 y la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.) de rubro "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL", publicada con registro 2026122. Lo anterior en razón de que proporcionan el nombre de usuario "Peterlawyer1", por lo que se presume que ya dieron cumplimiento con lo señalado en el cartel publicitario denominado Consulta de Expediente Electrónico, emitido por la Dirección General de Estadística Judicial, y que llevó a cabo los pasos y requisitos precisado en la dirección http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea//. En tales circunstancias, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la habilitación correspondiente en el expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tienen como autorizados con facultades amplias en términos de lo establecido en el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Oliver Omar Ayala Espinosa, Jorge Iván Navarro Govea y Pedro Ayala Espinosa, al haber acreditado tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en toda la República Mexicana; con facultades restringidas, exclusivamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Luis Isaías Marroquín Rivera, María del Rosario Carmona Aveldaño y Jazmín Nataly Aguirre Hernández, el primero por no estar en igualdad de circunstancias y las demás por así haberlo solicitado expresamente. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal puedan llevar a cabo las diligencias ordenadas en el presente juicio. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se DESECHA por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por Uriel Carrillo Castro. Notifíquese electrónicamente.
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