Uriel Alejandro Martínez Tavira

Expediente 487/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
487/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • Uriel Alejandro Martínez Tavira
  • Uriel Alejandro Martínez Tavira y Otros.
  • Aníbal Hernández Carrizales
  • Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado. Matamoros, Tamaulipas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio terminación 0194/2022, firmado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, a través del cual acusa de recibo del diverso 868/3/21-V, girado con el propósito de notificarle la sentencia dictada en este asunto; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que el mismo se encuentra terminado, pues no existe diligencia alguna por desahogar, mandato pendiente de cumplimentar, acuses por recabar, ni promoción alguna por acordar. Consecuentemente, es de sostenerse que se encuentra concluido; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados a este asunto, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se negó la protección constitucional solicitada; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio constitucional en que se actúa y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contemplado en el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada legislación, en contra de la sentencia emitida el seis de octubre de este año, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Uriel Alejandro Martínez Tavira y a Aníbal Hernández Carrizales, en el presente juicio; en tal razón, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por disposición expresa del precepto 2° de esta última legislación, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Lo que antecede es procedente, con independencia de que no se haga el computo relativo a la autoridad responsable Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS Durango", con sede en Gómez Palacio, Durango, habida cuenta que, conforme los dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo en vigor, ésta sólo podría interponer el recurso de revisión si el sentido del fallo afectara el acto que le fue reprochado, salvo que se trate de amparo contra leyes, lo que no acontece en la especie. Por otro lado, se desprende que feneció el término de cinco días establecido en el numeral 97, fracción I, inciso e) de la legislación de amparo, para interponer el recurso de queja en contra de la resolución de veintidós de octubre de la presente anualidad, dentro del incidente de nulidad de notificaciones, deducido del asunto que nos ocupa; por tanto, con sustento en el numeral 354, en concordancia con el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su precepto 2°, se declara que dicha determinación ha causado estado. A pesar de lo acordado en el cuerpo de esta actuación judicial, solicítese al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS Durango", con sede en Gómez Palacio, Durango, para que en caso de que haya recibido el oficio 868/3/21-V, emitido con motivo del fallo dictado en este asunto, de no tener inconveniente legal alguno, acuse de recibo del mismo, de igual manera deberá hacer con el comunicado que derive del presente acuerdo; para lo cual, se deja a su disposición el correo electrónico rosa.gonzalez.urbina@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito firmado electrónicamente por el licenciado Trinidad Meza Raya, a través del cual promueve incidente de nulidad de notificaciones realizadas con posterioridad al dictado de la resolución emitida el seis de octubre de dos mil veintiuno, en la que se negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal a los quejosos directos Uriel Alejandro Martínez Tavira y Anibal Hernández Carrizales; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, del contenido del ocurso de cuenta se desprende que el motivo por el cual promueve el incidente de nulidad de notificaciones es debido a que no le fueron notificadas personalmente la resolución precisada en el párrafo que antecede y las posteriores como lo establecen los artículos 24, 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I de la Ley de Amparo, con la cual, dice, se le priva del derecho de conocer los motivos y fundamentos de la misma, ello no obstante que en el ocurso inicial de demanda señaló domicilio legal y correo oficial para esos efectos. Ahora bien, el artículo 66 de la Ley de Amparo dice: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia." Del dispositivo acabado de transcribir se desprende que el órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si resuelve el incidente de plano o si lo reserva para sentencia, por ameritar especial pronunciamiento. Sin embargo, en el caso, no se requieren mayores pruebas de las que obran en el expediente en que se actúa, incluso el promovente ofrece como de su intención sólo la documental consistente en el escrito inicial de demanda, en el cual señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. Por lo que en ese sentido y dada la naturaleza de lo planteado en el incidente de nulidad de notificaciones, con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se admite a trámite y se determina resolverlo de plano, lo cual se hace en los siguientes términos: Primeramente se estima necesario transcribir los numerales 24, 26 y 27 de la Ley de Amparo, los cuales dicen: "Artículo 24. Las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera de procedimiento, en que se notificarán inmediatamente en que sean pronunciadas. La razón que corresponda se asentará inmediatamente después de dicha resolución. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal exclusivamente para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de esta Ley. Cuando el quejoso y el tercero interesado cuenten con Firma Electrónica y pretendan que los autorizados en términos del párrafo anterior, utilicen o hagan uso de ésta en su representación, deberán comunicarlo al órgano jurisdiccional correspondiente, señalando las limitaciones o revocación de facultades en el uso de la misma." "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones; b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; c) Los requerimientos y prevenciones; d) El acuerdo por el que se le requiera para que exprese si ratifica su escrito de desistimiento; e) Las sentencias dictadas fuera de la audiencia constitucional; f) El sobreseimiento dictado fuera de la audiencia constitucional; g) Las resoluciones que decidan sobre la suspensión definitiva cuando sean dictadas fuera de la audiencia incidental; h) La aclaración de sentencias ejecutorias; i) La aclaración de las resoluciones que modifiquen o revoquen la suspensión definitiva; j) Las resoluciones que desechen la demanda o la tengan por no interpuesta; k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y l) Las resoluciones interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos; II. Por oficio: a) A la autoridad responsable, salvo que se trate de la primera notificación a un particular señalado como tal, en cuyo caso se observará lo establecido en el inciso b) de la fracción I del presente artículo; b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; y c) Al Ministerio Público de la Federación en el caso de amparo contra normas generales. III. Por lista, en los casos no previstos en las fracciones anteriores; y IV. Por vía electrónica, a las partes que expresamente así lo soliciten, y que previamente hayan obtenido la Firma Electrónica." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio: a) El actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha; b) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista; y por lista en una página electrónica; y c) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta se notificará por lista y por lista en una página electrónica pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, el actuario asentará razón circunstanciada en el expediente;" De los numerales que han sido transcritos, destacan por su importancia, ya que tienen relación estrecha con la aseveración que hace el licenciado Trinidad Meza Raya, promovente de este incidente; el artículo 26, fracción I, inciso a), que refiere que las notificaciones se harán en forma personal al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de reclusión o a si defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones.". De igual forma, del mismo numeral se resalta lo establecido en el inciso e), que dice que se notificarán en forma personal las sentencias dictadas fuera de audiencia constitucional. En ese sentido, por tener mayor relación con el caso a estudio, se analiza en primer término el segundo de los incisos a que se hace referencia, es decir, el que determina que se notificarán personalmente las sentencias dictadas fuera de audiencia, pues en el caso de que de autos se advierte que la audiencia constitucional tuvo lugar el día seis de octubre de dos mil veintiuno, y en la misma se dictó la sentencia respectiva; de manera tal que este órgano jurisdiccional no estaba obligado a llevar a cabo la notificación de manera personal, sino por lista, de acuerdo a lo que prevé el numeral 29 de la propia ley de la materia. De conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones por lista se realizarán mediante la fijación de ésta en un lugar visible y de fácil acceso del local del órgano jurisdiccional, así como su publicación en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que las ordena, esto es, dicha comunicación implica que la fijación y publicación física y electrónica de la lista deben realizarse de esa manera. Hecho lo anterior, se destaca que si bien, como lo refiere el licenciado Trinidad Meza Raya, en su carácter de defensor público federal de los quejosos director Uriel Alejandro Martínez Tavira y Anibal Hernández Carrizales, el inciso a) de la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo, señala que las notificaciones se realizarán en forma personal al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír y recibir notificaciones, tratándose de resoluciones el diverso inciso e) de esa misma fracción establece que serán notificadas personalmente las sentencias dictadas fuera de la audiencia constitucional, lo que no sucede en el caso, puesto que la emitida dentro de la presente contienda constitucional fue al momento de la celebración de ésta. Además, conforme al artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, debe destacarse que las notificaciones por vía electrónica únicamente tienen lugar con motivo de una resolución judicial que tenga el carácter de personal, siendo que, en tal caso, la consulta correspondiente en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, generará la constancia respectiva. Por lo que, las partes que hubieren solicitado expresamente la recepción de notificaciones por vía electrónica, podrán consultar en el sistema respectivo los acuerdos dictados en un asunto desde el momento en que éstos se ingresen al expediente electrónico, con motivo de la publicación electrónica de la lista de notificación correspondiente, lo que no sucede tratándose de resoluciones de carácter personal ya que, en ese supuesto, el tribunal queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser notificado; lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en las reglas para las notificaciones electrónicas previstas en la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, en el caso a estudio, como la sentencia se dictó dentro de la audiencia constitucional y no en fecha posterior, aplica la regla de la notificación por lista, prevista en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, la cual, como certificó la secretaría, se publicó en el local de este Juzgado, y contiene la relativa a la sentencia definitiva, por lo que no se actualiza el supuesto del inciso e) de la citada ley, pues esa tiene lugar solo cuando las sentencias se emiten con engrose, es decir, fuera de la audiencia constitucional. No se soslaya que en el caso los quejosos se encuentran privados de su libertad y difícilmente tienen acceso a la notificación por lista; sin embargo, el promovente del incidente que se resuelve tiene el carácter de defensor público federal y es quien representa sus intereses, por lo que tiene la obligación de darle seguimiento puntual a los asuntos que están a su cargo y es a quien le corresponde revisar las listas de los órganos jurisdiccionales donde se tramitan asuntos en los que tiene personalidad, pues incluso, de haber sido el caso (que no lo es), de que la notificación se le hiciera personal, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), bastaba con que se le hubiese hecho a dicho profesionista. Luego entonces, contrario a lo argumentado por el promovente del incidente de nulidad de notificaciones, en el caso a estudio, las notificaciones cuya nulidad pide, se hicieron como lo prevé la Ley de Amparo, específicamente en los artículos 26, fracción III y 29, pues no se actualiza el supuesto de que se efectuaran personalmente, esto con independencia de que le asiste la razón al afirmar que en su escrito inicial de demanda señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, pues no debe perderse de vista que este órgano jurisdiccional está obligado a realizarlas en ese lugar, solo en cuando deban ser personales, lo que no aconteció en el caso, dado que la notificacación es de aquellos que deban hacerse por lista y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, como se hizo. De tal manera que el incidente que se promueve resulta procedente pero infundado, en tanto que es la vía correcta pero no le asiste la razón al promovente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: resuelve; UNICO. Es procedente pero infundado el incidente de nulidad de notificaciones promovido por el licenciado Trinidad Meza Raya. Notifíquese personalmente al licenciado Trinidad Meza Raya.Así lo acuerda y firma el Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, Titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe. L'RIGU

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