Urias Martínez González
Expediente 541/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 18 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 541/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 15/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Urias Martínez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Acapulco, Guerrero; quince de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que por una parte se sobresee y por la otra no ampara ni protege a la parte quejosa ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo séptimo denominado "EXPEDIENTES DEPURABLES", artículo 18, fracción I, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General; y en igual término es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del citado artículo 18, previa conservación de la demanda, sentencia definitiva, del presente acuerdo y de las resoluciones que concedieron la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión original y duplicado. Finalmente, devuélvase al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, el tomo de pruebas que remitió como sustento de su informe justificado, en razón de que es innecesario que continúe a disposición de este juzgado. Notifíquese.
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO AIDE NOLASCO PÉREZ, QUE DICE: "Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 541/2020; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de octubre de dos mil veinte, en el buzón en línea del Poder Judicial de la Federación, remitido por razón de turno el trece de octubre de dos mil veinte a este Juzgado Octavo, Urias Martínez González, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: "a).- C. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares (.). b).- C. Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (.). c).- Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero (.)." ACTOS RECLAMADOS: "a) Del C. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, la certificación y auto de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte y la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte. b) Del C. Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, la certificación y auto de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte y la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte. c) Del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, la certificación y auto de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte y la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte." SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de catorce de octubre de dos mil veinte se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 541/2020 y se previno al promovente para que manifestara, entre otras cosas, cuáles actos reclamaba del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero y del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, dado que de los antecedentes narrados se advirtió que los actos que les atribuyen fueron emitidos por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares; por lo que, mediante escrito presentado el veintisiete de octubre del mismo año cumplió dicha prevención y desistió en su perjuicio del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero y del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero. Así que, en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó notificar de lo anterior a la tercera interesada; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver los juicios de amparo acumulados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una resolución dictada dentro de juicio, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación, emitida por un juzgado civil con sede en el ámbito territorial en que este juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. La parte quejosa fue notificada del acto reclamado a) acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, publicado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte (foja 78 del tomo de pruebas), surtiendo sus efectos al día hábil siguiente, es decir, el veintinueve del mismo mes y año, de conformidad con el artículo 1075 del Código de Comercio; por lo que, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del treinta de septiembre al veintiuno de octubre de dos mil veinte, descontándose los días tres, cuatro, diez, once, doce diecisiete y dieciocho de octubre de dos mil veinte, por ser inhábiles. Por lo que hace al acto reclamado b) la resolución interlocutoria de veinticinco de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, fue notificada personalmente a la parte quejosa, el dos de octubre de dos mil veinte (fojas 85 a 88 del tomo de pruebas), surtiendo sus efectos al día hábil siguiente, es decir, el cinco del mismo mes y año, de conformidad con el artículo 1075 del Código de Comercio; por lo que, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del seis al veintisiete de octubre de dos mil veinte, descontándose los días tres, cuatro, diez, once, doce diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de octubre de dos mil veinte, por ser inhábiles. De ahí que, al haberse presentado la demanda el diez de octubre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se señala que la parte quejosa, reclama como actora en el juicio ejecutivo mercantil número 502/2018-I, del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, lo siguiente: a) la certificación y auto de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte, en el que se certifica el término de la parte actora (aquí quejosa) para desahogar la vista formulada para presentar su planilla de liquidación y se le tiene por precluido su derecho para hacerlo. b) la sentencia interlocutoria de veinticinco de septiembre del año dos mil veinte, en la que el juez responsable resuelve lo concerniente a la planilla de liquidación de la suerte principal e intereses moratorios en rebeldía de la parte actora. CUARTO. Certeza del acto. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, pues así lo señala al rendir su informe justificado (foja 47 de autos); manifestación que constituye una confesión de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; y que se corrobora con las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil arriba anotado, allegadas como apoyo a dicho informe; documentales que dada su naturaleza se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 de la indicada legislación adjetiva civil. QUINTO. Causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, en sentido contario, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado a), consistente en la certificación y auto de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte, en el que se certifica el término de la parte actora (aquí quejosa) para desahogar la vista formulada para presentar su planilla de liquidación y se le tiene por precluido su derecho para hacerlo. Los dispositivos citados a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Articulo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución ." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley; el segundo de los preceptos transcritos establece como regla de procedencia del amparo indirecto, que cuando se trate de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, sólo procede contra la última resolución, y enseguida se precisa cuáles son aquellas determinaciones que deben considerarse como la "última resolución"; y son las que aprueben o reconozcan el cumplimiento total de lo sentenciado o declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Es importante destacar la regla prevista en la última parte del párrafo segundo de la norma mencionada, en torno a los actos previos a la "última resolución" de la etapa de ejecución de sentencia, pues al establecer que las violaciones cometidas en esos actos (durante el procedimiento), se podrán reclamar en "la misma demanda", con la condición de que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, debe entenderse que el amparo promovido contra esos actos, cuando no estén vinculados a la reclamación conjunta contra el acto que constituye la "última resolución", resulta improcedente. Bajo esta fórmula se impide la reclamación autónoma e inmediata en contra de cada uno de los actos que integran la fase de ejecución a fin de que el amparo no constituya un obstáculo para la misma; y en cambio, se privilegia el principio de concentración para que en una misma demanda se puedan estudiar todas las violaciones que llegaren a suscitarse conjuntamente con el acto principal que determina la procedencia del amparo indirecto, siempre y cuando tal violación trascienda a su resultado por haber dejado sin defensa a la parte quejosa; lo que permite colegir que en la demanda de amparo se puede plantear el estudio de esas violaciones en vía argumentativa y no como actos destacados. Ahora, frente a los supuestos específicos de procedencia previstos en los párrafos segundo y último del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ubican otros actos que pueden emitirse después de que el juicio ha concluido, que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como aquellos que tienen una autonomía destacada, es decir, se desvinculan de los que natural u ordinariamente tienen como propósito la ejecución de una sentencia definitiva. Ese supuesto corresponde cuando los actos reclamados son dictados en un incidente de autonomía destacada, en cuyo caso el juicio de amparo procederá contra la resolución definitiva de tal incidente, en la inteligencia de que en contra de la misma podrán hacerse valer todas las violaciones que se hubieren suscitado dentro del trámite de aquella incidencia, siempre que esas violaciones procesales hubiesen dejado indefensa a la parte quejosa. Otro de los supuestos se actualiza cuando aquellos sean de imposible reparación, lo cual da la pauta para que de manera excepcional sean reclamados, sin necesidad en esperar a que se dicte la última resolución, por ejemplo, que dentro del procedimiento de remate, se niegue señalar fecha para el verificativo de la audiencia de remate, en cuyo caso, no es necesario esperar a que se apruebe o desapruebe el remate, en razón de que si no se permite el control constitucional sobre dichas determinaciones, podría no llegarse nunca al final de la ejecución. Ilustra lo expuesto la jurisprudencia número P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Novena Época, de rubro y texto siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Entendiéndose como aquellos, que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior; esto de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte en consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUELA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LASPARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Bajo ese contexto, se tiene que el acto reclamado a), consistente en el acuerdo y certificación de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, no constituye la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia del juicio de origen; en razón que el responsable en ningún momento aprobó o reconoció de manera expresa o tácita el cumplimiento total de dicha resolución, dentro del expediente natural, ni mucho menos declaró la imposibilidad material o jurídica para ejecutar el mismo ni se encuentra dentro de esos supuestos de excepción, esto es de aquellos que violentan derechos sustantivos del quejoso o, que por su propia naturaleza sean de aquellos que se consideren de autonomía destacada a la cosa juzgada o de procedimiento de ejecución, pues se insiste el acto reclamado únicamente es el proveído en donde se certifica y se tiene por precluido el término de la parte actora (aquí quejosa) para exhibir su planilla de liquidación y, en consecuencia, se ordena dictar la sentencia interlocutoria que en derecho proceda. Resulta aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 60, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia (s): Civil, Novena Época, de rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. Por lo antes expuesto, se tiene que se surte la causa de improcedencia que se analiza; consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, en sentido contario, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio respecto del acto reclamado a). SEXTO. Estudio de fondo. Una vez analizada la causal de improcedencia en el considerando que antecede, y no habiendo ninguna otra que estudiar, en este apartado se analizará si procede o no conceder la protección federal solicitad, únicamente respecto del acto reclamado b). Antes, se citan los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las actuaciones remitidas por el juez responsable como justificación a su informe, cuyo valor probatorio quedó ya precisado; y de las que se advierte lo siguiente: Por escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, Urias Martínez González, demandó en la vía ejecutiva mercantil, de Aide Nolasco Pérez, entre otras prestaciones, el pago de la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal con motivo de dos pagarés, cada uno suscrito por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) (fojas 1 a 5 del tomo de pruebas). Mediante acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, a quien por cuestión de turno correspondió el conocimiento de la demanda, la admitió bajo el número de juicio 502/2018-I (fojas 6 y 7 del tomo de pruebas). Seguido el trámite procesal, a través de la sentencia definitiva emitida el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, entre otras cosas, se condenó a la demandada a pagar al accionante la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal, así como intereses moratorios a razón del 1.9% (uno punto nueve por ciento) mensual (fojas 34 a 50 del tomo de pruebas). Mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil veinte, la demandada, aquí tercera interesada, solicitó al juez responsable que requiriera a la parte actora, aquí quejosa, la planilla de liquidación (foja 69 del tomo de pruebas). En acuerdo de cinco de marzo de dos mil veinte, el juez responsable, previno a la parte actora para que dentro del término de tres días exhibiera su planilla de liquidación (foja 70 del tomo de pruebas). Nuevamente, mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil veinte, la demandada, solicitó al juez responsable que requiriera con medida de apremio a la parte actora para que exhibiera su planilla de liquidación (foja 71 del tomo de pruebas). Por proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, el juez responsable, requirió nuevamente a la parte actora para que dentro del término de tres días exhibiera su planilla de liquidación de suerte principal e intereses monetarios, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, el juzgado procedería a la ejecución en su rebeldía en los términos ordenados en la mencionada sentencia definitiva (foja 72 del tomo de pruebas). Ambos proveídos de cinco y diecisiete de marzo de dos mil veinte, fueron notificados a la parte actora de manera personal el cuatro de septiembre de dos mil veinte (fojas 73 a 75 del tomo de pruebas). A través del escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil veinte, la demandada solicitó al juez responsable que se le tenga perdido el derecho a la parte actora para presentar su planilla de liquidación y que, en consecuencia, proceda a la ejecución de la sentencia definitiva (fojas 76 y 77 del tomo de pruebas). En acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, el juez responsable certificó el término de la actora para presentar su planilla de liquidación, tuvo por precluido su derecho para hacerlo y ordenó dictar la sentencia interlocutoria (foja 78 del tomo de pruebas). Mediante sentencia interlocutoria emitida el veinticinco de septiembre de dos mil veinte el juez responsable resolvió la planilla de liquidación de suerte principal e intereses moratorios en rebeldía de la parte actora (fojas 79 y 80 del tomo de pruebas). La anterior determinación constituye el objeto de estudio en este asunto y contra la cual, la parte quejosa en esencia hace valer el siguiente concepto de violación: Que el juez responsable violó lo dispuesto en el artículo 1348, del Código de Comercio, el cual establece como requisito la presentación de la planilla de liquidación como una condición necesaria para que inicie el procedimiento de ejecución respectivo, porque en el presente caso de manera arbitraria y sin fundamento legal, se aperturó el procedimiento de ejecución de manera oficiosa y se dictó una sentencia interlocutoria ilegal, sin que existiera una planilla de liquidación, lo que ocasiona un desequilibrio en el procedimiento, al actuar a favor de la parte demandada. Precisados los antecedentes del acto reclamado, se estudiara el concepto de violación que se hizo valer en contra del mismo, el cual es infundado, en atención a las consideraciones siguientes. En primer término, es necesario señalar que el artículo 1348, del Código de Comercio a la letra dice: "Art. 1,348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata." De ahí que, como argumenta la parte quejosa el dispositivo trascrito dispone que si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció -en ese caso la parte actora, aquí quejosa-, al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada -aquí tercera interesada-, y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. En atención a dicho precepto, la parte quejosa argumenta que el juez responsable actuó indebidamente cuando el mismo juez liquidó la condena de la sentencia definitiva sin la existencia de una planilla de liquidación, sin embargo, no le asiste la razón al quejoso pues de los antecedentes del acto reclamado podemos observar que precisamente el juez responsable le otorgó la oportunidad al actor, aquí quejoso, de que presentara su planilla de liquidación en dos ocasiones, a través de los proveídos de cinco y diecisiete de marzo de dos mil veinte, lo cuales fueron notificados de manera personal el cuatro de septiembre de dos mil veinte, sin que éste haya atendido los mismos y presentado la planilla de liquidación que se le requirió. Entonces si no existe una planilla de liquidación es precisamente porque, no obstante que fue requerido debidamente, el aquí quejoso omitió presentarla y, en consecuencia, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte dictado en el juicio de origen, en el que se estableció que de no presentar la planilla de liquidación en el término otorgado, el juez procedería a la ejecución en rebeldía en los términos ordenados en la mencionada sentencia definitiva. De manera que el juez responsable como director del proceso, fijó con claridad cuál sería la consecuencia de omitir exhibir la planilla de liquidación, sin que ello signifique que violó lo dispuesto por el citado artículo 1348, del Código de Comercio, puesto que si bien dicho precepto contempla la exhibición de la citada planilla, también es cierto que éste no prohíbe expresamente que el juez formule un apercibimiento en los términos en que lo hizo en el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte y tampoco prohíbe que él pueda liquidar la condena en rebeldía de la parte vencedora. Máxime que dicho apercibimiento no fue controvertido por la parte quejosa. De manera que no se rompe la igualdad procesal, ya que la parte quejosa tuvo la oportunidad de presentar su planilla de liquidación y no lo hizo, además aunque haya sido omisa y el juez realizó en su rebeldía la liquidación de la condena, ello no necesariamente le perjudica pues estaba en aptitud de inconformarse con el monto calculado en la resolución interlocutoria reclamada, sin que lo hubiera hecho. Por otro lado, se estima que no se controvierte la jurisprudencia invocada por el quejoso, número 1a./J. 77/2009, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Noviembre de 2009, página 220, con registro digital 165983, de rubro y texto: INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SI NO SE EXHIBE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PROMOVER LA EJECUCIÓN, COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 1348 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PROCEDE APERCIBIR AL PROMOVENTE PARA QUE LO EXHIBA, SO PENA DE QUE PRECLUYA SU DERECHO DE PRESENTAR TAL DOCUMENTO. Los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Ahora bien, del artículo 1348 del Código de Comercio se advierte que la presentación de la planilla de liquidación es condición necesaria para que inicie el procedimiento respectivo, y la oportunidad para que ello suceda se determina claramente en el propio precepto, al señalar que dicho documento debe presentarse al pedir la ejecución, lo cual obedece a la necesidad de dar vista a la parte contraria para que manifieste lo que a su derecho convenga, y así permitir la sustanciación del procedimiento de ejecución con base en cantidades determinadas. En efecto, si se promueve la ejecución pero no se exhibe la planilla indicada, no sólo no puede darse vista a la contraria, sino que el juez no podrá resolver lo conducente en cuanto a la precisión de las cantidades exactas a que esté obligado a satisfacer el demandado, por lo que ante dicha eventualidad, el juzgador deberá desestimar el incidente de liquidación, por falta de los elementos necesarios para emitir su fallo. En ese sentido, se concluye que si no se presenta la planilla de liquidación en el momento preciso a que se refiere el citado artículo, es decir, al promover la ejecución, precluye el derecho de hacerlo, por falta de realización del acto necesario en el momento procesal oportuno. Sin que lo anterior sea óbice para que el vencedor pueda volver a solicitar la liquidación, mientras no haya concluido el término de la prescripción, pues su derecho para ello no se afecta por la preclusión, sino por la prescripción. Ahora bien, una vez establecida la necesidad de exhibir la planilla, so pena de que opere la preclusión, esta Sala estima que en atención a la severidad de semejante consecuencia, es menester que el juez, en uso de sus poderes de ordenar el proceso y sin que signifique desequilibrarlo a favor de ninguna de las partes sino tan sólo el de proveer adecuadamente para el eficaz y pronto desarrollo del procedimiento de ejecución, prevenga al promovente de la ejecución a que exhiba la planilla, por el término genérico de tres días previsto en el artículo 1079, fracción III, del Código de Comercio, bajo el apercibimiento de que de no cumplir se tendrá por precluido su derecho a exhibir el documento en cuestión. Ello es así porque de su lectura se advierte que el supuesto que analiza precisamente contempla la existencia de una planilla de liquidación, y en tal caso, resulta necesario que el juez otorgue a la parte contraria la oportunidad de controvertirla, en vigilancia de la igualdad procesal, pero dicha jurisprudencia no aplica al caso concreto porque no hubo una planilla de liquidación -como consecuencia de la omisión del aquí quejoso-. Además de que de dicho criterio no se advierte que la Corte establezca una prohibición expresa para que el juez no pueda liquidar la condena ante la omisión de la parte vencedora de presentar la planilla de liquidación. En cambio, de considerar lo contrario, el procedimiento de ejecución quedaría supeditado a la voluntad de la parte vencedora, lo que traería como consecuencia que, de persistir en su omisión de presentar la planilla de liquidación, entonces el monto a liquidar podría ser excesivo puesto que los intereses moratorios se siguen generando, máxime que en el caso concreto se encuentra embargado el salario de la aquí tercera interesada y se le hacen los descuentos pertinentes, por lo que éstos se postergarían indefinidamente hasta que el vencedor decida presentar su planilla de liquidación. No sobra decir que de sostener que era indispensable la presentación de una planilla de liquidación, para que el juez responsable pudiera determinar en cantidad líquida el monto del adeudo, se estaría exigiendo un formalismo en lugar de privilegiar la solución de fondo, tal como exige el tercer párrafo del artículo 17 constitucional, máxime que el hoy inconforme tuvo oportunidad de presentar una planilla de liquidación sin haberlo hecho y, aún más, a través del presente juicio de amparo estuvo en posibilidad de atacar el monto líquido fijado en la interlocutoria reclamada sin haberlo combatido, sino que, pretende que se le conceda la protección constitucional por un formalismo que de ninguna manera lo dejó en estado de indefensión. En atención a las consideraciones anteriores, se estima que el concepto de violación formulado por el quejoso es infundado; en consecuencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Urias Martínez González, respecto del acto reclamado b). Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado a), por los motivos expuestos en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Urias Martínez González, contra el acto reclamado b), en términos de lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.
- Principal
SÍNTESIS: Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 541/2020; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de octubre de dos mil veinte, en el buzón en línea del Poder Judicial de la Federación, remitido por razón de turno el trece de octubre de dos mil veinte a este Juzgado Octavo, Urias Martínez González, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: "a).- C. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares (.). b).- C. Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (.). c).- Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero (.)." ACTOS RECLAMADOS: "a) Del C. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, la certificación y auto de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte y la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte. b) Del C. Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, la certificación y auto de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte y la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte. c) Del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, la certificación y auto de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte y la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte." SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de catorce de octubre de dos mil veinte se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 541/2020 y se previno al promovente para que manifestara, entre otras cosas, cuáles actos reclamaba del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero y del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, dado que de los antecedentes narrados se advirtió que los actos que les atribuyen fueron emitidos por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares; por lo que, mediante escrito presentado el veintisiete de octubre del mismo año cumplió dicha prevención y desistió en su perjuicio del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero y del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero. Así que, en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó notificar de lo anterior a la tercera interesada; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver los juicios de amparo acumulados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una resolución dictada dentro de juicio, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación, emitida por un juzgado civil con sede en el ámbito territorial en que este juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. La parte quejosa fue notificada del acto reclamado a) acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, publicado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte (foja 78 del tomo de pruebas), surtiendo sus efectos al día hábil siguiente, es decir, el veintinueve del mismo mes y año, de conformidad con el artículo 1075 del Código de Comercio; por lo que, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del treinta de septiembre al veintiuno de octubre de dos mil veinte, descontándose los días tres, cuatro, diez, once, doce diecisiete y dieciocho de octubre de dos mil veinte, por ser inhábiles. Por lo que hace al acto reclamado b) la resolución interlocutoria de veinticinco de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, fue notificada personalmente a la parte quejosa, el dos de octubre de dos mil veinte (fojas 85 a 88 del tomo de pruebas), surtiendo sus efectos al día hábil siguiente, es decir, el cinco del mismo mes y año, de conformidad con el artículo 1075 del Código de Comercio; por lo que, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del seis al veintisiete de octubre de dos mil veinte, descontándose los días tres, cuatro, diez, once, doce diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de octubre de dos mil veinte, por ser inhábiles. De ahí que, al haberse presentado la demanda el diez de octubre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se señala que la parte quejosa, reclama como actora en el juicio ejecutivo mercantil número 502/2018-I, del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, lo siguiente: a) la certificación y auto de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte, en el que se certifica el término de la parte actora (aquí quejosa) para desahogar la vista formulada para presentar su planilla de liquidación y se le tiene por precluido su derecho para hacerlo. b) la sentencia interlocutoria de veinticinco de septiembre del año dos mil veinte, en la que el juez responsable resuelve lo concerniente a la planilla de liquidación de la suerte principal e intereses moratorios en rebeldía de la parte actora. CUARTO. Certeza del acto. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, pues así lo señala al rendir su informe justificado (foja 47 de autos); manifestación que constituye una confesión de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; y que se corrobora con las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil arriba anotado, allegadas como apoyo a dicho informe; documentales que dada su naturaleza se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 de la indicada legislación adjetiva civil. QUINTO. Causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, en sentido contario, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado a), consistente en la certificación y auto de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte, en el que se certifica el término de la parte actora (aquí quejosa) para desahogar la vista formulada para presentar su planilla de liquidación y se le tiene por precluido su derecho para hacerlo. Los dispositivos citados a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Articulo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución ." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley; el segundo de los preceptos transcritos establece como regla de procedencia del amparo indirecto, que cuando se trate de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, sólo procede contra la última resolución, y enseguida se precisa cuáles son aquellas determinaciones que deben considerarse como la "última resolución"; y son las que aprueben o reconozcan el cumplimiento total de lo sentenciado o declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Es importante destacar la regla prevista en la última parte del párrafo segundo de la norma mencionada, en torno a los actos previos a la "última resolución" de la etapa de ejecución de sentencia, pues al establecer que las violaciones cometidas en esos actos (durante el procedimiento), se podrán reclamar en "la misma demanda", con la condición de que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, debe entenderse que el amparo promovido contra esos actos, cuando no estén vinculados a la reclamación conjunta contra el acto que constituye la "última resolución", resulta improcedente. Bajo esta fórmula se impide la reclamación autónoma e inmediata en contra de cada uno de los actos que integran la fase de ejecución a fin de que el amparo no constituya un obstáculo para la misma; y en cambio, se privilegia el principio de concentración para que en una misma demanda se puedan estudiar todas las violaciones que llegaren a suscitarse conjuntamente con el acto principal que determina la procedencia del amparo indirecto, siempre y cuando tal violación trascienda a su resultado por haber dejado sin defensa a la parte quejosa; lo que permite colegir que en la demanda de amparo se puede plantear el estudio de esas violaciones en vía argumentativa y no como actos destacados. Ahora, frente a los supuestos específicos de procedencia previstos en los párrafos segundo y último del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ubican otros actos que pueden emitirse después de que el juicio ha concluido, que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como aquellos que tienen una autonomía destacada, es decir, se desvinculan de los que natural u ordinariamente tienen como propósito la ejecución de una sentencia definitiva. Ese supuesto corresponde cuando los actos reclamados son dictados en un incidente de autonomía destacada, en cuyo caso el juicio de amparo procederá contra la resolución definitiva de tal incidente, en la inteligencia de que en contra de la misma podrán hacerse valer todas las violaciones que se hubieren suscitado dentro del trámite de aquella incidencia, siempre que esas violaciones procesales hubiesen dejado indefensa a la parte quejosa. Otro de los supuestos se actualiza cuando aquellos sean de imposible reparación, lo cual da la pauta para que de manera excepcional sean reclamados, sin necesidad en esperar a que se dicte la última resolución, por ejemplo, que dentro del procedimiento de remate, se niegue señalar fecha para el verificativo de la audiencia de remate, en cuyo caso, no es necesario esperar a que se apruebe o desapruebe el remate, en razón de que si no se permite el control constitucional sobre dichas determinaciones, podría no llegarse nunca al final de la ejecución. Ilustra lo expuesto la jurisprudencia número P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Novena Época, de rubro y texto siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Entendiéndose como aquellos, que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior; esto de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte en consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUELA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LASPARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Bajo ese contexto, se tiene que el acto reclamado a), consistente en el acuerdo y certificación de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, no constituye la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia del juicio de origen; en razón que el responsable en ningún momento aprobó o reconoció de manera expresa o tácita el cumplimiento total de dicha resolución, dentro del expediente natural, ni mucho menos declaró la imposibilidad material o jurídica para ejecutar el mismo ni se encuentra dentro de esos supuestos de excepción, esto es de aquellos que violentan derechos sustantivos del quejoso o, que por su propia naturaleza sean de aquellos que se consideren de autonomía destacada a la cosa juzgada o de procedimiento de ejecución, pues se insiste el acto reclamado únicamente es el proveído en donde se certifica y se tiene por precluido el término de la parte actora (aquí quejosa) para exhibir su planilla de liquidación y, en consecuencia, se ordena dictar la sentencia interlocutoria que en derecho proceda. Resulta aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 60, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia (s): Civil, Novena Época, de rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. Por lo antes expuesto, se tiene que se surte la causa de improcedencia que se analiza; consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, en sentido contario, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio respecto del acto reclamado a). SEXTO. Estudio de fondo. Una vez analizada la causal de improcedencia en el considerando que antecede, y no habiendo ninguna otra que estudiar, en este apartado se analizará si procede o no conceder la protección federal solicitad, únicamente respecto del acto reclamado b). Antes, se citan los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las actuaciones remitidas por el juez responsable como justificación a su informe, cuyo valor probatorio quedó ya precisado; y de las que se advierte lo siguiente: Por escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, Urias Martínez González, demandó en la vía ejecutiva mercantil, de Aide Nolasco Pérez, entre otras prestaciones, el pago de la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal con motivo de dos pagarés, cada uno suscrito por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) (fojas 1 a 5 del tomo de pruebas). Mediante acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, a quien por cuestión de turno correspondió el conocimiento de la demanda, la admitió bajo el número de juicio 502/2018-I (fojas 6 y 7 del tomo de pruebas). Seguido el trámite procesal, a través de la sentencia definitiva emitida el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, entre otras cosas, se condenó a la demandada a pagar al accionante la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal, así como intereses moratorios a razón del 1.9% (uno punto nueve por ciento) mensual (fojas 34 a 50 del tomo de pruebas). Mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil veinte, la demandada, aquí tercera interesada, solicitó al juez responsable que requiriera a la parte actora, aquí quejosa, la planilla de liquidación (foja 69 del tomo de pruebas). En acuerdo de cinco de marzo de dos mil veinte, el juez responsable, previno a la parte actora para que dentro del término de tres días exhibiera su planilla de liquidación (foja 70 del tomo de pruebas). Nuevamente, mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil veinte, la demandada, solicitó al juez responsable que requiriera con medida de apremio a la parte actora para que exhibiera su planilla de liquidación (foja 71 del tomo de pruebas). Por proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, el juez responsable, requirió nuevamente a la parte actora para que dentro del término de tres días exhibiera su planilla de liquidación de suerte principal e intereses monetarios, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, el juzgado procedería a la ejecución en su rebeldía en los términos ordenados en la mencionada sentencia definitiva (foja 72 del tomo de pruebas). Ambos proveídos de cinco y diecisiete de marzo de dos mil veinte, fueron notificados a la parte actora de manera personal el cuatro de septiembre de dos mil veinte (fojas 73 a 75 del tomo de pruebas). A través del escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil veinte, la demandada solicitó al juez responsable que se le tenga perdido el derecho a la parte actora para presentar su planilla de liquidación y que, en consecuencia, proceda a la ejecución de la sentencia definitiva (fojas 76 y 77 del tomo de pruebas). En acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, el juez responsable certificó el término de la actora para presentar su planilla de liquidación, tuvo por precluido su derecho para hacerlo y ordenó dictar la sentencia interlocutoria (foja 78 del tomo de pruebas). Mediante sentencia interlocutoria emitida el veinticinco de septiembre de dos mil veinte el juez responsable resolvió la planilla de liquidación de suerte principal e intereses moratorios en rebeldía de la parte actora (fojas 79 y 80 del tomo de pruebas). La anterior determinación constituye el objeto de estudio en este asunto y contra la cual, la parte quejosa en esencia hace valer el siguiente concepto de violación: Que el juez responsable violó lo dispuesto en el artículo 1348, del Código de Comercio, el cual establece como requisito la presentación de la planilla de liquidación como una condición necesaria para que inicie el procedimiento de ejecución respectivo, porque en el presente caso de manera arbitraria y sin fundamento legal, se aperturó el procedimiento de ejecución de manera oficiosa y se dictó una sentencia interlocutoria ilegal, sin que existiera una planilla de liquidación, lo que ocasiona un desequilibrio en el procedimiento, al actuar a favor de la parte demandada. Precisados los antecedentes del acto reclamado, se estudiara el concepto de violación que se hizo valer en contra del mismo, el cual es infundado, en atención a las consideraciones siguientes. En primer término, es necesario señalar que el artículo 1348, del Código de Comercio a la letra dice: "Art. 1,348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata." De ahí que, como argumenta la parte quejosa el dispositivo trascrito dispone que si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció -en ese caso la parte actora, aquí quejosa-, al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada -aquí tercera interesada-, y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. En atención a dicho precepto, la parte quejosa argumenta que el juez responsable actuó indebidamente cuando el mismo juez liquidó la condena de la sentencia definitiva sin la existencia de una planilla de liquidación, sin embargo, no le asiste la razón al quejoso pues de los antecedentes del acto reclamado podemos observar que precisamente el juez responsable le otorgó la oportunidad al actor, aquí quejoso, de que presentara su planilla de liquidación en dos ocasiones, a través de los proveídos de cinco y diecisiete de marzo de dos mil veinte, lo cuales fueron notificados de manera personal el cuatro de septiembre de dos mil veinte, sin que éste haya atendido los mismos y presentado la planilla de liquidación que se le requirió. Entonces si no existe una planilla de liquidación es precisamente porque, no obstante que fue requerido debidamente, el aquí quejoso omitió presentarla y, en consecuencia, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte dictado en el juicio de origen, en el que se estableció que de no presentar la planilla de liquidación en el término otorgado, el juez procedería a la ejecución en rebeldía en los términos ordenados en la mencionada sentencia definitiva. De manera que el juez responsable como director del proceso, fijó con claridad cuál sería la consecuencia de omitir exhibir la planilla de liquidación, sin que ello signifique que violó lo dispuesto por el citado artículo 1348, del Código de Comercio, puesto que si bien dicho precepto contempla la exhibición de la citada planilla, también es cierto que éste no prohíbe expresamente que el juez formule un apercibimiento en los términos en que lo hizo en el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte y tampoco prohíbe que él pueda liquidar la condena en rebeldía de la parte vencedora. Máxime que dicho apercibimiento no fue controvertido por la parte quejosa. De manera que no se rompe la igualdad procesal, ya que la parte quejosa tuvo la oportunidad de presentar su planilla de liquidación y no lo hizo, además aunque haya sido omisa y el juez realizó en su rebeldía la liquidación de la condena, ello no necesariamente le perjudica pues estaba en aptitud de inconformarse con el monto calculado en la resolución interlocutoria reclamada, sin que lo hubiera hecho. Por otro lado, se estima que no se controvierte la jurisprudencia invocada por el quejoso, número 1a./J. 77/2009, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Noviembre de 2009, página 220, con registro digital 165983, de rubro y texto: INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SI NO SE EXHIBE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PROMOVER LA EJECUCIÓN, COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 1348 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PROCEDE APERCIBIR AL PROMOVENTE PARA QUE LO EXHIBA, SO PENA DE QUE PRECLUYA SU DERECHO DE PRESENTAR TAL DOCUMENTO. Los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Ahora bien, del artículo 1348 del Código de Comercio se advierte que la presentación de la planilla de liquidación es condición necesaria para que inicie el procedimiento respectivo, y la oportunidad para que ello suceda se determina claramente en el propio precepto, al señalar que dicho documento debe presentarse al pedir la ejecución, lo cual obedece a la necesidad de dar vista a la parte contraria para que manifieste lo que a su derecho convenga, y así permitir la sustanciación del procedimiento de ejecución con base en cantidades determinadas. En efecto, si se promueve la ejecución pero no se exhibe la planilla indicada, no sólo no puede darse vista a la contraria, sino que el juez no podrá resolver lo conducente en cuanto a la precisión de las cantidades exactas a que esté obligado a satisfacer el demandado, por lo que ante dicha eventualidad, el juzgador deberá desestimar el incidente de liquidación, por falta de los elementos necesarios para emitir su fallo. En ese sentido, se concluye que si no se presenta la planilla de liquidación en el momento preciso a que se refiere el citado artículo, es decir, al promover la ejecución, precluye el derecho de hacerlo, por falta de realización del acto necesario en el momento procesal oportuno. Sin que lo anterior sea óbice para que el vencedor pueda volver a solicitar la liquidación, mientras no haya concluido el término de la prescripción, pues su derecho para ello no se afecta por la preclusión, sino por la prescripción. Ahora bien, una vez establecida la necesidad de exhibir la planilla, so pena de que opere la preclusión, esta Sala estima que en atención a la severidad de semejante consecuencia, es menester que el juez, en uso de sus poderes de ordenar el proceso y sin que signifique desequilibrarlo a favor de ninguna de las partes sino tan sólo el de proveer adecuadamente para el eficaz y pronto desarrollo del procedimiento de ejecución, prevenga al promovente de la ejecución a que exhiba la planilla, por el término genérico de tres días previsto en el artículo 1079, fracción III, del Código de Comercio, bajo el apercibimiento de que de no cumplir se tendrá por precluido su derecho a exhibir el documento en cuestión. Ello es así porque de su lectura se advierte que el supuesto que analiza precisamente contempla la existencia de una planilla de liquidación, y en tal caso, resulta necesario que el juez otorgue a la parte contraria la oportunidad de controvertirla, en vigilancia de la igualdad procesal, pero dicha jurisprudencia no aplica al caso concreto porque no hubo una planilla de liquidación -como consecuencia de la omisión del aquí quejoso-. Además de que de dicho criterio no se advierte que la Corte establezca una prohibición expresa para que el juez no pueda liquidar la condena ante la omisión de la parte vencedora de presentar la planilla de liquidación. En cambio, de considerar lo contrario, el procedimiento de ejecución quedaría supeditado a la voluntad de la parte vencedora, lo que traería como consecuencia que, de persistir en su omisión de presentar la planilla de liquidación, entonces el monto a liquidar podría ser excesivo puesto que los intereses moratorios se siguen generando, máxime que en el caso concreto se encuentra embargado el salario de la aquí tercera interesada y se le hacen los descuentos pertinentes, por lo que éstos se postergarían indefinidamente hasta que el vencedor decida presentar su planilla de liquidación. No sobra decir que de sostener que era indispensable la presentación de una planilla de liquidación, para que el juez responsable pudiera determinar en cantidad líquida el monto del adeudo, se estaría exigiendo un formalismo en lugar de privilegiar la solución de fondo, tal como exige el tercer párrafo del artículo 17 constitucional, máxime que el hoy inconforme tuvo oportunidad de presentar una planilla de liquidación sin haberlo hecho y, aún más, a través del presente juicio de amparo estuvo en posibilidad de atacar el monto líquido fijado en la interlocutoria reclamada sin haberlo combatido, sino que, pretende que se le conceda la protección constitucional por un formalismo que de ninguna manera lo dejó en estado de indefensión. En atención a las consideraciones anteriores, se estima que el concepto de violación formulado por el quejoso es infundado; en consecuencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Urias Martínez González, respecto del acto reclamado b). Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado a), por los motivos expuestos en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Urias Martínez González, contra el acto reclamado b), en términos de lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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