Uri Gutiérrez Hernández

Expediente 713/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
713/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
21/09/2017

Partes del expediente

  • Uri Gutiérrez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; agréguese a sus autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria de trece de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por ese Tribunal Colegiado, dentro de la queja administrativa 97/2017-2 de su índice, de la que se desprende que la superioridad, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el licenciado José Alberto Zárate Juárez, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, contra el auto de diez de agosto de dos mil diecisiete, dictado por este juzgado dentro del presente juicio de amparo, bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese el recibo de estilo. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar; y, en su caso, que ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible. Por otra parte, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger el documento que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dicho documento podrá ser destruido.

  2. Principal

    Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta firmado por el licenciado José Alberto Zárate Juárez, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone recurso de queja, contra el auto de diez de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja contra el referido auto. Por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado a la Superioridad, haciéndole saber que es cierto que el diez de agosto de dos mil diecisiete, se desechó la demanda de amparo promovida por Uri Gutiérrez Hernández, por su propio derecho, contra actos del Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado de Zacatecas, con base en los fundamentos y por los motivos en el mismo asentados, y remítase el escrito original de expresión de agravios presentado por el citado autorizado de la parte quejosa, así como copias certificadas de todo lo actuado en el juicio de amparo en que se actúa, para lo que tenga a bien determinar dicho Tribunal.

  3. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por Uri Gutiérrez Hernández, por propio derecho, contra actos del Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado de Zacatecas, el Juez acuerda: Regístrese en el libro de gobierno bajo el número que legalmente le corresponda y fórmese el expediente respectivo. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos, interpretados en sentido contrario. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De los artículos trascritos, se advierte que el juicio de amparo tiene como finalidad resolver las controversias por normas, actos u omisiones que se susciten entre los gobernados y alguna autoridad; por tanto, al ser un medio de control constitucional de los actos autoritarios, resulta improcedente respecto de aquéllos emitidos por una persona que carezca de imperio. En ese orden, se impone determinar qué debe entenderse por autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual el trascrito artículo 5°, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, señala que es la que dicta, pública, ejecuta o trata de ejecutar u omite el acto reclamado; respecto de este último aspecto, en dicho precepto se precisa que tiene aquélla calidad la que emita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que autoridad para efectos del amparo es aquélla, a la cual, las normas jurídicas otorgan las características de un órgano público con potestad legal de emitir actos unilaterales, a través de los cuales puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir la voluntad de éstos y sin necesidad de acudir a los órganos judiciales. Así, para que una autoridad sea considerada como tal en el juicio de amparo, debe tener las siguientes características: - Ser un órgano público. - Actuar con potestad administrativa, es decir, que ejerza facultades decisorias de carácter irrenunciable, atribuidas por la ley -decisión de imperio-. - Emitir actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. - Para emitir sus actos, no requiere acudir a los órganos judiciales, ni del consentimiento del afectado. Lo anterior se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/2011, con registro 161133, página 1089, Materia Común, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Entonces, como la acción constitucional es improcedente en casos de actos o conflictos entre particulares, salvo lo previsto en el último párrafo de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, es decir, cuando aquélla realice actos equivalentes a los antes analizados y cuyas funciones estén determinadas en una norma legal, debe hacerse la distinción entre relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. De coordinación: Es la relación suscitada entre particulares, para dirimir los conflictos en ellas deben acudir a los procedimientos ordinarios establecidos para tal efecto en la legislación, y someter su resolución a las autoridades del orden común. Este tipo de relaciones pertenecen al derecho privado -civil, mercantil, laboral, agrario-, y en ellas las partes se colocan en un plano de igualdad. De subordinación: Se genera entre gobernantes y gobernados, pertenecen al derecho público y en ellas la voluntad del gobernante se impone a la del gobernado de manera unilateral, con los límites constitucionales -garantías individuales-. La autoridad no requiere someter su decisión a los tribunales y los conflictos suscitados en ellas se resuelven a través del procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de derechos humanos en el ámbito constitucional, por medio del juicio de amparo. De supraordinación: Es la relación que se origina entre órganos del Estado, pertenecen al derecho público y se caracterizan por su unilateralidad, para la solución de conflictos entre las partes existen mecanismos políticos y jurisdiccionales -controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad-. Tiene aplicación a lo anterior, en la parte de interés, la tesis 2a. XXXVI/99, con registro 194367, página 307, tomo IX, Marzo de 1999, materia Administrativa de la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Así las cosas, el quejoso Uri Gutiérrez Hernández, señala como autoridad responsable al Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado de Zacatecas, a quien le reclama: ". la omisión de acordar y resolver sobre mi escrito de solicitud de liberación del adeudo (crédito hipotecario), que tengo con esa institución, el cual se describirá más adelante; presentada el día nueve (09) de mayo de dos mil diecisiete (2017)." Y, del contenido de la demanda se advierte que: 1. Uri Gutiérrez Hernández, obtuvo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado, un crédito, mismo que fue identificado con el número 3203015990. 2. El un crédito número 3203015990 fue formalizado mediante escritura cuatro mil ciento cincuenta y seis, de ocho de julio "del mismo año" (sic), por el equivalente a 119.3766 veces el salario mínimo general mensual en el entonces Distrito Federal, para la compra de una vivienda. 3. En nueve de mayo de dos mil diecisiete, Uri Gutiérrez Hernández, presentó ante el Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado de Zacatecas, una solicitud de liberación de crédito hipotecario 3203015990. 4. El Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado de Zacatecas, hasta la fecha ha omitido, dar contestación a la petición formulada Uri Gutiérrez Hernández; lo que ahora constituye el acto reclamado. De lo anterior se concluye que el acto que el quejoso reclama de la autoridad que señala como responsable Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado de Zacatecas, se traducen en esencia en que ha omitido liberar el crédito hipotecario 3203015990 otorgado al quejoso Uri Gutiérrez Hernández; omisión de dicha autoridad como administrador de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, y por tanto como un ente de servicio social, que rige las relaciones de ese organismo con sus acreedores dentro de su marco legal, y por ello, en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo. Se afirma ello, en razón que el propio quejoso en la integridad de su demanda indica que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado, le otorgó un crédito, que fue identificado con el número 3203015990 para la compra de la vivienda que le sirve de habitación; y que el nueve de mayo de dos mil diecisiete, presentó ante la Delegación en Zacatecas de dicho Instituto una solicitud para que libere el crédito hipotecario, sin que hasta la fecha de presentación de la demanda le hubiera dado contestación a su petición. Así pues, como con anterioridad se asentó y como el propio quejoso Uri Gutiérrez Hernández, lo afirma en su escrito de demanda el acto que reclama del Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado de Zacatecas, se traduce en la omisión de liberar el crédito hipotecario número 3203015990 que obtuvo de dicha institución para la compra de la vivienda que ocupa de habitación, el mismo fue emitido por la citada autoridad como administrador de los recursos del citado Fondo Nacional de la Vivienda, como un ente de servicio social, que rige las relaciones de ese organismo con sus acreedores dentro de su marco legal, y por ello, como ya se asentó, en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello no implica como con anterioridad se estableció que la referida dependencia, en otros supuestos atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí puedan tener tal carácter en función del ejercicio público, como podría ser en el caso legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación. Lo que en el caso no acontece, pues si bien es cierto el acto aquí reclamado se encuentra ejecutado por un organismo o funcionario de gobierno, también lo es que éstos tienen doble personalidad, por la función pública y encargo que desempeñan y, por el hecho de ser depositarios, administradores o representantes de los intereses económicos que constituyen el patrimonio del Estado; advirtiéndose así, que el acto aquí reclamado se encuentra ejecutado por el organismo con el carácter de persona moral oficial de derecho privado, en base a las relaciones que guarda con la quejosa, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; acto que queda comprendido dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia PC.XVI.T. J/1 L (10a.) , con Registro: 2014233, Publicada el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas, Materia Común, por el Pleno en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA LA OMISIÓN EN QUE INCURRE AL NO RESPONDER LAS SOLICITUDES FORMULADAS POR EL TRABAJADOR, RELACIONADAS CON EL CRÉDITO QUE LE HAYA OTORGADO, NI CUANDO SE RECLAMA LA CONTESTACIÓN RELATIVA. Conforme a los artículos 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 2o., 3o., 34 y 43, párrafo primero, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el citado organismo es un ente de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda y establecer y operar un sistema de financiamiento para que los trabajadores puedan obtener un crédito de vivienda, respecto del que los acreditados pueden solicitarle y obtener información relativa al monto de los descuentos, con inclusión de las aportaciones aplicadas y el saldo pendiente de cubrir, supuesto en el que el instituto referido se encuentra en la relación jurídica como administrador, de forma distinta a la función que desempeña como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y demás sujetos obligados. Ahora bien, ante la omisión en que incurre, al no responder la solicitud de información respectiva formulada por un trabajador acreditado, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, la contestación mediante la que atiende esa petición respecto del crédito otorgado al trabajador tampoco tiene la calidad de acto de autoridad, por lo que no es jurídicamente factible reclamar su inconstitucionalidad en el juicio de amparo, toda vez que la respuesta emitida no vincula por sí y ante sí la situación jurídica del peticionario, modificando o extinguiendo algún derecho relacionado o derivado del otorgamiento del crédito, ya que el instituto no decide de manera terminal ni definitiva sobre lo pedido, además, porque la determinación correspondiente puede impugnarse mediante el recurso de inconformidad que se tramite y resuelva por el propio organismo o, en su caso, a través del juicio laboral del conocimiento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o los Tribunales competentes, como lo disponen los artículos 52 y 53 de la Ley mencionada." En consecuencia, este Juzgado Federal, considera que el señalamiento que hace la quejosa de autoridad responsable al Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado de Zacatecas, no se ubican en el supuesto de aplicación del artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Uri Gutiérrez Hernández, por su propio derecho, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria en consulta. Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados José Alberto Zárate Juárez, Ana Karina Reyna Rodríguez y Eduardo Hernández Ramírez; y, a Ivonne Rivera Rivero y María Sughey Hildam Poblano Ibarra, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos; y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en las oficinas de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, en Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, calle Lateral 1202, Torre B, planta baja, colonia Cerro del Gato, Ciudad Gobierno, Zacatecas. Notifíquese personalmente.

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