Urbino Neri Galindo
Expediente 264/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 31 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 264/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Urbino Neri Galindo
- Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Montaña, Manlinaltepec, Guerrero.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
(CITATORIO PARTE QUEJOSA) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO Y/O RESOLUCIÓN DE 15 DE MAYO DE 2023, QUE DICE: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el mismo. Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio, sin que se advierta del mismo, documento alguno en original exhibido por la partes; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. En cumplimiento al artículo 21, segundo párrafo del Acuerdo General antes citado, se instruye al Actuario Judicial correspondiente, notifique personalmente a las partes el presente acuerdo, para que de considerarlo necesario acudan a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos que hubieren exhibido en el expediente o que consideren de su interés, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. En el entendido para el fedatario judicial que de no poder efectuar la notificación señalada, deberá realizarla a través de lista en los Estrados de este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, háganse la indicación en la carátula de este expediente de que será destruible. Asimismo, en cuanto a la valoración de los cuadernos incidentales, efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General antes citado, acuérdese en ellos lo conducente en relación a su archivo.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos, de los cuales se advierte la existencia en el cuaderno incidental, derivado del presente juicio de amparo, del escrito presentado por el quejoso en la Oficialía de Partes de este Jugado el quince de julio de dos mil veintidós, con el que informó lo siguiente: Que con fecha seis de julio del año en curso, compareció ante el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Montaña, con residencia en Malinaltepec, Guerrero, a responder a los cargos que se le imputan, bajo los efectos de la suspensión provisional concedida por este órgano constitucional, decretándose la cancelación de la orden de aprehensión reclamada, se le declaró en vía de preparatoria y el nueve de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 40/2013, se le resolvió su situación jurídica, dictándose en su contra auto de formal prisión por considerarse probable responsable en la comisión del ilícito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en agravio de Guadalupe Tonathiu Neri Zurita, remitiendo para ello las constancias certificadas relativas a su informe. De igual manera, se observa la presencia del informe previo rendido por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Montaña, con residencia en Malinaltepec, Guerrero, en el que informó las mismas circunstancias manifestadas por el quejoso de referencia. Constancias éstas que se invocan como hecho notorio conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación en lo relativo al hecho notorio, la Jurisprudencia número 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Junio de 2007, página 285 (registro Ius 172215), del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Ahora bien, de las constancias antes referenciadas, relativas al auto de plazo constitucional de nueve de julio del presente año, se advierte que ha operado en ese sentido un cambio de situación jurídica en esta vía constitucional (de orden de aprehensión a formal prisión), por lo que, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, párrafo final, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas que en el presente asunto acarrea la emisión del referido auto de plazo constitucional. Sobre el tema, la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.)." Conforme a la fracción del precepto legal transcrito, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impida resolver sin afectar la nueva situación jurídica, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la orden de aprehensión librada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Montaña, con residencia en Malinaltepec, Guerrero, en contra del promovente del amparo, dentro de la causa penal número 40/2013. De acuerdo a las constancias que obran en autos, se advierte que, la orden de aprehensión reclamada, efectivamente, fue librada en contra del quejoso el treinta de diciembre de dos mil trece, dentro de la causa penal número 40/2013, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en agravio de Guadalupe Tonathiu Neri Zurita. Ahora, de las copias certificadas relativas al auto de plazo constitucional de nueve de julio del presente año, emitido en la causa penal 40/2013, y a las que se les otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de esta última legislación, se aprecia que el Juez de la causa decretó formal prisión en contra del aquí quejoso Urbino Neri Galindo, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en agravio de Guadalupe Tonathiu Neri Zurita. Lo anterior conduce a estimar que, conforme a lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio de amparo, habida cuenta que la demanda de amparo fue presentada el dieciocho de marzo del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mientras que el auto de formal prisión decretado en contra del peticionario de amparo data del nueve de julio del presente año. En efecto, como como sucede en el caso, cuando durante la secuela del procedimiento en el juicio de amparo, se decreta al quejoso auto de formal prisión, existe un cambio de situación jurídica, al pasar de indiciado a procesado, y en consecuencia, el acto reclamado en este sumario se consumó irreparablemente, porque no se puede decidir aquí sin afectar la nueva situación jurídica aunque persistieran las violaciones que los impetrantes aducen. Orienta lo anterior la jurisprudencia en materia penal la./J.17/2008, emitida con motivo de la contradicción de tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Ahora bien, el cambio de situación jurídica en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que la sola emisión del auto de formal prisión implica que la libertad del quejoso se circunscribe ahora a un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional de la orden de aprehensión tildada de inconstitucional sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento, de modo que las violaciones cometidas en la primera deben considerarse consumadas de modo irreparable, y precisamente por tal motivo, se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Ilustra lo anterior la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y contenido es del tenor siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento, de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." También sirve de sustento en lo conducente a esta determinación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le imparta justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Atento a lo anterior, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio desde este momento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional a las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se ordenó girar despachos a los Jueces: Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero y Mixto de Paz del Municipio de Malinaltepec, Guerrero, para efecto de en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, notificaran de acuerdo a su jurisdicción los oficios 6365/2022, 6366/2022 y 6367/200, dirigidos respectivamente a las autoridades responsables Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Montaña, con residencia en Malinaltepec, Guerrero, Director de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero y Comandante de Grupo de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, ambas residentes en Tlapa de Comonfort, para que rindieran sus respectivos informes justificados; así mismo, sin que a la fecha se encuentre emplazada la persona de nombre Guadalupe Tonathiu Neri Zurita, a la que, de la certificación secretarial de cuenta se advierte le cae el carácter de tercera interesada; sin embargo, el suscrito Juzgador estima que dado el sentido de la presente resolución, ésta no les causa ningún perjuicio, pues se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes; y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de autos, de los cuales se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo al no encontrarse debidamente integrado el expediente en que se actúa, toda vez que no se cuenta con los acuses de recibo de los que se aprecie que las autoridades responsables foráneas 1) Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Montaña, con residencia en Malinaltepec, Guerrero, 2) Director de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero y 3) Comandante de Grupo de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, ambas residentes en Tlapa de Comonfort, Guerrero, hayan quedado debidamente notificadas del auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, en el que se les requirió el informe justificado. En esas circunstancias, dado que la oficina de correos a la fecha no ha informado el destino que le dio a los oficios 6365/2022, 6366/2022 y 6367/2022, dirigidos respectivamente a las responsables de referencia, a fin de no seguir retardando el juicio en que se actúa, tomando en consideración que el domicilio de las mismas se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado Federal. En ese contexto, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, gírense atentos despachos con las inserciones y anexos necesarios al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Tlapa de Comonfort, así como al Juez Mixto de Paz del Municipio de Malinaltepec, ambos del Estado de Guerrero, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordenen a quien corresponda se constituyan respectivamente de acuerdo a su jurisdicción en el domicilio de las autoridades responsables: Director de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, Comandante de Grupo de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, ambas residentes en Tlapa de Comonfort y Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Montaña, con sede en Malinaltepec, Guerrero, asimismo, hagan entrega de los oficios 6356/2022, 6357/2022 y 6358/2022, que para su efecto se reenvían y anexan, levantando la razón correspondiente y devolviéndolos a la mayor brevedad posible a este Juzgado Federal. En el entendido que, para el caso de que las autoridades responsables de referencia se nieguen a recibir dichas misivas, las aperciban en términos de lo establecido en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En esas consideraciones, solicítese atentamente al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, para que en su carácter de superior jerárquico de los indicados Jueces Mixto de Primera Instancia y Mixto de Paz, les haga entrega de las referidas comunicaciones oficiales que para su efecto se envían. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional de mérito se difiere para las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez constituye un acuerdo de mero trámite.
- Incidental
ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión, en contra del el acto reclamado de las responsables señaladas en el resultando primero, en términos del considerando único de esta resolución interlocutoria.
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