Urbano Miranda Fernández

Expediente 1081/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1081/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
19/10/2022

Partes del expediente

  • Urbano Miranda Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en la capital, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja 136/2022 de su índice, asimismo, devuelve los autos originales del juicio en que se actúa y un tomo de pruebas. Acúsese recibo de estilo y comuníquese a las partes que la superioridad al resolver el medio de impugnación interpuesto, determinó lo siguiente: "(.) Por los fundamentos expuestos, este Tribunal Colegiado: HA RESUELTO. ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. (.)". Háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo y glósese a los autos originales el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del indicado recurso. Archívese este juicio como asunto concluido. Este expediente es susceptible de destrucción. Devuélvase el cuaderno auxiliar de pruebas relativo al presente expediente, toda vez que resulta innecesario su resguardo en este juzgado, solicitándose realice el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, mediante el cual transcribe el proveído dictado en el recurso de queja civil 136/2022 de su índice, en el que se advierte que dicho tribunal admitió el recurso de queja interpuesto por ********************, en su carácter de defensor particular del quejoso ********************, en contra del auto de treinta y uno de agosto de este año; en consecuencia, estese en espera de la resolución que determine la superioridad, para proveer lo conducente.-

  3. Principal

    Defensor particular del quejoso; atenta a su contenido, se tiene interpuesto el recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de agosto de este año, en el que se desechó su demanda de amparo. Por tanto, remítase el original y copia del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en turno. En vía de informe comuníquese al superior que con el acuerdo recurrido se desechó la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo. Para justificar lo anterior, envíense los autos originales del juicio en que se actúa y anexos, previo cuaderno de antecedentes que se forme para ello. Sin que resulte necesario notificar a persona alguna en términos de lo que dispone la primera parte del artículo 101 de la ley de la materia, toda vez que al tratarse de una demanda que se desechó por notoriamente improcedente, no existen partes integradas a la relación procesal, a quienes deba notificarse de la interposición del recurso de queja. Por otra parte, vista la razón actuarial de cuenta, se reserva proveer sobre la notificación de la señalada comunicación hasta que el tribunal colegiado resuelva el medio de impugnación interpuesto.

  4. Principal

    téngase recibido el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, mediante el cual transcribe el auto de veinticuatro de los actuales, dictado en los autos del juicio de amparo directo 162/2022, a través del cual declinó la competencia para conocer de la demanda de amparo a favor del Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad, y remite: 1) El escrito original de la demanda de amparo promovida por Salvador Díaz López, en su carácter de defensor particular del quejoso Urbano Miranda Fernández. 2) Los informes justificados de las autoridades responsables Magistrado Presidente de la Primera Sala Colegiada en Materia de Casación del Sistema de Enjuiciamiento Penal, Acusatorio y Oral, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, y Jueza Presidente del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado, con sede en esta ciudad. 3) El expediente del toca 1/2022-C del índice de la Primera Sala Colegiada en Materia de Casación del Sistema de Enjuiciamiento Penal, Acusatorio y Oral, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital. 4) Constancias de emplazamiento de los terceros interesados. 5) Un disco versátil digital que contiene los registros documentales y audiovisuales de la causa penal 1P1619-785, del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado, con sede en esta ciudad. Se acepta competencia Por los motivos expuestos por el Tribunal Colegiado, este Juzgado asume competencia en el conocimiento del asunto; en consecuencia, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1081/2022-II. Acúsese recibo de estilo. Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de quince de julio pasado, emitida dentro del toca penal 1/2022-C, del índice de la Primera Sala Colegiada en Materia de Casación del Sistema de Enjuiciamiento Penal, Acusatorio y Oral, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, en la que se ordenó la reposición del procedimiento en la causa penal 1P1619-785, del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado, con sede en esta ciudad, a efecto de garantizar la adecuada defensa del quejoso Urbano Miranda Fernández. Este órgano de control constitucional estima que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes. La disposición normativa referida prevé que el juicio constitucional es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de éstas. Por cuanto ve al primer supuesto, consistente en las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente se trata de aquéllas dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación. Dichas resoluciones se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que se dicten antes o después de concluido el juicio en lo principal. En relación con el segundo supuesto, es decir, las resoluciones emitidas en ejecución de las sentencias de amparo, la fracción IX del numeral 61 se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución de acuerdo con los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. De manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En contraste, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de amparo. De lo expuesto, se observa, en lo que interesa al caso, que conforme con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las resoluciones emitidas en ejecución de las sentencias de amparo son aquellas dictadas por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector, a partir de los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, esto es, aquéllas en las cuales la responsable no tiene libertad de decisión. En el caso, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Primera Sala Colegiada en Materia de Casación del Sistema de Enjuiciamiento Penal, Acusatorio y Oral, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, se advierte que Salvador Díaz López, en su carácter de defensor particular del quejoso Urbano Miranda Fernández, promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia de dos de febrero del año en curso, en la que se resolvió no casar la sentencia condenatoria de doce de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal 1P1619-785 del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado, con sede en esta ciudad. Dicho amparo directo, se radicó en el Primer Tribunal en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, bajo el consecutivo 63/2022, en el cual se concedió el amparo y protección al quejoso Urbano Miranda Fernández, sin que se observe que se haya dejado plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, como se observa en la precisión de los efectos: "Cuarto. [.] En mérito de todo lo expuesto, habiéndose suplido la queja deficiente del sentenciado, a fin de restituirle en el goce del derecho fundamental violado, tal como lo ordena el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder a Urbano Miranda Fernández el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Primera Sala Colegiada del Sistema de Enjuiciamiento Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, actuando dentro del toca 1/2022-C, deje insubsistente el acto reclamado, consistente en la sentencia de dos de febrero de dos mil veintidós y emita una nueva resolución en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, declare que existió una violación al derecho a la defensa técnica adecuada del quejoso y, en consecuencia, ordene la reposición del procedimiento penal hasta el momento previo en que el sentenciado nombró como sus defensores particulares a los licenciados Salvador Díaz López y José Arturo Castellanos García; ordenando la remisión de la causa al Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato con sede en Irapuato, a fin de que el juez de control al que corresponda conocer de la etapa correspondiente, actúe conforme a los siguientes lineamientos: Informe al quejoso que los citados defensores han evidenciado carecer de la capacidad técnica para representarlo en un juicio penal de corte acusatorio y oral. Le pregunte si a pesar de esa deficiencia desea continuar con sus mismos defensores, o bien si prefiere que le sea designado otro, ya sea un particular nombrado por el sentenciado o el de oficio que se designe. En la hipótesis de que decida cambiar de defensor, el juez de control deberá otorgar al inculpado y su nuevo abogado el tiempo suficiente para preparar nuevamente su defensa. Sin embargo, si el inculpado insiste en seguir con los mismos defensores particulares que se han evidenciado, carecen de la capacidad técnica para desahogar el juicio, entonces el juez le nombrará un defensor público para que colabore en su defensa. [.]." De dichos efectos se advierte que el Tribunal Colegiado al emitir la ejecutoria de amparo no dio plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para resolver el toca penal 1/2022-C, sino que constriñó a la Primera Sala Colegiada en Materia de Casación del Sistema de Enjuiciamiento Penal, Acusatorio y Oral, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, a dejar sin efectos la resolución de dos de febrero del año en curso y emitir una nueva en la que declare la violación al derecho de defensa técnica del quejoso Urbano Miranda Fernández. Por lo que se trata de una resolución dictada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y ello actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que el sobreseimiento en el juicio derivado de la actualización de la causa de improcedencia analizada no viola el derecho del gobernado a contar con un recurso eficaz. Al resolver el amparo directo en revisión 6108/2014 consideró que el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz. Puntualizó que la improcedencia prevista en los artículos referidos deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Asimismo, refirió que la norma citada no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial, sino del propio órgano jurisdiccional que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta. Por tanto, concluyó que esa medida legislativa también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia en este país. Las consideraciones anteriores dieron origen a la tesis 1a. CCLXXVI/2015 (10a.), consultable en la página 307, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ". Por lo expuesto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo y atento a lo dispuesto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Salvador Díaz López, en su carácter de defensor particular del quejoso Urbano Miranda Fernández, contra actos del Primera Sala Colegiada en Materia de Casación del Sistema de Enjuiciamiento Penal, Acusatorio y Oral, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, y otra autoridad.

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