Urbanesi, Sociedad Civil

Expediente 4377/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
4377/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
21/05/2019

Partes del expediente

  • Urbanesi, Sociedad Civil

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/426/2019, de tres de abril de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la determinación tomada en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, por el Pleno del propio Consejo, en la que acordó la adscripción de la licenciada Armida Buenrostro Martínez, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con efectos a partir del dieciséis de abril de dos mil diecinueve.......En tal virtud, con el fin de atender lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 60 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la circunstancia señalada, para que puedan alegar lo que a su derecho e interés convenga........visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el presente asunto se ubica en el supuesto descrito en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General Conjunto 1/2009.......Por lo tanto, el presente juicio de amparo es susceptible de depuración........una vez hecha la publicación del presente acuerdo y en atención a la certificación de cuenta, devuélvase el presente expediente al archivo de este juzgado...........NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que el pasado treinta de mayo se archivó el presente asunto como concluido, no obstante, se acordó respecto a la depuración del presente expediente. Ahora, de una revisión de autos se desprende que el presente juicio, se encuentra dentro de los supuestos establecidos en la fracción II, del punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en consecuencia el cuaderno principal en comento ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por otra parte, vista la copia autorizada del auto de diez de agosto del presente año, dictado en el cuaderno de varios 1/2018 reforma fiscal, al cual se anexa un oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, por medio del cual, acusa recibo del oficio 234217/2017, de nuestro índice e informa que archivó su expediente como asunto concluido; por tanto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de lo anterior. Finalmente, una vez publicada la presente determinación devuélvase el presente expediente al archivo de este juzgado. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ciudad de México, treinta de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término de tres días otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del oficio remitido por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria en el que le informó que no le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica; sin que a la fecha lo haya hecho. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a efectuar un pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo. Para estos efectos, en primer lugar es necesario tener presente cuáles fueron los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional: se declaró la inconstitucionalidad del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, relativo a la facultad de la autoridad de practicar revisiones electrónicas. Respecto de esta norma, cabe aclarar que se declaró la inconstitucionalidad de su texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF) el 9 de diciembre de 2013, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, vigente a partir del 1 de enero de 2016. Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el pronunciamiento sobre si una sentencia está cumplida es oficioso, deben considerarse todos los elementos y hechos relevantes al caso. Pronunciamiento de cumplimiento. Respecto al artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, la concesión del amparo se otorgó para el efecto de que: En caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. De la anterior transcripción, cabe destacar la porción subrayada, pues a partir de ahí se advierte la posibilidad de que no se hubiera instaurado el procedimiento de revisión electrónica. En el mismo sentido está estructurada la jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, con número de registro 2012935, de rubro: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015." Ahora bien, obra en autos la respuesta emitida por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (foja 618), autoridad vinculada al cumplimiento, mediante la cual informa que no ha emitido actos tendientes a conseguir el cobro de una preliquidación, en términos del artículo declarado inconstitucional. Así pues, la autoridad manifestó que no aplicó la norma, pues no le instauró a la quejosa un procedimiento de revisión electrónica con base en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Tomando en cuenta las manifestaciones de la autoridad, en el sentido de que la norma no ha sido aplicada a la quejosa, se declara que la sentencia concesoria está cumplida, en relación con el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015. Archivo del expediente. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del cuaderno principal en que se actúa. Para tales efectos, glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión. En consecuencia, para dar cumplimiento al punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto descrito en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo en mención. En lo que toca al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo, del propio punto invocado, es susceptible de depuración. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, conforme a lo previsto en el punto VIGÉSIMO, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, ya mencionado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de la resolución interlocutoria respectiva. Ahora, respecto de las documentales que exhibieron la parte quejosa en copia certificada como anexos a su demanda, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, se presente a recogerlos, por lo que la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; apercibida que en caso de no hacerlo, dicha documentación podrá ser depurada junto con el expediente. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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