Urania Suárez Blee
Expediente 1484/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1484/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Urania Suárez Blee
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a la quejosa Urania Suarez Blee en el goce de sus derechos vulnerados en términos de la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior en atención a que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. Antecedente en relación al cumplimiento. El veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Urania Suarez Blee, contra el acto que reclamó a la Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otras autoridades, para el efecto siguiente: Notifiquen a las partes el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado en la controversia laboral 2614/2012 de su índice. La sentencia dictada en el presente juicio, causó ejecutoria el diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Acto de la Autoridad en relación con el cumplimiento. La Presidente de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante oficio 1759/20221, allegó copia certificada de diversas constancias entre las que destacan las de notificación practicadas a las partes el veintisiete de octubre del año en curso, relacionadas con el juicio laboral 2614/2012. Documentales que al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral. Análisis Evaluativo Bajo ese contexto y dado que en la sentencia dictada en autos, los efectos se concedieron para que las autoridades responsables únicamente notificaran a las partes el acuerdo de nueve de septiembre del año en curso, emitido en el juicio laboral 2614/2012, lo cual se llevó a cabo el veintisiete de octubre de la misma anualidad; de ahí que en el caso, a criterio de este juzgador la SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA; sin que dicha determinación implique decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por otra parte, se tiene que la parte quejosa realizó diversas manifestaciones en el sentido de que acepta parcialmente el cumplimiento a la sentencia, en virtud de que, el acuerdo de nueve de septiembre del año en curso, en específico su punto "PRIMERO", va en contra de los derechos constitucionales y laborales que le asisten como trabajadora; sin embargo, en el caso no procede realizar mayor pronunciamiento, en razón de que como ya se vio, en la ejecutoria de amparo que se analiza, la concesión de la protección constitucional únicamente se centró en que la responsable realizara la notificación a las partes del aludido acuerdo, situación que como quedó establecido, aconteció el veintisiete de octubre de este año, y no en relación a la legalidad del citado proveído. Anotaciones Por otra parte, de autos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, once de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito signado por Pedro Contreras Sánchez, autorizado de la parte quejosa Urania Suárez Blee, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación de la vista otorgada por acuerdo de tres de noviembre del año en curso, en el cual, la aquí autoridad responsable (Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco) refirió haber dado cabal cumplimiento a la sentencia dictada en autos. Por lo que, dígasele al promovente de mérito, que una vez fenecido el término brindado en la vista aludida, se acordará lo conducente respecto del cumplimiento otorgado por la responsable y serán tomadas en consideración las manifestaciones formuladas, así como las documentales que exhibe.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, tres de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta, se provee; téngase por recibido el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, a través del cual hace diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en este asunto y remite copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral 2614/2012, de su índice. En atención a lo anterior, para determinar lo procedente respecto del cumplimiento que la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, hay que tomar en consideración lo dispuesto por la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que del presente proveído se le haga, manifieste lo que a su interés convenga, en relación con el cumplimiento remitido por la responsable; apercibida que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, este juzgado federal emitirá un auto en el que se pronunciará acerca del cumplimiento al fallo protector, tomando en consideración lo manifestado por la citada autoridad y con las constancias que integran este expediente.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que no se interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, en el término establecido en el diverso numeral 86 del citado ordenamiento contra la sentencia dictada en autos en la que se concedió el amparo y protección de la justicia Federal a la parte quejosa Urania Suarez Ble. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en la estadística. Ahora, la sentencia de amparo se concedió para los efectos siguientes: Notifiquen a las partes el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado en la controversia laboral 2614/2012 de su índice. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por conductos de sus integrantes, a saber: Ruth del Carmen Jerónimo Bautista. Presidenta de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. David Noé Vidal Córdova. Representante obrero. Álvaro Jesús Sastre González. Representante patronal. A fin de que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, realicen las acciones tendentes al cumplimiento de la sentencia protectora; para lo cual se les concede el término de tres días, que se contará a partir de que reciban el oficio que contiene este proveído. Hecho lo anterior, remitan copia certificada de las constancias relativas que así lo acrediten. De no cumplir lo ordenado en el párrafo anterior dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente; es decir, se les impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues su eventual incumplimiento acarrearía un perjuicio en contra de la parte quejosa respecto del derecho humano de pronta impartición de justicia, prerrogativa fundamental consagrada por el numeral 17 Constitucional y por el que debe velar el suscrito juzgador. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en Turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignado al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2007918, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
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